Movimiento obrero. Su brutal situación:
Morir en el tajo:
-El amianto sigue matando.
17 muertes por amianto en lo que va de 2023, según recuento de ASVIAMIE, Asociación de víctimas del amianto de Euskadi.
El INSS reconoce que José María O. de A., que trabajó en Mecanoplástica de Errenteria y falleció el 18 de junio por cáncer pulmonar (se dio a conocer el 20 de noviembre), fue debido a enfermedad profesional causada por el amianto inhalado y obtiene una mejora de la pensión de viudedad y la indemnización por fallecimiento con 16.585,8 euros.
Tras este reconocimiento, ahora toca reclamar daños a la empresa.
De: J. Basterra.
Despidos:
-Michelin: 176 despidos en Vitoria y Lasarte.
La multinacional Michelin va a prescindir de 150 trabajadores de su planta de Vitoria y otros 26 de la de Lasarte (Guipúzcoa) por las malas previsiones de producción por la caída de la demanda para el próximo año.
*Michelin Vitoria, desde junio la empresa ha despedido a 10 trabajadores que secundaron las huelgas.
«En lo que va de año ha habido más despidos, 13, que entre los años 2012-2018».
“La deriva autoritaria que se está llevando a cabo por parte de la empresa durante los últimos años. Se ha pasado de aplicar sobre todo sanciones leves a que ahora la graduación de las sanciones haya aumentado, siendo ahora mayoría las graves y muy graves». Además, «la cantidad de sanciones también ha aumentado».
«Durante el año 2023 ha habido ya 13 despidos disciplinarios». “De enero a junio se practicaron 3 despidos. Y a partir de las huelgas de junio han sido otras 10 las personas despedidas. Todas ellos trabajadores que secundaron las huelgas».
«LAB no ha podido evitar unir estos hechos con el referéndum» que se celebró el pasado mes de octubre para salir del Comité de Intercentros. Para LAB la empresa «se encontraba muy cómoda» con este comité, «puesto que los números a nivel estatal le resultaban más favorables».
Pero los trabajadores de Michelin Vitoria decidieron abandonar el Comité con una diferencia de 94 votos. Y por esta decisión la empresa ha demostrado que «ha perdido la confianza» hacia sus trabajadores.
LAB Michelin Vitoria.
Desahucios y especulación:
-Blanca, la anciana que iba a ser desahuciada por una deuda de 88 euros: “Quería morirme en mi casa”.
Esta vecina de Barcelona ha pagado todos los meses el alquiler, pero la propietaria le reclama una compensación por unas obras realizadas en 2017.
El 23 de noviembre se suspendió el desahucio.
Blanca Espinosa tiene 78 años y es vecina del barrio Gótico de Barcelona desde hace casi medio siglo. “Llegué a esta casa vestida de novia”, recuerda mientras repasa todos los rincones de su hogar. Toda una vida de recuerdos con sus dos hijos y su marido, fallecido hace tres años. “Yo quería morirme en mi casa”, dice la anciana, que rompe a llorar. Sabe que su deseo puede no cumplirse por culpa de una deuda de 88 euros contraída con la propietaria por unas obras que se realizaron en su casa en 2017.
Su causa particular empezó una primavera de hace seis años, cuando descubrió que tenía una fuga de agua y pidió a la propietaria –una mujer que posee diversos pisos en Barcelona– que se hiciera cargo de las obras. Se reformaron varios desagües y se levantaron suelos. Según la casera, Blanca habría aprovechado para solicitar algunas mejoras como “modificar las instalaciones de agua, electricidad y gas, así como el cambio de algunos muebles y electrodomésticos”, según figura en la demanda de desahucio.
La propietaria aceptó las peticiones de Blanca y pagó los gastos, tal como establece la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU). Hasta ahí, todo normal. Pero acordó una “contraprestación”, que suponía que Blanca debía pagar 88,80 euros más al mes, con lo que su renta pasaría de 191 euros a 280 durante seis meses (hasta pagar un total de 532 euros).
La propietaria del piso, al ser preguntada sobre por qué hicieron pagar a su inquilina por unas obras cuando la LAU estipula que es la propietaria la que debe correr con los costos, ha respondido a este medio: “¿Es que no tienen ustedes asesores jurídicos?”.
José Martínez, abogado de la propietaria, se ampara en la LAU, “pero no la actual [de 1994], la anterior [de 1964]”. El texto antiguo estipula que el arrendador puede exigir el 8% del capital invertido en unas obras en concepto de “compensación parcial”. Pero el texto actual –y en vigor– deja claro que es el arrendador quien está “obligado, sin derecho a elevar por ello la renta” a sufragar todas las obras -siempre y cuando no se deban a desperfectos causados por el inquilino.
El abogado asegura que las obras fueron “pactadas por ambas partes” y que la inquilina “acordó una compensación para la propietaria”. Pero Blanca asegura no haber accedido a eso. “No sería la primera vez que me hacen firmar algo engañada”, asegura. Aún así, explica que aceptó el pago, pero se comprometió a realizarlo cuando “arreglaran el estropicio”, cuenta.
“Mira cómo nos dejaron la casa. Un desastre. Los cajones no cierran, las baldosas se mueven…”, explica la mujer. Por eso, decidió que no pagaría esos 88 euros de más hasta no ver resultados. Durante tres meses, se limitó a abonar su renta normal y corriente, pero la primera amenaza de desahucio por parte de la propietaria no se hizo esperar.
Desde Servicios Sociales recomendaron a Blanca que no se la jugara y que pagara lo que debía. Abonó la cantidad de más que pedía la propietaria menos en una de las mensualidades. Pero antes de que pudiera acabar de sufragar la deuda y, cuando sólo le quedaba una cuota por pagar, llegó la demanda de desahucio…
-Vecinos de València reclaman «medidas drásticas» para frenar la especulación inmobiliaria.
La Federación de Asociaciones de Vecinos de València (AFFVV) ha reclamado este jueves «medidas drásticas» para frenar la especulación inmobiliaria y el encarecimiento de la vivienda en la ciudad.
«València puede ser una ciudad turística, pero no a costa de arruinar la vida de la ciudad para sus vecinos y vecinas», defiende la organización vecinal.
«Al tsunami de viviendas residenciales pasadas al alquiler turístico, se suma ahora el uso de bajos comerciales como apartamentos en condiciones de infravivienda hotelera, al no tener garantizadas, en muchos casos, las más mínimas condiciones de habitabilidad requeridas, como ventilación o luz natural».
«La alta rentabilidad de este tipo de alojamientos frente al alquiler residencial está provocando un encarecimiento generalizado de la vivienda y una drástica reducción de la oferta en el mercado del alquiler».
-Dieciocho familias de Alicante reclaman a un fondo buitre la renovación de sus alquileres sociales.
Compraron en su día las viviendas y luego las tuvieron que entregar en pago por no poder afrontar las hipotecas.
Los afectados negociaron los arrendamientos con el Banco Sabadell, que posteriormente vendió los inmuebles al fondo buitre Promontoria Coliseum Real Estate S.L.
La gestora del fondo buitre es la inmobiliaria Solvia, donde vienen realizando las concentraciones de denuncia.
–https://diariodealicante.net/alicante-fondo-buitre-alquileres/
Sanidad pública:
-La Xunta de Galicia falsea las listas de espera de la sanidad a pocos meses de las autonómicas
La Xunta de Galicia ha empezado a ejecutar un plan para reducir artificialmente las listas de espera quirúrgicas en la sanidad pública extrayendo de las mismas a los pacientes que rechacen ser operados en hospitales situados en áreas sanitarias distintas a las que les corresponden.
Fuentes médicas del Servizo Galego de Saúde (Sergas), advierten de que los enfermos que acepten la oferta para ser intervenidos en otros centros deberán asumir los gastos de transporte suyos y de sus acompañantes, a riesgo de quedar excluidos de las listas y de ver incrementado así, si rechazan la propuesta, el tiempo de espera para ser intervenidos.
Galicia cuenta en la actualidad con siete áreas sanitarias en torno a sus mayores ciudades -Vigo, A Coruña, Ourense, Santiago, Lugo, Pontevedra y Ferrol-, con 14 hospitales de referencia adscritos a ellas y que cubren otras tantas zonas geográficas.
Hay más de 46.100 personas esperando una intervención quirúrgica. La media de demora son 74,8 días, aunque en casi una treintena de servicios se superan ya los tres meses.
A ellos se suman otros 215.000 enfermos que esperan una media de 66 días por una consulta de un especialista, y otros 91.000 que deben aguardar una media de 91,3 días por una prueba diagnóstica.