Muro de denuncias:
-Escuela de infiltrados policiales. Curso 2022-2023
Los últimos casos de agentes encubiertos destapados por La Directa y El Salto muestran el despliegue de una nueva generación de policías. La legislación española no permite la investigación prospectiva, que parece la única que estaban llevado a cabo estos topos.
“Éramos unos críos”. La repiten, en momentos distintos, A. y Jorge, dos militantes que han descubierto que Sergio, su compañero de militancia durante más de seis años, era un agente de policía encubierto en los movimientos sociales de su distrito. Eran unos críos cuando Sergio llegó. Un chico que vino a Madrid desde Galicia, que no conocía a nadie. A base de curro se ganó la confianza del grupo. Participó en el Banco de Alimentos, salió en un reportaje como portavoz hablando del apoyo a la gente que peor lo estaba pasando en el barrio, ayudó en las ñapas, puso un poco de sentido común en las asambleas, hablando como la voz de la calle desde una falta de experiencia y conocimiento político que, a veces, entre tanta abstracción, se apreciaba. En el Moratalaz de mitad de la década pasada, Sergio era un tío tranquilo, sensato, que se reía de la broma cuando le llamaban infiltrado, porque todos pensaban que era una broma. Todos menos él.
Seis agentes jóvenes como Sergio, como Dani, como Mavi, como Marc o como María han sido descubiertos en el último año y medio por dos medios de comunicación, La Directa y El Salto. Sus perfiles son parecidos. Salidos de la Escuela Nacional de Policía de Ávila, introducidos en los movimientos inmediatamente después de su jura como policías de escala básica. Trabajando para la Comisaría General de Información. Comenzaron por espacios de socialización básicos: gimnasios populares, jornadas de puertas abiertas, momentos y espacios políticos donde caben casi todas las ideologías. Momentos de aluvión, de desborde. Gente joven, sin experiencia militante, que empieza a involucrarse en política, como otros tantos. No es la primera vez.
El topo Luis fue descubierto en 2012 por los movimientos sociales sevillanos. El perfil coincide en algunos puntos. Pastora Filigrana, abogada y militante, recuerda que su entrada se produjo en un momento de auge del movimiento. Es la explosión del movimiento 15M y de la posterior descentralización que se produjo hacia los barrios. Luis encuentra su sitio en un pequeño grupo de tendencia libertaria y se involucra en los piquetes de la huelga general del 29 de marzo de ese año. Ese día, Luis participa en el intento de corte de una carretera, acción que interrumpe la policía. “En ese momento pensamos que era muy difícil que esa acción se desmantelara si no tenían a alguien dentro”, explica Filigrana. Comienza un trabajo de investigación a la vieja usanza. Seguimiento 24 horas y conversaciones confidenciales: aparecen personas que conocían a Luis en su vida anterior. Un día se le confronta. Luis se refugia en un bar y, cuando sale, unos policías le están esperando para llevar a cabo una oportuna detención. Todos saben lo que está pasando, el agente encubierto es “extraído”, como se dice en la jerga policial. No se le vuelve a ver.
Dani González tampoco ha vuelto a ver a su infiltrado. “Pedrito”, así le sigue llamando dos décadas después, ya estaba allí cuando Dani comenzó a militar. Un chico con “cero cultura política”. Si entonces pensaban que era un descerebrado, hoy han resuelto que se trataba de una táctica para que Pedro pudiese captar mejor información sin exponerse, explica este militante de la extinta Red de Apoyo Zapatista. “Pedrito” usaba la red como una antena. Eran los últimos años 90 del siglo pasado. Pedrito aparecía y desaparecía, contaba a sus compañeros que tenía turnos rotatorios, una agenda complicada que, sin embargo, le permitía estar siempre que se cocía algo en la ciudad. Así se enteró de los debates en torno a las semanas de lucha social y de los planes del Movimiento de Resistencia Global de cara a las contracumbres de Génova o Praga, batallas a las que el infiltrado no acudió. Eran otros tiempos y había mucho margen de error. Pedro se conectó con su email pe***********@ho*****.com desde comisaría y el proveedor de servicios digitales Nodo50 lo descubrió y se lo comunicó a sus compañeros. Pedro les aseguró que se trataba de una trampa y que daría explicaciones el siguiente viernes, en la asamblea semanal de la RAZ. Nunca acudió.
Nada viene de la nada. La actividad de los topos se remonta en el tiempo, es tan vieja como la idea de la policía política. Comenzó por los anarquistas, en los agitados años 20, hace un siglo. El padre de esa escuela policial-paranoica es Eduardo Comín Colomer, que fue director de la Escuela General de Policía, un personaje “obsesionado con el anarquismo, con el terrorismo, con la masonería”, explica el escritor Servando Rocha, uno de los editores de la revista Agente Provocador, que toma su título de un tipo de policías encubiertos, los que se dedican a reventar manifestaciones y protestas, tirando contra los suyos, liándola parda. Discípulo de Comín Colomer, Mauricio Carlavilla es uno de esos arquitectos del terror que pusieron en marcha la maquinaria de persecución de la disidencia. Carlavilla llegó a dirigir una Brigada Especial de la Dirección General de Seguridad encargada de espiar a los judíos en España.
La figura del infiltrado político se expandió durante la Guerra Civil a través de un personaje clave en la historia de la Policía Nacional, Roberto Conesa, cuyo papel como topo fue vital para la condena de las Trece Rosas Rojas, fusiladas el 5 de agosto de 1939 en Madrid. Una orden ministerial del 2 de junio de 1977 firmada por Rodolfo Martín Villa, entonces ministro del Interior, puso a Conesa en el puesto más alto del escalafón policial que nunca alcanzó, el de comisario general de información. La lucha antiterrorista sostuvo las mismas prácticas del franquismo durante la democracia. Todo estaba permitido en el combate contra ETA y GRAPO. En el repertorio estaban los agentes provocadores, la compra de confidentes por medio de fondos reservados y, por supuesto, los policías infiltrados.
Los casos destapados entre 2022 y 2023 señalan una dinámica estable, continua, que ha sobrevivido a los cambios en el Gobierno, en la propia academia de Ávila y en la Comisaría General de Información, la brigada donde se recopilan los datos, los informes y los detalles de estas prácticas. Es el servicio secreto de la policía, independiente del Centro Nacional de Inteligencia y que, al contrario que este, no tiene asignado un juez de enlace. El Salto envió el pasado 14 de septiembre un extenso cuestionario al ministerio que dirige Fernando Grande-Marlaska sobre una práctica que es susceptible de vulnerar derechos fundamentales recogidos en la Constitución española, entre ellos el derecho a la libertad y a la seguridad (artículo 17), a la libertad y a la seguridad (18.1) y el derecho de asociación (art 22). En respuesta, Interior refiere que estas actuaciones policiales se dan en cumplimiento de otro derecho, por el que vela el artículo 104 de la Constitución: “Proteger el libre ejercicio de los derechos y libertades y garantizar la seguridad ciudadana”.
El marco legal de estas actuaciones es delicado. Hasta 1999, las infiltraciones policiales no tenían capítulo propio en la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LECrim). Los escándalos de la guerra sucia contra ETA —un eufemismo para hablar del terrorismo de Estado— y sobre el uso de fondos reservados para pagar a confidentes, topos y otros actores secundarios de ese drama, llevaron al Gobierno de Aznar a promover una ampliación de la LECrim. Nació un nuevo artículo, el 282 bis, orientado a la persecución de la delincuencia organizada, que contempla 15 situaciones que justificarían la intervención de un agente “bajo identidad supuesta”, siempre bajo tutela judicial. El abogado de la Confederación General del Trabajo (CGT) Raúl Maillo es muy claro: el uso de estas tácticas puede suponer un acto delictivo ya que en la mayor parte de los casos que han trascendido en los últimos 18 meses no cabe interpretar que existe delincuencia criminal organizada en los movimientos espiados. Caso de cumplirse, esas actuaciones deberían haber contado con amparo judicial y, de ser así, Interior habría respondido confirmando que ha existido esa supervisión por parte de un juzgado, algo que no ha hecho en las escasas ocasiones en las que el equipo ministerial se ha referido a este tema.
En su respuesta, que se resume en “aquí no hay nada que ver”, el ministerio se remite a la LECrim, pero el marco legal en el que se mueven estas actuaciones tiene otras salvaguardias. En 2005, una orden ministerial detalló que las actuaciones de la Comisaría General de Información están cubiertas por la Ley de Secretos Oficiales de 1968. Eso convertiría en secretos de Estado, sin fecha de desclasificación, las motivaciones y detalles de esas operaciones. Sin embargo, los juristas consultados dudan de que se esté recurriendo a esa norma preconstitucional.
Cuestiones como los fondos empleados para sufragar los gastos y aplicar bonus sobre la actividad de los agentes encubiertos son algunas de las incógnitas que rodean a estos casos. Algunas fuentes consultadas señalan que es posible realizar un requerimiento a través de la Ley de Transparencia para conocer qué coste tienen para el erario público actividades como introducir a un topo en un banco de alimentos, cómo se llaman las distintas operaciones, de quién dependen, cuáles son sus objetivos y cuál el grado de autonomía de los mandos policiales a la hora de decidir una intervención de este tipo. Pese a que las actuaciones cuelgan de ese artículo de la LECrim, la hemeroteca advierte, no obstante, de que la puesta en marcha de este sistema de control irritó a los mandos policiales que, en un artículo firmado por Jesús Duva a finales de ese año 1999, se quejaban de estar atados por el “estricto control judicial y fiscal” que las operaciones debían tener desde ese momento. El mismo artículo, sin embargo, terminaba con un párrafo singular: “Pese a todo, la policía planea ya crear una especie de academia de infiltrados para formar agentes que, desde el inicio de su carrera, sólo se dediquen a esta misión y jamás tengan contacto con otros agentes normales. Incluso capaces de ocultar a su familia a qué se dedican”.
Interior ha dejado sin respuesta específica estas preguntas de El Salto: “¿Tiene constancia el Ministerio de esa “academia de infiltrados”? ¿Sigue en funcionamiento esa supuesta academia? ¿Puede funcionar esa supuesta academia sin conocimiento del Ministerio de Interior?”. Hasta la fecha no hay constancia de que las pesquisas de estos agentes hayan derivado en procesos judiciales, ninguno de los seis agentes descubiertos por los medios de comunicación han aparecido en ninguna causa para testificar. Parece, por el contrario, que su acción solo obedece a una voluntad del Estado de reprimir, como señala la abogada del Centre Iridia Mireia Salazar, “de controlar movimientos sociales que pueden ser disidentes”. Dado que no hay casos judicializados, la finalidad de las infiltraciones apunta al control y el destino de los topos sería nutrir con información los prohibidos ficheros ideológicos, bases de datos de activistas y militantes que no tienen antecedentes penales. La práctica policial de tener ese inventario de militantes y antisistema ha sido llevada a Fiscalía, sin éxito, en Granada o Sevilla, y ha sido denunciada por movimientos y activistas en País Vasco, Madrid, Catalunya o Galicia.
Las fuentes consultadas recuerdan que la investigación prospectiva —“a ver lo que se encuentra”— está prohibida explícitamente en el ordenamiento jurídico español. Los casos conocidos en los últimos tiempos, basados en la pesca de arrastre de movimientos que no han llevado a cabo actividades delictivas, constituyen una “vulneración grande de las garantías judiciales y de los procedimientos judiciales”, estima Pastora Filigrana. Pero el efecto no es solo en el ámbito de lo jurídico y ni siquiera termina con la exposición del topo. En el camino, estos agentes dejan a militantes traicionados por quienes pasaban por ser sus amigos y amigas y un rastro de paranoia y de mala onda que se extiende por los movimientos sociales de la ciudad. Para Filigrana, promotora de una de esas actuaciones judiciales contra los ficheros ideológicos, este tipo de actuaciones tienen “una finalidad disuasoria, que quizá no sea la única ni la más importante, pero desde luego ese es un efecto que consiguen: rompe vínculos, crea desconfianza, se estrechan los grupos de afinidad. Si ya tenemos dificultad para crecer y para sumar, esto es una traba más”.
Los grupos de apoyo a las militantes barcelonesas —cinco en un comienzo, ocho en total— denunciaron a Daniel, el policía que se hacía llamar Daniel Hernàndez Pons. Mireia Salazar explica cómo está funcionando ese grupo para acompañar a nivel emocional y humano el proceso de mujeres que se enteraron un día de que habían sido engañadas por una persona a la que creían conocer. Piden cargos contra este agente por delitos de abusos sexuales, contra la integridad moral, revelación de secretos e impedimento del ejercicio de los derechos cívicos, a sus superiores jerárquicos y al Ministerio de Interior como responsables civiles subsidiarios de las actuaciones de este agente. El infiltrado mantuvo relaciones con esas ocho mujeres. Una de ellas, entrevistada por La Directa en el momento del escándalo, explicaba la situación de miedo, ansiedad y desconfianza que le estaba generando saber que estuvo con un agente encubierto. Sus abogadas han argumentado que existe un caso de abuso basándose en un vicio del consentimiento, una vulneración de la voluntad de las afectadas basada en el engaño y sostenida por el aparato del Estado. El 13 de septiembre, una semana después de que El Salto divulgase el caso de Sergio, el infiltrado en los movimientos de Moratalaz, la Fiscalía, dependiente del Gobierno, solicitaba la no admisión a trámite de la denuncia contra el agente Daniel. Depende del juez cerrar definitivamente la causa, pero abogadas y afectadas no se dan por vencidas y su equipo legal anuncia que seguirán peleando para que se reconozcan los daños a la integridad moral provocados por el agente encubierto.
Sergio, Dani, Mavi, Marc y María estaban recién salidos de la academia cuando asumieron una identidad falsa, con documentos de identidad y de conducir falsos, y se involucraron en grupos de jóvenes como ellos pero con ideas radicalmente distintas sobre las formas de intervenir en política. Los engañaron para obtener información, los manipularon y, en varios casos, se enredaron en relaciones íntimas, algunas de larga duración, en las que accedieron a los círculos familiares y de amistad de personas que nunca hubieran estado con ellos de haber sabido quiénes eran. Después de descubiertos, su vacío dejó suspicacias y paranoia entre los colectivos que los acogieron. Quizá los policías puedan argumentar que eran unos críos, que no sabían bien qué estaban haciendo cuando se infiltraron, pero el Estado que los empleó no es un Estado joven, es un Estado antiguo, con demasiados secretos y vicios. Y, al parecer, sin ninguna intención de corregirlos.
*Cronología policías infiltrados
Los primeros tiempos 1939-1969
Roberto Conesa (Madrid, 1917) es el “padre” de la Brigada Político Social. Un departamento conocido por su uso de la tortura y los métodos extrajudiciales. Conesa fue agente infiltrado en la Juventudes Socialistas Unificadas y su papel fue clave para el fusilamiento de las 13 ‘rosas rojas’. Durante el franquismo, Conesa llevó a cabo varias operaciones como agente encubierto. Conrado Delso o Heliodoro Rodríguez fueron algunos de los infiltrados más destacados de la policía franquista.
El crimen de Estado 1969-1981
No ha habido topos que hayan contado con más prestigio social por parte del nacionalismo español que los que durante cuatro décadas se infiltraron en ETA y en los movimientos sociales. El Lobo, del que se habla en estas páginas, ha sido el más conocido, pero otros como José Luis Arrondo, al que apodaban ‘Cocoliso’, tienen un historial igual de siniestro. En el caso de los infiltrados en el entorno abertzale es más relevante su papel dentro del terrorismo de Estado y los asesinatos extrajudiciales de Batallón Vasco Español o los GAL que su labor dentro de la legalidad policial.
Topos en Transición 1977-1990
El Caso Scala, en el que murieron cuatro personas, marcó trágicamente el desarrollo del anarquismo en los años de la Transición política y debilitó a su principal organización, la Confederación Nacional del Trabajo (CNT). Joaquín Gambín, alias ‘El Grillo’, jugó un papel clave en el “ataque” de varios jóvenes a la discoteca. A Gambín se le ha considerado desde entonces un espía de los servicios secretos. Es un caso similar al de Emilio Hellín, ultraderechista, responsable del asesinato de Yolanda González en 1980, que se remitió a su pertenencia a los servicios secretos (nunca probada) durante el juicio por esos hechos.
Nuevos tiempos 1990-2000
Antes del cambio de siglo, las informaciones sobre infiltración policial se ceñían a las escasas noticias sobre agentes en ETA y en los GRAPO, en ambos casos con un importante respaldo de los principales partidos políticos. Albert Martínez, número uno de su promoción policial y agente de los servicios secretos, “perseguía a terroristas del GRAPO”, pero su radio de acción incluyó a nuevos movimientos como el antimilitarismo. Otro topo, Ángel Grandes Herreros, se infiltró en el movimiento okupa en los años 90.
El movimiento antiglobalización 2000-2010
Los ecos de los crímenes de Estado llevaron a una serie de reformas para establecer más claramente las condiciones de infiltración y empleo de agentes encubiertos. Pero la práctica no cesó y las operaciones se extendieron a organizaciones y movimientos de la antiglobalización, son los casos de Manuel B., ‘Pedro’, en la Red de Apoyo Zapatista de Madrid o de Nel, topo asturiano que respondía al prototipo de agente provocador: era el primero en liarla parda y arramblar con los escaparates en las manifestaciones.
La hornada postcrisis 2011-2023
El declive de las movilizaciones entre las grandes protestas antiglobalización se terminó con la llegada del movimiento 15M. En la última década, muy especialmente en los últimos 18 meses, se han detectado por parte de las organizaciones sociales y los medios de comunicación hasta siete casos. El recuento comenzó en Sevilla, en 2012, con el caso de Luis. Gran parte de los casos han estado relacionados con el conflicto en Catalunya, aunque los infiltrados han sido descubiertos también en los movimientos ecologistas, el antirracismo o los grupos de vivienda.
–https://www.elsaltodiario.com/policia/seis-infiltrados-curso-2022-2023
