Movimiento obrero. Su brutal situación:
Esclavismo laboral:
-Detenidos 13 esclavistas de una banda por explotar a personas migrantes, que operaba entre Albacete y Murcia.
Se les explotaba laboralmente, ya que la organización aprovechaba la situación de vulnerabilidad de los migrantes para obligarles a extenuantes jornadas de trabajo y aplicarles múltiples deducciones ilícitas de su nómina quedando el salario en apenas 200 euros mensuales.
Se han detectado más de 300 casos en los últimos tres años. No solo se les explotaba laboralmente, sino que la organización delictiva hacía negocio con los alojamientos y les obligaban a firmar documentos que incluían contratos de servicios bancarios o de telefonía para obtener comisiones.
Detenidos 13 esclavistas e investigados otros seis. Pertenecían a una organización criminal internacional que, a través de procesos de contratación en origen (contingentes GECCO) favorecía presuntamente la inmigración irregular así como la explotación laboral, falsificación de documentos mercantiles, estafas y fraudes a compañías de seguros y en subvenciones públicas.
La organización criminal, tenía una amplia estructura con funciones diferentes. Contaban con asesoramiento jurídico, captadores en Senegal y Marruecos y gestores de los contingentes en España, mientras los cabecillas también ejercían de “facilitadores” en tales países a través de una intachable reputación ante las autoridades públicas.
Los agentes, han podido constatar el presunto cobro de comisiones ilícitas a migrantes-trabajadores de contingentes de Senegal y Marruecos y su posterior explotación laboral en una gran empresa agrícola de Hellín (Albacete), además de otras actividades que daban cobertura tanto a la explotación laboral como a diversos fraudes en subvenciones y seguros agrarios.
En la primera fase de esta operación se han realizado tres registros en la localidad de Hellín (Albacete), y otro en Alhama de Murcia (Murcia), donde se incautó abundante documentación, material informático y tecnológico, así como productos financieros entre los que destacan el bloqueo de 15 cuentas bancarias.
En varios medios.
-Agravio comparativo: Ni un solo nombre de los 13 implicados en el brutal esclavismo, de las empresas explotadoras, etc. Imaginaros que fuese al revés, que los esclavos habrían secuestrado a los esclavistas. Sabríamos nombres, detalles personales, etc.-
Huelgas:
-Las trabajadoras de Madrid en Calle convocan una huelga indefinida contra Grupo 5.
La huelga arrancó el día 5 de julio tras asamblea con 37 votos a favor de una plantilla de 44 trabajadoras.
Exigen el cumplimiento por parte de la empresa de los acuerdos firmados entre RR.TT y RR.EE. Reconocimiento de la sección sindical, ampliar los derechos en un sector altamente precarizado como es el de la Intervención Social, y mejorar la accesibilidad a los derechos adquiridos. Reconocimiento de categoría profesional de los Auxiliares de EECC/PUE.
Despidos:
-«No al ERE en Argea Consultores y en Punto de Encuentro. Basta de precariedad en la arqueología»
Los trabajadores de ambas empresas, a través de las secciones sindicales creadas y desde una vía de diálogo abierta, pedían el reconocimiento de las categorías profesionales, el cumplimiento del convenio en materia de retribuciones económicas y un lugar de trabajo digno, higiénico y seguro.
No obstante, la respuesta de los empresarios ante estas quejas, justificadas y reconocidas por ellos mismos, es un proceso de E.R.E. alegando motivos económicos y técnicos, queriendo despedir a 19 trabajadores (14 auxiliares de Arqueología, 4 técnicos de Arqueología y un oficial de segunda), de un total de 37 trabajadores dados de alta en la Seguridad Social.
A la precariedad predominante en el sector de la Arqueología hay que sumarle la temporalidad de los trabajos.
Desahucios:
-Vecinos organizados frenan el desahucio de una madre que dio a luz hace diez días.
La «fuerza de la clase trabajadora organizada» en el Sindicat Habitatge Casc Antic y Resistim al Gòtic frenan el desalojo de Sharon y sus dos hijos.
Sharon y su pareja iban a ser desahuciados el 4 de julio junto con sus dos hijos. Tan solo diez días después de parir y con otra criatura de tres años a cargo, la vecina de 28 años enfrentaba su segunda orden de desalojo. La calle del Tragí, ubicada en el casco antiguo de Barcelona, iba a ser testigo de la expulsión de una familia a la calle, pero finalmente ha contemplado como la organización de los vecinos en torno a los sindicatos de la vivienda ha frenado las pretensiones del especulador y ha salvado cuatro vidas.
Sin alternativa habitacional y a manos de un gran propietario que amasa 14 viviendas en la ciudad condal, la mañana amenazaba con dar el golpe definitivo a la familia, que sufre la precariedad y la extrema vulnerabilidad desde hace tiempo. Ni la denuncia presentada ante el defensor del pueblo catalán, ni su extrema vulnerabilidad acreditada, ni la supuesta suspensión de los desahucios, ni la ley de vivienda de Cataluña. Nada ni nadie ha protegido a esta familia en una situación de precariedad y exclusión total, por lo menos no dentro del sistema. Al margen de la inoperante administración, los sindicatos de la vivienda, Resistim al Gòtic y el Sindicat Habitatge Casc Antic, han resistido junto a dos padres jóvenes y sus dos hijos menores con sus cuerpos y conciencia de clase como únicas armas.
Contra un gran propietario
Poco le importaba al multipropietario que la familia fuese estafada por la anterior inquilina del inmueble, que se hizo pasar por la dueña del inmueble y ofreció a Sharon un alquiler a cambio del mes en curso y otro de fianza. Dos semanas después, a la puerta llamaban las malas noticias. La impostora acumulaba una deuda de 12.000 euros con el gran tenedor, que ahora le reclama la cantidad a las víctimas de la estafa a las que quiere expulsar para seguir especulando con la vivienda.
El dueño del inmueble, con un expediente sancionador abierto por incumplir la obligación de ofrecer un alquiler social establecida en la normativa catalana, decidió ignorar la petición de Sharon de abonarle un alquiler.
El juez tampoco atendió a ley catalana que establece la obligatoriedad de que los grandes tenedores oferten un alquiler social a inquilinos que puedan acreditar su vulnerabilidad ni al informe médico de Sharon, que establece 40 día de reposo tras su embarazo. Tampoco el propietario a la propuesta del Ayuntamiento de Barcelona, que ofreció al dueño un contrato y que el inmueble se incluyese en la bolsa municipal.