Muro de solidaridad y denuncias:
Criminalización:
-Fito solidaridad.
Ha llegado la resolución del juicio que tuvo lugar en junio de 2023. Fito (Gaizka Astorkizaga) será detenido para cumplir 18 meses de prisión.
De ahora en adelante, podrá ser detenido en cualquier momento.
Gora Euskal Herri langilea! Amnistia osoa!
*Atentos a las movilizaciones.
Tinko.
Contra la represión:
-La solidaridad nos hace invencibles
El miércoles 31 tendrá lugar este acto para pedir la absolución de Elena y Jesús donde distintos colectivos hablarán de represión en el Corredor del Henares.
Ante su represión, extendamos nuestra solidaridad. ¡Acude y difunde!
¡Elena y Jesús Absolución!
Intervienen: Caso 13 Rosas, Represaliadxs Movimiento LGTBIQ+, Pensionistas, PAH Corredor del Henares.
31 enero. 15,30. Salón Grados FCPyS, Campus de Somosaguas. Madrid.
Borbones intocables:
-El gobierno defiende que el CIS no pregunte sobre la monarquía…. por si acaso.
Hace nueve años que el Centro de Estudios Sociológicos (CIS) no pregunta por la monarquía.
La última vez fue en abril de 2015, hacía menos de un año que Felipe VI era rey y la monarquía obtuvo un 4,34 sobre 10. Desde entonces, ha habido un silencio absoluto que perdura hasta día de hoy. El Gobierno justifica que la ausencia de preguntas sobre si la ciudadanía prefiere una monarquía o una república se debe al hecho de que la forma de la Jefatura del Estado es un “aspecto poco relevante para los españoles”. Desde La Moncloa, esgrimen que el CIS pregunta sobre los principales problemas y preocupaciones de los encuestados y que, en el barómetro de noviembre del 2023, “el porcentaje de los encuestados que consideraba que la forma de la Jefatura del Estado sea un problema en España no llegaba al 1%”. “En consecuencia, esta cuestión en ningún caso aparece reflejada entre los problemas que los ciudadanos identifican como principales problemas actuales de España”, remacha el Gobierno en respuesta a una pregunta parlamentaria por escrito planteada por el diputado de Sumar Nahuel González. En su escrito, González denunciaba que la monarquía es “un anacronismo, una institución obsoleta y antidemocrática, de dudosa utilidad pública y que genera desigualdades sociales”.
El ejecutivo defiende el silencio del CIS afirmando que todos los barómetros preguntan las opiniones de los ciudadanos sobre “los problemas principales que hay actualmente en España” y sobre “los problemas que personalmente afectan más al entrevistado”. Como son preguntas abiertas, los encuestados pueden contestar lo que libremente consideren, cosa que, a ojos del Gobierno, “permite estimar la valoración que sobre la monarquía tiene la sociedad española”. Visto lo visto, en conjunto, “la Monarquía se sitúa en el puesto número 38 de problemas principales de España y en el puesto 52 de problemas personales de los encuestados”.
El argumentario defendido por el Gobierno coincide con los motivos que esgrimió en 2020 el presidente del CIS, José Félix Tezanos, que arguyó que el organismo “no está para preguntar sobre los problemas” del rey emérito porque estos no interesan a los españoles. En una entrevista en TVE, sostuvo que entre las preocupaciones de los españoles, “aparecen 31 problemas más antes de la monarquía”.
–https://insurgente.org/el-gobierno-defiende-que-el-cis-no-pregunte-sobre-la-monarquia-por-si-acaso/
Sólo su libertad de expresión:
-El Ayuntamiento de Zaragoza podrá castigar las ‘noticias falsas’ con multas que llegarán a 100.000 euros.
Ultima una pionera ordenanza en la que alterar datos del Consistorio desnaturalizando su sentido será considerado una infracción muy grave.
El Ayuntamiento de Zaragoza podrá penalizar con una sanción que llegará a los 100.000 euros la «reutilización de sus datos desnaturalizando el sentido» y, en particular, «si se hace para la elaboración y difusión de noticias o informaciones falsas o engañosas, cuyo impacto sea elevado por su naturaleza, alcance de su difusión o la vulnerabilidad de los destinatarios». Así figura en la futura ordenanza municipal de ‘Gobierno del dato’, aún en fase de elaboración, que fija procesos que serán sancionados con multas que irán de los 1.000 a los 100.000 euros en función de su graduación (leve, grave o muy grave). Para esa norma, que será pionera en todo el país, se cerró ayer el plazo de consulta pública y se encara, a partir de ahora, la recta final de un proceso que implica cambios en la gestión municipal.
Y las fake del Ayuntamiento del PP y Vox ¿quién las multa?
Politi-corrupción:
-Un Consistorio del PP en Sevilla frena un tanatorio público y autoriza otro privado a la firma familiar de un alto cargo del PP.
El Ayuntamiento de Mairena del Alcor aprobó el anteproyecto de un centro funerario municipal en 2016, que lleva paralizado siete años.
En 2021 dio la licencia de obras para hacer otro tanatorio privado a una promotora de la familia de Francisco Rodríguez Roa, miembro de la ejecutiva de Juanma Moreno, consejero de RTVA y empleado de esta firma durante 8 años.
Blanqueando el sionismo:
-Cuatro empresas españolas construyen el tranvía del apartheid en territorio ocupado por Israel.
La vasca CAF y la catalana Comsa, junto con GMV y TyPSA, lideran dos proyectos para conectar la ciudad vieja con los territorios ocupados de Jerusalén Este.
El movimiento BDS llama al boicot a estas compañías que violan todos los acuerdos internacionales.
Y la Medalla de Oro de Gipuzkoa, el máximo reconocimiento que otorga este territorio vasco, fue para —redoble de tambores— Andrés Arizkorreta García, el presidente de Construcciones y Auxiliar de Ferrocarriles (CAF) y, desde septiembre, también presidente del Círculo de Empresarios Vascos.
CAF es una de las grandes empresas vascas y el sexto fabricante mundial de material ferroviario. Con sede en la pequeña localidad de Beasain, cuenta con más de 13.000 trabajadores, más de 3.000 de ellos en Gipuzkoa, promueve el uso del euskera en los centros de trabajo y en los ambientes científicos, e incluye entre sus ocho principios de Responsabilidad Social y Corporativa “el respeto escrupuloso de los derechos fundamentales” y el “establecimiento de medidas preventivas para asegurar el cumplimiento estricto del ordenamiento jurídico vigente”.
Motivos no parecen faltar para reconocer la trayectoria de este empresario. Sobre todo, si no se hace caso al ruido producido por la concentración que intentaba aguar la ceremonia de entrega, realizada en el Palacio Foral de Donosti el pasado 12 de enero. Los manifestantes no protestaban por las 61 muertes por amianto que tiene la empresa, sino por la participación de CAF en el proyecto que ya está ampliando y mejorando la red de tranvías que conecta Jerusalén con los territorios ocupados por el ejército israelí en 1967 en la parte oriental de la ciudad, una anexión considerada ilegal por Naciones Unidas, la Unión Europea y España.
Según denuncian las organizaciones de solidaridad con Palestina y el movimiento de boicot y desinversiones (BDS) contra Israel —que ha incluido a CAF en sus listados—, esta red de tranvías forma parte de la estrategia israelí para generar infraestructuras permanentes que hagan posible y legitimen por la vía de los hechos la ocupación ilegal de un territorio que, según los acuerdos internacionales, pertenece a los palestinos.
El 27 de septiembre de 2023, el gigante catalán de las infraestructuras, Comsa, ganaba un concurso para construir otra línea de tranvía, la Azul, que conectará Jerusalén con otro sector de los territorios ocupados, especialmente con Gilo, uno de los asentamientos ilegales que más han crecido y cuenta actualmente con 30.000 colonos. Otras dos empresas españolas participan del proyecto —la madrileña GMV y TyPSA—, en tareas de localización de trenes y trazado de las líneas…