Muro de denuncias:
Guerra sucia:
-La Ertzaintza recluta confidentes para vigilar a migrantes tutelados en los centros de menores.
Un colaborador de la Oficina Central de Inteligencia de la Policía vasca ha desvelado ante la Audiencia Nacional un método para controlar menores extranjeros no acompañados, residentes en centros de las diputaciones forales, que reproduce los bulos de VOX sobre la captación de jóvenes musulmanes para la yihad.
Criminalizados durante décadas por los distintos gobiernos conservadores del PP, a quienes han vinculado incesamente con la inseguridad ciudadana, el Estado español acoge actualmente a 13.654 jóvenes conocidos como Menores Extranjeros No Acompañados (MENA), a saber, quienes han sufrido algún tipo de violencia o exclusión durante su vida. De ellos, 795 viven en Euskadi, que debía haber acogido a 17 más en 2023. No obstante, junto a otras once comunidades, nunca recibió a estos jóvenes, aunque existiera una línea de financiación para ello.
Ahora en el punto de mira de la formación de ultraderecha Vox debido a la “amenaza del islamismo” que provoca el “evidente proceso de radicalización de menores musulmanes”, este colectivo ha sido durante décadas el blanco de titulares sensacionalistas, algaradas racistas ciudadanas y acoso policial, llegando incluso a ser el banco de pruebas para la privatización de los servicios públicos y convirtiendo a un puñado de ellos en carne de cañón para la cárcel de menores ubicada en Zumarraga. Recientemente, la Ertzaintza se ha sumado a esta campaña de acoso a los jóvenes.
La policía vasca ha estado llevando a cabo tareas de investigación en centros institucionales para los jóvenes tutelados con el “objeto de realizar una identificación temprana de menores que puedan estar incursos en procesos de radicalización y poder trabajar en la necesaria respuesta frente a los mismos”.
Así se desprende del informe del Jefe de la Inteligencia Criminal de la Ertzaintza, fechado el 27 de diciembre de 2018, que ha entregado un ciudadano con nacionalidad marroquí a la Audiencia Nacional. En este documento se recoge su participación “en el grupo de trabajo con menores y las actas de manifestaciones de diversos miembros del equipo educativo del centro” ocurridas desde junio de 2018 bajo la dirección de la Oficina Central de Inteligencia de la Ertzaintza.
La Audiencia Nacional ordenó en abril la expulsión del Estado español y la prohibición de entrada al territorio durante diez años del expresidente de una asociación de argelinos, residente en Gasteiz y a su vez confidente de la Oficina Central de Inteligencia (OCI) de la Ertzaintza, debido a que estaba considerado por la Policía Nacional como un colaborador del DAESH. Aunque había sido condenado a cinco años por la Audiencia Nacional, el Tribunal Supremo lo absolvió de todos los cargos en 2021, tras un juicio en el que una responsable de la OCI de la Ertzaintza declaró en su favor y dio cuenta de algunas de sus misiones.
La actuación policial de infiltrar a un confidente no se puede entender sin la última década de políticas de criminalización a los menores no acompañados. En 2015, el Gobierno Vasco elaboró un Plan Estratégico Contra el Islamismo Radical (PECIR) con el fin de tener controlados “aquellos individuos que pueden estar sufriendo un proceso de radicalización”. La estrategia fue anunciada como una herramienta para el “diagnóstico certero y ajustado a la realidad de la comunidad musulmana asentada”, aunque no mencionaba ninguna actuación sobre centros de menores.
Sin embargo, meses después, durante una reunión con alcaldes de Araba, miembros de la Oficina Central de Inteligencia de la Ertzainza describieron al colectivo de “Menores Extranjeros No Acompañados (MENA)” como “un claro grupo de riesgo”, al dar por “contrastado” que “corren peligro de captación, porque algunos no se adaptan a nuestra sociedad y buscan victimizarse”.
Posteriormente, dentro del marco de seguridad pública europea, la Ertzaintza comenzó a colaborar en el programa PREPARE, desarrollado para vigilar a los hijos e hijas de familias islamistas. Así, en 2017, la Ertzaintza ya había puesto en marcha un plan para la identificación temprana de procesos de radicalización de menores y jóvenes que se encuentran tutelados por las instituciones. En la actualidad, este plan cuenta con un “aula permanente contra la radicalidad, que imparte formación en centros de menores”.
Durante ese año, también se fijaron las bases para la criminalización mediática de los menores extranjeros no acompañados con titulares sensacionalistas como “La Ertzaintza investiga la entrada masiva de menores no acompañados en Bizkaia” (Noticias de Gipuzkoa), “Las mafias saturan los centros vascos de menores extranjeros” (El Mundo) o la infinidad de notas de prensa policiales publicadas desde entonces en las páginas de El Correo…
Los datos de SOS Racismo señalan que el 30% de los menores no acompañados relataron haber recibido insultos por parte de la Ertzaintza y el 24% afirmó haber sufrido “alguna agresión” policial…
Más Madrid y nazis:
-Más Madrid confirma que Triple A, la empresa vinculada con el fascismo y Desokupa, se encargó de la seguridad de su carroza en el Orgullo LGTBI.
Se quitan la responsabilidad, pero no dan el nombre de la agencia subcontratante y ocultan que ya lo sabían.
Fuentes del partido se quitan la responsabilidad alegando que contrataron a una empresa que fue la que subcontrató los servicios de los fascistas de Triple A: “La empresa Triple A no fue contratada por Más Madrid, sino que sus empleados fueron subcontratados por otra empresa de seguridad sin nuestro conocimiento ni autorización”.
Cabe recordar que servicios de seguridad de otras entidades participantes en el Orgullo ya avisaron a Más Madrid el año pasado de los vínculos de Triple A Control con movimientos neonazis madrileños.
Triple A Control es una empresa de seguridad de Móstoles cuyo CEO es Andrés Pascual, un militante de la ultraderecha que luce simbología nazi y que en sus redes sociales lanza mensajes que defienden el golpe de Estado de 1936, discursos antifeministas, contra las personas LGTBI y a favor del acoso que sufrieron Pablo Iglesias e Irene Montero en su vivienda en 2020.
Andrés Pascual es también amigo y “camarada” de Daniel Esteve, fundador de Desokupa, la organización neonazi que expulsa de sus viviendas, mediante la violencia y sin orden judicial, a familias sin alternativa habitacional.
La propia empresa que se ha encargado de la seguridad de la carroza de Más Madrid en el Orgullo LGTBI tiene un departamento de “desokupación legal” que se promociona en su web como “rápidos, eficientes y completamente legales”.
A preguntas de Diario.Red, Más Madrid no ha querido facilitar el nombre de la empresa con la que supuestamente contrataron el servicio de seguridad de la carroza del Orgullo y que habría subcontratado los servicios de Triple A Control.