Movimiento obrero. Su brutal situación:
Cierre y despidos:
-Heceygo cierra, 30 despidos.
La plantilla de Heceygo, en Jundiz, Vitoria, inició una huelga indefinida el pasado 26 de junio para protestar por el cierre de la empresa.
La dirección ha presentado un ERE de extinción para las 30 personas (15 trabajadores y 15 trabajadoras) que trabajan en esta empresa de pintado industrial de vehículos.
En 2021 fue comprada por la actual dirección, que la cierra pese a los beneficios obtenidos en los últimos 3 ejercicios, «que ascienden a 1,9 millones de euros» y a que la actividad «cada año era más rentable».
El 12 de julio fue el último día que hubo entrega de pedidos.
Vivienda, derecho inalienable, nunca un negocio:
-Madrid: Novecientas inquilinas se declaran en “huelga de alquileres” contra las cláusulas abusivas del fondo buitre Nestar-Azora.
Confían en seguir sumando apoyos entre las más de 8.000 inquilinas que han sufrido incrementos de renta ilegales por parte del mismo propietario y que se sumen a la huelga contra Nestar. Exigen una negociación colectiva y amenazan con llevar al fondo buitre a los juzgados.
Hace tres meses, un centenar de inquilinas e inquilinos del bloque situado en C/ Martín Muñoz de las Posadas, 7, en Villa de Vallecas, comenzaban a organizarse y a plantar cara contra las subidas de alquiler ilegales. Sus motivos eran muy claros: un contrato lleno de cláusulas abusivas y un ruinoso estado de mantenimiento del edificio por parte de su propietario, Nestar, la gestora de las viviendas, propiedad del fondo buitre Azora, el tercer mayor casero de España.
Desde el Sindicato sabíamos que era importante generar un conflicto colectivo ante los abusos de Nestar y se ha hecho un gran esfuerzo a través de brigadas inquilinas y de organizar bloque a bloque. Desde entonces, más de 900 residentes en diez bloques gestionados por el mismo fondo buitre en Parla, Móstoles, Pinto, Villaverde, Carabanchel y Vallecas se han puesto en contacto con el Sindicato de Inquilinas para sumarse a la lucha iniciada en Martín Muñoz de las Posadas. A pesar de que su número se ha multiplicado por nueve en los últimos meses, confían en seguir sumando nuevos hogares afectados entre las más de 8.000 familias que viven en pisos gestionados por el fondo Néstar-Azora.
Comparten un problema común: al llegar el tercer año de contrato, se activan unas cláusulas abusivas por las que la propiedad impone una subida muy superior al 3% anual previsto en la Ley de Arrendamientos Urbanos; como resultado, los alquileres se firman inicialmente por unos 900 euros, pero al cabo de tres años el precio ronda los 1.600 euros en algunos meses. Una fórmula que ya fue declarada ilegal a consecuencia de las demandas interpuestas por el Sindicato de Inquilinas de Cataluña y que, no obstante, Nestar-Azora sigue aplicando en toda la Comunidad de Madrid. Y no sólo a sus propiedades: dos de los bloques son de propiedad pública y gozan, en teoría de alquileres protegidos y limitados; pero su gestión ha sido cedida al Nestar-Azora por los ayuntamientos de Pinto y Parla.
Apoyadas por el Sindicato de Inquilinas, estas familias anuncian en una rueda de prensa que se declaran en “huelga de alquileres”…
-Una gestora intenta vaciar un edificio de Madrid donde viven 46 familias y una octogenaria que sufre un grave cáncer.
La nueva administradora de la finca notificó hace unos meses a los vecinos de General Lacy 22 que no renovarán sus contratos de alquiler y tendrán que abandonar el inmueble próximamente, dejando en la calle a alrededor de cien personas sin alternativa habitacional. Sospechan que se trata de una maniobra para convertir los pisos en alojamientos de corta estancia.
En el primer escrito que llegó a General Lacy 22 no constaba ninguna información sobre la nueva administración, ni siquiera aparecía su nombre. La misiva solo explicaba que los dueños del edificio, la familia Campos Cebrián, delegaba a partir de ese momento las funciones administrativas del bloque en una gestora inmobiliaria. En la carta les remitían a un teléfono y un email para “trasladar sus incidencias y consultas”, a través de los que, después de mucha insistencia, consiguieron descubrir quién había detrás de todo esto: Savills, una compañía inmobiliaria presidida por el empresario Santiago Aguirre, hermano de la expresidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre.
Desde entonces, la comunicación con la nueva gestora ha sido mínima. Algunos vecinos han sufrido recales, goteras, roturas y humedades que han sido totalmente desatendidas y que han llevado incluso a que una de las inquilinas abandone su vivienda por las condiciones insalubres en las que se encontraba el inmueble. Las reparaciones de las casas han corrido durante todos estos meses a cargo de los vecinos, ya que desde la inmobiliaria les daban largas.
Los más de cien vecinos que habitan en este bloque de pisos han sido ignorados durante meses por la gestora, hasta que hace unas semanas varios de ellos comenzaron a recibir burofaxes en los que les notificaban que sus contratos de alquiler no serían renovados y a partir de su fecha de finalización deberían abandonar la vivienda. En la carta no especificaban ningún motivo y se remitían en todo momento a la voluntad de los dueños del edificio. De nuevo, la única forma de contactar con ellos era a través de un email al que escribieron en repetidas ocasiones sin recibir respuesta. “Desde el primer momento han aplicado la ley del silencio”…
-Frenan el desahucio de una familia vulnerable en Lavapiés cuyo casero «tiene 27 viviendas».
El desalojo de Zohra, su marido y su hijo de ocho años se ha pospuesto una semana «por falta de efectivos policiales y la cantidad de gente concentrada» para pararlo, según ha informado el Sindicato de Inquilinas de Madrid.
La organización popular ha logrado contener el desahucio de Zohra, su marido y su hijo de ocho años el 16 de julio en el barrio madrileño de Lavapiés. A pesar de haber presentado «toda la documentación que acredita que son una familia vulnerable», con la esperanza de suspender el desalojo bajo el amparo del Real Decreto vigente contra este tipo de expulsiones, el juez había mantenido la orden.
La cantidad de gente concentrada en solidaridad con la familia y en contra del desahucio obligó a aplazar el desalojo.
Educación pública:
-Las calles hablan. Pancarta:
“Si apoyaran a los profesores como a la Selección seríamos campeones en educación”.