Muro de solidaridad y denuncia:
Fascismo
Ayer es hoy:
-Palomares, el cementerio nuclear (ilegal) más grande de España.
Hace 57 años del mayor accidente nuclear de la Guerra Fría, cuando cuatro bombas atómicas cayeron sin detonar sobre la pedanía de Palomares tras el choque de dos aviones estadounidenses. El Gobierno español retoma ahora conversaciones con Washington para acometer la limpieza de las zonas contaminadas.
El 17 de enero de 1966 dos aviones militares estadounidenses, un imponente bombardero B-52 cargado con cuatro bombas atómicas de hidrógeno y un avión nodriza KC-125 que debía abastecerlo de combustible en pleno vuelo, chocaron cuando sobrevolaban Palomares, cambiando para siempre la historia de esta aldea de la costa almeriense de apenas 600 habitantes que por aquel entonces ni siquiera aparecía en los mapas.
En tierra, pese a que era época de cosecha, la suerte quiso que aquel nefasto día fuese festivo y los habitantes de la pedanía, eminentemente rural, no estuvieran trabajando en el campo. La primera de las cuatro bombas fue encontrada sin rasguños en el lecho seco del río, a pocos metros de la costa. La segunda, junto a los restos incandescentes de uno de los aviones, cayó en una finca familiar, un pequeño valle a las afueras del pueblo muy cerca del cementerio. El explosivo alcanzó tanta velocidad que su paracaídas no funcionó. El choque dejó un cráter de dos metros de profundidad y provocó fisuras en el misil por las que comenzó a dispersarse la carga de plutonio y uranio.
La tercera bomba también fue dañada, esparciendo radiación en una pequeña cañada donde las viviendas, todavía a día de hoy, se levantan a pocos pasos del socavón que produjo el artefacto. Se cree que alrededor del 10% de la carga química explosionó, de una bomba que contenía hasta 65 veces más poder destructivo que el de las lanzadas sobre Hiroshima y Nagasaki en la Segunda Guerra Mundial.
El Mediterráneo se tragó la cuarta y última bomba, la más difícil de recuperar. La operación Broken Arrow, código del ejército estadounidense para indicar un accidente con armas nucleares, desplegó apenas 45 minutos después del accidente a decenas de efectivos. En pocos días, a lo largo de la costa almeriense se extendía un dispositivo inédito en tiempos de paz con una treintena de buques, más de 3.000 oficiales, buzos de combate y minisubmarinos. 80 días después la bomba seguía sin aparecer. Y no hubiera sido posible encontrarla sin la actuación estelar del que más tarde fue apodado como “Paco el de la bomba”, Francisco Simó, un pescador catalán que presenció la tragedia mientras faenaba en las aguas picadas del Mediterráneo y ayudó en el rescate de tres tripulantes que habían aterrizado con sus paracaídas en el agua.
El 20 de enero, en España, se ordenó la retirada de toda la prensa extranjera de los quioscos. El Régimen tardó una semana en hablar de radioactividad y se escudó en la urgencia de la búsqueda de la cuarta bomba para desviar la atención pública del plutonio que, en forma de polvo invisible, dispersó el viento por más de 200 hectáreas…
En los años 80, la construcción de dos balsas para el riego agrícola a pocos metros de donde había caído la segunda bomba, que al fracturarse había derramado plutonio, elevó los niveles de contaminación en la zona. Sin embargo, las alarmas no saltaron hasta finales de los 90.
En 2001, el Ciemat alertó de que el nivel de radiación en algunas zonas llegaba a ser hasta veinte veces superior a lo permitido en un área habitada, según documentos filtrados por Wikileaks en 2010.
En 2008 se conocieron los resultados del estudio del Ciemat, llegando a la escalofriante conclusión de que todavía quedaban 50.000 metros cúbicos contaminados.
Palomares es “el mayor cementerio nuclear de España».
El Gobierno tiene y ha tenido la capacidad y los medios técnicos para realizar la descontaminación, “sin esperar a que alguna vez quieran los norteamericanos”, y no lo ha hecho.
Artículo, fotos, entrevistas…
–https://www.elsaltodiario.com/andalucia/palomares-cementerio-nuclear-ilegal-grande-espana
–Franquismo alimentario.
¿Cómo influyó la dictadura franquista en la consolidación del actual sistema alimentario? ¿Qué relación tienen algunas empresas españolas de alimentación con el régimen fascista? Son respuestas complejas, pero vamos a tratar de comenzar a responderlas.
Hace unos años, Lluc Salellas, periodista y politólogo, durante la presentación de su libro El franquisme que no marxa, leía la lista de nombres y apellidos de los responsables de la dictadura que han mantenido los privilegios con la democracia. Muchas empresas del IBEX 35, como Gas Natural, OHL o Iberdrola, se lucraron con la represión y el modelo autárquico que impuso el franquismo y actualmente siguen sin reparar a las víctimas. Pero poco hemos leído sobre el binomio de favoritismos y privilegios con la empresa agroalimentaria. Si bien merece una investigación más profunda, con un repaso a los hechos cronológicos más importantes, hemos identificado los mecanismos que, cual tela de araña, se urdieron para erigir algunos de los actuales oligopolios alimentarios del Estado español.
*El gran estraperlo
Acabada la Guerra Civil, durante las décadas de 1940 y 1950, siguiendo la herencia recibida del modelo económico nacionalista y los postulados de la doctrina falangista, hubo un fuerte rechazo a todo lo que significase relacionarse con el exterior. Un ejemplo de ello fue la instauración en 1941 del Instituto Nacional de Industria (INI), cuyo principal objetivo era crear e impulsar empresas que sirvieran a las necesidades de la defensa nacional y de la autarquía económica.
Este periodo también se caracterizó por el fenómeno conocido como «el gran estraperlo», que consistía en el transporte y comercialización de grandes cantidades de productos industriales y, sobre todo, agrícolas y alimentarios, que alcanzaban unos precios astronómicos en el mercado negro en una época de enorme penuria. A diferencia del pequeño estraperlo, que ayudó a la supervivencia de la clase más humilde; el gran estraperlo supuso el surgimiento de nuevos ricos al favorecer el enriquecimiento del personal político del medio rural vinculado a la dictadura, que aumentó su patrimonio urbano y rural.
En este punto, podemos recordar el escándalo de la desaparición de cuatro millones de litros de aceite de la empresa REACE en el que se vio envuelto Nicolás Franco Bahamonde. Por cierto, el hermano del dictador salió impune en un juicio cuyo tribunal fue presidido por Mariano Rajoy Sobredo, padre del expresidente del gobierno.
*Intervención total
Durante varias décadas, el régimen franquista controló buena parte de los alimentos básicos, como los garbanzos. Desde la semilla hasta la comercialización, cada paso era intervenido por la Administración. El campesinado estaba obligado a comercializar sus cosechas a partir de almacenes locales supervisados, en este caso, por el Servicio Nacional del Trigo y por la Comisaría General de Abastecimientos y Transportes. El «gran estraperlo» hace alusión a que buena parte de los garbanzos «desaparecía» durante el transporte para, posteriormente, ofertarse en el mercado negro a 3 o 4 veces el precio oficial y sin pagar impuestos. Toda esta cadena era posible gracias a estructuras de complicidad y corrupción desde el responsable del almacén, pasando por el transporte, hasta la venta final.
*Los orígenes de la agroindustria
Más tarde, en el periodo del desarrollismo (1960-1973) y en pleno proceso de apertura externa, la revolución verde llegó al campo con la incorporación de insumos químicos y la mecanización. En el sector cárnico se introdujeron nuevos piensos (con soja), la estabulación animal y las cámaras frigoríficas en mataderos, lo que abarató la oferta de carne, especialmente de aves y cerdos. La industria de la alimentación empezó a transformarse profundamente con la aparición de los plásticos, los conservantes químicos, el abaratamiento del vidrio y el frío industrial.
La elevada demanda de mano de obra industrial, férreamente conducida y modulada por círculos clientelistas de la dictadura, comportó el desplazamiento de millones de personas, obligadas a abandonar el medio rural y a instalarse en las nuevas áreas urbanas, generalmente en condiciones muy precarias. Ante la falta de capacidad de la población para negociar, las redes franquistas fueron las beneficiarias de estas importantes reformas.
En este contexto, muchas de las industrias alimentarias más exitosas siguieron una serie de patrones comunes que les otorgaron importantes ventajas. Gracias a capitales multinacionales en conexión más o menos directa con productores agrarios e industriales españoles, estas empresas pudieron acceder a tecnologías y maximizar sus rendimientos. Se produjeron, por tanto, artículos más baratos, de buena calidad y más adaptados a las nuevas demandas. Sectores empresariales menos complacientes con el régimen no gozaron de estas ventajas en la misma medida.
En esta época nacieron algunas de las empresas más conocidas actualmente. En la Pobla de Farnals (Valencia), Francisco Roig comenzó un negocio porcino que sería el germen de Mercadona. Conservas Campofrío empezó a crecer en Burgos y se extendieron los mataderos privados o cooperativos en Catalunya y el Bajo Aragón, destacando la Cooperativa Agroalimentaria de Guissona. En 1966, el fabricante de piensos Pedro Pascual creó la empresa de cría de aves, cerdos y bovinos Pascual de Aranda, y tres años más tarde fundó Leche Pascual. El empresario catalán Lluís Carulla, que comenzó fabricando cubitos de caldo en la Guerra Civil, diversificó su negocio Gallina Blanca, incorporando la elaboración de piensos y de productos de higiene personal.
*La privatización de las empresas públicas
Como holding industrial, el INI desarrolló su actividad desde la década de 1940 con la creación de sus propias empresas y la participación en otras junto a la iniciativa privada, controlando su gestión y definiendo estrategias de acuerdo con la política industrial del Gobierno. Estas empresas obtuvieron un trato preferencial en la distribución de cupos, créditos, licencias, divisas para la importación y otros privilegios, especialmente las pertenecientes a aquellos sectores que el Estado había considerado estratégicos de acuerdo con su política de defensa y de fomento de la industrialización: química, siderurgia, electricidad… Se trataba de empresas con muchas ‘ventajas’ que en complejos entramados saneados con dinero público y de compraventa de acciones pasaron finalmente a manos de empresarios y multinacionales en los procesos de privatización de los primeros años de la democracia.
Es el caso de Lactaria Española, S. A. (LESA), una de las mayores empresas de productos lácteos, conocida por su marca RAM. En 1974 solicitó ayudas por dificultades de liquidez y pasó a formar parte del INI cuando este adquirió el 57,5 % del capital social. Un año después, tras la adquisición de otras empresas lecheras, el grupo lácteo del INI ocupaba el segundo lugar en importancia entre las sociedades lácteas del territorio, trataba el 27 % y producía el 14,8 % del total de leche del Estado español. Todo este grupo lechero, junto con otras empresas relacionadas con el sector de la alimentación, se conformó en un holding mayor: la Empresa Nacional de Industrias Alimentarias SA (ENDIASA) que posteriormente pasó a Tabacalera. Tras numerosas adquisiciones y fusiones, en el año 2000, LESA es absorbida por PULEVA, que se integra al Grupo Ebro Puleva. En 2010 esta multinacional traspasa el área de lácteos a la multinacional francesa LACTALIS por 630 millones de euros.
Estos son los mecanismos que van tejiendo la gran telaraña donde los privilegios creados durante la época franquista se mantienen. Como dice Roger Vinton, no les interesa que se produzcan grandes cambios en la sociedad, porque su principal objetivo es mantener el propio estatus y, por ello, invertirán todos los esfuerzos posibles en parar o tener bajo control cualquier cambio social que les pueda hacer perder sus privilegios. Otro síntoma más para confirmar que el franquismo no se ha ido y que el régimen del 78 puso las bases para mantener los privilegios y su poder.
*Tabacalera S.A.
Para gestionar el monopolio español de las labores del tabaco y timbre, el régimen franquista creó en 1946 Tabacalera S.A., un entramado de diferentes sociedades mercantiles, unas públicas, otras concesionarias y otras privadas, que abarcaban la producción, la transformación, la fabricación, la distribución y la venta en expendedurías de tabaco y timbre. Sociedades mercantiles entre las que destacaron los acuerdos participativos con Ebro Agrícolas, Carnes y Conservas Españolas (CARCESA) o I.T. BRANDS CORPORATIONS.
LOS GRANDES HEREDEROS
Como afirma Lluc Salellas, las grandes familias empresariales de hoy son herederas de las grandes fortunas que se beneficiaron de la victoria del Alzamiento Nacional el año 1939. En Catalunya son los Millet, los Cortina, los Carceller o los Mateu y en el conjunto español son los De Oriol, los López de Letona, los De la Mora y Mon, los Suárez o los De Borbón. A continuación, algunos de los empresarios relacionados con la agricultura y la alimentación:
- Pedro Cortina Mauri (1908-1993). Empresario y diplomático del franquismo que llegó a ser ministro de Asunto Exteriores con el gobierno de Arias Navarro. En los años 1950 fundó la fábrica San Miguel, Fábricas de Cerveza y Malta (ahora forma parte del conglomerado Mahou), de la que fue vicepresidente y consejero delegado. Sus dos hijos son los conocidos Alberto y Alfonso Cortina.
- Demetrio Carceller Segura (1894-1968). Ingeniero y fundador de CAMPSA. Fundador de Falange Española con Primo de Rivera (1933). Su reconocimiento entre la jerarquía franquista le llevó hasta la Comisión de Industria y Comercio, ministerio que ocupó entre 1940 y 1945. Impulsó la creación del Instituto Nacional de Industria (INI). Abandonó el gobierno para hacer fortuna en el sector privado gracias a las publicaciones del BOE. Entre otras empresas, formó parte del consejo de administración de la Cervecera Damm. Su fortuna continúa en manos de sus descendientes: Demetrio Carceller Arce forma parte (junto a su hermana María) de Ebro Foods, y también de otras empresas alimentarias como Pescanova, Cacaolat o Rodilla. Ha consolidado su presencia en el sector energético (Disa Corporación, Repsol, Gas Natural y CLH) y la construcción e infraestructuras (Sacyr Vallehermoso).
- José Fernández López (1904-1986) Empresario y abogado. En los años que duró la Guerra Civil, él y sus hermanos fueron los principales suministradores de carne a la zona nacional y a los ejércitos de Franco, función muy bien recompensada tras la contienda. Sus perspectivas empresariales se ampliaron tras la creación de la químico-farmacéutica Zeltia, en 1939, a la que siguieron Frigolouro (sector porcino), en Porriño, y Frigsa (refrigeración industrial), en Lugo. En 1960 creó junto a otros socios Pescanova, aprovechando ciertos favoritismos del periodo.
- Dionisio Martín Sanz (1909-2002). Uno de los ejemplos de «nuevos ricos», consecuencia directa del gran estraperlo y de los beneficios de la política autárquica. Ingeniero Agrónomo de formación y militante de FET de las JONS. Subsecretario del Ministerio de Agricultura entre 1937 y 1939, fundador del Servicio Nacional del Trigo (SENPA), uno de los organismos de intervención económica más importantes del entramado institucional del “Nuevo Estado” y procurador en Cortes de 1943 a 1976 como representante de la Organización Sindical. Como empresario, desarrolló una amplia actividad en dos empresas paradigmáticas. Por un lado, estuvo vinculado a la Empresa Nacional de Celulosas (ENCE), primer propietario forestal privado de la península ibérica y primer productor europeo de celulosa de eucalipto. Conocida por sus desmanes medioambientales, ENCE fue creada en 1957 por el gobierno franquista y se procedió a su privatización total en 2001. Por otro lado, Martín Sanz desarrolló también una gran actividad en COCSA, una empresa dedicada a la fabricación de piensos de la que poseía el 88 % de las acciones. En 1977 el CSUT lo acusó de arruinar a sectores obreros y agrarios al presentar un expediente de crisis de la empresa y haber servido de tapadera para realizar negocios de importación. Partidas de leche desnaturalizada, melaza y otros productos comprados en el extranjero con destino a la fábrica eran revendidos a precios superiores a otros compradores internos.
- La familia Monasterio. En Cienfuegos, Cuba, una familia de oligarcas, antiguos emigrantes españoles, regentó una de las mayores compañías azucareras: La Compañía Azucarera Atlántica del Golfo. En el siglo xx el grupo Falla Gutiérrez-Monasterio aparece como propietario encargado de gestionar la producción de la empresa con los favores de la dictadura de Batista, llegando a cotizar en Nueva York. Tras el triunfo revolucionario, la propiedad de los Monasterio fue intervenida y posteriormente expropiada en 1971. Con la riqueza acumulada, decidieron volver a España, que se encontraba en los últimos años de la dictadura, y en 1972 fundaron el primer local de la franquicia Kentucky Fried Chicken en España. Esa inversión les permitió permanecer en el club de las familias más adineradas al terminar la dictadura. La hija de la familia Monasterio es la actual presidenta del partido político Vox en la Comunidad de Madrid, Rocío Monasterio, casada con Iván Espinosa de los Monteros, perteneciente a otra singular estirpe de la derecha española descendiente del marquesado de Valtierra.
–https://soberaniaalimentaria.info/numeros-publicados/71-numero-36/695-franquismo-alimentario