Memoria histórica imprescindible:
-Cómo Franco utilizó a los artistas extranjeros para blanquear la dictadura en la isla de ‘la libertad y el placer’.
Personalidades ligadas a la Escuela de la Bauhaus alemana, a galerías de arte y a la literatura antifascista llegaron a Eivissa durante el periodo de entreguerras y sirvieron para proyectar una imagen más ‘amable’ del régimen hacia el exterior.
En Eivissa no fue hasta el periodo de entreguerras, en el contexto de la República de Weimar y la II República, y especialmente tras el ascenso de Adolf Hitler y el establecimiento del régimen de terror de los nazis, cuando empezó a formarse una incipiente industria turística en la isla. Fue precisamente la dictadura alemana la que provocó un éxodo todavía mayor de intelectuales, artistas e izquierdistas que, forzados al exilio, llegaron a Eivissa fascinados por su carácter “primitivo”, con un estilo de vida muy tranquilo y muy asequible para el bolsillo de un extranjero.
-Antonio Morales y la memoria ‘fake’
(Presidente del Cabildo de Gran Canaria).
Artículo de Teodoro Santana / Francisco González.
El golpe de Estado de 1936 tuvo como efecto la eliminación física de la izquierda, un auténtico maremoto de sangre cuyas ondas persisten hoy en día. La “sagrada transición” supuso una rendición vergonzante ante los poderes facciosos, manteniendo intactas las estructuras profundas del Estado fascista para una oligarquía que quería dotarse del maquillaje suficiente para poder entrar en la Comunidad Económica Europea (después UE) y beneficiarse de las ventajas económicas que suponía. A cambio, la izquierda entreguista y la nueva “izquierda” montada a última hora por la CIA y la socialdemocracia alemana, conseguían su legalización, poder presentarse a las elecciones y repartirse las poltronas con los herederos del Régimen.
La condición de tal capitulación era el olvido de los crímenes fascistas, desde los asesinatos, las torturas, los encarcelamientos y los juicios ilegales hasta los robos a mano armada de propiedades de los “rojos”. Para eso se acomodó como ley de punto final la llamada Ley de Amnistía, que dejó impunes los infames crímenes contra la humanidad.
La lucha de los familiares de los asesinados y represaliados ha conseguido, cuarenta años después, vencer al olvido. Ya no es un tema tabú, al menos no del todo. A la izquierda burguesa no le ha quedado otra que reconocer la necesidad de la memoria histórica. Eso sí: descafeinándola y privándola de efectividad. Ni hay verdad, porque no se desclasifican los documentos de la represión fascista, ni hay justicia, porque no se han anulado judicialmente las sentencias de los tribunales fascistas, ni hay reparación. Y las cunetas, pozos y simas siguen llenos de los cadáveres de los héroes del pueblo asesinados.
Aún más: han aprovechado para utilizar la palabrería hueca sobre la memoria histórica en mera propaganda electoral, pura pose para conseguir votos de familiares de las víctimas y de los (pocos) supervivientes. Y para ello cuentan con la cobertura de los medios de comunicación monopolísticos, de sus “periodistas” a sueldo, de cargos públicos debidos a las cúpulas partidarias, de asesores bien remunerados y de múltiples negocios y negocietes que dependen del reparto del dinero público.
Esa obscena propaganda, que juega con el sufrimiento y la pena de miles de familias que sufrieron el genocidio fascista, es de los actos más viles que puede cometer un político. En este caso, aprovechar los escasos cinco meses para las elecciones locales de 2023 exhibiendo esa extraña “sensibilidad” con los miles de asesinados por el franquismo en las Islas Canarias, mostrando el verdadero rostro del hombre de Red Eléctrica Española en la isla redonda, la misma que va a reventar para beneficio de los oligopolios donde como en el turismo la ganancia millonaria siempre se va para unos pocos, jamás para mejorar las condiciones de vida de una clase trabajadora isleña que bate récords en pobreza extrema y exclusión social.
Antonio Morales y su graciosa trouppe se deja ver en los pozos de Tenoya o Arucas, o en la Sima de Jinámar, arremangado, con su traje caro en una percha de la carpa montada para cobijar a periodistas afines y cargos públicos con sueldos millonarios, a los que les importa un carajo los que siguen bajo tierra con un tiro en la nuca, los huesos destrozados por la tortura.
Presume el ínclito presidente de la central hidroeléctrica de encabezar a la vez la defensa de los derechos humanos, después de reírse de las familias de los sesenta hombres que siguen enterrados como perros en la fosa común del cementerio de Las Palmas. Fue fácil engañar a los seres queridos de los fusilados, montar performances con ruedas de prensa a pie de fosa en la Navidad de 2018, tras la estafa de una absurda cata de 4 X 4 y medio metro de profundidad en una fosa de más de 2.500 metros cuadrados, agarrarse a supuestos testimonios surrealistas de que allí no estaban ya los huesos, sin ninguna prueba científica irrefutable ni documental.
¿Qué costaba o cuesta excavarlo todo?
¿Comprobar que los restos con disparos en la cabeza estaban en algún rincón de ese espacio del horror a pocos metros de los lujosos panteones de los genocidas?
Qué fácil es reírse de quienes siguen teniendo muertos en fosas comunes, cunetas, pozos o simas cuando se cuenta con un presupuesto ilimitado para seguir mintiendo a la opinión pública, silenciando a las familias que tienen derecho por Ley a que al menos se excave sin límites para comprobar que siguen allí como dice Benedetti “concertados”, “desconcertados”.
No sigan mintiendo a la gente por un puñado de votos, cumplan lo establecido en las leyes canaria y estatal de memoria democrática, en las reiteradas peticiones de Naciones Unidas al estado español para que se excave cada fosa sin excusas, sin informes creados para seguir encubriendo el mayor genocidio canario tras la sanguinaria Conquista.
Dejen de hacerle el juego a los herederos de los criminales de lesa humanidad, es hora ya de que se haga justicia, de que se repare tanto dolor sobre lo mejor de nuestro pueblo.
Sinceramente, estamos hartos de tanto canalla.
-Hay un cortafuegos aún hoy que impide investigar los más de 100.000 desaparecidos en España.
Entrevista a Emilio Silva, presidente de la ARMH.
Los dos grandes partidos de oposición, el PSOE y el PCE, acordaron que esos crímenes no se iban a tratar como crímenes, de modo que ni siquiera se mencionaron en el parlamento. Esa ha sido una pauta política hasta que empezamos a romper esa ley de hierro en el año 2000.
La única estimación que se ha hecho, dado que el Estado no ha querido hacer una, tras una causa abierta en la Audiencia Nacional, habla de 114.226 personas. Solo en Andalucía hay 47.000 desaparecidos. De todas formas, nunca se va a saber.
