Movimiento obrero. Su brutal situación:
Morir en el tajo:
-Trabajadores y trabajadoras muertas en accidentes laborales.
Del 1 de enero al 31 de Mayo: 288 muertes en el trabajo.
245 fallecimientos se produjeron durante la jornada de trabajo, y 43 muertes ocurrieron en desplazamientos al trabajo, los denominados «in itinere».
251 fueron entre asalariados, 37 trabajadores autónomos.
En total, hasta mayo se registraron 250.232 accidentes laborales con baja, y 228.686 accidentes de trabajo sin baja.
-Castilla y León: 14 accidentes laborales mortales en los cinco primeros meses del año.
Los accidentes mortales se concentraron en los servicios, siete, junto a cuatro fallecidos en la industria, dos en la construcción, y uno en el primario.
Los siniestros que dejaron heridos graves sumaron 72. Los accidentes con baja en el trabajo fueron 10.906.
Poco más espacio le reservan los medios del sistema a estas muertes obreras silenciosas, y silenciadas.
-Muere un pescador que trabajaba para Inpesca en el Océano Índico.
El trabajador murió cerca de las islas Seychelle en los primeros días de julio.
Desde 2008, tres trabajadores que operaban para la empresa Inpesca han perdido la vida mientras trabajaban.
El 11 de julio se informó de que un pescador que trabajaba a sueldo para la empresa Euskal Herriko Inpesca falleció la semana anterior en aguas del océano Índico. Falleció cuando trabajaba en un barco en un accidente laboral calificado como «no traumático». En concreto, el trabajador, de 44 años, del que no se facilita filiación, perdió la vida cerca de las islas Seychelle.
Desde 2008, tres operarios que trabajaban para Inpesca han fallecido en accidente laboral. Los dos primeros asesinatos laborales fueron «traumáticos» y el tercero «no traumático». «Solemos tener serias trabas para analizar y aclarar estos accidentes y es una falta de transparencia muy grande», ha denunciado el sindicato LAB.
Lucha obrera:
-Trabajadores de Glavista, en lucha. Laudio, Araba.
Se han vuelto a concentrar en la portería de Guardian.
Comunicado
Tras más de ocho meses de espera y sufrimiento, escuchando que lo nuestro se iba a solucionar, los trabajadores de Autoglas-Glavista nos encontramos en una situación límite y al borde de la desaparición.
Somos una empresa casi centenaria en Laudio con carga de trabajo y con un futuro por delante que pasa por la reanudación inmediata de la actividad empresarial y, sin embargo, vemos con desolación cómo se descompone por intereses de gente sin escrúpulos.
Han sido meses de sufrimiento y altibajos emocionales, que a algunos nos está costando nuestra salud y nuestras finanzas.
Hace dos semanas, todo parecía apuntar hacia un final feliz, incluso llegamos a acudir a la empresa a solicitar las vacaciones de este año cuando, de la noche a la mañana, el nombre de Guardian vuelve a aparecer en escena para dinamitar todo el proceso.
Según el inversor interesado en comprar Glavista, Guardian ha dado un giro de última hora negándose a vender unos terrenos necesarios para la viabilidad de la empresa.
Hay muchos claroscuros en todo este proceso que se nos escapan, pero sí tenemos la certeza de que Guardian es el primer y último culpable de nuestra situación, desde que hace más de tres años nos pusieron en manos del fondo buitre Parter Capital. Lo único que demuestra este nuevo giro no es más que el claro interés de Guardian de desintegrar su división de parabrisas y deshacerse sin salpicaduras de 240 familias que llevan décadas trabajando en su fábrica.
Sea por una venta de terrenos o sea por la excusa que sea, los trabajadores y trabajadoras siempre somos los que terminamos pagando las peores consecuencias de las decisiones que se toman en puestos de administración a miles de kilómetros de nuestros hogares.
Por ello, los trabajadores y trabajadoras de Autoglas – Glavista exigimos a las partes implicadas, al Gobierno Vasco y las instituciones que se sienten a buscar una solución a nuestra actual situación que garantice el futuro de nuestra planta.
Si este desastre continúa, iniciaremos todas las movilizaciones necesarias y tocaremos las puertas que hagan falta para socializar y dar a conocer nuestra lamentable situación, así como para intentar salvar todos los puestos de trabajo de la fábrica de Laudio.
Desahucios:
-Un fondo buitre desahucia en Alicante a un matrimonio tras adquirir el piso por el que pagan un alquiler de 400 euros.
La pareja se encuentra en situación de vulnerabilidad, ya que el hombre quedó con un brazo inutilizado tras un accidente, y no puede pagar los precios actuales del mercado.
El Sindicat de Barri de Carolinas se ha movilizado para intentar frenar el desahucio en Alicante de un matrimonio de 61 y 59 años a manos de un fondo buitre el 13 de julio. La pareja se encuentra en situación de vulnerabilidad y contaba con un contrato de alquiler en vigor hasta el año 2025 por el que pagaban 400 euros mensuales que los ahora nuevos propietarios de la vivienda han considerado poco menos que papel mojado.
Un accidente laboral dejó a Álvaro David López con una discapacidad en el brazo derecho y por la que cobra en la actualidad una prestación de 900 euros. Aunque hace dos años desde que perdió la movilidad de ese brazo, ha pasado por varias operaciones y todavía lo lleva en un cabestrillo. Cuando se inició el proceso para desahuciarle, desconocía que el piso en el que vivía de alquiler con su mujer tiene un nuevo propietario.
Álvaro denuncia que la única alternativa que les están dando es la de «mandarme al albergue» y mantiene que reclama un alquiler social. «Es imposible que podamos pagar los precios que están pidiendo», unos precios que se están moviendo entre los 1.000 y los 2.000 euros, nada al alcance los ingresos que tiene la pareja
La pareja llevaba en régimen de alquiler desde 2015 en el piso. Sin embargo, el propietario de esa casa la perdió en un proceso de ejecución hipotecaria. El piso salió a subasta y fue adquirida por el fondo buitre Prosil Acquisition.
Se produjeron cinco desahucios al día en la provincia de Alicante durante el primer trimestre del año.
-El desahucio de una madre soltera sin trabajo: “No tengo alternativa”.
Está a la espera de que el juzgado vuelva a ejecutar la orden de desahucio, a pesar de que la ONU ha pedido al Estado español que “la suspenda u ofrezca una vivienda alternativa adecuada a sus necesidades”
La mañana del martes 27 de junio, B. G. esperaba en la puerta de su casa a que cuatro efectivos de la Policía Local de Es Castell (Menorca) y una funcionaria judicial ejecutaran la orden de desalojo emitida por el Juzgado de Instrucción Nº 2 de Maó. Según la sentencia de lanzamiento, firmada por la jueza Belén Velázquez, B. G. y su hijo menor de edad debían abandonar la casa que ocupan desde 2019 porque el inmueble pertenece a una sociedad anónima del grupo CaixaBank. A pesar de contar con tres informes que dan cuenta de la vulnerabilidad económica y del riesgo de exclusión social de la joven madre, la jueza consintió en la petición del fondo propietario del inmueble y aprobó el desalojo.
“Yo llegué a la casa en 2019. No tenía a dónde ir tras una serie de episodios de violencia machista que viví con mi ex pareja y padre de mi hijo, que entonces tenía 3 años. Un conocido me ofreció las llaves de esta casa y se fue a trabajar fuera de España”. “Para una madre soltera sin trabajo y con un niño a cargo era y sigue siendo muy difícil acceder a un alquiler. Por cualquier piso minúsculo te piden casi mil euros y cada día va a peor. No tenía alternativa”.
