Muro de solidaridad y denuncias:
La España fascista se retrata:
-España vota en contra de combatir el nazismo.
La Asamblea General de la ONU aprobó por amplia mayoría la resolución rusa de diciembre de 2023 que busca combatir las ideas de nazismo, neonazismo, racismo y xenofobia.
118 países votaron a favor, entre ellos 10 de los 11 países más poblados del mundo, China, India, Indonesia, Pakistán, Nigeria, Brasil, Bangladesh, Rusia, México y Etiopía. Sólo la población de estos 10 países que han apoyado la condena del nazismo supera los 4.400 millones de habitantes. Los 108 países restantes suman otros 2.000 millones de habitantes
En contra, EE.UU. entre los diez países más poblados, y otros 48 países, incluida España, Ucrania, Francia, Italia, Japón, Reino Unido, Croacia, Canadá, Bélgica, Alemania, Hungría o Polonia.
Se abstuvieron 14 países, el único importante en población, Turquía.
…Luego nos hablan cada día de combatir a la “extrema derecha” y tal…
Criminalización:
-Contra el montaje de la Operación Judas.
Campaña de pintadas en Ponent.
248 ANYS DE PRESÓ PER ORGANITZAR-SE I DEFENSAR EL DRET A L’AUTODETERMINACIÓ!
L’Estat feixista espanyol no permetrà mai l’organització independent popular, com ho van ser els CDR, ja que és la que realment fa perillar els seus interessos.
Davant la seva repressió, responen amb unitat, organització i lluita!
ABSOLUCIÓ OPERACIÓ JUDES!
AMNISTIA TOTAL!
Torturas:
-Condenado a dos años de prisión un policía por tortura y lesiones a un detenido en la comisaría de Alcalá de Henares.
Confirmada la condena de dos años de prisión y ocho años de inhabilitación absoluta para el ejercicio de su profesión a un policía nacional por un delito de tortura y otro leve de lesiones a un detenido en los calabozos de la comisaría de Alcalá de Henares (Madrid), a quien agredió tras decirle “a los moros sólo se les da agua”.
Debe pagar una indemnización de 6.700 euros al detenido (700 por las lesiones y 6.000 por daño moral), así como abonar una multa de 280 euros y las costas procesales.
Crímenes machistas, ¿qué ha hecho el Estado?:
-El 40% de las mujeres asesinadas en 2022 por sus parejas o exparejas habían denunciado previamente a sus agresores.
Solamente en cinco de los casos había una medida de alejamiento en vigor.
Las razones por las que las mujeres no denuncian mientras son víctimas son muy variadas, pero comúnmente se encuentran el miedo, el daño social y la elevada burocracia. Además, «no podemos pedirle a las mujeres que denuncien mientras son víctimas», dice el Ministerio. Así, la responsabilidad de denunciar debería recaer en el entorno de la víctima, añade.
Además de las 49 mujeres asesinadas, dos menores de edad, un niño y una niña, fueron asesinados por sus padres biológicos, y en uno de los casos, agresor y víctima convivían.
¿Y de las que sí denunciaron y a día de hoy están muertas, porque les ha asesinado el denunciado?.
Once de las mujeres que denunciaron solicitaron en dependencias policiales medidas de protección -consistentes en su mayoría en alejamiento y en prohibición de comunicarse con la mujer-, pero en un caso se denegó la petición al no apreciar VioGén una situación objetiva de riesgo. Solo tres de ellas tenían estas medidas en vigor cuando fueron asesinadas.
Respecto a las valoraciones del riesgo mediante el sistema VioGén ante las fuerzas de seguridad, solo en un caso se apreció riesgo extremo, en tanto que hubo dos casos calificados como riesgo alto, cinco como riesgo medio, cinco como bajo y cuatro en los que no se apreció la existencia de riesgo. El sistema pues ha demostrado un absoluto fracaso.
En el 92% de los casos se trataba de episodios de violencia física (empujones, tirones de pelo, todo tipo de golpes e intentos de asfixia); en el 40% se añade además la violencia psicológica (amenazas de muerte, de privarlas de sus hijos, insultos, desprecios y vejaciones); y en el 8% la denuncia fue por quebrantamiento de las medidas de protección. El sistema no vio peligro o riesgo en la mayoría de casos, pero a día de hoy esas mujeres están muertas.
En hemeroteca está cuando en estos debates se dijo que la policía no podía controlar a todos los agresores machistas denunciados, que a los agresores no se les podía poner un brazalete de detección como “a delincuentes presos”, o que no había infraestructura de acogida suficiente para las mujeres maltratadas.
El falso y vacío debate sigue. Las muertes por asesinatos machistas, también. La culpa de muchos de los crímenes por falta de protección del Estado, escandaliza.
C.A.V. Politi-corrupción:
-Consultoras opacas.
Euskadi adjudica las plataformas de transparencia y denuncia por corrupción a firmas que manipularon contratos.
Aunque desde 2019 el Gobierno vasco incumple la directiva europea para la protección de los denunciantes, el canal interno para denuncias sobre corrupción en Osakidetza o en las Juntas Generales de Araba está en manos de una empresa cuyos socios se han acusado entre sí de prevaricación, delitos societarios y coacciones.
El lehendakari Iñigo Urkullu lo prometió cuando accedió al cargo en 2012, pero tres legislaturas más tarde sigue sin aprobarse una Ley de Transparencia del Gobierno Vasco que incluya un mecanismo para la protección de los denunciantes de la corrupción en la administración pública. Todo ello pese a las advertencias del Tribunal de Justicia de la Unión Europea que ha señalado el incumplimiento por parte del Estado español de la ley europea para la protección de las personas denunciantes, conocida como Directiva Whistleblowing, aprobada en 2019 por el Parlamento europeo. Además, tanto el PNV como el PSE han rechazado en varias ocasiones diversas iniciativas en favor de la transparencia y la defensa de los denunciantes propuestas en el Parlamento vasco.
En su lugar, los partidos que conforman el Ejecutivo vasco han apostado por externalizar la gestión de dos aspectos centrales para la democracia vasca a firmas señaladas, precisamente, por prácticas colusorias y relacionadas con la manipulación de contratos públicos. En 2020, la Sociedad Informática del Gobierno Vasco, EJIE, se propuso externalizar el servicio para la evolución de Gardena, plataforma de transparencia del Gobierno Vasco. El contrato, valorado en 1,3 millones, fue adjudicado a la empresa privada Bilbomática, una consultora fundada por el empresario jeltzale Víctor Malpartida e investigada en la actualidad por la Autoridad Vasca de la Competencia por repartirse contratos precisamente de EJIE. Esta firma fue la única ofertante en más de cuarenta contratos con la administración, adjudicaciones de decenas de miles de euros en donde no existió competencia…
-Iñigo Urkullu adjudicó medio millón a una empresa cuyo representante fue condenado por prevaricación y fraude.
Lehendakaritza externalizó por 430.760 euros la organización para reforzar relaciones institucionales, culturales y comerciales con Japón a Intermedio Montajes, pese a que la administración pública había sido advertida de que se trataba de una empresa cuyo representante legal ha sido condenado por corrupción.