Memoria histórica imprescindible:
-Fosas y más fosas.
308 fosas sin escavar en Aragón.
Según los datos oficiales, en la comunidad existen 598 enterramientos comunes de víctimas de la guerra y la represión fascista, aunque las asociaciones memorialistas aseguran que son más.
«Una cosa son las leyes y otra es la realidad» explica Javier Ruiz, arqueólogo de uno de los grupos que trabaja en la comunidad para desenterrar a los represaliados.
El mapa de fosas elaborado por las administraciones no recoge todos los puntos en los que hay enterramientos de víctimas de la guerra y la represión. «Nosotros hemos intervenido en algunos lugares que no aparecen en ese mapa».
En Aragón hay 598 fosas comunes de víctimas de la guerra y la represión. Del total, 308, es decir, más de la mitad, no han sido intervenidas, lo que significa que se conoce su ubicación pero no se ha trabajado en la recuperación ni identificación de los restos que allí descansan sin haber recibido un entierro digno.
De las casi 600 fosas en el territorio aragonés, solo 57 han sido exhumadas totalmente y de ellas cinco aparecen además como «dignificadas», es decir, que se han llevado a cabo actos de reparación de la memoria de las víctimas.
Otras 107 fosas no han sido exhumadas pero sí dignificadas; 60 fueron trasladadas al Valle de Cuelgamuros (antes conocido como Valle de los Caídos) durante el franquismo; ocho han sido exhumadas parcialmente; y 56 permanecen desaparecidas, es decir, se sabe de su existencia pero no de su ubicación concreta.
Mientras, los fascistas siguen riéndose de “los huesos del abuelo”, y recortando o negando subvenciones de la propia Ley de Memoria Democrática. «De más de 200.000 euros se ha pasado a unos 65.000 de subvención este año. Y para que te hagas a la idea: hacer el análisis de ADN de las víctimas que encontramos en una fosa de Gurrea nos costó ya solo 25.000 euros».
A pesar de que las leyes implican directamente a las administraciones en la recuperación de la memoria y la dignificación de las víctimas, en el caso de Aragón, la DGA no actúa de oficio y delega todo los procesos en las asociaciones memorialistas, las mismas que después se las ven y se las desean para conseguir los permisos y el dinero para poder excavar una fosa.
Manifiesto.
Para conmemorar el 31 de octubre el Día de recuerdo y homenaje a todas las víctimas del golpe militar, la guerra y la dictadura, la Plataforma de Acción por la Memoria de Aragón (PAMA) convocó un acto de homenaje que sirvió además para cargar contra el anuncio del Gobierno aragonés de PP y Vox de derogar la ley de Memoria Democrática autonómica.
«Bien está este día oficial de recuerdo y homenaje. Pero lamentablemente demuestra, una vez más, que la deuda democrática con quienes perdieron todo, hasta la vida por defender la libertad y la democracia, sigue sin saldarse», denunciaron las asociaciones memorialistas en el manifiesto que leyeron. «Hoy, mientras dejamos estas flores de recuerdo, exigimos al Gobierno PP-Vox que no deroguen la ley de Memoria Democrática de Aragón. Que respeten la dignidad de las víctimas del franquismo. Que reconozcan el derecho a la memoria, la verdad, la justicia y reparación que a una sociedad democrática debe a quienes, por defender la libertad y la democracia, fueron asesinados»
–https://memoriarepressiofranquista.blogspot.com/2023/11/308-fosas-sin-excavar-los-memorialistas.html
-Cuando el Vaticano y la Casa Blanca apoyaron la dictadura de Franco.
Hace 70 años, el papa Pío XII y el presidente Eisenhower decidieron que perdurara la dictadura en España a cambio de un Concordato y un Acuerdo beneficioso para sus intereses.
1953. La dictadura de Franco estaba consolidada en España tras tres lustros de poder absoluto desde el final de la guerra civil, los asesinatos ya no eran masivos sino más selectivos y los derechos humanos y constitucionales habían sido escamoteados y falseados por Leyes Fundamentales, pero todo esfuerzo era inútil para lograr la ansiada respetabilidad de la sociedad internacional. El carácter fascista y violento del franquismo, la ausencia de libertades y el pecado original de haber sido impuesto por las armas prestadas por los vencidos, Hitler y Mussolini, mantenían a España en el pudridero de la Historia y al margen de la reconstrucción y organización de la sociedad de las naciones tras la II Guerra Mundial.
En 1950, la Asamblea General de Naciones Unidas dejó sin efecto su resolución de 1946, que vetó el acceso de España a la ONU y aconsejó la retirada de embajadores –sólo permanecieron los de Argentina y Suiza, además de Irlanda, Portugal y el Vaticano, que no eran miembros de la ONU–, y se le entornó la puerta para que en 1951 entrara en seis organizaciones internacionales puramente técnicas –de la Unión Postal Universal a la Organización Internacional de Aviación Civil–. Un paso previo y de tanteo para lograr el ingreso en una agencia de la ONU de marcado carácter político, la Organización para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco), entre cuyos fines está la salvaguarda de los derechos humanos.
La previsible admisión de la dictadura de “un amigo de Himmler, que fue el alma mater de los campos de concentración y las cámaras de gas”, como dijeron en Le Monde Albert Camus y Salvador de Madariaga, revitalizó el antifranquismo en Europa, pero las iniciativas parlamentarias, las manifestaciones callejeras y las actitudes personales, fueron inútiles para torcer la agenda diseñada por la simpatía de Churchill por Franco y aceptada por el presidente Truman a pesar de su antipatía por el dictador: España ingresó en la Unesco en febrero de 1953.
La bendición del Vaticano
El presidente Truman era consciente de lo polémico de su decisión de iniciar negociaciones con Franco a fin de establecer bases militares en territorio español. Era “el mayor fraude de la política exterior norteamericana”, editorializó The New York Times (“Do we need Franco?” [“¿Necesitamos a Franco?”], 30 de agosto de 1951), “e implica un problema [la ‘cuestión española’] que durante 15 años ha dividido a la opinión pública norteamericana como ningún otro lo ha hecho en nuestra historia”. Pero la presión de la Joint Chiefs of Staff de las fuerzas armadas norteamericanas no le dejó elección: no necesitamos a Franco, pero las bases en España son imprescindibles en caso de conflagración con el bloque soviético.
Pero como no quería ser el primero en lavar el feo rostro de la dictadura franquista, presionó al Vaticano para que fuera, como suprema autoridad católica del mundo, quien convalidara el régimen ultracatólico español. Franco perseguía ese reconocimiento papal desde que lo había hecho la jerarquía episcopal española durante la guerra y por eso había hecho diversas concesiones en cuatro convenios bilaterales desde 1941 que otorgaban a la Iglesia el control de la enseñanza –desde la primaria a la universitaria a través del Opus Dei–, obligatoriedad de la enseñanza religiosa en todos los centros y grado y el derecho de vigilancia de la enseñanza, la prohibición de libros y material escolar y el ejercicio de la censura para “oponerse a la malignidad de los hombres que intenten pervertir los ánimos de los fieles y corromper sus costumbres, o, cuando hubiere de impedirse la publicación, introducción o circulación de libros malos y nocivos”, así como la libertad de nombramientos eclesiásticos, la inviolabilidad de recintos y propiedades inmobiliarias eclesiásticas, el reconocimiento de la jurisdicción del “fuero eclesiástico” –que exigía aquiescencia del ordinario para que la autoridad civil pudiera actuar contra clérigos tanto en causas civiles como criminales (los condenados a penas de prisión, habrían de cumplirlas en cárceles especiales o, preferiblemente, en “casas religiosas”)– y precisando licencia de la Sede Apostólica cuando se tratara de un obispo o equiparado en Derecho.
Además de la exención de impuestos y del servicio militar, de la obligatoriedad de ejercer cargos públicos, de dotaciones económicas para cubrir una amplia escala de capítulos, desde la congrua o renta parroquial a la vicaría castrense y la constitución de un patrimonio eclesiástico; el reconocimiento de los efectos civiles del matrimonio canónico y su competencia exclusiva en causas de separación y nulidad; derechos en materia educativa equiparables a los públicos.
Tantos ‘derechos’ –eran considerados como los mayores de la Iglesia católica en todo el mundo fuera de la Ciudad del Vaticano–, sin apenas contrapartidas, hacían innecesaria para Pío XII la firma de un concordato que pretendía recobrar los privilegios del de 1851, que recogía el derecho de presentación medieval concedido a los Reyes Católicos para el nombramiento de obispos. De modo que, presentado su proyecto por el gobierno español en 1951, lo tuvo dos años y medio dando tumbos por la burocracia vaticana hasta que, en 1953, la nueva administración de los Estados Unidos, con el presidente Eisenhower en la presidencia, le aseguró formalmente que, al mes siguiente de la firma del concordato, consolidaría el régimen de Franco con la firma del acuerdo sobre las bases.
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