Muro de solidaridad y denuncias:
Pablo González Libertad:
-Sigue la campaña de solidaridad y denuncia.
“Pablo González askatu”.
Pancarta en Ondarru, Bizkaia.
Radixu Irratia.
Ley amnistía:
-Juvillà renuncia a la amnistía y anuncia que llevará la condena al Tribunal de Estrasburgo.
El exdiputado de la CUP presenta una demanda contra «el Reino de España» por «vulneración evidente de derechos humanos».
El exdiputado de la CUP en el Parlament Pau Juvillà ha hecho saber el 1 de julio que ha empezado los trámites para renunciar a la aplicación de la ley de amnistía con la voluntad de presentar una demanda contra «el Reino de España» ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH). En su opinión, los tribunales españoles han llevado a cabo una «vulneración evidente de los derechos humanos, políticos y de libertad de expresión» en su caso y «en muchos otros», y por eso ve más adecuado elevar el caso a Estrasburgo. Juvillà fue condenado a seis meses de inhabilitación y a pagar una multa de 1.080 euros por no retirar lazos amarillos de la Paeria, donde era concejal, una pena que ya completó, por lo cual «la amnistía no le causa ningún efecto legal relevante e incluso puede obstaculizar por parte del Estado el ejercicio de acciones que está llevando a cabo para denunciar la vulneración de derechos fundamentales que considera que ha sufrido», han afirmado desde el partido.
El abogado de Juvillà, Carles López, ha señalado que el recurso se ha presentado bajo la premisa que la ley de amnistía «no reconoce la condición de víctimas de vulneraciones de derechos por parte del Estado», y que tampoco repara a las víctimas del agravio sufrido. El objetivo del exdiputado es que el TEDH condene a España por «vulnerar la libertad ideológica y de expresión del independentismo», que comportó también el cese de Juvillà cuando era secretario de la Mesa del Parlament.
«No puede haber desobediencia a una orden injusta»
En declaraciones a los medios delante del Palau de la Justicia de Lleida, Juvillà ha asegurado que se siente «orgulloso» de su decisión de no descolgar los símbolos independentistas, porque era una acción que «buscaba silenciar la existencia de presos políticos». En este sentido, el cupaire ha afirmado que «no puede haber desobediencia a una orden injusta» y ha recordado que en el estado español la separación de poderes no existe. La demanda presentada en Estrasburgo se enmarca en la vulneración de los artículos 9 y 10 de la Convención de Derechos Fundamentales, referentes a la vulneración de su libertad ideológica y su libertad de expresión.
-El Supremo intenta cerrar la vía europea para dejar a Puigdemont fuera de la amnistía.
Tanto la Sala de lo Penal como el juez Llarena descartan que la amnistía atribuida al expresident y a otros encausados sea amnistiable y descartan elevar el caso al Tribunal de Justicia de la Unión Europea, movimiento que en todo caso podrá hacer el Constitucional.
Una decisión política del Supremo contra la amnistía.
El Tribunal Supremo ha anunciado que no amnistiará el delito de malversación por el que está imputado y procesado Carles Puigdemont. El juez instructor del procés y la Sala de lo Penal entienden que el perdón de la ley no alcanza al uso de dinero y medios públicos para impulsar el referéndum de 2017, cerrando al mismo tiempo la puerta a acudir a Europa para que examine la amnistía y su aplicación al caso del expresident catalán. La única opción de que el Tribunal de Justicia de la Unión se termine pronunciando sobre uno de los flecos clave de la ley es que el Tribunal Constitucional sea el que eleve el debate hasta Luxemburgo, algo que solo ha hecho una vez en sus más de cuatro décadas de historia.
Fascismo impune:
-Una jueza absuelve al ultra Miguel Frontera de acosar a Pablo Iglesias e Irene Montero en su casa durante meses.
La sentencia afirma que no hay pruebas de que el ultra, cara visible de las manifestaciones en Ferraz, encabezara las caceloradas y concentraciones en Galapagar para vigilar a los políticos o acercarse a ellos y sus tres hijos pequeños: “Solo querían protestar por la gestión de la pandemia”.
El juzgado de lo penal de Madrid ha decidido absolver al ultra Miguel Frontera de las múltiples acusaciones de haber acosado durante meses a Pablo Iglesias, Irene Montero y sus hijos a lo largo de 2020 en su casa de Galapagar. La sentencia, a la que ha tenido acceso elDiario.es, explica que no hay pruebas suficientes de que la intención de Frontera fue “vigilar” a los dos políticos, “buscar su cercanía física” o directamente establecer contacto con ellos. Otras acusaciones, como las de injurias por los insultos que profería, habrían prescrito según la sentencia aunque haya quedado probado que delinquió.
El juzgado, en su sentencia, asume los argumentos de la defensa de Frontera, ejercida por Polonia Castellanos, presidenta de Abogados Cristianos de que el ruido alrededor de su casa ocurría “antes y después de que el acusado acudiera a las concentraciones”. Según la jueza, en el lugar había “simpatizantes” de Pablo Iglesias que también hacían ruido.
Tampoco le condenan por grabar a Iglesias dentro de su casa subido a una roca cercana a la valla del jardín. “Las imágenes no tienen nada de relevante, tampoco colocó una cámara que grabara de forma continuada, se trata de una única grabación de 10 segundos de duración”, justifica. Tampoco incurrió en coacciones: “Desde el punto de vista familiar solo consta acreditado que vio a los denunciantes un día, separado por una valla, y la vivienda tenía seguridad 24 horas diarias”, explica. Y remata asegurando que los ultraderechistas que se manifestaron durante meses, a diario, en la casa de la pareja lo único que buscaban era “mostrar su malestar, disconformidad y su crítica a la gestión política que se hizo en pandemia”.
Politi-corrupción:
-La pareja de Ayuso pagó medio millón a un alto cargo de Quirón por una empresa que facturaba menos de 30.000 euros.
Alberto González Amador compró en 2020 a la esposa de Fernando Camino esa firma, sin empleados ni apenas actividad, tras ingresar dos millones por mediar en la venta de mascarillas a la gallega Mape, administrada por el mismo directivo de Quirón.
Alberto González Amador, pareja de Isabel Díaz Ayuso, pagó medio millón de euros a Fernando Camino, presidente de Quirón Prevención, su principal cliente estos años, para adquirir una pyme que estaba a nombre de la esposa del ejecutivo y que no tenía empleados, ni casi activos, y que apenas facturaba 30.000 euros anuales.
González Amador pagó cerca de 500.000 euros por esa empresa a finales de 2020. La operación se llevó a cabo poco después de que, en lo peor de la pandemia de coronavirus, la pareja de Ayuso cobrase casi dos millones en comisiones por intermediar en la venta de mascarillas para Mape, firma gallega de la que el directivo de Quirón había sido nombrado consejero meses antes…