Muro de solidaridad y denuncias:
Camisetas Hasél libertad:
-Poquitas unidades disponibles.
Nos informan desde el Catálogo de Materiales, que quedan unas pocas unidades de la camiseta de solidaridad “Libertad de expresión. Libertad Hasel” y otras pocas de “Llibertat d’expressió. Llibertat Hasel”, porque ha salido muy bien su venta solidaria.
Recordad que todo lo recaudado irá destinado a los presos políticos antifascistas.
Durante todo el mes de julio seguirá funcionando con normalidad el Catálogo y el puesto dominical de Tirso de Molina, Madrid.
Represión:
-Disuelta la concentración de solidaridad con el preso político vasco Dani Pastor Alonso.
El 5 de julio la policía vascongada disolvió violentamente la concentración de solidaridad en las fiestas de su barrio Errekalde, e identificó a varios asistentes.
Militantzia politikoaren defentsan, amnistia osoa.
-Nueve años protestando con mordaza.
El 1 de julio de 2015 entró en vigor la reforma de la Ley de Protección de la Seguridad Ciudadana que, según datos de Interior, ha recaudado más de un millón de euros en multas hasta 2022.
Hace una década, en la etapa de la última mayoría absoluta del Partido Popular y tras un trienio de protestas constantes contra la maquinaria de la austeridad, el gobierno de Mariano Rajoy decidió impulsar una reforma de la Ley de Protección de la Seguridad Ciudadana. La narrativa para justificar el impulso de esta normativa legal trataba de enmascarar la limitación de derechos y libertades que ha supuesto su aplicación. Incluso el Ministro del Interior responsable de la reforma, Jorge Fernández Díaz —hoy inmerso en varios procesos judiciales por el uso de las instituciones policiales con fines políticos—, llegó a afirmar en el programa Salvados que “si usted me dice una libertad o un derecho que recorte, estoy dispuesto a retirarme inmediatamente de la política”. Una apuesta pública que, por supuesto, nunca cumplió, a pesar de que, desde su tramitación parlamentaria, fueron muchas las voces que alertaron del impacto que iba a tener para los derechos de la ciudadanía.
Nueve años después de su entrada en vigor, el balance para las organizaciones que defienden los derechos humanos es tajante: “Lo que hemos visto y lo que estamos presenciando y documentando a diario es un retroceso de nuestros derechos y nuestras libertades, de todos los derechos civiles y políticos que se estructuran alrededor de lo que se entiende y utilizamos como derecho a la protesta”, sentencia Cèlia Carbonell, del centro Irídia. “Hemos constatado un impacto grave para el ejercicio de derechos fundamentales básicos como son la libertad de reunión pacífica, de expresión y de información”, secunda Escaño, de A.I..
La mordaza que silencia y acalla a muchísimos
Dos artículos que han tenido especial impacto, el 36.6, que es el que ampara las sanciones por resistencia, desobediencia o negativa de identificarse y el 37.4, que penaliza las faltas de respeto a la autoridad. Según los datos del Centro Iridia, estas son las dos infracciones que más se han utilizado tras las relativas al consumo de estupefacientes, e implican el 77% del restante de las infracciones.
También el lenguaje empleado en el redactado de la ley mordaza, que “es totalmente amplio y poco definido, lo que se traduce en una aplicación arbitraria, desproporcionada”. Desarrolla con que “los propios artículos se han interiorizado de tal manera por parte de la policía para tratar de generar un efecto de desmovilización o de hacer que las personas se lo piensen dos veces a la hora de hacer una cosa tan normal como fotografiar en el espacio público un abuso policial, y eso es algo que también afecta al colectivo de periodistas”.
Sobre si se puede o no grabar a la policía, aún circula bastante el mito de que es ilegal, pese a que el Tribunal Constitucional ya se pronució en 2020 negando este extremo y reafirmando su legalidad.
“Aquí el policía es juez y parte de la sanción y luego tú ya tienes que recurrirla por la vía administrativa y, en caso de querer persistir por la vía judicial, te toparás con la presunción de veracidad de quién te ha multado”.
–https://www.elsaltodiario.com/burorrepresion/nueve-anos-protestando-mordaza
Social-fascismo:
-La ley mordaza y la de secretos oficiales, grandes ausentes en el anuncio de Sánchez de su plan de ‘regeneración democrática’.
Una reforma de la ley de publicidad institucional y cambios sobre el derecho al honor y la rectificación en medios de comunicación. A esos temas se limita, por el momento, lo que se conoce del plan de «regeneración y calidad democrática» que pretende impulsar Pedro Sánchez.
De derogación de la ley mordaza, de abrir secretos oficiales que tanta y tanta guerra sucia y terrorismo de Estado ocultan, nada de nada.
Asuntos enquistados, promesas no cumplidas
Las dos cuestiones son asuntos enquistados desde que llegó Sánchez a Moncloa. Y más especialmente desde la primera coalición entre PSOE y Unidas Podemos. Reformar la ley mordaza “estuvo cerca”. Tras meses y meses de negociaciones, finalmente la propuesta consensuada de reforma entre PSOE y UP decayó en el Congreso en marzo de 2013. La negativa de ERC y EH Bildu, por considerar que no eliminaba los aspectos más lesivos, dio al traste con los planes del Gobierno.
Tras las elecciones generales del 23J, el nuevo acuerdo de coalición entre PSOE y Sumar volvió a incluir una referencia a esta ley. «Reformaremos, y derogaremos, aquellos aspectos de la normativa vigente que limita los derechos de reunión y libertad de expresión (la ley mordaza y el Código Penal). En concreto, garantizaremos el ejercicio del derecho a la libertad de expresión y reunión pacífica. Introduciremos un sistema de sanciones restaurativas y reparadoras, que contemple la capacidad económica de los sancionados».
Nunca se ha movido ni una línea. El 17 de julio, según ha anunciado el propio Sánchez presentará en el Congreso de los Diputados el plan de «regeneración y calidad democrática» y, a partir de ahí, se tratarán de consensuar las medidas con el resto de grupos parlamentarios. Ley Mordaza y Secretos oficiales, intocables.