Muro de solidaridad y denuncias:
Presos políticos enfermos:
-Continúa la campaña por la exigencia de libertad de las y los presos políticos enfermos.
Pasan los meses, y siguen en prisión.
- Mónica Refoxos Pérez ya ha cumplido 53 años de edad.
- Lucio García Blanco ya ha cumplido 73 años de edad.
- Manuel Pérez Martínez tiene 79 años de edad y cumplirá 80 en noviembre.
- M.ª José Baños Andujar tiene 59 años y cumplirá 60 en noviembre.
Sigamos organizando y extendiendo la lucha por su liberación. Antes de que los exterminen en prisión.
Solidaridad presos políticos:
-Libertad Pablo Hasél.
Son días con mayor tiempo libre, así que como solidarios y solidarias bien empleado está el decidir escribir a las y los presos políticos.
Hace unos días fue el cumpleaños de Pablo (el 9), y sus tres años y medio de prisión (el 16). Le mandamos una cartita mandándole saludos, ánimos y solidaridad. Creemos que cada acto en solidaridad con los presos políticos cumple los tres objetivos a conseguir, romper el aislamiento que sufren, hacer saber a los carceleros (al Estado) que no están solos, y el pequeño chute de moral que cada carta recibida supone.
Amnistía parcial:
-En 70 días desde la amnistía, 93 amnistiados.
47 son represaliados relacionados con el 1-O.
46 son policías.
Continúan los procesos judiciales.
Algo no cuadra…
Guerra sucia:
-El algoritmo que evalúa la peligrosidad de los presos, con «fallos sustanciales».
Una auditoría hace levantar sospechas ante la eficacia de una herramienta tecnológica aplicada al ámbito de los presos y las prisiones. La primera que se ha realizado para analizar el algoritmo que emplean en Cataluña para este fin, a cargo de Éticas, quien ha realizado la primera auditoría adversarial a este sistema, ha identificado “deficiencias sustanciales” en la fiabilidad de sus decisiones.
También especialistas en Derecho, Matemáticas y Estadística de la Universitat de València (UV) y la Politècnica de València (UPV) alertan de riesgos en el uso de tres herramientas predictivas utilizadas en la gestión policial y en la clasificación penitenciaria, tanto para los derechos fundamentales de los ciudadanos como en posibles discriminaciones que podrían derivarse para colectivos vulnerables.
El equipo ha analizado herramientas que funcionan con Inteligencia Artificial (IA) o algoritmos. Se trata de VioGén, empleada por la policía en España para evaluar el riesgo de revictimización de las mujeres que han denunciado situaciones de violencia de género; RisCanvi, utilizada por el sistema de prisiones catalán como apoyo para la toma de decisiones en materia de régimen y tratamiento, y VeriPol, una herramienta de IA de que dispone la policía española para detectar denuncias falsas de robo por medio de su contraste con patrones de lenguaje natural.
También se aprecian déficits en la transparencia de estos sistemas, tanto en lo que se refiere a la información que está a disposición de la ciudadanía en general, como en cuanto a la información concreta respecto de los usos que se dan en cada caso y sus exactas implicaciones y consecuencias. La situación difiere para cada herramienta, con RisCanvi como la más transparente y Veripol como la más opaca.
Respecto de posibles sesgos o discriminaciones, el informe subraya que el problema más grave es la dificultad para estudiar esta cuestión de forma sistemática, completa y exhaustiva, debido a la ausencia de datos e información suficiente públicamente accesible que permita una evaluación y contraste externos.
Aunque las conclusiones han de tomarse «con cautela» al haber tenido que trabajar con información incompleta, el estudio apunta a la posible existencia de sesgos que perjudican en ocasiones a algunos colectivos: VioGén parece proteger de forma algo menos eficaz a las mujeres víctimas que son de origen no español y RisCanvi parece ser más severo con colectivos como personas con problemas de salud mental o de adicciones, o personas con una situación socioeconómica muy desfavorable, al asignarles un riesgo de reincidencia violenta más alto que a quienes no se encuentran en estas circunstancias, y más alto también de lo que correspondería de acuerdo con los datos disponibles sobre su reincidencia real.
Politi-corrupción:
-Un ‘coach’ para el “máximo rendimiento” del señor alcalde y sus ediles en Las Rozas.
El municipio madrileño de Las Rozas, gobernado por el PP, paga más de 43.600 euros a un asesor para “gestionar equipos con responsabilidades importantes” y contrata a dedo a la administradora de su sociedad para elaborar un plan de salud mental.
Hace ya varios años que el fenómeno del ‘coaching’ aplicado a los negocios se infiltró en el discurso empresarial español, siempre receptivo a algunas tesiss anglosajonas sobre el liderazgo. A medio camino entre un psicólogo y un guía espiritual, los ‘coaches’ aseguran que ayudan a sus clientes a conseguir objetivos comerciales y personales, a ‘despejar los pensamientos negativos’ y a ‘alcanzar la mejor versión de uno mismo’, entre otros latiguillos de la jerga profesional. En este caso, por 43.600 €.
Inevitablemente, el fenómeno se propagó también por la política. Si el hoy líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, se definió en una ocasión como “director comercial de Galicia” y el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, contaba hasta hace relativamente poco con un “gurú” a los mandos de su gabinete, alcaldes de diverso pelaje van ahora un punto más allá. El regidor socialista de Vila-Real (Castellón), por ejemplo, tuvo uno a sueldo hace una década, para escándalo de la oposición del PP, que criticaba el dispendio en época de crisis.
Ahora, el Ayuntamiento de Las Rozas de Madrid (98.000 habitantes) tiene en nómina a su propio ‘coach’ que contrató al poco de revalidar el PP su mayoría absoluta. Se llama Mikel Alonso, es licenciado en informática y doctor en ‘marketing’, según su propio currículum. En su trayectoria hay desde equipos de fútbol a potenciales jugadores de póker con ganas de mejorar sus habilidades. También ofrece cursos para “dejar de fumar con neurociencia”, entre otros servicios. En un vídeo de la página web de una de sus marcas se le ve en un campo, provisto de un ordenador, mientras instruye a los futbolistas de un equipo de 1ª Federación sobre cómo ponerse un aparato en la cabeza que registre la actividad del cerebro al chutar.
El problema es que nadie sabe exactamente qué es lo que hace con su sueldo público Alonso en Las Rozas: “Realiza trabajos de asesoría dentro del Ayuntamiento, como todos los trabajadores eventuales del equipo de gobierno y de la oposición. Su experiencia como coach de deportistas, empresarios o políticos es muy útil a la hora de gestionar equipos de trabajo con responsabilidades importantes”, justifican en el consistorio, que le paga 43.678,60 euros brutos al año, sin dedicación exclusiva. El puesto es de “asesor técnico”.
El propio interesado tampoco aclara excesivamente cuál es su función. “Llevo el ‘coaching’ al equipo de gobierno. Estoy enfocado en que ellos obtengan el máximo rendimiento y se encuentren bien para poder rendir y poder dar lo máximo en la gestión y en su trabajo”, explica por teléfono. “Son tareas que tienen que ver con su funcionalidad, con las actividades que ellos tienen que hacer de forma habitual. Cuando ellos pueden dar el máximo de sí mismos, el máximo rendimiento, pueden hacer sus funciones de una manera mejor”, intenta explicarse. Pero es reacio a dar ejemplos concretos, por motivos de “confidencialidad”.
La conexión con el experto tiene, no obstante, otro extremo. Se trata, según la propia documentación disponible en la web municipal, de dos contratos para la elaboración de un Plan de Salud Mental de Las Rozas, encargados a título personal a Tania Jauni, psicóloga que resulta ser administradora de la empresa de Mikel Alonso y figura como miembro de su equipo en al menos dos webs que publicitan sus aventuras mercantiles. Hasta su contratación por el Ayuntamiento, en septiembre del año pasado, Alonso era el administrador único; un mes y medio después, pasó a serlo ella. Los contratos, uno del 13 de diciembre de 2023 —por 4.300 euros— y otro del 23 de febrero de este año —de 10.658 euros— se quedan justo por debajo, en conjunto, del límite que obligaría a sacarlos a licitación entre varias empresas.
Las calles hablan por Palestina:
-Mural solidaridad con Palestina. Euskal Herria.
-Mural solidaridad con Palestina. Vitoria-Gasteiz.