Muro de solidaridad y denuncias:
Presos políticos enfermos, libertad ya:
-Seguimos denunciando la situación de los presos políticos antifascistas enfermos y mayores, a los que el Estado quiere exterminar en prisión por no bajar la bandera de la lucha por nuestros derechos y libertades.
Solo nuestra lucha y solidaridad podrá impedirlo.
*Cartelón fiestas de la Karmela en Vallekas.
¡Libertad presos políticos enfermos! El tiempo se agota.
Mónica Refoxos Pérez, M.ª José Baños Andujar, Lucio García Blanco, Manuel Pérez Martínez, libertad ya.
Criminalización:
-Nueva sentencia confirma absolución de Cubainformación y Euskadi-Cuba.
En una nueva sentencia, la Sección número 30 de la Audiencia Provincial de Madrid ha confirmado el fallo absolutorio de José Manzaneda, periodista y coordinador del sitio digital www.cubainformacion.tv y de la representación legal de la Asociación Euskadi-Cuba, emitido el 19 de febrero pasado por el Juzgado de lo Penal 31 de Madrid, en la querella presentada contra ambos por Javier Larrondo, presidente de la organización anticastrista Prisoners Defenders.
Este pedía para ambos seis años de cárcel y una cantidad cercana a los 100 mil euros entre indemnizaciones y multas, por un delito de injurias, calumnias e incitación al odio, a raíz de la publicación, el 5 de octubre de 2020, del trabajo periodístico titulado “Crear una crisis sanitaria en Cuba, objetivo de la guerra contra su cooperación médica”.
Tras la primera sentencia absolutoria que, además, condenó al querellante al pago parcial de las costas por “temeridad”, al acusar a Euskadi-Cuba por injurias y calumnias, cuando una persona jurídica no puede legalmente cometer tales delitos, tanto Larrondo como Manzaneda y Euskadi-Cuba presentaron recursos de apelación. El primero, disconforme con la absolución y reafirmando su petición de prisión y pago económico, los segundos solicitando el pago total de costas por el querellante.
Esta segunda sentencia confirma íntegramente el primer fallo, y reitera los elementos esenciales de la argumentación del juez.
Recordemos que el reportaje antes citado denunciaba el papel de Prisoners Defenders como colaborador directo de la política del Gobierno de EEUU en contra de los programas de cooperación médica cubana en el mundo, para eliminar o reducir los ingresos que obtiene el Ministerio de Salud Pública de Cuba a partir de ciertos convenios médicos, que sirven para sostener el sistema sanitario de la Isla.
El trabajo firmado por José Manzaneda, en una primera versión, calificaba a Javier Larrondo, presidente de Prisoners Defenders, al igual que a Donald Trump y al senador de ultraderecha por el estado de Florida Marco Rubio, como “criminal de guerra”. En el juicio, el periodista explicó que la expresión -retirada al de pocos días de su publicación por motivos de estilo- hacía referencia a la “guerra contra la cooperación médica”, tal como indicaba el propio titular del reportaje, enmarcada a su vez en la guerra no convencional, híbrida y económica de EEUU contra el pueblo cubano, dado que estaríamos en presencia de una de las manifestaciones del bloqueo económico aplicado sobre Cuba: la destrucción de sus ingresos para la salud pública.
El querellado, el periodista José Manzaneda, volvió a denunciar que la presentación de la querella fue una “forma de persecución del periodismo crítico que realiza Cubainformación, con la intención incluso de encarcelar a un periodista por un simple artículo periodístico, por quien se presenta como un `defensor de los derechos humanos´, cuando no lo es”.
Recordó, además, la utilización mediática del juicio por parte de Javier Larrondo y Prisoners Defenders, gracias a la complicidad de medios que publicaron notorias falsedades contra Euskadi-Cuba y Cubainformación, sin relación alguna con la querella. El diario ABC, por ejemplo, reprodujo partes de un comunicado de Prisoners Defenders, como los siguientes: “el Gobierno vasco riega con fondos europeos a la asociación Euskadi-Cuba para minar instituciones y desestabilizar”; estos fondos están “destinados a minar Europa y sus instituciones” o “el objetivo de esa asociación es desestabilizar Europa y España”. El Nuevo Herald de Miami publicó la acusación de Prisoners Defenders de que Euskadi-Cuba se estaría nutriendo de “fondos de cooperación” para “labores de inteligencia” cubana.
Centros acogida de menores:
-Las deficiencias de los centros de acogida de menores de Ayuso.
Un polvorín entre la saturación y vigilantes sin cualificar.
Jóvenes compartiendo colchón en los pasillos de algunas residencias; personal de seguridad de empresas condenadas por explotación laboral y que dejan sin protección a educadores y chavales; presupuestos a la baja: esta es la radiografía de los centros de menores en Madrid.
El abaratamiento de los costes en el servicio de acogida a menores extranjeros no acompañados (MENA) y, en general, de niños y niñas tutelados por la Comunidad de Madrid prima sobre aspectos como la seguridad y los recursos para su integración.
La saturación en la Residencia de Primera Acogida de Hortaleza, con 35 plazas pero que estos momentos está ocupada por más de 100 menores, ha provocado la inédita apertura de un expediente por parte de la Fiscalía de Madrid para analizar la situación del centro.
Es la primera vez que el Ministerio Público toma cartas en el asunto en relación con la residencia de Hortaleza, en el barrio madrileño de Canillas. Este lugar es, en realidad, un centro de emergencia donde son destinados los chicos de entre 14 y 18 años con graves situaciones familiares y personales; y también jóvenes que han llegado a España huyendo de la guerra y del hambre y han cruzado mares y desiertos sin más compañía que la de otros chicos como ellos.
«En Hortaleza se sobrevive, no es el lugar idóneo para estos jóvenes que llegan con estrés postraumático», y describen un panorama desolador en la residencia, donde un centenar de jóvenes comparten cama y colchones en los pasillos, baños y recursos destinados para 35 personas. En cuanto al personal, en estos momentos las bajas laborales rondan el 60% debido a las pésimas condiciones de trabajo que soportan educadores y técnicos.
El desmantelamiento del sistema público de acogimiento a menores que desde 2022 viene realizando el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso, ante las exigencias de Vox, ha provocado que en estos momentos la inmensa mayoría de las 1.800 plazas que existen en la región para estos menores procedan de centros privados con concierto público; es decir, de la externalización del servicio.
En otra residencia para adolescentes migrantes no acompañados, el centro Vista Alegre en la capital, las cosas han empeorado desde que el pasado mes de abril el Gobierno de Ayuso adjudicara la seguridad del centro a la empresa Alcor Seguridad, condenada por la Audiencia Provincial de Lugo por vulnerar los derechos de los trabajadores.
La situación creada a raíz de que esta empresa gallega se hiciera con la licitación para la seguridad de Vista Alegre y de la residencia infantil Vallehermoso es lamentable, describe una educadora del centro de adolescentes que recuerda que esta empresa se hizo con el concurso «ofreciendo precios bajos».
Pero la realidad es que tres meses después de que Alcor ganara el concurso público, el personal que envía al centro a menudo «no está cualificado para trabajar con menores, mucho menos con niños y adolescentes migrantes no acompañados», cuya situación de vulnerabilidad es todavía mayor. «Muchos de ellos trabajan en seguridad de obras, organismos, etc. y no están preparados para el trabajo con menores vulnerables»…