Movimiento obrero. Su brutal situación:
Morir en el tajo:
-25 de mayo: Fallece un trabajador al caerle un pino encima mientras realizaba tareas forestales en Quiroga (Lugo).
No se facilita edad ni filiación.
-31 de mayo: Camionero muerto en Agurain (Álava) al chocar e incendiarse el camión.
El trabajador, de 61 años, de la empresa Químicos Felices SLU, murió al incendiarse el vehículo que conducía.
Es el 5º camionero muerto en E.H. en 2023, y el trabajador nº 24 fallecido trabajando, en Euskal Herria.
-Un accidente laboral mortal en La Rioja, posible homicidio por imprudencia.
Las muertes obreras tienen responsables.
Exigen la apertura del juicio oral con motivo del accidente laboral mortal que se cobró la vida de un trabajador en una obra en la carretera LR-113 en Viniegra de Abajo el pasado 10 de enero de 2020, cuya empresa adjudicataria era ‘Riojana de Asfaltos SA’.
El trabajador fallecido estaba realizando tareas de desmonte con una máquina retroexcavadora, cuando se vio sorprendido por un gran volumen de rocas y tierra que deformaron la cabina de la máquina con la que trabajaba y le aplastaron.
El Auto de Procedimiento Abreviado de las Diligencias Previas del Juzgado de Instrucción número uno de Logroño, de 2 de mayo de 2023, indica que los acontecimientos “pudieran ser constitutivos de un delito contra los derechos de los trabajadores y otro de homicidio por imprudencia”, según resulta “de los informes técnicos, declaraciones prestadas en el procedimiento, dictamen forense y documentación aportada”.
De este modo, el Auto destaca, de acuerdo con el ‘Informe de Investigación del Accidente elaborado por el Servicio de Relaciones Laborales y Salud Laboral dependiente de la Comunidad Autónoma de La Rioja’, que “los estudios previos elaborados habían determinado que el riesgo de desprendimiento era bajo”. Sin embargo, en la zona próxima a los hechos se había producido un desprendimiento de rocas el 20 de octubre de 2019, “estando en el momento del accidente de enero de 2020 la zona afectada por alta pluviosidad, no efectuándose nuevos estudios tras el sucedido en octubre de 2019”. Además, en la zona del accidente se estaban ejecutando trabajos de desmonte, “con un martillo rompedor que habría necesariamente transmitido vibraciones al terreno”, por lo que “la inicial calificación general de riesgo bajo de desprendimiento se habría visto necesariamente incrementada por esta concurrencia de circunstancias”.
Además, la máquina retroexcavadora “debía haber contado con el dispositivo FOPS (acrónimo en inglés para estructura de protección contra caída de materiales) para incrementar la seguridad del trabajador ante la forma concreta de la producción del riesgo”, y no lo tenía.
Los diversos investigados en las presentes actuaciones tenían responsabilidades de dirección de obra, revisión y aplicación de Plan de Seguridad, descripción de procedimientos de inspección de los tajos y ejecución de tales inspecciones, así como sobre asignación sobre concretos materiales y recursos (maquinaria) al tajo en concreto”.
Por lo que “tales circunstancias impiden vedar a las partes el acceso a la fase intermedia del procedimiento, debiendo ser en el juicio oral donde se depuren la definitivas responsabilidades penales que puedan ocurrir”.
–https://nuevecuatrouno.com/2023/05/31/accidente-laboral-mortal-viniegra-abajo-homicidio-imprudencia/
Huelgas:
-Trabajadores de Inlemaz, Funes, Navarra.
En huelga desde el 24 de mayo, hasta completar la reivindicación de 12 días de huelga.
Para «romper con la negativa de la dirección de la empresa a negociar un acuerdo que mejore las condiciones laborales de la plantilla».
Se dedica a la elaboración y comercialización de conservas vegetales.
-Trabajadores de Pikolin en Zaragoza, huelga en junio para exigir un convenio “justo”.
Los días 6, 7, 8, 13, 14, 15, 20, 21 y 22 de junio.
Para exigir un convenio colectivo “justo” en la factoría que elabora colchones. Los trabajadores han tomado esta decisión ante “la negativa” de la empresa a “avanzar con seriedad” en la negociación. “La dirección de la empresa se cierra en banda a aceptar subidas salariales dignas y mejoras sociales”.
Piden para cuatro años, incrementos del 6% en 2023 y del 5% en cada uno de los siguientes, con revisión del IPC y una paga extra de 350 euros.
-Huelga en Michelin Vitoria.
Los días 5, 7, 10 y 12 de junio. Esta huelga llega tras la última propuesta de la empresa en la negociación del convenio.
Michelin Vitoria cuenta con 3.500 trabajadores.
La multinacional gala propone, entre otras cosas, una subida salarial del 12% en cuatro años y una cláusula de garantía salarial. Esta última ligada a la consecución del objetivo de beneficios del grupo calculada cada dos años, del IPC real hasta un máximo de 2%.
CGT (4), ELA (3), ESK (3) y LAB (2), que son minoría al sumar 12 de los 27 delegados sindicales de Michelin Vitoria, secundan las huelgas, y afirman que el papel de CC.OO (6), UGT (4), CSIF (3) y CCM (2) «Deja la puerta abierta a la mísera oferta de Michelin», denuncian los convocantes de los paros, pues resulta «irrisorio, profundiza en la enorme pérdida salarial del último convenio». Critican que se ignoran la mayoría de las reivindicaciones recogidas en la plataforma social como el IPC, la jornada, el empleo o la igualdad retributiva.
-Huelga el 16 de junio en tres grandes compañías de las tecnologías de la información.
En DXC, Alten y Getronics, que operan en Barcelona, en Zaragoza y Madrid. Afecta a 7.500 informáticos.
“Con ese convenio y con esta inflación, desde 2020 hemos perdido un 15,1% de nuestros salario. Es decir, 55 días de trabajo”.
Las empresas de las consultoras informáticas son las encargadas de arreglar las incidencias diarias que afrontan las webs y entramados informáticos de las administraciones públicas, el transporte, la sanidad, las finanzas e incluso el Ejército, ya que todos los sectores tienen externalizados en gran medida este trabajo en las consultoras TIC, donde trabajan informáticos, programadores, arquitectos de sistema, etc.
Solidaridad:
-El casu La Suiza.
Charla, 8 de junio, Ateneo de La Calzada, Xixón, 17 h.
Pasacalles, a las 19 h.
Grupu Sofitu Casu La Suiza.
Temporeros:
-25 años de asentamientos chabolistas de migrantes en las zonas freseras de Huelva.
La gran demanda de mano de obra de un sector agrario robusto, la ausencia de soluciones habitacionales, y la desidia de instituciones y empresarios han articulado la ecuación perfecta para la cronificación de las infraviviendas.
Apenas faltaban unos minutos para las doce del mediodía cuando Malika recibió una llamada de socorro de su vecina. El fuego había prendido, una vez más, en el asentamiento de chabolas situado junto al Polígono Industrial de Palos de la Frontera (Huelva) y Malika, que en ese momento se encontraba trabajando en una finca de fresas, echó a correr, sin pensarlo dos veces, hacia el lugar donde una vez tuvo un hogar. Su chabola limpia, cuidada, y hasta coqueta, había sido reducida a cenizas. “Lo he perdido todo”, fue lo único que pudo pronunciar esta joven marroquí antes de romper a llorar. Como ella, más de doscientas personas trabajadoras migrantes se quedaron con lo puesto el pasado 13 de mayo porque, a esa hora, la gran mayoría, trabajaban en la recolección de los frutos rojos.
Los incendios forman parte de la vida cotidiana de los asentamientos y atentan contra la vida y la salud de quienes los habitan.
Vivienda, pública y digna:
-Hogares insalubres.
Uno de cada 5 niños en España vive en hogares con humedades, goteras o podredumbre que impactan en su salud.
Más del 13% de niños viven en hogares con pobreza energética.
España es el tercer país europeo en el que las familias tienen más dificultades para pagar su hipoteca o alquiler, alcanzando el doble de la Unión Europea, mientras que es el sexto por la cola en vivienda social.
Informe de Save the Children.
Desahucios:
-Movilizaciones detener el desahucio de una familia del barrio de San Francisco, en Bilbo, previsto para el 20 de junio.
El sindicato de vivienda Azet se ha concentrado para denunciar que Alami y su familia, vecinas del barrio, han recibido un aviso de desahucio tras cinco años viviendo en un piso propiedad del fondo buitre Blackstone.
No es la primera vez que esta familia recibe el aviso. Tras varios intentos, siempre frenados por vía judicial, se les ha vuelto a notificar a fecha de 20 de junio. «Es decir, Alami y su familia en unas semanas podrían ser desahuciados, para que otra vivienda vaya a agrandar la «cartera inmobiliaria» del fondo buitre Blackstone y sin que las instituciones hayan garantizado una alternativa habitacional».
Blackstone es uno de los agentes que más está especulando con la mercantilización de la vivienda del barrio —320.000 millones de dólares de patrimonio inmobiliario y decenas de miles de pisos en el Estado español—; lo que no excluye la responsabilidad del Ayuntamiento de Bilbao que, mirando hacia otro lado, no ha ofrecido alternativa alguna a la familia.
Nacional-catolicismo:
-Los obispos sólo reconocen 728 casos de pederastia desde 1945 en la Iglesia católica española.
Las oficinas para la protección de menores y prevención de abusos contabilizan solamente 927 víctimas de abusos sexuales a menores desde mediados de los años cuarenta hasta 2022.
Estos datos solo corresponden a los que han recibido las oficinas de protección del menor de las diócesis y las congregaciones desde 2019, cuando abrieron sus puertas. Este cómputo, por lo tanto, no incluye el número de todos los casos que conoce la Iglesia con anterioridad a ese año, una información que sigue ocultando.
Tampoco recogen todos los casos que han recibido por otros canales, como los 503 que el diario El País les entregó entre 2021 y 2022 en varios informes. De ese medio millar, los obispos dicen que solo 191 están “siendo estudiados en las oficinas para poder culminar con ellos el proceso pastoral o judicial oportuno”.
Los números de la Iglesia siguen siendo muy inferiores a las estimaciones de la auditoria que la CEE encargó hace más de un año al bufete, que calcula que serán “miles” de víctimas cuando finalicen sus trabajos, y la contabilidad que lleva El País a falta de una oficial: 966 casos y 1.957 víctimas.
Como es habitual, la Iglesia tampoco ha informado sobre el número de indemnizaciones que ha pagado a las víctimas ni de los procesos de reparación que pondrán en marcha tras recibir estos centenares de denuncias.
Otro asunto del que no han hecho mención ha sido las acusaciones contra los obispos que encubrieron, silenciaron o taparon casos de pederastia en sus diócesis. La contabilidad independiente señala a más de 40, algunos siguen vivos y ocupan altos cargos dentro de la CEE.
Del total de 728 casos contabilizados por la Iglesia, el informe señala que 283 fueron recibidos en las oficinas diocesanas y 445 en las de las congregaciones. Respecto a la fecha en la que se cometieron los abusos, ordenados por décadas, el documento revela que más del 80% de los casos tuvieron lugar en el siglo pasado, en general antes de 1990. En lo que se refiere al sexo, la mayoría de las víctimas (82%) son varones, al igual que los victimarios (99%). En cuanto a la pertenencia a la Iglesia, más de la mitad de los acusados, un total de 378, son sacerdotes (el 52% del total). Además, hay 208 religiosos o religiosas, 92 laicos y 23 casos en los que el denunciante no supo la condición eclesial del agresor. El 63,5% de los acusados están fallecidos.
Respecto al contexto en el que se produjeron, el 47% de los abusos se produjeron en el ámbito escolar (colegios, institutos, aulas, patio escolar, vestuario, gimnasios); un 15% en el ámbito parroquial (parroquia, iglesia), y un 15% en seminarios, internados o escolanías; y un 7% en ámbitos de ocio y tiempo libre (excursiones, acampadas, peregrinaciones). El resto se distribuye en otros espacios como domicilios familiares, casas religiosas o automóviles.
