Movimiento obrero. Su brutal situación:
Represión contra denuncias:
-Mercadona toma represalias contra Gerardo Grande, presidente del comité de empresa en Cantabria, tras su intervención en el Congreso.
Gerardo Grande, presidente del comité de empresa de Cantabria de Mercadona, propiedad de Juan Roig, ha denunciado en una nota de prensa que está sufriendo hostigamiento y persecución por parte de la entidad. Según señala en el texto, “en menos de un mes se le han abierto dos expedientes, de los cuales uno de ellos que ha sido resuelto por la empresa con una sanción muy grave y suspendido de empleo y sueldo ya está en el Juzgado”.
Estos expedientes tienen lugar, según detalla el comunicado, después de “haber constituido en marzo el Comité de huelga”, tras haber convocado “una huelga inédita contra la mercantil en Cantabria” y abrir un protocolo de acoso hacia varios responsables de la empresa. Además de los dos expedientes a Gerardo Grande, también se están abriendo otros contra diferentes miembros de las Organizaciones Sindicales de MAYSA y AITB.
Grande denunció el pasado 30 de abril en el Congreso de los Diputados las condiciones laborales y la vulneración de la ley que se están produciendo en la empresa de Juan Roig. En su intervención también señaló que durante la huelga convocada hace unas semanas, una huelga pionera en la empresa, el silencio mediático fue atronador. Según reza en su comunicado, la intención de la mercantil con estos expedientes es clara: “callar a Gerardo Grande con un despido y de esta manera quitar la voz y la defensa a todos los trabajadores de Mercadona”.
En su comunicado y ante las duras represalias, el presidente del comité de empresa asegura que “asumiendo los costes o riesgos que sean necesarios, piensa pelear hasta el final”. Por otro lado, señala que cuenta con la ayuda de la secretaria general de Podemos, Ione Belarra y que “hablará abiertamente, entre otras cosas, de un supuesto ERE a nivel nacional, tanto de la plantilla en tiendas como de responsables (RRHH, laborales, Directivos,…), atentar contra la salud de los trabajadores, no llevar a cabo las investigaciones de los accidentes en los centros, no tener activados los sistemas preventivos, no realizar las evaluaciones de riesgos laborales y riesgos psicosociales, la vulneración abierta de los protocolos de violencia de género o no respetar los protocolos de embarazo y los procedimientos de adaptación de puesto”.
Por último, el comunicado termina con una pregunta de Grande sobre la beligerancia de la empresa contra él y otros compañeros y compañeras. “¿Será cierto ese rumor de que Mercadona va a entrar en bolsa y tiene intención de vender?”, se pregunta el presidente del comité de empresa, que asegura a su vez que no va a dar “ni un paso atrás en la lucha por los derechos de los trabajadores” y que si la empresa sigue atacando los derechos de mis compañeros volverá “a convocar una huelga”.
–https://diariored.canalred.tv/actualidad/mercadona-toma-represalias/
Huelgas:
-Los médicos inspectores de la Seguridad Social, días de huelga en abril, mayo, junio y julio.
Los médicos inspectores de la Seguridad Social protestan por las elevadas cargas de trabajo que arrastran, la ausencia de personal suficiente y la falta de seguridad en las que desarrollan sus funciones.
La plantilla se debería incrementar en casi 30 puntos para asegurar un servicio de calidad a la ciudadanía. Además, los médicos inspectores de la seguridad social reclaman una mejor planificación y un reparto equitativo de la carga de trabajo, con rotaciones en las tareas.
Con el lema “Por nuestra independencia, por tus derechos”, desarrollan cuatro jornadas de huelga.
Despidos:
-Secom Iluminación, 60 despedidos, y enfila la liquidación.
La fabricante, distribuidora y comercializadora murciana Secom Iluminación está cerca de extinguirse tras ejecutar un Expediente de Regulación de Empleo (ERE) que ha afectado a 60 de sus 74 trabajadores.
Secom contaba con dos plantas de 18.500 m2 de superficie en la población murciana de Molina de Segura. El fondo buitre de inversión madrileño Realza Capital, máximo accionista desde 2018, ha iniciado los trámites para solicitar al juzgado el inicio de un concurso de acreedores que desembocará en la liquidación.
-Despidos improcedentes de las trabajadoras de Centros Ideal de Almería.
El Juzgado de lo Social ha resuelto cinco demandas en contra de Dibea Estetic S.L.
El cierre inesperado de los Centros Ideal en Almería el pasado 19 de diciembre de 2023, dejó una estela de incertidumbre y disputas legales tanto para las trabajadoras afectadas como para cerca de 500 clientes.
Desde entonces, nueve trabajadoras del centro se han visto en una situación vulnerable al perder sus empleos de manera repentina, sin recibir sus últimas nóminas, sin haber sido dadas de baja en la Seguridad Social y con dificultades para acceder a sus derechos laborales.
Hasta el momento han sido cinco casos en que la jueza de la causa ha condenado a la empresa DIBEA ESTETIC S.L., propietaria de los Centros Ideal, a pagar indemnizaciones y otros importes correspondientes a los días trabajados y vacaciones pendientes al año 2023, así como los intereses moratorios al tipo del 10% sobre las distintas cantidades.
Entre las empresas del Grupo Dibea, se incluyen Centros Ideal; Idealiño; Teambeauty SL; Artaco; Salud y Belleza SL; Dibea Estetic S.L.; CA Estética SL, y Centros de Depilación Laser Ideal SL, entre otras.
Discapacidad infantil:
-Familias denuncian que Ayuso quiere dejar sin transporte y comedor gratuito a alumnos con discapacidad física.
En la Comunidad de Madrid, más de 1.600 niños y niñas con discapacidad están matriculados en centros públicos ordinarios, junto con otros alumnos que no requieren apoyo educativo adicional.
El Gobierno de Isabel Díaz Ayuso tiene la intención de retirar las ayudas de transporte y comedor a los estudiantes con discapacidad física que asisten a centros públicos, situados a menos de tres kilómetros de su hogar. La suspensión de estas subvenciones, que hasta ahora permitían a estos alumnos acceder gratuitamente a ambos servicios, ha sido comunicada por las direcciones de los centros de manera verbal a los afectados, según han denunciado varias familias.
En la Comunidad de Madrid, más de 1.600 niños y niñas con discapacidad están matriculados en centros públicos ordinarios, junto con otros alumnos que no requieren apoyo educativo adicional. Los centros cuentan con recursos humanos y materiales específicos, como enfermeras, fisioterapeutas y adaptaciones en infraestructuras, necesarios para asegurar la inclusión de estos estudiantes. Sin embargo, solo 59 de los que imparten Primaria en toda la región están equipados.
Esta concentración de recursos en un pequeño porcentaje de colegios (apenas un 7% del total) obliga a los estudiantes a desplazarse hasta allí, en lugar de poder asistir a otros más cercanos a sus casas. Para compensar esta carencia, la Comunidad de Madrid ofrecía transporte escolar y comedor gratuitos a estos alumnos, equiparándolos con estudiantes de zonas rurales que tienen derecho legal a estos servicios, así como a otros grupos como los estudiantes de centros de educación especial…