Movimiento obrero. Su brutal situación:
Explotación laboral:
-Detenido un empresario vallisoletano por tener a 11 trabajadores sin dar de alta y cobrando 6 euros la hora.
Este empresario es titular de una sociedad dedicada a proporcionar mano de obra para la prestación de servicios agrícolas.
Detenido por un delito contra los derechos de los trabajadores a los que tenía trabajando sin dar de alta en la Seguridad Social.
-Multada una empresa de selección de personal por preguntar por etnia y discapacidad a los candidatos.
Protección de datos impone 50.000 euros de sanción a la multinacional Thomas International por extraer información sensible de manera irregular.
11 000 empresas utilizan las selecciones de Thomas.
La Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) ha impuesto una multa de 50.000 euros a la multinacional especializada en procesos de selección de personal Thomas International por recabar información sobre la etnia y el grado de discapacidad de los candidatos. La recolección se lleva a cabo a través de un cuestionario online que la empresa envía a las personas que evalúa por encargo de otras compañías interesadas en contratarlas, un proceso tras el que Thomas prepara un informe sobre su “comportamiento bajo presión”, “autoimagen”, “énfasis laboral” o “máscara de trabajo” (“cómo lo ven otros”).
La resolución se inició con una denuncia interpuesta por una candidata a la que Thomas le pidió rellenar el cuestionario. Se suponía que eran solo una serie de tests “psicotécnicos”, pero se encontró con las preguntas sobre su etnia y su grado de discapacidad. Evitó contestar y elevó una queja al regulador de privacidad “al desconocer el uso que haría la empresa de estos datos”.
Thomas no recurrirá la multa interpuesta por la AEPD y se ha acogido al pago voluntario de esta. Esto permite acogerse a una reducción del 20%, con lo que la sanción queda en 40.000 euros. Registrada en España en 1993, la multinacional ofrece a los empresarios “el poder de la psicología” para tomar “decisiones de contratación y desarrollo más inteligentes, así como pronosticar qué candidatos tienen más probabilidades de tener éxito en un puesto y en su empresa”. Además de selección de personal, también cuenta con servicios de formación, auditoría y administración.
Sanidad pública:
-Entrevista a la médica criminalizada.
Mar Noguerol, la cara de la marea blanca a la que la Comunidad de Madrid intenta quitar de su puesto: “No tienen escrúpulos”.
«Es un ensañamiento y buscan un castigo ejemplarizante».
La médica, directora de un centro de salud, ha conseguido que un juez suspenda el castigo que activó la Consejería de Sanidad después de que ella se incorporase al comité de huelga para mejorar las condiciones en atención primaria.
-La mitad de los trabajadores de la sanidad pública en España son interinos.
El 43,7% son interinos; el 6% se engloba en el apartado de “otro personal”, donde se incluyen a los trabajadores en formación; y el 3,2% es personal laboral, donde un tercio son temporales.
El Gobierno central ha impulsado una ley que ha obligado a las comunidades a iniciar procesos extraordinarios para reducir la temporalidad al 8% para 2024, pero los últimos datos indican que solo el 47,2% de los sanitarios son funcionarios de carrera.
Vivienda pública y digna:
-Desahucios a decenas de miles.
Entre 2013 y 2021 se produjeron 22.130 desahucios en la ciudad de Barcelona, 1.755 de los cuales en 2021.
Ha afectado a unas 55.325 personas.
Los grandes propietarios inmobiliarios son los responsables de más de la mitad de los desahucios. O sea, fondos buitre y bancos.
-Una mujer con discapacidad enfrenta su desahucio de la vivienda social que Ana Botella vendió al fondo buitre Blackstone.
A Paula Jiménez le tocó en 2009 una vivienda pública del Ayuntamiento de Madrid en alquiler asequible.
Pocos años después fue malvendida junto a otras 1.860. El fondo le imponía una subida desde casi 400 a 800 euros al mes, más que su pensión de incapacidad.
Energía y pelotazo:
-Megaparques eólicos y solares: manos libres para las empresas y fin de la evaluación ambiental previa.
El Gobierno central, mediante el Real Decreto Ley 20/2022, acaba con la Evaluación de Impacto Ambiental en todos los proyectos de generación de energía eléctrica con renovables y cosecha duras críticas desde distintos sectores.
Caos en la administración:
-Retrasos en el cobro del IBI y la cita previa saturada desembocan en un caos tributario en Madrid.
El Ayuntamiento calcula que 34.000 madrileños han tenido que esperar a que se les cargara el segundo plazo del IBI, con recibos domiciliados, insistiendo por vía telefónica por la línea 010 e intentando acceder a una cita presencial con la administración sin éxito alguno, el culpable: un supuesto fallo informático.