Movimiento obrero. Su brutal situación:
Empresariado «modelo»:
-Ferrovial fue sancionada en firme por obligar a las trabajadoras de AVE a maquillarse y teñirse el pelo.
El Tribunal Supremo confirmó el año pasado una multa de 25.001 euros de la Generalitat a Ferrovial por forzar a las trabajadoras de los trenes AVE a maquillarse y a teñirse las raíces del pelo, cosa que no obligaba a hacer a los hombres, hasta 2019.
Ferrovial, que el pasado mes de febrero anunció que trasladaba su sede social desde España hasta Países Bajos, tiene una dilatada relación con el mundo ferroviario. En la última década, entre otras cosas, la empresa de Rafael del Pino ha recibido adjudicaciones públicas de cientos de millones de euros para gestionar el servicio de atención al viajeros en trenes de Renfe. La política de vestimenta e imagen que durante años impuso a sus trabajadores le costó una sanción, confirmada el año pasado por el Tribunal Supremo, porque obligaba a las mujeres a maquillarse con “tonos discretos y naturales”. Una indicación que desapareció del manual de vestimenta de Ferrovial Servicios para sus trabajadoras de los trenes en un servicio que, desde el año pasado, está en manos de Serveo.
-Declaran nulos los despidos de dos sindicalistas por la huelga de Moventis (TIB) de 2021
La Justicia ha declarado nulos los despidos de dos sindicalistas de SATI por la huelga del año 2021 de Moventis, empresa concesionaria de varias rutas de autobuses TIB en Baleares.
La empresa los despidió en plena negociación de desconvocatoria de huelga como medida de presión.
-Siete despidos improcedentes en la residencia San Nicolás de Fabero, en El Bierzo, León.
Denuncia ante la Inspección de Trabajo de la situación de los trabajadores de la residencia de mayores San Nicolás de Fabero, señalando que se ha incumplido el convenio de Dependencia y se han llevado a cabo siete despidos improcedentes en el último año.
Se denuncia que el personal realiza tareas impropias de sus categorías profesionales, no hay zona habilitada para el tiempo de descanso, días de libres disposición concedidos a cambio de deuda de horas con la empresa, falta de tiempo para el aseo personal antes del descanso y la salida, falta de material y falta de comunicación en el turno de noche entre trabajadoras de distintas plantas.
-Pelotazo tras pelotazo hasta el ERE. Respuesta, huelga indefinida en Implika.
Los trabajadores de la empresa de formación IMPLIKA SL, están en huelga indefinida tras el anuncio de ERE extintivo que pretende realizar la compañía pese a haber tenido beneficios.
Implika es un centro de estudios privado que cuenta con programas de Formación Profesional, itinerario de Oposiciones, además de ser Agencia de Colocación Oficial autorizada por el SEPE; mantiene alianzas y colaboraciones con más de 5000 empresas de todo tipo y posee delegaciones en toda España (Madrid, Bilbao, Barcelona, Valencia, Jérez, Córdoba, Murcia, Mallorca entre otras).
La empresa fue constituida hace 9 años con sede social en Bilbao bajo la forma de Sociedad Limitada. En noviembre de 2019 (año en el que superó los 22 millones de euros de cifra de negocio) la firma de capital de riesgo catalana Suma Capital adquirió por 10 millones de euros el 55 % de la compañía, contando con el asesoramiento en la operación de Dc Advisory y KPMG.
El objetivo de la compra era reforzar e impulsar la apertura de centros e incrementar sus ingresos con la estrategia de comprar empresas competidoras.
El 22 de junio de 2022 el fondo de inversión KKR se hace con la propiedad de la compañía por una cantidad en torno a los 60 millones de euros.
El 16 de marzo comenzó la huelga indefinida de los trabajadores de Bilbao, sede en la que la plantilla cuenta con un mayor número de empleados, un total de 156.
La empresa pondrá en marcha el expediente con la intención de despedir a 185 de los 363 trabajadores.
En: elcomun.es
Sanidad ¡Pública!:
-Andalucía financió con 150.000 euros de dinero público unas becas sanitarias de un centro privado de Madrid.
La Consejería de Salud mantiene un convenio desde 2020 con el Centro de Estudios Biosanitarios (CEB) para financiar un programa de ayudas a través de la Escuela Andaluza de Salud Pública (EASP), pero sin intervenir ni en la elección de los becados ni en el programa docente.
Residencias de mayores:
-Un alto cargo de Ayuso confirma que el consejero de Sanidad conocía los protocolos de las residencias.
Tres años después de la tragedia en las residencias, dos políticos declaran como testigos en la investigación sobre los protocolos de exclusión sanitaria que supusieron la muerte de más de 7.000 mayores sin asistencia médica.
Alberto Reyero (Cs), exconsejero de Políticas Sociales y Carlos Mur (PP), entonces director general de coordinación sociosanitaria, cuya firma aparece en los protocolos de exclusión sanitaria. Y lo han hecho para declarar en el seno de la investigación sobre estos protocolos en base a los cuales más de 7.000 ancianos y ancianas perecieron sin acudir a un hospital.
Mur ha asegurado que esos documentos contaban con el visto bueno del consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero.
Alimentación, de monopolios:
-Cárteles lácteos y macrogranjas: más préstamos insostenibles de la banca española.
Los bancos españoles prestaron desde 2016 más de 2.000 millones de dólares al sector cárnico y lácteo, en su mayoría al Grupo Lactalis (Puleva) y al gigante de las macrogranjas Grupo Jorge. Ambas, expertos en prácticas contra los derechos laborales.
Esta financiación ha ido a parar en su mayor parte (1.600 millones) al gigante lácteo francés Grupo Lactalis, que comercializa marcas como Puleva, Ram, Lauki y President, o los quesos Flor de Esgueva y El Ventero. Con mucha distancia, le sigue el consorcio de porcino industrial Grupo Jorge (314 millones) y el fabricante de piensos Nutreco (142).
Corrupción:
-El Gobierno Vasco colocó como subdirector de Osalan a un imputado por prevaricación.
Francisco Javier González, exsubdirector de Gestión Económica e Infraestructuras del Servicio Cántabro de Salud.
Recurrió su condena ante el Tribunal Supremo. Mientras estaba imputado, ocupó el cargo de subdirector de planificación en el Instituto Vasco de Seguridad y Salud Laborales, con un salario anual de casi 75.736 euros.
-Una empresa sin empleados recibió cuatro millones de la Junta de Andalucía para realizar obras públicas.
Barveal S.L se adjudicó dos obras de más de 4 millones de euros sin tener oficinas y sin estar en el Registro de Licitadores de la Junta ni acreditar su solvencia porque carecía de la calificación habilitante para recibir contratos públicos de más de medio millón de euros.
Barveal logró la adjudicación de dos contratos para reparar el firme de sendas carreteras por el procedimiento de emergencia, a pesar de que cuando consiguió el primero no generaba negocio alguno.
-El PP recortó un millón en personal e inyectó 13 en la universidad online antes de privatizarla su candidata en València.
El Gobierno valenciano encabezado por Alberto Fabra (PP) equilibró las cuentas de la institución, lo que propició que en el año 2012, previo a la venta que lideró María José Catalá como presidenta de la Fundación VIU, arrojara por primera vez un balance positivo de 679.000 euros.
