Muro de solidaridad y denuncias:
Criminalización:
-Mapa de la represión en Andalucía: los 18 de la Macarena, estudiantes y sindicalistas.
En los últimos dos años en Andalucía se han dado varias decenas de actos represivos contra la protesta social y la acción sindical por parte de la policía, la justicia y otras instituciones como la Universidad.
Según los datos publicados por el colectivo Defender a quien Defiende en su informe Diagnóstico del Derecho a la Protesta: Vulneraciones de derechos en el Estado español 2022-2023 se produjeron dentro de Andalucía 15 casos registrados de vulneración de derechos en situación de protesta del que se desprende 73 vulneraciones. El activismo más perseguido según el estudio es el de vivienda y sindicalismo en primer lugar seguido de las acciones ecologistas.
Sus casos se encuentran dentro del mapa de persecución a la protesta en el Estado español, acrecentado por 9 años de Ley Mordaza, que en el territorio andaluz ha señalado a activistas de toda índole.
“Tú sabes que te llevan, pero no sabes cuando vas a salir y luego está la gente que te quiere, es duro llamar a mi padre, que está en la obra desde el calabozo. Te caes al suelo, pero te tienes que hacer el fuerte, pero al final eso está ahí”, si de algo sabe Óscar Reina, secretario general del Sindicato Andaluz de Trabajadores, es de persecución, calabozos y juicios.El sindicalista y su organización son “los más perseguidos de toda Europa”, según refiere, y los números lo avalan, Reina acumula 10 detenciones en la última década, dos de ellas durante este 2024, y su formación tiene decenas de casos abiertos e imputaciones.
En cuanto a la vivienda uno de los casos más sonados en el territorio es el de los 18 de la Macarena.“Es un caso que se sostiene muy poco y que lo que produce es una criminalización a los movimientos sociales”, según cree el catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad de Sevilla, Joaquín Urías. En 2018 18 personas fueron detenidas y enviadas a prisión provisional en Sevilla por la ocupación de viviendas para personas en situación de calle tras un desalojo ejecutado “de forma violenta, ilegal, sin orden judicial, al amparo de la Ley de Seguridad Ciudadana, más conocida como la Ley Mordaza”, según expone el colectivo en apoyo a los encauzados.
La fiscalía pide penas de prisión de entre dos y cinco años, el juicio tenía pensado celebrarse el 15 de julio de 2024, pero el Juzgado a petición de los abogados defensores han aplazado la vista a febrero de 2025. Urías reitera que “jurídicamente el caso llama mucho la atención por muchas cosas, como por ejemplo que no va a haber juicio en siete años”, lo que podría suponer un caso de dilaciones indebidas. “Yo creo que eso demuestra que interesa más mantener el caso abierto que dar un juicio. Detrás de eso hay un intento de desincentivar el ejercicio de derechos fundamentales, básicamente el derecho a protesta”, expone el jurista.
Los 18 imputados se enfrentan a penas que pueden llegar a los 5 años de prisión, dos de ellos cumplieron varios meses de prisión provisional, y multas de varias decenas de miles de euros. El abogado de la causa, Luis de Santos explicaba para El Salto que “Para justificar la violencia de la actuación de los agentes la policía engordó el atestado, criminalizando a las personas que estaban dentro y las que estaban fuera”. La profesora de geografía humana de la Universidad de Sevilla, Angela Lara expone sobre el caso que “Necesitamos un parque público de vivienda en alquiler de verdad, no esta ridiculez. Y necesitamos despenalizar la okupación de vivienda y dejar de perseguir aquello que hacen del derecho a la vivienda una reivindicación política o una reivindicación social”.
Persecución sindical
El próximo 13 de septiembre, tras dos aplazamientos, serán juzgados Vanesa Sánchez, activista del SAT y trabajadora de la limpieza, María José Sánchez de Unión Kelly Granada y Néstor Salvador sindicalista del SAT por una acción sindical para denunciar la situación laboral de Vanesa en 2021. La acción sindical consistió en entrar en el edificio de subdelegación del Turismo en Granada, un hecho por lo que piden, a pesar de que durante la acción no fueron identificados casi 5 años de prisión por desórdenes públicos. La abogada María Gallego cree que la petición de fiscalía “no solo es completamente desproporcionada, sino que carece de fundamento jurídico”.
La organización sindical lleva acumulado desde su fundación, en 2007, a más de 500 sindicalistas procesados o en vías de procesamiento y peticiones de cientos de años de cárcel.
Las huelgas del sector del metal en Cádiz durante 2021 tuvieron como consecuencia la imputación de 7 trabajadores de Puerto Real que estaban participando en la huelga. La Fiscalía pedía tres años de cárcel a los huelguistas por “desorden público” y “atentado a la autoridad”. El juicio que estaba programado para marzo de 2024 finalmente ha sido suspendido al acordar entre las partes que el caso debía ser juzgado por la Audiencia Provincial de Cádiz en vez de por el Juzgado de lo Penal, por lo que se espera una nueva citación.
De aquella huelga la persona que sí ha sido juzgada y condenada es Raquel Rodríguez, la vecina de Puerto Real que se enfrentó a las tanquetas enviadas por el Ministerio de Interior a su barrio. Rodríguez ha sido condenada en abril de 2024 por delitos de injuria en el Juzgado de lo Penal de Cádiz. En el mismo gremio los trabajadores de la plantilla de Acerinox en Algeciras se han movilizado durante más de 4 meses en una huelga general cuyos participantes han sido llamados a la Justicia por el corte de carreteras, enfrentados a años de prisión en un juicio rápido en el Juzgado de Instrucción número 3 de Algeciras.
Más allá de las vías legales para reprimir la actividad sindical, los sindicatos están perseguidos y señalados en su labor diaria como expone Ana Pinto de Jornaleras de Huelva en lucha, que aunque no cuenten con ninguna causa judicial abierta expone que: “De lo que no nos libramos es de que nos hablen mal, nos insulten, y nos crucen la furgoneta en la carretera cuando vamos por los caminos donde están las fincas”.
Represión en la Universidad y el caso del Transfobus
La represión ha llegado también a las aulas universitarias, específicamente a la Universidad de Sevilla. El pasado 10 de junio las imágenes de un estudiante de las acampada de la US en apoyo al pueblo palestino siendo reducido, durante un encierro en el Rectorado, por un grupo de antidisturbios de la policia nacional daban la vuelta a todo el Estado español. “Fue la primera Universidad que mandó la policía a desalojar, no entraban los agentes policiales hasta antes de la democracia”, sostienen desde el colectivo de estudiantes. Un acto que supuso, además del fin de la acampada, la atención médica del estudiante que aparece en las imágenes al que dieron 24 puntos de sutura. Este mismo estudiante fue llamado a declarar el pasado martes 9 de julio en los Juzgados de Sevilla a petición de uno de los agentes implicados que tuvo que se atendido por un corte. Según los estudiantes exponen que el corte del agente “fue tras que el dispositivo policial rompiera el cristal para el desalojo” y añaden que “la denuncia no se sostiene quieren decir que hemos sido nosotros”. El colectivo estudiantil también denuncia que un mes después del desalojo la US sigue sin devolverle sus pertenencias “estarán en algún lugar del Rectorado” y que no ha habido un acercamiento por parte del equipo de la US hacia los estudiantes.
En esta misma institución educativa el Sindicato de Estudiantes ha denunciado la apertura de un expediente disciplinario por “difamación” a una alumna tras denunciar de forma colectiva una situación de acoso machista por parte de un profesor becario. El sindicato estudiantil ha mostrado su rechazo “a esta amenaza de expulsión, que es un ataque gravísimo a la libertad de expresión y a nuestros derechos democráticos básicos” y ha exigido la retirada del expediente y la dimisión del rector.
Otro caso de represión también en la ciudad de Sevilla fue la imputación de 8 jóvenes que se manifestaron en 2017 contra el autobús de la organización de ultraderechas HazteOír que recorrió durante ese año diferentes puntos del Estado español con mensajes contra las personas trans. La entidad ultraconservadora denunció a los manifestantes, por delitos de coacciones y daños dolosos, y tuvieron que prestar declaración en los juzgados de Sevilla en esa misma fecha. Según señalan desde el colectivo Socorre (Solidaridad Contra la Represión) “Aquel procedimiento judicial se archivó, pero la Audiencia Provincial ordenó reabrir la causa y continuar investigando los hechos”.
La reapertura del caso llevo a que se iniciara una investigación por parte de la policía a las encausadas “En este informe la policía parece alertar de peligrosidad y radicalidad de las encausadas por motivos como sus tatuajes, estética punk, publicaciones en redes sociales, por pertenecer al movimiento feminista, LGTBI, antifascista, anarquista; o haber participado en actividades de okupación”, sostiene el colectivo antirrepresivo.
A partir de darse a conocer esta investigación decenas de colectivos sevillanos firmaron un manifiesto denunciando la actitud de la policía, especialmente del Grupo V de la Brigada Provincial de Información, por “la persecución ideológica contra activistas de los movimientos sociales”. Se trata de una investigación que podría ser de carácter prospectivo, es decir “te persiguen por quien eres no por los hechos” como explican desde Socorre.