Movimiento obrero. Su brutal situación:
Despidos:
-Grúas Albéniz, Granada. Ni cobrar ni despido.
Trece trabajadores llevan un año sin cobrar sus nóminas, sin poder trabajar porque siguen contratados por la empresa de grúas que no les paga, y sin que les despidan, por lo que exigen que la justicia resuelva ya la situación enquistada.
El drama de 13 familias obreras se eterniza, hasta tener que decir “con esta situación, pedimos que nos despidan”.
-Hard Rock Café Sevilla cierra, 47 trabajadores despedidos.
“Causas técnicas y organizativas han motivado el cierre”.
47 trabajadores esperan la resolución definitiva del despido colectivo por parte de esta cadena de establecimientos. Cerró definitivamente el 30 de noviembre.
Precariedad laboral:
-Las Kellys de Tenerife vuelven a las calles en lucha por sus derechos: ‘No somos esclavas’.
La temporada alta de turismo internacional en Canarias ha colgado el cartel de completo en hoteles y complejos vacacionales. Los precios se han disparado y las cifras de éxito han traído, sin embargo, un empeoramiento laboral para el colectivo más sufrido: las camareras de piso.
Más sobrecarga, más presión, contrataciones sin experiencia vía ETTs, así como salarios insuficientes han agotado la paciencia de un grupo que en su mayoría aplastante son mujeres. Playa de las Américas, corazón turístico de Tenerife, presenció la vuelta a las calles de las trabajadoras, en busca de la unión y la lucha por sus derechos.
“Cada jornada, terminamos reventadas”, “Trabajadoras, no esclavas”, “Los derechos no se negocian, se defienden”, estos son algunos de los lemas que el pasado 9 de noviembre se pudieron escuchar por las calles comerciales y hoteleras de Playa de las Américas, en Tenerife. Numerosos visitantes extranjeros, en sandalias y pieles rosadas por las temperaturas altas de la jornada, observaban atónitos, desde piscinas y balcones, la marcha de mujeres que protestaban a gritos por su explotación. Algunas habían acudido incluso en uniforme de trabajo, porque fueron directas a la manifestación al acabar su jornada. “Estamos reventadas, trabajamos medicadas” repetían los cánticos, muy identificadas todas con uno de los aspectos más graves de su situación: los graves problemas de salud que padecen, debido a unas condiciones laborales cada vez peores, con más presión, más habitaciones que limpiar, y en definitiva una sobreexplotación muy extendida en el sector hotelero canario, eufórico ante las cifras de ocupación de la temporada vigente…
Amnistía fiscal:
-De Rato a los Franco o un narco: los 100 beneficiarios de la amnistía fiscal de Rajoy que han salido a la luz. 31.000 amnistiados fiscales
Un centenar de nombres. El 0,3% de los más de 31.000 declarantes que legalizaron dinero negro pagando a Hacienda, en ocasiones, menos del 3%. Es la mínima proporción de beneficiarios conocidos de la amnistía fiscal que el gobierno del PP, con Cristóbal Montoro como ministro de Hacienda, lanzó en 2012, y que el Tribunal Constitucional anuló en 2017.
Personas vinculadas a la corrupción del PP como Rodrigo Rato, Francisco Granados, Luis Bárcenas, Alberto López Viejo o Edmundo Rodríguez, junto a varios miembros del clan Pujol o el sindicalista José Ángel Fernández Villa.
La viuda del banquero Arturo Romaní, ex mano derecha de Mario Conde, o los antiguos propietarios de los detergentes Colón, entre los últimos nombres que han aflorado: más del 99% sigue permaneciendo oculto.
Tocó también la amnistía de varios miembros de la familia Borbón, grandes fortunas españolas como los Gallardo, dueños de los laboratorios Almirall y con importantes intereses en la sanidad privada (suya fue la mayor cantidad regularizada conocida hasta ahora, 113 millones) y los Escarrer, dueños de la hotelera Meliá. También la terrateniente Micaela Domecq, que se acogió a esa medida cuando su marido, Miguel Arias Cañete, se sentaba en el Consejo de Ministros que aprobó esa medida.
Uno de los últimos que ha salido a la luz es el de Aurelia Sancho, viuda del banquero Arturo Romaní, ex mano derecha de Mario Conde condenado como él en el caso Banesto. Sancho, ya septuagenaria, fue condenada el pasado verano por la Audiencia Nacional a una multa de 2,8 millones por blanqueo, como avanzó El Periódico. Según la sentencia, regularizó 1,2 millones que ocultaba en cuentas y fundaciones de Liechtenstein y Suiza.
También este año ha aflorado la amnistía de un millonario semidesconocido, Juan Escoda, que canaliza importantes inversiones en ladrillo a través del family office Twin Peaks junto a su hermana, Mercedes Escoda, bien relacionada con la burguesía catalana.
Los dueños de Daymi Kapital, una inmobiliaria aparentemente inactiva (sus últimas cuentas presentadas son de 2008) que en 2022 apareció en la lista de morosos de Hacienda con más de 2,4 millones de deuda; o la DTE que (con varias cantidades que luego Hacienda se negó a regularizar) presentó un ex socio de auditoría de la consultora KPMG en Madrid.
Otro caso que ha salido a la luz es la DTE que presentó Armando Muñoz Utiel, un empresario que regularizó 1,84 millones y al que luego Hacienda cazó tras detectar que había regularizado una supuesta deuda con documentos falsos mediante operaciones con sociedades offshore y cuentas en Mónaco.
La familia Camp, expropietarios del fabricante de jabones del mismo nombre en Granollers, el de los famosos detergentes Colón y Elena. Dieron el pelotazo en 1989 al vender su empresa a la multinacional Reckitt Benckiser por 32.000 millones de pesetas.
En 2021 la investigación Pandora Papers reveló la amnistía del entrenador de fútbol Pep Guardiola y en 2020 trascendió la de Albert Mitjá, ex alto cargo de Jordi Pujol. Un año antes, la de Juan Francisco García, ex presidente del CB Estudiantes y ex jefe de Gabinete del exministro y expresidente valenciano Eduardo Zaplana.
Otros nombres conocidos son los de la Familia Franco (que regularizó 7,5 millones a través de una de sus sociedades, Montecopel, como reveló en 2018 Vozpópuli) o expolíticos locales como Arturo Sanz Millán, un exalcalde franquista de Majadahonda (Madrid) que luego fue alto cargo de José María Aznar y después fue condenado por una estafa a gran escala con la venta de gasolina; o José Manuel Méndez Freijo, ex alcalde de Arroyo de la Encomienda (Valladolid) condenado por el Supremo por cohecho y prevaricación.
El último nombre que ha salido a la luz es el de un narcotraficante gallego, Ángel Toirán, condenado en firme por el Tribunal Supremo y que en noviembre de 2012, al poco de salir de prisión, regularizó 90.000 euros en efectivo con esa medida. Su nombre ha trascendido por una reciente condena por blanqueo de capitales en la que consta que presentó una declaración tributaria especial (DTE), el nombre técnico de la amnistía.
Alejandro Massó, dueño del fabricante de los bañadores Turbo, o los hermanos Salgado, propietarios de un mayorista gallego de joyería, A. Salgado Nespereira, y del fabricante de cepillos La Ibérica.
También trascendieron tras la sentencia del Constitucional las amnistías de pequeños empresarios como José Antonio Conde, aún hoy presidente de la patronal gallega de moda. O Salustiano Martínez Rey, propietario de la cadena de zapaterías Lola Rey, muy implantada en la Comunidad de Madrid. O los dueños de la riojana Cartonajes Santorromán, entre ellos, el actual presidente de la patronal de fabricantes de cartón ondulado, Leopoldo Santorromán.
Educación pública:
-Centenares de personas protestan en silencio por los recortes para el alumnado madrileño con autismo.
Un aumento de la ratio en las aulas de apoyo TEA, que no va a acompañado de un incremento en las plantillas, ha sacado a la calle a familias y maestras en contra de una nueva resolución de la Comunidad de Madrid.
“No a la vuelta a una educación segregador”. “No a la vuelta a una educación no inclusiva”. “No al recorte en recursos para alumnado autista”. Bajo estos tres lemas, expresados en silencio, familias, maestras y activistas en apoyo a la infancia TEA se concentraron frente a la Consejería de Educación de la Comunidad de Madrid. Entre las adaptaciones para las personas con autismo que han acudido a esta protesta, un simbólico silencio interrumpido por gestos que dibujan la indignación de esta comunidad educativa. Acudieron unas 1.500 personas.
