Movimiento obrero. Su brutal situación:
Despidos:
-Avatel Telecom, despido colectivo de 849 trabajadores, el 45% de su plantilla, compuesta hasta ahora por 1.889 trabajadores.
Los trabajadores denuncian: «Hemos pagado los platos rotos tanto de un crecimiento acelerado como de una regulación pensada para abaratar los precios y que se ha olvidado totalmente de las personas trabajadoras».
La compañía alega el ERE por causas económicas, productivas y organizativas.
-Dual Gres echa el cierre definitivo: entra en liquidación al año de presentar concurso de acreedores.
Situada en Onda, Castellón, la empresa de cerámica cierra definitivamente, y deja en la calle a 70 trabajadores tras el ERE de 2023.
Ahora, los demandantes que concurren al procedimiento concursal son Caixabank, Bankinter, Banco Sabadell, Ibercaja, Cajamar, Deutsche Bank, BBVA o Banco Santander. También la Agencia Tributaria, Gas Natural y la Diputación de Castellón.
-Alstom cierra su planta de Madrid y lanza un ERE sobre sus 34 trabajadores.
Los trabajadores denuncian que la empresa ha llevado a cabo «un vaciado» de producción intencionado en la factoría para derivar el trabajo a otros enclaves nacionales y justificar el cierre de la planta y los 34 despidos.
La fábrica de esta multinacional francesa fabricante de trenes se encuentra en el polígono de San Marcos, en la localidad madrileña de Getafe.
-Más despidos en Playmobil, Onil.
Ahora, en el segundo ERE en un año, suman otro expediente de regulación de empleo que afecta a 13 trabajadores más.
Los muñecos de Playmobil ya no se producen desde Alicante. Cerraron su sección de producción en la localidad de Onil en mayo de 2023 y la reconvirtieron en distribuidora logística y departamento de ventas. Costó 26 trabajadores despedidos.
El ensamblaje de los muñecos se hacía en la propia planta, «pero la decoración, inyección y producción de cajas era todo externo». Todas esas acciones que se realizaban fuera, también se extinguieron indirectamente con ese primer ERE.
Desahucios:
-Los fondos buitre son depredadores. Más de 21.000 personas están en peligro de desahucio en Madrid por la especulación inmobiliaria.
El Sindicato de Inquilinos propone que los contratos de alquiler sean indefinidos, de forma que solo se puedan rescindir cuando haya un incumplimiento, como el impago.
Privatizaciones:
-Osakidetza adjudica 5 millones a una consultora sancionada por prácticas colusorias contra el servicio público.
El pasado 14 de mayo, Osakidetza formalizó un contrato valorado en 5.082.000 millones de euros para externalizar otra parte de los “servicios de mantenimiento y evolución de las aplicaciones de gestión”. El procedimiento de la adjudicación fue restringido a una sola empresa, Deloitte, sancionada en 2021 por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC).
La consultora tuvo que pagar una multa de cerca de 4 millones por prácticas colusorias contra la administración pública, entre ellas el propio servicio público de salud vasco.
Pero según el Gobierno Vasco, “no se dispone de personal suficiente” y solamente Deloitte “puede garantizar la experiencia en los servicios solicitados y tiene capacidad para proveer perfiles expertos y con conocimiento para abordar el desarrollo requerido”.
Concretamente estos servicios, que finalizarán en mayo del 2026, habían sido prestados durante 10 años por Everis, a su vez sancionada en 2018 por la CNMC con una multa de 800.000 euros por participar en la creación de otro cártel, en este caso para el suministro de servicios de informática y el tratamiento de datos a la Administración Pública. En total, hasta el momento se han gastado cerca de 6,5 millones en dicha consultora.
Tras una década de externalización, el coste del mantenimiento de las aplicaciones de gestión del Servicio Vasco de Salud asciende a más de 11 millones de euros.
Turismo invasor:
-Los datos de pisos turísticos sin licencia en Madrid revelan la inacción de Almeida frente al «modelo depredador rentista».
Desde el Sindicato de Inquilinas consideran que las propuestas del alcalde son insuficientes y que «las utiliza para mejorar su imagen pública».
Después de casi cinco años en el cargo, José Luis Martínez-Almeida ha anunciado una serie de medidas para atajar la expansión de viviendas de uso turístico (VUT) ilegales en Madrid. El objetivo, según el alcalde, es «equilibrar el mercado de hospedaje en la ciudad». Entre las propuestas destacan la suspensión de las licencias municipales en las zonas más problemáticas, un endurecimiento del régimen sancionador y un refuerzo de la plantilla de 65 inspectores.
Además, el consistorio ha publicado un mapa interactivo en el que muestra la ubicación real y actual de las VUT con licencia en Madrid. Según los datos aportados por el Área de Urbanismo, el 92% (13.502) de los 14.699 establecimientos turísticos que operan hoy en día en Madrid son VUT sin licencia. Tan solo el 8% (941) operan con licencia municipal (contando con los 151 que se encuentran en fase de tramitación).
Lucas Vaquero, miembro del Sindicato de Inquilinas, reconoce que las medidas anunciadas por Almeida indican que «solo quiere mejorar su imagen pública». Además, opina que el Ayuntamiento llega «tarde» con las propuestas, ya que, según Vaquero, «el modelo depredador rentista de turismo se ha convertido en el patrón inmobiliario por excelencia de muchas ciudades».
Sanidad y toxicomanía:
-Robos de fentanilo en hospitales y farmacias.
Del “Ante la alarma creada por dicha sustancia, en España no hay constancia de problema alguno con el uso de esta droga legal en el circuito de hospitales y farmacias. Los expertos descartan una crisis del fentanilo en España”
Al “Osakidetza reconoce «preocupación» por el robo de más de 60 viales de fentanilo en el hospital de Urduliz”. “De nuevo, robos en farmacias buscando opioides sintéticos”.
Del “no hay problema”, a la aparición de cientos de noticias sobre el fentanilo en la prensa española de mayo de 2024.
