Movimiento obrero. Su brutal situación:
Morir en el tajo:
-Sigue la masacre obrera en los accidentes laborales.
*3 de mayo: Un trabajador de 47 años, J.J.L.R., perdió la vida tras ser aplastado por un muro de piedra en una residencia en el municipio coruñés de Ponteceso.
14 son los trabajadores fallecidos en accidentes laborales en Galicia en lo que va de año, 9 de ellos en la provincia de Pontevedra.
*4 de mayo: Muere un trabajador en Andújar, Jaén, un día después de caerle una viga de 3.500 kilos encima.
El accidente laboral mortal tuvo lugar en una nave del polígono industrial Ave María de Andujar.
No se informa de dato alguno del trabajador muerto.
*7 de mayo: En Madrid, dos trabajadores muertos y uno herido grave tras el derrumbe parcial de un edificio.
En una obra en el distrito madrileño de Fuencarral-El Pardo, colapsó el forjado de un bloque de oficinas que estaba siendo reformado para viviendas.
Los trabajadores muertos son el nigerino Ngolo, que tenía 53 años, mientras que el segundo trabajador fallecido tenía 30 años y era de origen colombiano. El tercer afectado y herido grave, Hassan, es de origen marroquí.
Llevaban medio año empleados en la rehabilitación del edificio, que iba a convertirse en una residencia de estudiantes, contratados por la empresa Demoliciones Madrid.
Huelgas:
-Huelgas de los trabajadores de la compañía Bukit de Málaga para exigir mejoras laborales.
La empresa está especializada en la externalización de procesos de negocios para grandes compañías, y está ubicada en Andalucía Tech (Parque Tecnológico) desde hace una década y con una plantilla que roza los 400 trabajadores.
Realizaron un paro y una jornada de huelga en abril en exigencia de mejoras laborales y un convenio colectivo propio.
Un centro de trabajo, «que exige una profesionalización muy alta. La práctica totalidad de los empleados son universitarios, y sin embargo, no se les reconoce esa preparación académica. Nos regimos por el convenio de consultorías y cobramos en función de sus categorías más bajas. Tenemos la suficiente masa laboral para contar con nuestros propios acuerdos».
Siguen realizando protestas en mayo.
-La educación pública asturiana vuelve a la calle y amenaza con la huelga antes de fin de curso.
Se ha «optado por mantener el negocio de la privada-concertada».
Las reclamaciones siguen sobre la mesa y pasan, principalmente, por mayor presupuesto y plantillas más extensas.
Piden reducir la burocracia, limitar las horas lectivas de los mayores de 55 y del cuerpo de maestros. Y, al fin, «dignificar la procesión docente» y acabar con lo que han lamentado tantas veces: que el profesorado asturiano «es el peor pagado de todo el país».
Si no se resuelve, la amenaza de la huelga antes de fin de curso 23-24 será una realidad.
Despidos:
-43 despidos en la empresa de telemarketing Sherrytel Soluciones.
29 de su centro de Jerez y 14 del de Madrid.
Presentó ERE a finales de marzo, que ha acabado sin ningún acuerdo. Desde mediados del año pasado se encuentra en concurso de acreedores.
Sherrytel Soluciones se presentaba como una «empresa de márketing omnicanal» que cuenta con más de una década de experiencia en el sector de la televenta (call center). Sin embargo, en julio de 2023 presentó un concurso de acreedores y el Juzgado de lo Mercantil nombró a unos administradores concursales.
Situación real:
-Los dividendos de Bolsa en España crecieron un 35% desde 2020 frente al 0,5% de los salarios.
El pago de los dividendos de las cotizadas españolas creció un 35% entre 2020 y 2023 mientras que los salarios nacionales aumentaron un 0,5%, según publica un estudio de Oxfam Intermón y que ha tenido en cuenta el impacto de la inflación a la hora de realizar los cálculos.
Los beneficios empresariales y los dividendos pagados a los accionistas ricos «están por las nubes, mientras que los salarios continúan estancados».
Como consecuencia, los empleos de millones de personas se ven abocados a «un ciclo de esfuerzo y dedicación que, sin embargo, no les permite costearse alimentos suficientes, medicinas u otros productos básicos; los más ricos no amasan sus megafortunas ‘trabajando’, sino que las extraen de las personas que lo hacen por ellos». “Ninguna empresa debería dar dinero a los accionistas ricos si no paga un salario digno a todos sus trabajadores y trabajadoras”.
Las empresas cotizadas españolas repartieron en 2023 un total de 30.293 millones de euros, un aumento del 16,63% más que en 2022, cuando ‘regaron’ a sus accionistas con 25.973 millones de euros. El volumen de 2023 supuso, además, la mayor retribución en cuatro años, desde 2019, cuando dieron un total de dividendos de 31.705 millones de euros.
Derecho a la vivienda:
-El Sindicato de Inquilinos denuncia por acoso a la empresa de desocupación DIO Express.
La empresa DIO Express ofrece garantías de desalojo en 48 horas. Sus métodos: amenazas, cortes de luz, intentos de allanamiento y agresiones físicas, según denuncia el Sindicato de Inquilinos de Madrid.
Según su propia web ya han realizado más de 5.000 desahucios por fuera de la ley. Una reciente denuncia del Sindicato de Inquilinas de Madrid permite adivinar cuáles han sido las técnicas utilizadas por esta empresa, que colabora con Securitas Direct, para conseguir estas tasas de “éxito”.
Centros Sociales Okupados:
-La realidad de los centros sociales okupados está lejos de la delincuencia y el desorden social como pinta la derecha.
La creciente precarización laboral, la crisis de vivienda y la falta de políticas públicas han generado una gran demanda de espacios alternativos y accesibles para la comunidad.
La criminalización de la okupación por parte del gobierno del alcalde madrileño, José Luis Martínez-Almeida, los desalojos sin orden judicial por parte de la Policía, las infiltraciones policiales en los movimientos sociales y los efectos penalizadores de casi 10 años de leyes mordaza, han modificado la imagen social que se tenía de los CSO en España.
Sin embargo, la creciente precarización laboral y la crisis de vivienda han generado una gran demanda de espacios alternativos y accesibles para la comunidad. Además, la falta de políticas públicas efectivas para abordar estas problemáticas ha llevado a la búsqueda de soluciones autónomas por parte de los movimientos sociales.
El aumento en la difusión de discursos alarmistas que asocian la okupación con la delincuencia y el desorden social ha alimentado el temor y la hostilidad hacia los centros sociales okupados. «El okupa se ha construido como un enemigo público de forma mediática y discursiva, a lo que ha ayudado el incremento exponencial de bulos informativos sobre el exceso de okupas en nuestras ciudades», declara el experto en Sociología Gomer Betancor.