Repasando la historia de América Latina.
-La «OPERACION CONDOR»:
El terrorismo de Estado de alcance transnacional.
Esteban Cuya. Investigador del Centro de Derechos Humanos de Nuremberg.
Paraguay gozó de un gran prestigio entre los criminales anticomunistas de diversas regiones del mundo durante el período dictatorial del general Alfredo Stroessner, de 1954 a 1989. Además de su ubicación estratégica en América del Sur, Paraguay les ofrecía una «estabilidad política envidiable», garantías de impunidad de los delitos cometidos «y por cometerse», así como todo tipo de facilidades jurídico-administrativas, financieras, y logísticas.
Fascistas italianos, nazis alemanes, terroristas croatas y cubanos, anticomunistas argentinos, brasileños y españoles, sicarios bolivianos, genocidas chilenos, y todo tipo de militares y civiles involucrados en violaciones de los derechos humanos, tráfico de armas, espionaje, y operaciones criminales eligieron Paraguay como su lugar de refugio, y fueron acogidos por las más altas autoridades del país como «combatientes por la libertad» y «héroes internacionales».
El régimen dictatorial conducido por el general Stroessner, con la colaboración de militares y empresarios conservadores, ofreció el contexto de «paz» e impunidad que buscaban criminales como el médico nazi Josef Mengele, el jefe de la Logia Masónica P-2 Licio Gelli, el franquista español Juan León Cordón, entre otros personajes anticomunistas que se establecieron en Paraguay. Muchos de los agentes secretos chilenos, responsables de graves violaciones a los derechos humanos, detenciones y desapariciones, como Miguel Estay Reyno, «El Fanta» continuaron hasta 1992 residiendo con nombres falsos en Paraguay.(1)
Ya desde fines del siglo pasado Paraguay había ejercido una fuerte atracción para racistas alemanes como el doctor Bernard Forster, quien fundó allí la colonia Nueva Germania, con el objetivo de aplicar su programa de pureza racial.(2)
El «modelo paraguayo» de totalitarismo que aseguraba la «paz social a cualquier costo» fue elogiado entre otros por el entonces Presidente norteamericano Richard Nixon, quien reconoció que Paraguay constituía un eje estratégico clave para la lucha contra el comunismo. El 4 de mayo de 1968, al llegar a Asunción, Nixon le dijo a Stroessner: » En el campo de los asuntos internacionales, no conozco otra nación que se haya levantado más fuerte que la suya en contra de la amenaza del comunismo».
La dictadura paraguaya despertaba envidias entre los militares del cono sur de América, que igualmente aspiraban a dirigir el destino de sus países por períodos prolongados que les permitieran concretar sus proyectos a largo plazo. Por esta razón, muchos de los principales agentes secretos de las tiranías latinoamericanas confluyeron en Paraguay en diversas oportunidades a fin de aprender de su experiencia represiva y coordinar estrategias para «limpiar a la región de la potencial amenaza del comunismo y la subversión.
Desde fines de los años 60 existían relaciones fluidas entre oficiales de las fuerzas armadas de Sudamérica, quienes habían recibido juntos especialización contrainsurgente en las academias militares norteamericanas, donde se forjaron lazos de amistad y familiaridad. En otras etapas al interior de la región, militares latinoamericanos habían convivido por períodos de seis meses a dos años en centros de formación de Argentina o Panamá. Estas relaciones de militares argentinos con sus similares uruguayos, paraguayos, brasileños, chilenos, bolivianos y peruanos, tendrían sus frutos en los años de las dictaduras, algunos de los cuales veremos a continuación.
EL CASO PRATS
El 30 de setiembre de 1974, en Buenos Aires, a las 00.40 horas, cuando retornaban a su domicilio luego de una reunión social, el ex Vice Presidente de Chile y Ministro de Estado en el gobierno de Salvador Allende, general Carlos Prats Gonzáles y su esposa Sofía Cuthbert sufrieron un atentado con una bomba a control remoto que les quitó la vida.
Así culminó uno de los primeros operativos en el exterior de la Dirección de Inteligencia Nacional de Chile, DINA, comandada por el general Manuel Contreras, quien consideraba a Prats como uno de los rivales de más fuerza del general Augusto Pinochet.
Entre los responsables del atentado contra los Prats se identificó a Michael Townley, norteamericano experto en electrónica y agente especial de la DINA, Juan Luis Bulnes Ossa, chileno ultraderechista, y el mayor del ejército chileno Armando Fernández Larios, quien en octubre de 1973 integró la «caravana de la muerte», del general Sergio Arellano Stark, que masacró a 72 prisioneros en cinco ciudades chilenas. (3)
Para el seguimiento de Carlos Prats, en la fase preparatoria del crimen, los agentes chilenos utilizaron placas de la Dirección Federal de la Policía de Buenos Aires, credenciales de la Dirección de Migraciones, automóviles asignados al ejército argentino, etc. Así como este, hubo muchos otros casos en los que policías o militares chilenos actuaron con total libertad en territorio argentino contra ciudadanos que huían del régimen de Pinochet.
EL CASO LEIGHTON
Otro Ex Vice Presidente de la República de Chile, y abierto opositor al régimen de Pinochet estuvo en la mira de los servicios de inteligencia. Ahora se trataba de Bernardo Leighton, alto dirigente del Partido Demócrata Cristiano, a quien cuando se hallaba de visita en Roma se le prohibió regresar a su país, bajo la acusación de desarrollar «actividades antichilenas». Leighton promovió el acercamiento de la Democracia Cristiana con los grupos políticos de izquierda, a fin de trabajar juntos por el retorno al sistema democrático en Chile.
El 6 de octubre de 1975, Pier Luigi Concutelli y Salvatore Falabella, neofascistas italianos, aliados de Stefano delle Chiaie, temporalmente al servicio de la DINA, atentaron contra Bernardo Leighton y su esposa, cuando estaban por ingresar a su domicilio en Roma. Leighton recibió un disparo en la frente y la bala salió por su oído izquierdo. Ana Fresno, su esposa, fue baleada en el pecho. Ambos sobrevivieron luego de varias intervenciones quirúrgicas y pudieron identificar a sus agresores.(4)
Michael Townley, el norteamericano integrado a la DINA, que actuaba también con el nombre de Kenneth Enyart, y su esposa Mariana Inés Callejas, chilena ocultada bajo el nombre Ana Pizarro, habían coordinado en Europa (igual que en el caso Prats) los detalles para el crimen de Bernardo Leighton, encargado a los grupos Avanguardia Nazionale y Ordine Nuovo, de Stefano delle Chiaie. Incluso se contó con el apoyo de agentes de la policía secreta del régimen franquista español, según reveló el fascista italiano Aldo Tisei a la Corte de Bologna.
EL CASO LETELIER
El 21 de setiembre de 1976 la DINA ejecutó otro de sus operativos en el exterior. Esta vez actuó en el corazón mismo del gigante norteamericano, asesinando en Washington D.C. a Orlando Letelier, ex ministro de Estado en el gobierno de Salvador Allende, y personaje clave de la oposición chilena, a quien pocos días antes Pinochet le había quitado la nacionalidad, por «haber llevado a cabo en países extranjeros una campaña publicitaria tendiente al aislamiento político, económico y cultural de Chile», y «por influir en la política exterior norteamericana demandando la suspensión total de su ayuda militar a Chile». En el atentado, cometido con bomba a control remoto, también murió Ronnie Moffit, quien trabajaba con Letelier en el Instituto de Estudios Políticos.
Igual que en los casos antes mencionados, el responsable de coordinar el operativo fue el norteamericano Michael Townley, un agente incondicional a Manuel Contreras, jefe de la DINA. «Desde que lo liberamos, Letelier ha estado dando problemas al gobierno en el exterior», le dijo Pedro Espinoza, asistente principal de Contreras, a Townley, cuando le precisó las instrucciones para la misión de asesinar a Letelier en Estados Unidos.
Para este asesinato el Mayor del Ejército chileno Armando Fernández Larios realizó previamente un minucioso trabajo de seguimiento de Orlando Letelier en Washington D.C. Townley confesó a la justicia norteamericana que él mismo, con la ayuda del cubano anticastrista Virgilio Paz, fabricó el artefacto explosivo a control remoto y lo colocó en el automóvil de Letelier. En el crimen también participó Dionisio Suárez, del Movimiento Nacionalista Cubano.
Unas semanas antes, agentes secretos chilenos habían obtenido en Asunción pasaportes paraguayos y visas para ingresar a los Estados Unidos. También la cancillería chilena entregó a agentes de la DINA pasaportes con nombres falsos. Ahora, con el descubrimiento de los archivos del terror, en Paraguay, se confirma que el asesinato de Letelier fue gestado por Manuel Contreras, dentro de la «Operación Cóndor».(5)
LA OPERACION CONDOR
De acuerdo a las investigaciones realizadas en relación al asesinato de Orlando Letelier, se ha logrado establecer que el general chileno Manuel Contreras, jefe de la DINA, concibió y organizó la Operación Cóndor, que tuvo como tarea «La recolección, el intercambio y el almacenamiento de datos de inteligencia relacionados con los activistas de izquierda, los comunistas y los marxistas, con el fin de eliminar a los terroristas marxistas y sus acciones en la zona».(6) Esta acusación ha sido ratificada con algunos documentos hallados en los archivos secretos de la policía paraguaya.
Contreras viajó hacia Argentina, Bolivia, Paraguay, Venezuela y Estados Unidos, para exponer su proyecto represivo supranacional y convencer a los jefes de los servicios secretos de estos países sobre la importancia de la coordinación y cooperación «para eliminar al comunismo» y defender la sociedad «occidental y cristiana».
El general Contreras sostuvo desde 1974 varias entrevistas con el general Ramón Camps, Jefe de la Policía de Buenos Aires, quien años después diría que «en Argentina no quedan desaparecidos con vida. Asumo toda la responsabilidad y me siento orgulloso». Otro colaborador de Contreras, el general Iberico Saint Jeant, Interventor de la
Provincia de Buenos Aires igualmente dijo en la época de la dictadura militar: «Primero mataremos a todos los subversivos, luego mataremos a sus colaboradores, luego a sus simpatizantes, luego a quienes permanezcan indiferentes, y por último, a los indecisos.»(7)
En agosto de 1975 en su esfuerzo para concretar la «Red Cóndor», Manuel Contreras se entrevistó en Washington D.C. con Vernon Walters, director adjunto de la Agencia Central de Inteligencia, CIA, de los EE.UU. En Venezuela se reunió con Rafael Rivas Velásquez, director del Servicio de Inteligencia venezolano. En Paraguay habló con los generales Benito Guanes Serrano, jefe de Inteligencia del Estado Mayor y Francisco Brites, Jefe de la Policía de la República.
Entonces, en el marco de la «Operación Cóndor» se logró concretar acuerdos amplios entre los servicios secretos de Argentina, Bolivia, Chile, Paraguay y Uruguay, y se animó a la participación de Brasil y Perú. El campo de acción fue fijado entre los límites de todos los países miembros del acuerdo, estableciéndose facilidades para el desplazamiento clandestino de agentes de estos países, y la ejecución de operaciones represivas conjuntas.
También se aprobó la formación de equipos especiales de los países miembros, para viajar a cualquier parte del mundo, con el objetivo de eliminar a políticos opositores, subversivos o colaboradores de los grupos terroristas de cualquiera los países de la Operación. En el marco de este acuerdo se realizaron los operativos criminales antes mencionados.
Aún antes del golpe de estado en Argentina (marzo de 1976), ya se habían logrado acuerdos entre los servicios secretos de ese país y de Chile, para el intercambio de información «clave» y para facilitar la captura de militantes izquierdistas chilenos. Esta cooperación se logra perfeccionar con la «Operación Cóndor».
Numerosos militantes y simpatizantes de izquierda, chilenos, uruguayos, paraguayos, brasileños, y bolivianos, establecidos temporalmente en Argentina fueron capturados en ese territorio así como en Paraguay, por agentes policiales de sus respectivos países, en el contexto de esta coordinación represiva llamada «Operación Cóndor». Quienes más persecución sufrieron en Argentina fueron principalmente los líderes y militantes del MIR chileno. Igualmente los grupos de derechos humanos han documentado casos de represión policial contra ciudadanos alemanes, españoles, judíos y peruanos, entre otros que figuran entre los miles de desaparecidos.
Tal como se ha demostrado en diversos procesos judiciales, los servicios secretos de Chile y Paraguay tuvieron a su disposición las líneas aéreas estatales, (LAN CHILE, Líneas Aéreas Paraguayas) así como «carta blanca» en las cancillerías, el servicio de correos, los tribunales de justicia, etc.
Igualmente encubrieron sus actividades con empresas comerciales e industriales «fantasmas». En Chile se crearon 30 empresas ficticias al servicio de la DINA y un centro de operaciones formal: La Empresa Pesquera Chile, de San Antonio. La incursión en el mundo empresarial y financiero sentaría las bases para crear mecanismos de protección de los agentes secretos, una especie de ODESSA chilena, dirigida por el general (R) de la Fuerza Aerea Chilena, Vicente Rodríguez.(8)
Desde mayo de 1975 numerosos activistas políticos chilenos son detenidos por la policía argentina y paraguaya y luego son entregados a la DINA. Jorge Isaac Fuentes Alarcón, militante del Ejército Revolucionario del Pueblo, fue arrestado por la policía paraguaya cuando cruzaba en ómnibus la frontera desde Argentina. Después fue entregado a los agentes de la DINA en Paraguay y trasladado ilegalmente a Santiago, a Villa Grimaldi, donde se perdieron sus rastros. En la captura e interrogatorios de Fuentes Alarcón participaron, según estableció la Comisión Rettig, «los servicios de inteligencia argentinos, personeros de la Embajada de Estados Unidos en Buenos Aires, que mantenía informada a la Policía de Investigaciones de Chile del resultado de los interrogatorios, y la policía paraguaya, que capturó y permitió el traslado clandestino del militante chileno». (9)
Jean Yves Claudet Fernández, de nacionalidad franco-chileno, militante del Movimiento de Izquierda Revolucionaria, MIR de Chile, fue detenido el 1.11.1975 en el Hotel Liberty de Buenos Aires y después fue ejecutado por agentes de la DINA en esa ciudad. Aquí también hubo una colaboración muy cercana de policías argentinos con los agentes chilenos de la DINA, a fin de neutralizar la resistencia política de los activistas del MIR.
La Comisión de Verdad y Reconciliación de Chile, en su Informe Final documenta los casos de 33 ciudadanos chilenos desaparecidos tras ser capturados por agentes argentinos, paraguayos o brasileros y entregados a la DINA, solo entre 1975 y 1976.
El 22 de diciembre de 1992 el Juez José Agustín Fernández, descubrió casualmente el archivo secreto de la inteligencia represiva paraguaya, en una oficina de la «Sección Política y Afines» de la Policía de Investigaciones de Asunción, mientras investigaba el caso de Martín Almada, un profesor que había sido detenido y torturado en Asunción.
«Yo llevaba el proceso de una persona que había sido detenida y torturada entre 1974 y 1977. En ese caso él (Martín Almada) había solicitado sus antecedentes policiales por lo que procedimos a investigar en qué cuartel policial se encontraban» declaró el Juez Fernández. «El jefe de la policía de investigaciones nos dijo que estos archivos y antecedentes habían desaparecido durante el golpe de estado de febrero de 1989. No quedamos contentos con esa respuesta», agregó.
Fernández explicó que Martín Almada, investigó dentro de los círculos policiales y consiguió una información confidencial que le confirmó la existencia de los archivos. Entonces, de manera reservada se dirigieron a un lugar indicado donde descubrieron lo que el periodismo paraguayo bautizó como «Los archivos del terror».
«Cuando lo descubrimos era tanta la cantidad de documentos que era imposible dejarlos a disposición de la policía porque podrían destruirlos, quemarlos. Así que con la ayuda de un camión del Diario Noticias de Asunción los llevamos a mi despacho, y luego a un depósito del Palacio de Justicia», declaró el Juez.(10)
En los archivos abundan documentos relacionados a casos de detenidos y desaparecidos paraguayos que el gobierno siempre había negado tenerlos bajo su poder, por lo cual el Juez Fernández sostuvo :» Hay testimonios de que en Paraguay hubo tortura, encarcelamiento de activistas políticos, un estilo de vida, un sistema de control sistemático de mucha gente». Estos documentos van a dar muchas luces en los 18 procesos sobre violaciones a los derechos humanos que actualmente se ventilan en los tribunales de ese país.
El ex dictador Alfredo Stroessner, ha sido implicado recientemente en el asesinato de Benjamín y Rodolfo Ramírez, dos hermanos acusados de pertenecer al grupo armado opositor, Organización Política Militar, que supuestamente intentaba derrocarlo. Según los documentos hallados en los archivos secretos, Stroessner conocía todos los detalles de este y de otros crímenes, y había intercambiado comunicaciones con el jefe de investigaciones de la policía, Pastor Coronel, unos de los más sanguinarios torturadores de Paraguay.(11)
Lo sorprendente del caso es que este archivo de los servicios de seguridad de Paraguay, incluye también numerosos documentos relacionados a la «Operación Cóndor» gestada por Manuel Contreras, el conocido violador de los derechos humanos, jefe de la DINA. La documentación hallada ha confirmado que en el marco de este «Acuerdo de Cooperación» se cometieron los asesinatos del ex ministro chileno Orlando Letelier, del ex presidente de Bolivia, general Juan José Torres, asesinado en Argentina; de los legisladores uruguayos Zelmar Michelini y Héctor Gutiérrez Ruiz, así como del doctor Agustín Goyburú, dirigente del Movimiento Popular Colorado, de Paraguay, y de cientos de activistas políticos chilenos, argentinos, paraguayos, y brasileños.(12)
Aún más, recientemente el general paraguayo Benito Guanes Serrano, ex jefe de inteligencia del ejército, declaró ante el juez Arnulfo Arias, que en 1977, por su función de enlace entre la policía de Asunción y los agentes extranjeros, estuvo presente en la entrega de cinco personas arrestadas en Paraguay, a funcionarios de inteligencia de Argentina y Uruguay. Los «expulsados» de Paraguay fueron los uruguayos Gustavo Edison Insaurralde y Nelson Rodolfo Santana Scotto, y los argentinos Alejandro Logoluso Dio Martino, José Boll y Dora Landi Gill, quienes luego desaparecieron. Ahora el general Benito Guanes se halla con detención preventiva ordenada por el juez Nélson Mora, por el asesinato de los hermanos Benjamín y Rodolfo Ramírez Villalba. El atentado contra el Dr. Bernardo Leighton también fue parte de la «Operación Cóndor».
Se ha encontrado correspondencia de la policía de la región, registros y hojas de entrega de detenidos, fichas, fotografías y pasaportes de activistas de izquierda argentinos, chilenos, paraguayos y brasileños; planes de eliminación de sospechosos, reportes de desplazamientos de subversivos por el cono sur, análisis de las actividades de las Organizaciones No Gubernamentales de Desarrollo, ONGs de Paraguay, así como informes detallados dirigidos a Stroessner sobre asesinatos de sus opositores políticos.
También hay allí documentación que facilitó la estadía en Paraguay de mercenarios croatas, italianos, cubanos, chilenos, entre otros, y sobre la presencia de los criminales nazis en el cono sur de América, así como sobre el asesinato de agentes israelíes que los perseguían, las conexiones de los servicios secretos con la CIA norteamericana y el narcotráfico. Hay suficientes e irrebatibles pruebas de que se practicó el terrorismo de estado a escala internacional. La documentación hallada y los testimonios de varios de los agentes implicados, demuestra la complicidad de la policía y el gobierno de Paraguay con la brutal represión ejercida por las dictaduras de Argentina y Chile, así como con la de Brasil y Bolivia. También demuestra como el general Augusto Pinochet amparó la práctica del terrorismo de estado dentro y fuera de su país. Hay evidencia de que tanto Pinochet como Stroessner dedicaron especial atención al fortalecimiento y la coordinación de sus servicios de seguridad, objetivo para el cual se reunieron en diversas oportunidades.
Se alcanzó tanta eficiencia en la represión a los disidentes políticos, que incluso funcionarios del Departamento de Estado norteamericano reconocieron que «Los servicios de inteligencia del cono sur se han reunido y tienen un programa claro de ayuda mutua. La policía secreta anda por el mundo con gran libertad. En América Latina el sistema funciona casi a la perfección», tal como lo afirmó Patricia Derian, subsecretaria para asuntos de derechos humanos en A.L. del Departamento de Estado.
¿POR QUE NO SE DESTRUYERON LOS ARCHIVOS DE LA REPRESION?
Es probable que los altos jefes militares y policiales implicados en las violaciones de los derechos humanos y que participaron de la «Operación Cóndor» tenían la esperanza de la restauración de la dictadura de Stroessner.
Cayeron en un exceso de confianza que los inmovilizó ante cualquier necesidad de destruir documentación que aunque era acusatoria contra ellos, al mismo tiempo les iba a seguir siendo útil en el futuro. Los registros de inteligencia están actualizados con respecto a Paraguay hasta el año 1991, dos años después del golpe que quitó el poder a Stroessner y terminó con su dictadura.
En realidad el descubrimiento de los «Archivos del Terror» se logró gracias a que policías descontentos con sus jefes colaboraron con las autoridades judiciales. Estos mismos policías han denunciado cómo reina la corrupción al interior de los organismos castrenses y policiales.
Para nadie en Paraguay era un misterio saber que los más altos jefes policiales y militares, intendentes, funcionarios públicos vinculados al general Stroessner formaban parte de la inmensa cadena de corrupción moral y política tejida en los largos años de dictadura de Stroessner.
El contrabando de autos robados en Brasil y Uruguay, y su posterior venta en Bolivia y Perú, el tráfico de cocaína, los casinos de juego, el lavado de dinero proveniente del narcotráfico, las cadenas de prostitución entre innumerables actividades ilícitas, eran ejercidas abiertamente por algunas de las más altas autoridades policiales y militares de Paraguay, tal como se ha comprobado en los últimos meses. (13)
Más que dedicarse a su función de seguridad muchos de los jefes policiales y militares estaban atareados en la administración de sus negocios corruptos y llevaban una vida disipada, confiados en la impunidad con la que la dictadura los había premiado por su lealtad para mantener el orden establecido y «la paz nacional».
El coronel de Infantería paraguayo Luis Catalino Gonzáles Rojas, denunció en octubre de 1992 a varios de estos jefes militares y policiales implicados directamente en el contrabando de autos robados como el general de división Humberto Garcete, Comandante en Jefe del Ejército, y los generales Emilio Balbuena, Aladino Enciso, y Lorenzo Carrillo, quienes han sido procesados y sancionados por ese delito.(14)
El Jefe del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas, general Francisco Sánchez, ha sido destituído y procesado por extorsiones, estafa y por haberse apropiado ilícitamente de una empresa de juegos de azar. Francisco Brites, el tristemente recordado Jefe de la policía de Paraguay, amigo de Manuel Contreras, de la DINA, es propietario, junto con su esposa, de 130,000 hectáreas de terreno y de casi un centenar de fincas por todo el país.
Hoy estos jefes del ejército y de la policía de Paraguay enfrentan diversos procesos judiciales por sus delitos vinculados al contrabando de autos robados, la falsificación de documentos, la malversación de fondos públicos, etc. Sus actividades «empresariales» desplazaron a las ocupaciones policiales.
De esta forma se explicaría que los principales jefes de la policía y el ejército de Paraguay, vinculados al sistema Cóndor de represión hayan descuidado la seguridad de su archivo central, que está abriendo nuevos conocimientos sobre las actividades encubiertas de los servicios secretos del cono sur de América, y están ayudando a interpretar y comprender más cabalmente el destino de cientos de luchadores sociales y activistas políticos latinoamericanos.
Los documentos hallados se están procesando con la ayuda de personal de los organismos defensores de los derechos humanos de Paraguay, luego de rechazarse un ofrecimiento de la Agencia Interamericana de Desarrollo, AID, de los EE.UU., organismo que se ofreció para microfilmar los archivos.
Diputados paraguayos acusaron a la AID de pretender borrar las huellas de la colaboración de los servicios secretos de los EE.UU. con la dictadura paraguaya y los sistemas represivos del cono sur.
Convencidos de la importancia de la documentación descubierta, abogados y representantes de organismos de derechos humanos de Brasil, Argentina y Chile, viajaron a Asunción, a revisar «los archivos del terror», en los cuales han encontrado evidencias inculpatorias contra los jefes de los servicios secretos de la región.
Con el descubrimiento de «Los Archivos del Terror» en Paraguay se han abierto nuevas posibilidades para aplicar la justicia a los principales agentes represivos del cono sur de América, de tal modo que sus delitos no queden en la impunidad. La esperanza ha renacido en los familiares de las víctimas de la represión en Argentina, Paraguay, Brasil y Chile mientras que el general Manuel Contreras, así como sus protectores y cómplices (Léase Pinochet) «tiemblan» ante las nuevas evidencias de su terrorífico trabajo.
Notas y referencias: