Muro de solidaridad y denuncias:
Criminalización:
-El Supremo condena a cuatro años y nueve meses de prisión a cuatro de los seis antifascistas de Zaragoza.
Condenados solo por una única prueba: «la opinión policial».
El Tribunal Supremo rebaja la pena impuesta por la Audiencia de Zaragoza y el Tribunal Superior de Justicia de Aragón a cuatro de los seis jóvenes antifascistas que se manifestaron contra un acto de Vox en enero de 2019, por desórdenes públicos y lesiones a varios policías.
La Sala Penal del Tribunal Supremo (TS) ha condenado a cuatro años y nueve meses de prisión por “delitos agravados de desórdenes públicos y atentado”, así como por “lesiones a varios policías”, a cuatro de los seis jóvenes conocidos como Los seis de Zaragoza que se manifestaron contra un acto del partido de extrema derecha Vox en Zaragoza el 17 de enero de 2019, cuando siete policías resultaron heridos y se produjeron daños en varios vehículos.
El Supremo ha rebajado la pena de siete años de prisión impuesta por el Tribunal Superior de Justicia de Aragón (TSJA) al entender que “los delitos agravados de desórdenes públicos y de atentado deben considerarse cometidos en concurso ideal”, de modo que establece “la pena prevista para el delito más grave —desórdenes públicos— en su mitad superior”.
En un primer momento, la Audiencia de Zaragoza condenó a los cuatro jóvenes a un total de seis años de prisión, tres por desórdenes y tres por atentado. Posteriormente, en octubre de 2021, el TSJA endureció aún más la pena con otro año de cárcel, añadiendo el delito de lesiones. La Plataforma de Madres y Padres por la absolución recurrió entonces la sentencia al Supremo al considerarla “desproporcionada e injusta”.
En su resolución, el Supremo reduce la pena a un total de tres años y nueves meses por los dos delitos de desórdenes y atentado, a lo que se suma otro año de prisión a cada uno de ellos por el delito de lesiones. El Supremo retira en el delito de lesiones “la aplicación del subtipo agravado de utilización de medios peligroso que fijó el TSJA”, pero “ello no conlleva una rebaja de la pena de un año al estar en la mitad inferior del tipo básico imponible”. En este sentido, justifica su decisión al considerar “proporcional atendiendo al prolongado periodo de curación requerido por el agente”, de 350 días según afirma en la sentencia. El alto tribunal también desestima “el resto de motivos de los recursos de los cuatro acusados”, a quienes se confirman “las condenas de multa por delitos de daños y de lesiones leves a los demás policías afectados”.
El Supremo considera que los hechos declarados probados identifican con nitidez los presupuestos de imputación de los delitos que se consideran cometidos por coautoría. “Lo que se declara probado es que juntamente con otros perpetró él mismo, amparándose en el grupo, conductas típicas con la finalidad de alterar gravemente la paz pública, acometer a los agentes que, en el ejercicio de sus funciones, procuraban la protección del bien jurídico y mediante el lanzamiento de objetos y adoquines causar lesiones de distinta entidad y daños en vehículos y elementos del mobiliario urbano”, indica el tribunal al contestar uno de los recursos.
Desde el inicio del proceso, las familias de los acusados vienen denunciando la injusticia de este caso y la falta de pruebas incriminatorias: “Se puede cometer la mayor injusticia del mundo si nuestros hijos van a la cárcel”, advirtieron en una rueda de prensa en marzo de 2021. En una comparecencia en las Cortes de Aragón dejaron claro que “son inocentes porque no hay pruebas objetivas. Y no las hay, porque son inocentes”.
Las familias, junto a la Coordinadora Antifascista de Zaragoza, han mantenido abierta una campaña durante todo este tiempo para dar a conocer el caso y exigir la absolución de los seis jóvenes. Hasta ahora, han recogido los apoyos de doce eurodiputados y eurodiputadas, y de más de 400 personas del mundo de la cultura, anónimas, y colectivos. Asimismo, diversas movilizaciones han reunido a millares de personas en Zaragoza y en Huesca.
En octubre de 2022, tras dos años denunciando el caso, nació la Plataforma Estatal Absolución 6 de Zaragoza para dar impulso a la campaña Manifestarse no es delito con la que llegaron a diferentes ciudades, realizando charlas, encuentros con agentes públicos y una serie de iniciativas institucionales.
Torturas impunes:
-Se jubila como teniente general de la Guardia Civil uno de los responsables de la muerte de Mikel Zabalza.
Se jubila con grado de Teniente General y Jefe de Mando de la Guardia Civil, Arturo Espejo, uno de los tres agentes encargados de la custodia de Mikel Zabalza tras su detención en Donostia.
Las investigaciones fueron convenientemente archivadas y él de ascenso en ascenso.
Según publica el BOE, Arturo Espejo pasa a la situación de retiro por cumplir la edad reglamentaria, con efectividad de 11 de febrero de 2024. La decisión se ha adoptado a propuesta del director de la Guardia Civil, Leonardo Marcos, y con la conformidad del secretario de Estado de Seguridad y el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska.
Agencias
*Mikel Zabalza murió debido a las torturas a las que fue sometido durante un brutal interrogatorio en el cuartel de la Guardia Civil. El 15 de diciembre de 1985, su cuerpo apareció en las aguas del río Bidasoa.
Una vez más queda demostrado que ‘la Justicia es igual para todos’.
Casos ‘aislados’:
-Escándalo en la Guardia Civil: 20 años de corrupción a cambio de todo tipo de regalos
Unos 180 millones de euros de las arcas públicas han sido empleados de manera fraudulenta. Varios altos cargos y 26 empresas están implicadas.
Destapada una enorme trama de corrupción en la Guardia Civil que abarca nada menos que 20 años de manipulación de los contratos de compra de sus propios suministros.
El modus operandi se basaba en acuerdos entre los agentes encargados de comprar suministros y los empresarios o representantes comerciales de estas empresas.
Se calcula que son unos 180 millones de euros de las arcas públicas en contratos arbritarios de la Guardia Civil.
El objetivo era manipular los contratos públicos de botas, chalecos antibalas, cascos, entre otros, para que siempre recayesen en los propios proveedores.
A cambio recibían móviles, videoconsolas, viajes, tarjetas regalo, comidas y todo tipo de productos. Incluso, las empresas implicadas habrían obsequiado a los agentes con entradas de fútbol para ir a ver al Real Madrid.
Al hijo de uno de los imputados le habrían llegado a pagar los estudios de Erasmus.
En total, la investigación del Servicio de Asuntos Internos ha encontrado un centenar de expedientes manipulados.
La trama criminal también habría fraccionado grandes contratos en contratos menores para poder adjudicarlos de forma directa.
Se llegaron a comprar suministros que no eran necesarios o con los que ya contaban los agentes.
¿Quién está detrás?
La investigación vincula lo que llama «las trampas» a la llegada de Alberto José Martín Altube a la jefatura de la Sección Técnica del Sabas en el año 2000.
Se le atribuye la puesta en marcha de ese «mecanismo» que heredaría en el 2015 el coronel Juan Antonio Maroto Gil cuando fue nombrado máximo encargado de la unidad. Maroto habría dado continuidad delictiva a la trama hasta el 2020.
A los imputados les investigan por cohecho, tráfico de influencias, malversación, fraude en las administraciones públicas, negociaciones prohibidas a funcionarios, prevaricación, blanqueo de capitales y organización criminal.
En ABC.
Convocatorias:
-Preparación de la XXV Marcha a Topas, 2024.
Se ha comenzado a preparar la próxima Marcha a la cárcel de Topas.
Para participar o apoyar las iniciativas.
marchatopas@gmail.com