Movimiento obrero. Su brutal situación:
Despidos:
-Michelin Vitoria, despidos, en seis meses.
Michelin afronta un 2024 difícil por la crisis de la automoción y los últimos despidos.
La dirección de la multinacional francesa anunciaba 150 ‘salidas voluntarias’ en la factoría alavesa.
Todo empezó cuando la plantilla de Michelin aceptó la oferta por el convenio de la empresa, con el ‘no’ de Vitoria, la más importante del grupo, con 3.500 trabajadores.
El 16 de junio los trabajadores de Michelin aceptaban por unos 800 votos la última oferta de la multinacional francesa para renovar el convenio. La votación se realizó en las plantas del grupo en España a excepción de Lasarte que cuenta con su propia dinámica negociadora y con 500 trabajadores. Esto es, Vitoria, Aranda de Duero y Valladolid; y pese a que salió positiva en el conjunto nacional, en el caso de la planta alavesa se impuso el ‘no’ con un amplio margen, casi el doble de votos en contra (2.007) frente a las papeletas favorables (1.093).
Resultado que reflejaba, ya por aquel entonces, el descontento de gran parte de la plantilla vasca hacia esta propuesta y que adelantaba cuáles eran los pasos que esta iba a seguir en los próximos meses. Y es que solo cuatro meses después, la plantilla de Michelin Vitoria decidía abandonar el comité intercentros y formar su nuevo y propio órgano negociador. Lo hacía tras un referéndum interno que venía motivado por el rechazo de la mayoría de trabajadores de la planta al último convenio firmado y en un contexto volátil, en el que la producción de la segunda fábrica más grande de Euskadi se iba a ver reducida en los próximos tres meses.
En línea con esta bajada de producción, la dirección anunciaba medidas que, tras negociaciones con la planta alavesa, se convertían en 150 salidas voluntarias de la factoría, principalmente bajas incentivadas y prejubilaciones con contrato relevo. Lo hacía este diciembre y con este anuncio se abría un periodo para que los interesados soliciten acogerse a estas medidas, si bien es muy probable que no se alcance el número de voluntarios suficientes. En ese caso, en el de que no se llegue a esa cifra de 150 bajas, la dirección asegura un periodo de seis meses, hasta el próximo junio, en el que no habrá despidos y se buscarán alternativas no traumáticas. Luego, despidos directos.
Sanidad pública:
-Pilas de material sin esterilizar en el Hospital La Paz ante la falta de personal que denuncia la plantilla.
Trabajadoras de la central de esterilización del Hospital de La Paz de Madrid denuncian que trabajan a destajo con una plantilla insuficiente. En el turno de noche tres personas han de gestionar hileras interminables de material.
La plantilla es de 34 personas y el trabajo se ha multiplicado por tres. Además hay 10 bajas médicas, que tardan una media de 20 días en ser repuestas. Tres de estas personas estarían de baja por ansiedad.
Politi-corrupción:
-El robo es el libre mercado.
La Audiencia Nacional absuelve a Iberdrola por el aumento del precio de la luz en 2013.
La defensa de la empresa y sus cuatro directivos acusados ha mantenido siempre que las alteraciones se produjeron por el propio sistema de oferta de energía.
La Audiencia Nacional ha absuelto a la compañía Iberdrola y a cuatro de sus directivos, que habían sido acusados de inflar el precio de la luz a finales de 2013. El Ministerio Público sostenía que se habían encargado de idear un plan para conseguir que los consumidores pagasen más.
Por su parte, el magistrado encargado del caso, José Manuel Fernández, ha recordado que el departamento de gestión de la energía dentro de la empresa «gozaba de autonomía en la toma de las decisiones que afectaban a su competencia», y que «no estaba sujeta al jefe del Departamento de Negociado Liberalizado, del que dependía, ni al Consejo de Administración, a los que no daba cuenta de sus gestiones».
El juez ha añadido que ese mismo departamento aprobó los estudios y las propuestas de los diferentes traders que fijaron las ofertas de las centrales en los ríos Duero, Sil y Tajo. Además, ha señalado que, según han corroborado testigos en el plenario, Iberdrola «puso en el mercado toda la energía hidroeléctrica de la que disponía».
El delito se refería, de manera exclusiva, a los precios que la empresa ofertó y que eran «excesivos e injustificados», lo que «dio lugar a un alza de los precios de la energía eléctrica cuando entraron en funcionamiento los ciclos combinados».
En definitiva, el delito «se revela incongruente según los principios de intervención y legalidad regulados en el derecho penal» para el juez, quien ha concluido apuntando que «la energía hidroeléctrica es, y era, de libre mercado».
–https://www.publico.es/economia/audiencia-nacional-absuelve-iberdrola-aumento-precio-luz-2013.html
-Xunta corrupción.
La Xunta del PP repartió dos millones a dedo a medios amigos una semana después de convocar elecciones.
El Diario Oficial de Galicia recogió el 29 de diciembre el grueso de la adjudicación a La Voz de Galicia, Faro de Vigo, La Región y el Progreso, una semana después del anuncio electoral del presidente gallego Alfonso Rueda.
Exactamente ocho días después de convocar las elecciones gallegas, el presidente de la Xunta de Galicia, Alfonso Rueda, repartió dos millones de euros del erario público a los principales medios de comunicación hegemónicos y habitualmente amables con la gestión del Partido Popular. Rueda, que heredó el cargo gracias al dedo con el que Alberto Núñez Feijóo lo señaló antes de marchar hacia Madrid para liderar el PP, tomó la decisión de hacer efectivas estas ayudas “en régimen de concurrencia no competitiva”, es decir, opacas y arbitrarias, el día 29 diciembre con su publicación en el Diario Oficial Galicia, el BOE gallego. Apenas una semana antes, el día 21, y tras aprobar los presupuestos gallegos solamente con los votos de su partido, decidió adelantar los comicios gallegos al 18 de febrero. Una estrategia mediática recurrente en la historia de su partido en Galicia.
Las empresas periodísticas y de radiodifusión que han sido beneficiarias de estos 1.976.777 euros también son recurrentes destinatarias del reparto dirigido desde los despachos del Gobierno gallego a través de la Secretaría Xeral de Medios, capitaneada por Silvia Valdés. De hecho, solamente cuatro empresas se llevan el 80% de esos casi dos millones de euros de dinero público. Por orden de montante: La Voz de Galicia se agencia 873.837,71 euros; el grupo Prensa Ibérica a través de sus cabeceras Faro de Vigo y La Opinión de A Coruña suma 362.748,11 euros a sus cuentas; El Progreso de Lugo se lleva 167.105,04 euros; y La Región de Ourense otros 146.733,09 euros. ¿Pero a cambio de qué?
La propia Presidencia de la Xunta explica que basan esta ayuda en que “la libertad de expresión y de difusión constituye un derecho fundamental y una de las bases esenciales de convivencia democrática, valores que los poderes públicos deben garantizar (…) promoviendo la participación de toda la ciudadanía en la vida política, económica y social”. Por eso, añaden, “se hace necesario que el Gobierno gallego ponga los adecuados instrumentos de financiación al servicio de la potenciación y difusión de los medios de comunicación que, además de responder a dichas premisas, defiendan la identidad de Galicia y sus intereses, su lengua, su cultura y, en general, la galleguidad entendida como vínculo histórico de los gallegos de dentro y fuera de Galicia”.
La falacia no llega muy lejos: ninguno de los cinco periódicos citados edita sus diarios en gallego como lengua vehicular, solamente puntuales piezas en las secciones de cultura, opinión y algún gesto simbólico en el Día Nacional de Galicia o en las Letras Galegas. De hecho, los principales medios de Galicia que utilizan la lengua gallega como Nós Diario, Praza.gal, GCiencia, Luzes, Campo Galego o Novas da Galiza, entre otras decenas, como O Salto, o no se llevan nada o se hacen con un dinero testimonial. “El Gobierno gallego pone los adecuados instrumentos de financiación”, pero donde ellos quieren.