Movimiento obrero. Su brutal situación:
Huelgas:
-Ocho meses de huelga continuada en la biblioteca municipal de Ferrol.
Falta de personal que les desborda.
Para los trabajadores esta situación genera un deterioro en la prestación del servicio que, a su juicio, es lo que busca el gobierno local, para utilizarlo como excusa de cara a una privatización del servicio.
-Los inspectores de Trabajo irán por primera vez a la huelga el 21 de diciembre.
Preaviso de tres jornadas de paros en diciembre, enero y febrero contra la carencia de material técnico y por mejoras salariales.
Inspección de Trabajo, en 2020 el cuerpo disponía de 2.005 inspectores y subinspectores, o sea, ‘tocan’ a más de 10.000 trabajadores por agente.
La actividad inspectora ha aumentado el 355% durante los últimos años. A ello se añaden las quejas por la antigüedad de los equipos informáticos y las constantes incidencias con el ‘software’.
-Médicos de primaria irán a la huelga en enero si no mejoran las condiciones en los centros de salud andaluces.
El nuevo Sindicato Médico de Primaria reclama aumento de la plantilla de facultativos, mayor sueldo y condiciones laborales dignas para evitar la huelga.
-Huelga de médicos en Madrid.
Ayuso mantiene una guerra de desgaste contra los médicos y busca derrotarles por el impacto de la huelga en sus nóminas.
El Gobierno madrileño del PP opta por ignorar a los sanitarios huelguistas o, en el mejor de los casos, hacerles promesas sin fundamento real.
Casi un mes después de iniciada la huelga, el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso mantiene una guerra de desgaste que busca invisibilizar a los médicos y evitar así que su malestar se traslade a la población, que hace un mes salió a la calle en avalancha para denunciar el estado de la sanidad pública en la ciudad. Además, en este conflicto el tiempo es el mejor aliado de Ayuso, ya que cada día de huelga penaliza las nóminas de los trabajadores, que ven descontados hasta 200 euros netos por día no trabajado, según trabajadores afectados.
SMI a menos:
-La subida del salario mínimo no compensa en absoluto la de los precios de productos básicos.
El salario mínimo (SMI) en 2020 era de 950 euros mensuales en 14 pagas.
En 2022 es de 1.000 euros en 14 pagas.
Así pues, y aparentemente, el SMI se ha incrementado un 5,2%.
Y ahora la inflación:
La inflación acumulada para 2021/2022 rondará el 12%.
Con estos datos podemos afirmar que el Gobierno y el ministerio de Yolanda Díaz en particular ha reducido desde el punto de vista del poder adquisitivo (perfectamente demostrable en los productos básicos; alimentos, luz, gas, etc) de 950 a 885 euros.
La situación:
-Denuncian las organizaciones y ONG que trabajan con personas en especial vulnerabilidad:
El 60 % de los españoles, le cuesta llegar a fin de mes. Tienen más dificultades que hace un año para llegar a fin de mes, a pesar de las auto restricciones al consumo de calefacción y en la cesta de la compra.
El 80% de los españoles tiene que tirar de ahorros para llegar a fin de mes ante el alza de los precios de la energía, los alimentos y los combustibles.
Los datos sobre los precios de los alimentos revelan un fuerte incremento del 15,4% en términos interanuales, el nivel máximo desde que empezó la serie histórica en enero de 1994.
Entrevistas:
-Bomberos y bomberas forestales: “Hay que crear un Estatuto del Bombero Forestal digno”.
Entrevista a Pablo Viveros Torralba y María Dolores Ruzafa García, del Movimiento Infoca – Bomberos Forestales Andalucía.
Nuestro colectivo surge hace aproximadamente un año, como respuesta a la precariedad laboral de los bomberos forestales y a la situación actual que se vive en los incendios forestales, cada vez más imparables y con menos medios para extinguirlos.
Corrupción:
-Una empresa investigada por colusión recibe 1,2 millones para la próxima OPE de Osakidetza.
La consultora NTT Data, investigada por supuesto falseo de contratos con el Gobierno Vasco, ha sido elegida para gestionar y desarrollar el de la OPE aprobada por Gotzone Sagardui.
Los sindicatos denuncian que la licitación, orientada a reducir la temporalidad en el servicio público, que alcanza el 58%, es insuficiente, opaca y no solucionará ningún problema.