Muro de solidaridad y denuncias:
Guerra sucia que se ríe de las víctimas:
-Hasta 23 víctimas de guerra sucia han tenido que pagar costas tras no ser reconocidas.
Familias de 23 víctimas de guerra sucia han tenido que pagar un total de 106.000 euros en costas judiciales en el Estado español por reclamar, sin lograrlo, ser reconocidas como «víctimas del terrorismo». Lo ha aclarado Egiari Zor tras trascender el caso de Joxi Zabala.
Ha alcanzado gran eco la noticia de que el Tribunal Constitucional ha impuesto a la familia de Joxi Zabala las costas judiciales tras denegarse su consideración como «víctima del terrorismo» a los efectos oportunos. El asunto provocó el lógico revuelo en redes sociales por el escarnio añadido que supone para una madre que no solo sufrió la muerte violenta de su hijo, sino también doce años de desaparición y una agresión policial en el cementerio de Tolosa. Con todo, aunque resulte escandaloso no es un caso aislado, sino generalizado. Egiari Zor ha concretado que hay exactamente 23 familias que han pasado por lo mismo.
La fundación que reúne a víctimas de violencia estatal explica que el importe de las costas se ejecuta después de que los recursos hayan hecho todo el recorrido judicial en el Estado español y llegado al Tribunal Europeo, donde también se han desestimado. Así, hace ahora un año Egiari Zor dio a conocer el rechazo de Estrasburgo al recurso de las familias de Josu Muguruza y Xabier Pérez de Arenaza.
«Como cualquier ciudadana que emprende una vía judicial que culmina con desestimación de la demanda presentada, a los gastos del propio proceso (procurador, letrado) se suma la condena en costas. En total son 23 los procedimientos que llegaron hasta Estrasburgo y por tanto 23 son las condenas en costas». La de la madre de Joxi Zabala, Felipa Artano, ha sido la última en confirmarse y en este caso lo que tendrá que abonar son más de 9.000 euros.
Las cantidades demandas en este concepto, cabe remarcar que a iniciativa de la Abogacía del Estado, oscilan entre 1.000 y 19.000 euros según los casos. Egiari Zor ofrece el cómputo total de las cantidades aprehendidas por el Estado a estas familias simplemente por reclamar su reconocimiento como las víctimas que son: 106.000 euros en los 22 casos ya confirmados (falta conocerse la cuantía del último pendiente).
Añade a ello que «en un principio las condenas en costas oscilaban entre los 1.000 y los 3.000 euros pero, tras un cambio en la Abogacía del Estado para esta cuestión, las cantidades solicitadas en concepto de costas se vieron incrementadas muy sustancialmente».
Para aclarar la cuestión al máximo, Egiari Zor explica la motivación y el recorrido de esta iniciativa desde su inicio: «El Gobierno español denegó en 2014 a familiares de personas asesinadas por el terrorismo de Estado, de una parte el reconocimiento oficial de algunas de ellas, y de otra la equiparación de las indemnizaciones previstas en el entonces nuevo reglamento de la Ley Integral de Víctimas del Terrorismo».
«Para ello, se basó en el artículo 8 del Convenio Europeo de Derechos Humanos, que recoge que ‘se podrá reducir o suprimir (…) la indemnización si la víctima o solicitantes participa en la delincuencia organizada o pertenece a una organización que se dedica a perpetrar delitos violentos’», añade. Pero se da la circunstancia de que «estas personas que fueron víctimas de graves vulneraciones de derechos humanos, como es la vulneración del derecho a la vida, nunca habían sido ni juzgadas ni condenadas por pertenencia a ETA. La decisión del Ministerio del Interior de denegar la equiparación de indemnizaciones se basaba exclusivamente en informes policiales y artículos de prensa».
Ante esta situación, los allegados de estas víctimas «entendían que se estaba vulnerando el derecho de sus familiares a la presunción de inocencia, además de que se estaban categorizando graves vulneraciones de derechos humanos en función del origen de la violencia que las produjo. Es por ello que acudieron a las distintas instancias judiciales del Estado español agotando la vía interna, hasta llegar al Tribunal Europeo de Derechos Humanos, con el objetivo de garantizar los derechos que, entendían, les correspondían a sus familiares según el artículo 6.2 de la Convención Europea de Derechos Humanos, que señala que ‘toda persona acusada de una infracción se presume inocente hasta que su culpabilidad haya sido legalmente declarada’».
Estrasburgo no ha corregido la falta de reconocimiento en el Estado español, por lo que la consecuencia ha sido esta aplicación de las costas que viene a suponer el último golpe, aunque no sea el principal.
«Para Egiari Zor Fundazioa, es evidente la existencia de una voluntad política para generar más perjuicio y más dolor a víctimas que padecieron terrorismo de Estado –concluye–. Es inevitable preguntarse si el criterio de la Abogacía del Estado sería el mismo si el origen de la violencia padecida por los demandantes fuese otro»…
Centros Sociales Okupados:
–Convento de Las Recogidas, el nuevo centro social en Madrid que UGT quería transformar en otro hotel.
Varias decenas de personas recuperan un edificio abandonado en el centro de Madrid. El edificio es de la Unión General de Trabajadores y estaba planteado levantar un hotel allí.
La calle Hortaleza, con sus más de 3.000 plazas en alojamientos turísticos suele ser lugar de paso para cientos de turistas. El 7 de mayo, eran más de los acostumbrados y llamaban más la atención, sobre todo cuando, desde las 10 se ha agrupado un numeroso grupo de ellos frente al edificio del convento de Las Recogidas, situado en el número 88 de esta calle, y han comenzado a celebrar con cánticos un cumpleaños.
Cualquiera que haya participado en alguna de las ocupaciones que han dado lugar a los centros sociales que más vida han dado a los movimientos sociales en el centro de Madrid se podía imaginar qué estaba pasando, y seguramente además estaría allí poniendo el hombro: hoy se ha abierto un nuevo centro social.
“Desde hoy este edificio queda a disposición de los movimientos sociales y el sindicalismo de base, que consideramos que es el uso legítimo que debería tener”, manifiestan las organizadoras de la ocupación. Ese mismo día, a las 15h, la UGT había denunciado su entrada en el hotel.
–La policía desaloja el centro social en la sede de UGT de la calle Hortaleza.
No ha habido daños físicos en el desalojo del edificio recuperado el día anterior en Madrid. La portavocía de la Ingobernable critica la nula disposición del sindicato UGT, al que acusa de querer especular con su patrimonio para aumentar la oferta hotelera del centro de la capital.
–https://www.elsaltodiario.com/centros-sociales/policia-desaloja-sede-ugt-calle-hortaleza
–El Tribunal Supremo declara que el desalojo del centro social La Ingobernable ejecutado por el alcalde de Madrid Almeida fue ilegal.
El centro se instaló en un inmueble municipal cedido a una fundación privada que lo mantenía sin actividad.
El Tribunal Supremo ha confirmado que el desalojo del centro social autogestionado La Ingobernable de Madrid fue ilegal. El desahucio del edificio, situado en el Paseo del Prado, se produjo a finales de 2019, cuando José Luis Martínez Almeida ya estaba al frente de la Alcaldía. Entonces se vanaglorió públicamente de su decisión y, de hecho, llamó “caras” a quienes habían dado uso a un edificio que estaba sin vida alguna desde hacía años. Era el segundo desalojo similar desde su llegada al Palacio de Cibeles. Unos meses antes fue el turno de La Dragona, en el barrio de La Elipa. Cerca de tres años después, ambos inmuebles están cerrados, inutilizados y con vigilancia 24 horas a costa del contribuyente.
–Defender la Atalaya
Asamblea abierta lunes 16 mayo 20h.
Atalaya es barrio. Vallekas en pie de lucha.
Asamblea informativa ante la amenaza de desalojo.
*8 AÑOS NO pueden terminar en 5 DÍAS
En la mañana del 10 de mayo, recibimos en el CSO Atalaya una notificación de desalojo, motivada por la denuncia de la Agencia de Vivienda Social de la Comunidad de Madrid y Naturgy, en la que se nos indica que disponemos de 5 días para presentar un recurso. 5 días para tratar de explicar lo que llevamos casi 8 años construyendo.
En estos años, el esfuerzo de much@s vecin@s del barrio ha logrado convertir un edificio abandonado en un lugar de encuentro para personas de todas las edades, orígenes e identidades. Un lugar que hemos construido entre tod@s y que entre tod@s queremos trabajar por conservar.
Somos vecin@s de Vallecas, uno de los barrios más vulnerables pero también uno de los que más han trabajado históricamente por ser artífices de su propio cambio. Por eso nació este proyecto, para darle otra alternativa a quienes vivimos en este barrio, independientemente de los recursos económicos y ante la falta de alternativas reales por parte de las instituciones públicas.
En estos casi 8 años, hemos construido muchos proyectos, nacidos de las ilusiones y anhelos de l@s vecin@s del barrio que son quienes los han impulsado.
A día de hoy hemos creado una escuela deportiva, una escuela de boxeo, un rocódromo, un espacio de roller, un proyecto de pool dance y un grupo de skate que ofrecen a l@s más jóvenes, pero también a los mayores, la oportunidad de disfrutar de un ocio saludable y cargado de valores, donde tejer redes de amistad y solidaridad y donde desarrollarse. También se han creado grupos de baile y de artesanía, una biblioteca dotada con la solidaridad de l@s vecin@s que acerca la cultura a los más jóvenes, y espacios de ensayo para que cualquier persona pueda desarrollar sus facetas artísticas.
Además tenemos un taller de bicicletas donde cualquier persona puede fabricar su propio vehículo de manera totalmente gratuita o aprender a arreglar su bici y un huerto que nutre a l@s vecin@s y en el que las verduras crecen junto a las esperanzas de quienes las riegan. Pero también hemos creado y acogido espacios por necesidad, como el punto morado, nacido de la imperiosa necesidad de trasladar unos valores de respeto e igualdad, de dar acogida a quienes han sufrido el machismo y la homofobia y de crear una sociedad para tod@s. Desde la necesidad también surgieron en el marco del covid múltiples proyectos, como la despensa de Palomeras, nacida del colectivo Somos Tribu, que ha encontrado en la Atalaya un lugar desde el que poder seguir impulsando una red de solidaridad que a día de hoy sustenta a más de 70 familias. Porque mientras otros hacían negocios a costa de la emergencia, nosotr@s en la Atalaya arrimábamos el hombro por nuestr@s vecin@s. No podemos contar en un comunicado todo lo que es Atalaya, ni podemos contarlo en 5 días, porque Atalaya somos todas las personas de Vallekas, las miles de vecin@s que en algún momento han participado de este espacio y han dejado algo de ell@s mism@s.
Por todas ell@s, por nuestro barrio, hoy decidimos quedarnos y seguir construyendo. Frente a la especulación, a los intereses y la codicia, ponemos hoy ilusiones, esfuerzo y trabajo y por eso os invitamos a todas las personas y colectivos a que nos acompañéis este próximo lunes 16 a las 20H en la asamblea abierta que celebraremos en la Atalaya (Calle del Puerto del Milagro 2) para abordar soluciones, plantear el futuro y decir bien alto:
La Atalaya se queda.
–https://www.facebook.com/CSOJAtalaya
Corrupción a nuestra costa:
–España salva a Florentino Pérez de un impago.
El fracaso de la construcción de una autopista de peaje de 16 kilómetros en Irlanda, lleva al Estado español a rescatar con dinero público una deuda millonaria del presidente del Real Madrid.
Florentino Pérez es el máximo accionista de la constructora ACS, empresa que recibió un total de 1.555 millones de euros en 2020 con un beneficio neto de 18 millones, gracias a la privatización de servicios públicos de cuidados, aprovechando la gran oportunidad de negocio para grandes grupos empresariales que aumentaron sus fortunas a costa de la precariedad de sus trabajadores y la baja calidad de sus servicios. Por si esto fuera poco, el negocio del también presidente del Real Madrid ha costado dinero público a los españoles en más de una ocasión.
La empresa actuó de concesionaria de la construcción y explotación de una autopista de peaje de 16 kilómetros, que incluye el puente más largo de Irlanda a través de un contrato con una duración de 30 años que entró en funcionamiento en 2009, tal como informaba The Objective. Sin embargo, la pandemia, las restricciones de movilidad implantadas durante los últimos dos años y la incertidumbre ante la congelación de la economía a nivel mundial, habrían dificultado la puesta en marcha de la infraestructura –que tampoco funcionaba antes de la crisis por el coronavirus– generando una deuda en los bolsillos de Pérez.
La inversión para el proyecto requería alrededor de 360 millones de euros financiados con préstamos otorgados por dos entidades bancarias: BBVA y Santander. En aquel entonces se estimó que cerca de 10.000 automóviles recorrerían la carretera diariamente, hecho que finalmente no terminó ocurriendo. Por este motivo, el Estado se ha visto obligado esta misma semana a rescatar por un total de 6,5 millones de euros a la autopista de Florentino Pérez en Irlanda por impagos, es decir, uno más en la lista de sus “chollos” que han terminado pagando otros...
–https://luhnoticias.es/espana-salva-a-florentino-perez-de-un-impago/
Convocatorias:
-14 Mayo. Ondarru. Gaztetxe.
Amnistiaren 561/20 sostengu taldea
Charla de AST, a las 18 h. Sobre el proceso de criminalización de Gaizka y Valentina.
Concierto, a las 20 h. Mara, RPG-7, Etsaiak eroak.