Muro de solidaridad y denuncias:
Socialfascismo:
-Edmundos sí, luchadores saharauis no:
El Gobierno español deniega asilo a un saharaui perseguido por Marruecos perteneciente a una familia con tres miembros en prisión.
El Ministerio del Interior español ha denegado protección internacional a un activista saharaui de Derechos Humanos perseguido por el régimen marroquí, que mantiene encarcelados a varios miembros de su familia cumpliendo severas condenas por participar en las reivindicaciones del campamento de Gdeim Izik.
La condición de apatrida le ha sido denegada por parte del departamento del que es titular el magistrado Fernando Grande-Marlaska se ha tomado en contra de la recomendación de ACNUR, el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados.
Abdulsalem Abdullah Khalifa, conocido como Abdeslam Dichakour, de 29 años, se encuentra en la sala de inadmitidos del Aeropuerto Adolfo Suarez Madrid-Barajas, a donde llegó procedente de Casablanca (Marruecos).
Solicitó asilo, según costa en su petición, por la persecución que sufre desde hace por las autoridades marroquíes debido a su activismo en pro de los Derechos Humanos, por lo que ha sido detenido en repetidas ocasiones, llegando a ser agredido, torturado y desaparecido durante horas en comisarias clandestinas en los territorios ocupados del Sáhara Occidental.
Abdeslam forma parte de una familia conocida por su actividad en defensa del derecho a la autodeterminación del Sáhara Occidental, por el que han sido y siguen siendo perseguidos. Su madre, Fatma Hassana, estuvo encarcelada y desaparecida desde 1979 hasta 1981.
Su tío, Mohamed Hassana Brahim, conocido con el apellido impuesto por Marruecos como Mohamed Bourial, tiene una pena de 30 años de prisión; Mohamed Embarec Ali Salem, un primo hermano, está condenado a 25 años de cárcel, y otro primo, Sidahmed Farachi Lich, cumple cadena perpetua.
Los tres fueron enjuiciados por los hechos de Gdeim Izik, el campamento de la libertad que 20.000 saharauis levantaron en octubre de 2010 a las afueras de El Aaiún -capital del Sáhara Occidental ocupado por Marruecos y pendiente de descolonización-, para reivindicar sus derechos sociales, económicos y culturales y que fue arrasado un mes después por el ejército y la policía marroquíes.
Adeslam tiene dos hermanos con residencia en España y el mayo lleva quince años sin poder entrar en El Aaiún y visitar a su madre.
La defensa de Adeslam, ejercida por la abogada Idania María Dávila, ha recalcado el hecho de que Adeslam proviene de una familia de activismo histórico perseguida en su totalidad, que sus casas han sido asediadas y se les impide realizar cualquier movimiento, incluido visitar a sus familiares en las cárceles de Marruecos.
Dado que su vida es un continuo enfrentamiento con las autoridades de ocupación, que le impiden cualquier derecho fundamental y le obligan a abandonar su lucha si quiere salvar la vida, se ha visto obligado a solicitar protección internacional.
La letrada indica que la situación de Adeslam es un caso claro de necesidad de protección, al ser un activista conocido en los territorios ocupados y por haber sido castigado severamente por Marruecos simplemente por defender su derecho a la autodeterminación y pertenecer a una familia de activismo histórico, que ha sufrido en sus propias carnes la violación más absoluto de todos sus derechos básicos.
Durante la tramitación de la petición de asilo y condición de apátrida la defensa rechazó la intervención de un intérprete marroquí. Para ello alegó una recomendación del Defensor del Pueblo para que en las solicitudes de protección internacional presentadas por saharauis se establezca la asistencia de intérpretes de hassania (dialecto árabe que se habla en el Sáhara) y que, en todo caso, “se evite la asistencia de interpretes marroquíes”.
Para hacer esta recomendación, la Oficina del Defensor del Pueblo expuso que solicitantes saharauis se habían quejado de que los intérpretes no recogían de forma correcta sus declaraciones al no conocer el hassania, y que manifestaron “una especial desconfianza por el hecho de que fueran de nacionalidad marroquí”.
El Defensor del Pueblo razonó que “en casos de conflictos abiertos entre países, no parece razonable ni conveniente que en el marco de un expediente de asilo se contrate la prestación de servicios de personas que por su nacionalidad provoquen sensaciones de incomodidad o enemistad en el solicitante o le induzcan a cuestionar su neutralidad, considerando el enfrentamiento de los respectivos países de origen”.
La defensa del activista saharaui tiene ahora un plazo de dos días reclamar un reexamen de la petición de asilo.
Politi-corrupción:
-Un excargo del PP gallego con una empresa en Panamá acapara 86 millones en subvenciones a la formación.
El empresario César Blanco Gómez, dirigente de Cepyme y en la Ejecutiva del PP del polémico José Manuel Baltar, es socio de varias empresas de formación online que copan subvenciones públicas multimillonarias.
Solo desde 2020, sus empresas de formación han recibido al menos 86,3 millones en ayudas: 61 millones del Estado y el resto de varios gobiernos autonómicos, entre los que destacan Xunta de Galicia (14,6 millones) y Comunidad de Madrid (8,17 millones). Cuatro de sus empresas pasaron de recibir 2,4 millones en subvenciones en 2020 a 38,5 millones en 2023. En paralelo a esta explosión de subsidios, el empresario reactivó en 2022 una sociedad en Panamá que administra desde 2012 con sus hijos. César Blanco es miembro del comité Ejecutivo de la patronal Cepyme desde junio de 2014.
Blanco participa actualmente en esas sociedades a través de una firma creada en Madrid en diciembre de 2021, Doce Blar SL, que a cierre de 2022 (último ejercicio del que presentó cuentas) tenía tres accionistas: él mismo (24,72%) y sus hijos Brais y Antía Blanco, con un 37,64% cada uno.
En ella César Blanco ejerce como presidente y consejero delegado y Brais Blanco es consejero y secretario. Su actividad es la de “actividades de Intermediación en operaciones con valores y otros activos”. En sus últimas cuentas, de 2022, declaró activos de 8,5 millones, cero empleados y una facturación de algo menos de 175.000 euros.
Poco después de crearse Doce Blar SL, en mayo de 2022, se reactivó en Panamá la firma Blarsl Corp, constituida en 2012 y administrada desde entonces por César Blanco (presidente), Brais Blanco (tesorero) y Antía Blanco (Secretaria), los tres con domicilio en un chalé en Vigo. Blarsl Corp estuvo años aparentemente inactiva: en 2017 el Gobierno panameño la inhabilitó (lo que implicó suspenderla y prohibirle inscribir ningún acto corporativo) junto a más de 10.000 sociedades morosas por no pagar durante tres años las tasas que abonan las sociedades inscritas allí.
Cinco meses antes de reactivarse esa empresa panameña administrada por César Blanco, la madrileña Doce Blar SL empezó a tomar el 100% de varias de sus empresas. Entre ellas, un nombre destacado en el listado de sociedades subvencionadas con al menos 100.000 euros que publicó recientemente Hacienda para cumplir la Ley de Transparencia, Monte Blanco Agraria Gallega SL.
Rebautizada como Moba Skill Training, esta firma ha recibido desde 2020 más de 24 millones en ayudas públicas para formación, según datos de Hacienda. La empresa figura en los listados de especialidades formativas del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) con cursos de Excel Avanzado, Ofimática o Habilidades Directivas y Gestión de Equipos, entre otros. Su web promociona cursos de gestión de crisis alimentarias, farmacología básica o mantenimiento eléctrico. Se presenta como “el centro líder de formación subvencionada por diferentes administraciones públicas”…
Humor cáustico:
-Prueba de la relación Generalitat con el gobierno ruso.
No tienen vergüenza, normal que haya jueces tan justicieros que quieran encausarlos.
Ahí tenéis la prueba de las relaciones Catalunya-Rusia. Un vehículo (¿en este se iría Puigdemont?) de la Generalitat ¡con matrícula KGB!. Lo dicho, los independentistas no tienen vergüenza.