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-El ex-Brigadista Leonardo Bertulazzi paga el pacto de guerra sucia entre Meloni y Milei.
Detrás de la detención del ex brigadista, hoy de 72 años, Leonardo Bertulazzi, habría un pacto entre Meloni y Milei para salvar de la justicia argentina a un sacerdote ítalo-argentino implicado en los crímenes de la dictadura sudamericana de los años setenta.
Se llama Franco Reverberi, tiene 86 años y emigró muy joven a Argentina, adonde se trasladó su familia tras la II Guerra Mundial en busca de fortuna.
El cura asesino que bendijo la tortura
En el nuevo continente, el joven Reverberi acabó en el seminario antes de tomar los votos y convertirse en párroco de Salto de Las Rosas, una pequeña localidad al pie de los Andes. En 1976, mientras Bertulazzi, de 24 años, abandonaba Lotta Continua, una formación de extrema izquierda en crisis, para unirse a la naciente columna genovesa de las Brigadas Rojas, Don Reverberi, entonces de 39 años, a raíz del golpe militar dirigido por el general Jorge Videla, se convirtió en capellán militar, auxiliar del VIII Equipo de Exploración Alpina en San Rafael.
En 1980 -según la justicia argentina- comenzó a frecuentar el centro clandestino de detención «La Departamental», uno de los establecimientos utilizados por el régimen dictatorial en el marco del «Plan Cóndor». Un proyecto de exterminio de la oposición política contra las dictaduras, llevado a cabo mediante detenciones, desapariciones, torturas masivas y asesinatos de militantes de la izquierda revolucionaria, peronistas y radicales (al menos dos mil personas asesinadas y treinta mil desaparecidas, los llamados desaparecidos). La operación acordada entre las dictaduras fascistas de Sudamérica (Chile, Argentina, Brasil, Bolivia,
Paraguay y Perú) fue supervisada por la CIA. Reverberi fue acusado de participar en el secuestro, seguido de tortura y asesinato, en 1976, del joven peronista José Guillermo Berón. Según los testimonios de varios supervivientes de los centros de detención de la dictadura, el sacerdote solía asistir a las cámaras de tortura para ver cómo los interrogadores leían pasajes de la Biblia e invitaban a los torturados a colaborar con sus torturadores, porque ésa habría sido la voluntad de Dios. Tras el fin de la dictadura, Reverberi consiguió hacerse olvidar continuando diciendo misa. Hasta 2010 no salieron a la luz sus primeras responsabilidades, pero el sacerdote pudo regresar a Italia a tiempo para volver a decir misa en su parroquia natal, Sorbolo, un pequeño pueblo de la provincia de Parma, como invitado de Don Giuseppe Montali.
Doble rasero
Tras una primera petición de extradición, en 2013 la justicia italiana rechazó la solicitud al no surgir claramente ninguna responsabilidad directa del sacerdote. En octubre de 2023, sin embargo, la casación confirmó el dictamen favorable a una nueva petición de extradición, formulada antes por el Tribunal de Apelación de Bolonia, que esta vez contenía nuevas pruebas sobre su implicación en la muerte del joven Berón y en las torturas a nueve detenidos. Según el Tribunal de Casación, los crímenes cometidos por Reverberi formaban parte de «un sistema serial de torturas, calificables de crímenes contra la humanidad, llevadas a cabo contra disidentes políticos del régimen militar entonces en el poder en Argentina, realizadas en el interior de un establecimiento penitenciario habilitado a tal efecto y en el que el ahora extraditado ejercía como capellán militar y que presuntamente habría favorecido la actuación de los militares». Una vez más, sin embargo, Reverberi logró salirse con la suya: en noviembre de ese mismo año, el exponente de la ultraderecha Javier Milei ascendió a la presidencia de la República Argentina. Así, en enero de 2024, el ministro de Justicia del gobierno de Meloni, Carlo Nordio, responsable de la decisión final, no extraditó al cura torturador, debido a su avanzada edad (86 años) y a su precario estado de salud. Fue una decisión que sólo aparentaba ser una garantía, en claro contraste con la persecución del gobierno italiano a Leonardo Bertulazzi, quien -a diferencia de Reverberi- sólo había sido condenado* por delitos de asociación y el secuestro del armador Pietro Costa, sobre la base de las declaraciones de relato de dos traidores que no habían participado en el incidente, y de hecho uno de los dos aún no se había unido a las Brigadas Rojas cuando éste tuvo lugar.
El pacto Bravi
Los hechos que acabamos de enumerar muestran cómo la decisión de Nordio fue el resultado de un acuerdo político sancionado por el cálido tête-à-tête que Meloni y Milei ofrecieron a los fotógrafos durante la cumbre del G7, celebrada en Apulia en junio de 2024. Tras haber concedido inmunidad al torturador Reverberi, como deseaba Milei, la primer ministro Meloni recibió como regalo la captura de Leonardo Bertulazzi en abierta violación del ne bis in idem. De hecho, la justicia argentina ya había rechazado la solicitud de extradición enviada en 2002 por ser incompatible con su propio sistema judicial, en el que no está prevista la posibilidad de imponer condenas firmes en rebeldía. Tras esta decisión, Bertulazzi obtuvo el estatuto de refugiado político en 2004. Este asilo fue repentinamente revocado el día de su nueva detención, el 24 de agosto de 2024, en un acto de pura arbitrariedad sin base legal alguna. En los últimos días han aparecido en la prensa argentina los primeros antecedentes de esta decisión. Según Tiempo argentino, Luciana Litterio, recién designada al frente de la Comisión Nacional para los Refugiados (Conare), a propuesta del ministro del Interior del gobierno de Milei, «recibió un llamado que la puso entre la espada y la pared». El Presidente de la República, Javier Milei, le pidió, o quizás le ordenó, que revocara inmediatamente el estatuto de refugiado de Leonardo Bertulazzi. Litterio se habría encontrado entre la espada y la pared», continúa el diario argentino, “Litterio tenía dos opciones: ignorar el pedido, respetando así los pactos internacionales firmados por el país y haciendo honor a su pasado como académica especializada en refugiados y migraciones internacionales, con una trayectoria de 16 años como responsable de asuntos internacionales de la Dirección Nacional de Migraciones. -cargo para el que fue nombrada durante el primer mandato de Cristina Fernández y confirmada por todos los gobiernos posteriores-, o respetando la orden presidencial, echando por la borda su carrera y su previsible paso a un puesto directivo en ACNUR o a un cargo diplomático en Naciones Unidas».
Una nueva caza mundial de comunistas
La no extradición del padre Reverberi y la nueva detención de Bertulazzi, a pesar del asilo político concedido, demuestran que en los dos casos se aplicaron registros diferentes, desprovistos de toda norma jurídica, inspirados únicamente por un feroz revanchismo anticomunista y por el deseo de proteger a feroces criminales de las dictaduras sudamericanas. Prueba de ello son las declaraciones realizadas a Sussidiario.net por el actual jefe de gabinete del Ministerio de Seguridad que coordinó la detención de Bertulazzi en su domicilio argentino, minutos después de que se le revocara el asilo político. Según Carlos Manfroni, «el Ministerio de Seguridad, a cargo de Patricia Bullrich, ha tomado la decisión de no proteger más de la extradición a los ex terroristas [comunistas revolucionarios de los años 70]». Por otra parte, con respecto a los terroristas argentinos [los opositores antifascistas a la dictadura ed.], que cometieron crímenes aberrantes en la década de los 70′, Manfroni lamenta que ‘lamentablemente, la justicia [argentina ed.] decidió en esos años que sus acciones criminales habían prescrito y que no eran delitos imputables a lesa humanidad. Un criterio con el que no estoy de acuerdo pero que en la actualidad impide que sean encarcelados».
Los delitos del poder y los de los insurgentes
Manfroni cita la jurisprudencia que la judicatura argentina ha producido en los años de la transición post-dictadura, según la cual los delitos cometidos por opositores a la dictadura militar prescriben de facto, debido a las décadas transcurridas, mientras que los crímenes del poder dictatorial (asesinatos, torturas y desapariciones), la llamada ‘guerra sucia’, cometidos por miembros del régimen militar, siguen siendo perseguibles por ser considerados delitos de lesa humanidad, y por tanto no pueden ser proscritos. Una jurisprudencia avanzada que, retomando los principios del derecho de la resistencia, distingue entre la violencia resultante de la opresión del poder estatal y la violencia desde abajo cometida por insurgentes. Al final de su entrevista, Carlos Manfroni revela también la estrategia acordada entre Milei y Meloni para lograr la extradición de Bertulazzi: «en 2004 “el ex H. no fue extraditado porque había sido condenado en Italia. Pero según el tratado de extradición entre Argentina e Italia, si Italia está dispuesta a ofrecer un nuevo juicio en lugar de utilizar la antigua sentencia, Bertulazzi puede ser extraditado y creo que éste, al final, será el instrumento que se utilizará”. Sin embargo, en Italia no existe ninguna norma que prevea un nuevo juicio después de que se haya dictado una sentencia firme.
La experiencia francesa
Un precedente reciente y significativo que se ha topado con este límite infranqueable se refiere a la negativa de la justicia francesa a extraditar a diez antiguos militantes de la izquierda armada italiana en los años setenta. Los tribunales franceses tomaron nota de la imposibilidad por parte italiana de garantizar un nuevo juicio a los condenados en rebeldía y, por tanto, denegaron las extradiciones alegando el incumplimiento de la norma del debido proceso, establecida en el artículo 6 del Convenio Europeo de Derechos Humanos. A lo que también añadieron la necesidad de proteger los derechos adquiridos (art. 8) en el transcurso de décadas de residencia en suelo francés (es decir, las innumerables decisiones judiciales, políticas y administrativas pronunciadas a lo largo del tiempo por las autoridades francesas). Un precedente jurídico que, sin duda, los jueces argentinos llamados a juzgar el caso Bertulazzi no podrán ignorar.
Fuente:
1. Leonardo Bertulazzi, es un compañero de Brigadas Rojas de 72 años arrestado por la policía argentina para devolverlo a Italia que quiere que cumpla 27 años de cárcel por un secuestro de los años Setenta del siglo pasado.