Muro de solidaridad y denuncias:
Tortura y torturadores impunes:
-Programa para la Unidad Antirrepresiva: Erradicación de la tortura y los malos tratos a los detenidos. Castigo ejemplar para los torturadores.
Publicado en la revista «Amnistía» nº 7, del Movimiento Antirrepresivo de Madrid.
Cuando encaramos los puntos de nuestro programa de unidad antirrepresiva, los planteamos como un mínimo imprescindible a alcanzar para que en el Estado español se pueda empezar a hablar de democracia. Y lo hacemos siendo conscientes del tremendo esfuerzo y los enormes sacrificios y luchas que las clases populares tendremos que llevar a cabo para conseguirlos. El problema de la tortura y los malos tratos a detenidos se nos presenta entonces con una gravedad e importancia considerables.
La tortura es una de las horribles caras del terrorismo de Estado. Podemos definirla como la acción por parte de la autoridad de infligir premeditadamente un daño (físico, psíquico, sexual, emocional, moral…) a una persona con algún objetivo concreto. Solemos asociar estas prácticas brutales a los intentos de arrancar confesiones y delaciones a los interrogados, sean estas verdaderas o no; pero la auténtica finalidad de la tortura va más allá, consiste en destruir la integridad de la persona torturada, despojarla de toda dignidad y hacer añicos su conciencia. Así, no solamente se consigue anular al individuo en cuestión, sino que sirve de escarmiento para el resto de la población, que se ve atemorizada y sometida ante el miedo de correr la misma suerte.
En el Estado español estas prácticas han sido una cruel constante desde 1939 para todos los antifascistas y demócratas, revolucionarios, independentistas, obreros combativos, periodistas independientes, progresistas consecuentes… En fin, todo aquel que plantara un mínimo de oposición a este régimen de explotación y miseria que padecemos desde hace más de 80 años. No vamos a relatar ningún caso concreto; todos los conocemos a montones, a cada cual peor, y no es necesario ahondar morbosamente en ninguno para tener una imagen general del problema.
Basta para hacernos una idea el hecho de que, solamente desde 2004, la propia UE se haya visto en la obligación de condenar hasta 11 veces al Estado español por no investigar denuncias de torturas. Hay que destacar que, de esas 11 condenas, 7 han sido para casos en los que el juez de instrucción que debería haberlo hecho fue Grande-Marlaska, hoy ministro del Interior con el gobierno «progresista», que miraba para otro lado cuando los detenidos llegaban de comisaría con la cara amoratada. No se trata ni mucho menos de un caso aislado. Hay una media de al menos 660 denuncias anuales por torturas, de las cuales apenas un 10% acaban en condenas, que son prácticamente siempre reducidas o indultadas. Y eso dejando fuera todos los casos que no son denunciados, bien por temor a represalias o por el conocimiento de la impunidad que arropa a los torturadores.
Precisamente esa impunidad es un elemento clave para la permanencia de las torturas. Según Pau Pérez-Sales, asesor del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura, esta práctica no es cosa de «unos cuantos policías que se saltan las leyes. Hay un sistema torturante que requiere impunidad. Se necesita alguien que autoriza, alguien que diseña, alguien que encubre y alguien que amnistíe», habiendo en los cuerpos policiales «unidades de élite formadas para este cometido». No se trata pues solamente del madero o el picoleto que suelta la bofetada, nos encontramos ante toda una estructura detrás del propio torturador: el equipo médico forense que culpa al torturado de sus propias lesiones o las minimiza; del entramado mediático que tapa o legitima las torturas; el podrido sistema judicial que no condena ni investiga las denuncias; y un ejecutivo que indulta, condecora y asciende a los pocos condenados.
Una de las herramientas facilitadoras de la tortura en este país es el régimen de incomunicación previsto por las leyes que llaman «antiterroristas», diseñadas especialmente para combatir a los luchadores más avanzados, los revolucionarios y a quienes más firmemente han plantado cara al Régimen. Esta ley permite aislar a un «sospechoso» durante cinco días, en el transcurso de los cuales no puede comunicar su situación ni paradero a nadie, desconociéndose su estado, sin poder acceder a un abogado de su elección. Literalmente se está a merced de los agentes que toque, que gozan de potestad para torturar o maltratar como deseen sin que apenas trascienda. Incluso organizaciones como Amnistía Internacional han pedido el fin de estas detenciones por facilitar sobremanera la tortura y los malos tratos. Obviamente, ni este gobierno ni ningún otro ha mostrado indicios de querer acabar con ello.
Mención aparte merece la situación en las cárceles, donde siguen siendo habituales prácticas como la contención mecánica, con casos de personas que son atadas a sus camas durante varios días seguidos, palizas por parte de los funcionarios y un sinfín de muertes y «suicidios» que nunca son esclarecidos. A ello se suman la desatención sanitaria y los largos períodos en aislamiento: aunque se ha establecido que más de dos semanas en tales módulos suponen una práctica de tortura continuada, hay decenas de militantes políticos presos que se tiran décadas así.
Pero, como cualquier otro aspecto de la represión, este cada vez es menos selectivo y se aplica a mayores segmentos de población. Si bien, como siempre, lo más avanzado y brutal se aplica contra revolucionarios y antifascistas consecuentes, el resto podemos sufrir también malos tratos de manera indiscriminada. Cualquiera que haya sido detenido en una manifestación, un desahucio, piquete, etc., sabe de las agresiones, humillaciones y malos tratos de toda índole que se sufren en comisaría. O en meros cacheos e identificaciones en la calle. Y va a más. Este Estado no tiene nada que ofrecernos más que miseria y el terror con que la impone. Sabedor de que cada vez más sectores populares mostrarán su hartazgo y no se dejarán pisotear, harán más extensiva su represión inhumana, también la tortura y los malos tratos.
Por ello consideramos que la reivindicación de la erradicación total y definitiva de la tortura y los malos tratos policiales es imprescindible para empezar a hablar de democracia. Porque no puede haber libertad cuando la población está atemorizada. Porque el terror y los derechos son incompatibles. Porque si se nos va a torturar o a maltratar de cualquier manera por luchar por nuestras condiciones de vida, es que seguimos en dictadura. Y por ello su erradicación debe ir acompañada de un castigo ejemplar para los torturadores y aquellos que practiquen malos tratos a los detenidos en sus diversas formas. Es la única manera, después de tantas décadas de insoportable impunidad, de asegurarnos que no vuelvan estas prácticas. Porque nadie que practique la tortura o los malos tratos puede seguir en su puesto, ni siquiera conviviendo mientras no repare sus daños ni aprenda a no repetirlos. Porque la mejor forma de prevenir esto pasa por controlar a los cuerpos de seguridad y porque cada uno de sus miembros sepa que si incurre en esta práctica deberá pagarlo caro.