Artículos desde prisión:
Juan García Martín.
Preso político del PCE(r)
Editado en la revista El Otro País, n.º 110, Mayo-Junio 2024.
-O Servicio o Negocio
En los últimos decenios venimos asistiendo a un proceso acelerado de deterioro de los servicios públicos al mismo tiempo que las empresas privadas se iban apoderando de la gestión o propiedad de dichos servicios, obteniendo con ello pingües beneficios.
A pesar de las falacias que los gobernantes -tanto del PSOE como del PP- y los medios de comunicación a su servicio han proferido acerca de las bondades de la “colaboración público-privada”, el hecho es que en ese proceso de progresiva privatización, lejos de mejorar, las prestaciones han ido empeorando y los servicios son cada vez más caros; en sanidad, por ejemplo, se han encarecido entre un cinco y un once por ciento y las listas de espera son kilométricas.
Tampoco han supuesto ningún ahorro para las arcas del Estado y otras instituciones (Diputaciones, Ayuntamientos, Cabildos…), antes al contrario de año en año crecen las aportaciones presupuestarias, en el caso de sanidad, una media de entre dos y tres puntos porcentuales. Y eso viene ocurriendo no solo con los sectores que más se evidencian en las protestas, como sanidad y educación, sino en todos los servicios: agua, electricidad, residencias, ayuda a domicilio, limpieza pública y recogida de residuos, etc.
En respuesta a estos recortes, degradación, privatizaciones y externalización de “lo público”, por un lado, y de latrocinio por parte de la empresa privada, la gente viene echándose a la calle con una encomiable persistencia para, en general y sobre todo en sanidad, reivindicar la vuelta de dichos servicios privatizados al sector público y dotar a éste de suficiente financiación, personal y eficiencia. Salvo casos muy puntuales y muy “trabajados” en la calle (evitar el cierre de ambulatorios en zonas rurales o el de un hospital de Granada, aumentar los presupuestos autonómicos destinados a contratar profesores, alguna reversión del servicio de agua y limpieza en algunos Ayuntamientos…), estas movilizaciones obtienen muy pocos resultados, a pesar de su insistencia y de que muchas veces son multitudinarias y ha reunido tanto a profesionales como a usuarios.
Esta relativa infructuosidad es el mejor síntoma de que en este importante problema hay un trasfondo al que no se llega en estas luchas y que es el que está en su raíz: el que existan empresas privadas, amparadas y enquistadas en la esencia del sistema capitalista en que vivimos y que están basadas, no en el bien común, sino en la propiedad privada y el derecho a obtener la máxima ganancia posible en el menor tiempo, pasando por encima y aprovechándose de nuestras necesidades.
Podemos decir que la existencia, al mismo tiempo, de empresas públicas encargadas de esos servicios esenciales a los ciudadanos y de empresas privadas que aspiran a lucrarse con dichas prestaciones es algo incompatible; pueden coexistir durante un tiempo, pero al final “lo privado” -el negocio- triunfa sobre “lo público” -el servicio-.
Para comprobar esta incompatibilidad empecemos por echar la vista atrás, a los 80 y 90 del siglo pasado, cuando toman cuerpo las reformas legislativas del PSOE y PP que abrieron las puertas al sector privado para apoderarse del público. Por ejemplo, recordemos cómo tras una reforma educativa del PSOE y ante la falta inmediata de instalaciones escolares y profesores, se dejó de manera provisional que la enseñanza privada -religiosa en su mayoría- siguiera con sus actividades como “centros concertados” gratuitos, abiertos a todos los alumnos de la zona en que estuviera ubicado y sufragado por el Estado.
Pues bien, aquella “provisionalidad” está olvidada, gratuidad nunca la hubo y de la universalidad se pasó a seleccionar los alumnos que reciben en sus aulas derivando a la pública a los hijos de inmigrantes, los provenientes de barrios marginales, etc.
Algo parecido pero más sibilino ocurrió con la sanidad. Debido a la falta u obsolescencia de instalaciones y personal -mal pagados y emigrando, por cierto- y con la excusa de aliviar las listas de espera, se empezó a derivar “provisionalmente” a pacientes de determinadas especialidades a la sanidad privada, también bajo la forma de “conciertos”; al mismo tiempo en los hospitales se externalizaban servicios (cocina, limpieza, lavandería…).
De la excepcionalidad se pasó a lo sistemático para acabar por dar a las empresas privadas hospitales enteros, la mayoría nuevecitos y construidos con fondos públicos. Hoy más del 60% de los hospitales privados acceden a conciertos, según ASPE, la patronal del sector, lo que suponía en 2019 casi el 30% del gasto sanitario.
Naturalmente para justificar la reconducción de la mayoría de la población hacia “lo privado” ha habido todo un trabajo previo, sobre todo en las Autonomías, de degradación intencionada de “lo público”, de tal manera que hoy parezca normal tener un seguro privado o que para tener una educación con un mínimo nivel haya que ir a la escuela privada-concertada.
En el caso de la externalización de otros servicios como el abastecimiento de agua o electricidad, las privatizaciones se enmascaran o justifican en base a lo caras que son las infraestructuras y la insuficiencia de fondos de las instituciones locales o regionales; también nos venden la supuesta mejor gestión y eficacia de las empresas privadas.
Da igual lo que digan: la clave de toda esta demagogia es “dar de comer” de los presupuestos a las empresas capitalistas privadas, empresas tras las que es fácil rastrear la presencia de la Banca, las multinacionales o los fondos-buitre. Por ejemplo, detrás de la empresa Ribera Salud, que explota cinco hospitales en la Comunidad Valenciana, está el Banco de Sabadell y el fondo estadounidense Centene Corporation.
¿Por qué nuestros políticos, sean de derechas o de “izquierdas”, sienten esa atracción irresistible hacia “lo privado” o, en el mejor de los casos muestran tan poca resistencia a su presión? Pues porque son hijos del capitalismo, es decir, ideológicamente están conformados para pensar que fuera de su “democracia” y su mercado no hay mundo y sus relaciones y educación han sido endogámicas y basadas en intereses comunes de clase; de ahí que se muestren como unos enamorados de lo eficientes que son las empresas privadas frente a los derrochones del común de la población.
También hay que tener en cuenta la presión directa y constante de las empresas privadas sobre esos políticos, bien a través de la omnipresente Banca o bien por los lobbys. Liquidado el Estado del Bienestar (una “concesión” de los países capitalistas tras la derrota del fascismo en la II Guerra Mundial y para contrarrestar la influencia de la URSS), ante estos grupos financieros, siempre ávidos de nuevos nichos de negocio, se abría la esfera de los servicios, exigiendo su tajada. A cambio ahí estaban las “puertas giratorias” esperándoles (todos los consejeros de sanidad de la Comunidad de Madrid han acabado en la sanidad privada; el consejero de Andalucía viene directamente de ella) o la oportunidad de algún que otro “pelotazo”, como ha ocurrido con las mascarillas de tan reciente actualidad.
El resultado de esta, por un lado, “inclinación” de nuestros políticos hacia “lo privado” y, por otro, la presión de las empresas del sector está a la vista: “lo privado” se ha comido a lo público”; ¿acaso algún ingenuo podía pensar otra cosa? Ahora ya podemos concluir diciendo que en el sistema capitalista existe un antagonismo entre la existencia de servicios sufragados por el Estado y la de empresas privadas dispuestas a hacerse con dichas prestaciones.
Y hablamos de antagonismo porque si el Estado y demás instituciones gestionan directamente y lo hacen bien, las empresas privadas perderán negocio (además de otras consideraciones como evidenciar que son innecesarias); y al revés, cuando la empresa privada toma en sus manos esos servicios, por la vía de la propiedad o la gestión, inexorablemente dichos servicios se deteriorarán ya que su guía no es el bienestar de los ciudadanos sino el ahorro y el beneficio.
Ahora podemos entender mejor el porqué de las insuficiencias de las movilizaciones en defensa de “lo público”: están tropezando con la misma esencia del sistema capitalista, hacer negocio con lo que sea, una roca muy difícil de mover con el nivel actual de organización y combatividad y, encima, en la mayoría de los casos pensando hacerlo “desde dentro” del propio sistema (desde aquí mi recuerdo-pésame a los de Podemos).
La consecuencia lógica de esta afirmación y de este antagonismo entre “lo público” y “lo privado”, entre servicio y negocio, es que sólo la expropiación de las empresas privadas de servicios (sanidad, educación, agua, electricidad, residencias, limpieza…) y el paso de sus trabajadores e instalaciones al sector estatal podrá superar dicho antagonismo y su postración actual.
Naturalmente, esto es pedir peras al olmo… por el momento. ¿Qué hacer mientras tanto?, ¿nos vamos a nuestras casas a dejar que nos despojen impunemente? No, las movilizaciones en defensa de “lo público” siguen siendo necesarias; entonces, ¿cómo hacer más útiles nuestras luchas contra ese robo del presupuesto que vienen haciendo las empresas privadas?
Como mínimo, nuestras reivindicaciones deben avanzar en la dirección de exigir la “desprivatización” e intentar revertir esa tendencia hacia “lo privado” de nuestros gobernantes. Por tanto, no se trata sólo de defenderse sino de ir atacando la raíz del problema, la propiedad privada de lo que es de todos, añadiendo a nuestras reivindicaciones “defensivas” actuales otras que vayan en la línea de “ni un euro para la privada” o “el dinero de los conciertos para mejorar y ampliar lo público”.
Algunos avances en este terreno ya se ven cuando hay gente que, en sanidad, se niega a ir a las citas en la privada, o cuando se niegan a pagar los “extras” que les exigen las escuelas concertadas. Pero estos son gestos individuales, encomiables pero que a lo máximo que podemos aspirar es a que se generalicen.
También en la lucha vecinal se pelea por retrotraer las externalizaciones de los servicios de limpieza o las residencias. Igualmente en las manifestaciones se empiezan a ver pancartas que se salen de la reivindicación parcial y que la relacionan con la situación general, como “El gasto militar para la sanidad”. Esta sería la dirección, junto con la unidad de profesionales y usuarios, su mayor organización y persistencia en las movilizaciones y su mayor combatividad.