Muro de solidaridad y denuncias:
Libertad Pablo Hasél:
-Carteo de Hasél con Хосе Гонсалес Лопес.
Carta de respuesta de Pablo a un compañero en Rusia. Y propuesta de allí para escribir a Hasél.
Lectura de la carta, canciones…
15 minutos:
–https://www.youtube.com/watch?v=W5qot5clY5k&t=3s
Terrorismo de Estado:
-La última excusa de Interior para ocultar cuántos policías ha infiltrado en los movimientos sociales.
El Ministerio del Interior asegura ahora ocultar esta información para proteger a los ciudadanos porque publicarla ocasionaría «cazas de brujas» y «persecuciones injustas y desmedidas» dentro de organizaciones sociales.
El pasado mes de septiembre el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno (CTBG) resolvió que el número de policías que se han infiltrado en movimientos sociales debe ser público. El organismo, que se encarga de velar por el cumplimiento de la ley de transparencia, asegura que el Ministerio del Interior debe revelar ese dato desglosado anualmente. Casi un año después, el departamento dirigido por Fernando Grande-Marlaska sigue dando excusas para ocultar la información.
Después de la resolución del CTBG, Interior aseguró que no sabía qué se puede considerar y qué no movimientos sociales para defender que no podía dar el dato solicitado. Así, a pesar del posicionamiento claro del Consejo tras una reclamación que había solicitado la información, Interior siguió ocultando los datos.
Tras esa afirmación del ministerio, Público realizó otra solicitud de información. En esta nueva petición, hecha también en base a la ley de transparencia, este medio solicitaba el número de policías infiltrados cada año, pero «en movimientos, grupos, bandas u organizaciones de cualquier tipo o índole», no solo en movimientos u organizaciones sociales. Así, el ministerio no debería tener problema para discernir cuántos policías se han infiltrado en movimientos sociales y cuántos, en otro tipo de organizaciones, ya que no sería necesaria esa labor.
A pesar de ello, Interior ha vuelto a denegar la solicitud y asegura que entregar la información podría desembocar en «cazas de brujas» y «persecuciones injustas y desmedidas» dentro de las organizaciones sociales que pudieran sospechar haber sido víctima de infiltraciones de policías. Así lo ha defendido el propio ministerio ante el Consejo de Transparencia, después de que Público haya reclamado también la negativa de Interior a entregar la información ante esta última solicitud.
El ministerio asegura, en sus alegaciones ante el Consejo de Transparencia, en las que defiende su negativa a entregar la información, que estas «cazas de brujas» y «persecuciones» tendrían consecuencias «en muchas ocasiones» para los miembros de «las organizaciones sociales que se considerasen pudieran ser objeto de investigación». Todo ello, según Interior, podría perjudicar «gravemente a los ciudadanos que libremente se organizan en cualquier ámbito de la vida social, llegando incluso a sufrir consecuencias legales o laborales sin motivo justificado».
A pesar de la ocultación por parte de Interior, es público que en los últimos años ha habido al menos ocho policías que se han infiltrado en movimientos sociales. Este recuento se puede realizar gracias a los casos que han ido destapando varios medios de comunicación, como El Salto, La Directa o elDiario.es.
Interior impide a la ciudadanía conocer si esos ocho casos están cerca del total o si son solo la punta del iceberg.
Tras la resolución del Consejo de Transparencia que estimaba la reclamación de Público, Izquierda Unida preguntó en el Congreso por qué no se había cumplido con la misma y, de nuevo, por cuántos policías se habían infiltrado en este tipo de organizaciones. Interior se negó a revelar la información también ante estas preguntas parlamentarias.
En aquella ocasión, igual que tras la primera solicitud de Público, Interior se basó en distintos acuerdos del Consejo de Ministros que declaran determinada información de la Policía como clasificada. Esos acuerdos se toman en base a la ley franquista de secretos oficiales, vigente aún a día de hoy…
Nacional-catolicismo:
-Víctimas de abusos de la Iglesia, criminalizados.
Luis Felipe Gómez, abogado: “Las víctimas de abusos sienten que la Iglesia no solo cuestiona la verdad, sino que les pisotea”
Los obispos publicaron datos personales de 45 víctimas de pederastia, vulnerando la Ley de Protección de Datos.
El letrado que representa a quienes han denunciado a los obispos por “revelación de secretos” no cree que haya sido “un mero descuido” la aparición de datos personales de los casos de agresión sexual: “Se nos hace muy difícil pensar que todo haya sido un error de la Conferencia Episcopal”.
En julio, nueve víctimas de abusos sexuales a menores en la Iglesia española, en representación de alrededor de medio centenar de afectados, presentaron una denuncia contra la Conferencia Episcopal (CEE), y contra el bufete Cremades & Calvo-Sotelo por revelación de secretos, encubrimiento y deslealtad profesional. ¿La razón? La filtración de datos personales de varias víctimas durante el caos que se produjo en diciembre entre la entrega de la famosa auditoría encargada por los obispos al bufete y la decisión de la CEE de no hacerla pública, emitiendo en su lugar dos notas de prensa con un informe, Para dar luz, que se ha demostrado repleto de fallos y con fugas en la privacidad de los supervivientes de la pederastia eclesial.
La demanda, de hecho, se ha ampliado a algunos de los hipotéticos responsables de dicha filtración, desde el jefe de prensa de la CEE, Josetxo Vera, al vicesecretario de Asuntos Económicos, Fernando Giménez Barriocanal, pasando por el antiguo socio de Cremades, y actual director de Compliance de la Casa de la Iglesia, Alfredo Dagnino. El abogado de las víctimas, Luis Felipe Gómez, lamenta cómo, de nuevo, las víctimas “sienten que se las pisotea, que se las maltrata, que no solo se cuestiona la verdad sino que se las trata como si fuesen un trapo viejo y sucio” por parte de la institución, al tiempo que no considera “creíble” que todo se deba a un “mera descuido”. Por ello, reclaman responsabilidades civiles y penales a todos los implicados.
Entrevista:
Politi-vividores:
-Núria Riera: Dos sueldos públicos y un “dudoso” 175% de dedicación.
La popular Núria Riera ejerce de portavoz del Grupo Popular en el Consell de Mallorca con una retribución anual de 50.322 euros, mientras que en el Govern, como jefa del Servicio -donde recaen sospechas de supuesta “inactividad” por parte de la oposición- percibe 76.889.
127.211 euros públicos. Es la cantidad total que se embolsa cada año la popular Núria Riera, quien ejerce de consellera portavoz del actual equipo de gobierno del Consell de Mallorca, en manos de PP y Vox, así como de jefa de servicio del Govern balear.
La cifra es notablemente superior al salario que perciben los presidentes autonómicos: tan sólo el de la Generalitat de Catalunya, Pere Aragonès, con 136.177 euros anuales, supera las ganancias de Riera. La veterana política, quien ya fue consellera y portavoz autonómica durante la legislatura del popular José Ramón Bauzá (2011-2015), compagina ambos cargos a pesar de las limitaciones que establece la normativa en materia de compatibilidades. Sobre el papel, Riera, que no ha solicitado formalmente la compatibilidad, dedica un 100% de la jornada laboral a su labor en el Govern y un 75% en el Consell, lo que se traduciría en unas 14 horas diarias.
Para mantenerse en ambos cargos, Riera se acoge al artículo 5 de la Ley 53/1984, de 26 de diciembre, de Incompatibilidades del personal al servicio de las Administraciones Públicas, que permite a los miembros de las Corporaciones locales compatibilizar este tipo de actividades, salvo que alguna de ellas se encuentre retribuida en régimen de dedicación exclusiva. Sin embargo, el problema radica en la limitación que establece el mismo precepto, que indica que en tales supuestos de compatibilidad únicamente podrá percibirse la retribución correspondiente a una de las dos actividades, sin perjuicio de las dietas, indemnizaciones o asistencias que correspondan por el otro cargo. No es el caso de Riera.