Movimiento obrero. Su brutal situación:
Huelgas:
-Los trabajadores de INECO, huelga indefinida en Albacete.
Desde el 4 de octubre. La empresa cuenta con 18 trabajadores.
La empresa INECO presta servicio técnico a ADIF y su cometido es fundamental para el normal funcionamiento del tráfico ferroviario.
Llevan desde octubre del pasado año intentando normalizar la situación laboral que vienen soportando las personas trabajadoras, y tras haber desconvocado ya otra huelga porque se alcanzó un acuerdo que luego la empresa no cumplió, ahora se presiona con una huelga indefinida y a tiempo completo.
“No se respetan los cuadrantes porque sufren cambios constantemente y las personas no saben con antelación cómo se va a planificar el trabajo. El año pasado la mayoría de los trabajadores terminaron con más de 100 horas de exceso de jornada que, lejos de haberse compensado este año, han seguido aumentando”.
“No pueden disfrutar de los permisos retribuidos que recoge la ley, no se cumple el convenio porque a pesar de que tienen diez días de descanso al mes, tienen la obligación en esos días de hacer guardias lo que supone que tienen que estar totalmente pendientes del teléfono”. Estas guardias no son retribuidas y la empresa nos hace un planteamiento lamentale, ya que está ofreciendo la friolera de 17,49 euros por cada 24 horas, lo que supone 0,73 céntimos por hora”.
“Para la empresa entrar a las 12 de la noche y salir a las 7 de la mañana es tener un día de descanso”. “Tampoco se pueden coger un permiso por operación o por fallecimiento, ni las horas sindicales, por no perjudicar a sus compañeros… Es una situación abusiva que no puede continuar y que esperamos poder reconducir con esta huelga”.
Despidos:
-Protestas en Michelin Vitoria por despido.
El trabajador perdió su puesto de trabajo por declarar en un juicio por otro despido en la fábrica.
Concentración ante el palacio de Justicia para protestar por el despido de un compañero, Rubén.
La dirección de Michelin «continúa aplicando a la plantilla de manera desproporcionada y en muchas ocasiones injustificada, su régimen disciplinario», han denunciado los sindicatos, que han precisado que el año pasado fueron sancionadas 60 personas, 15 de las cuales acabaron siendo despedidas.
La protesta está motivada por la celebración del juicio por un despido de un trabajador que llevaba 6 años en Michelin y que, según las centrales, perdió su trabajo «a raíz de acudir a testificar el pasado 20 de octubre al juicio de otro compañero despedido, el cual fue declarado como despido improcedente».
Además, su carta de despido la empresa «relata unos hechos que como en otros muchos casos están tergiversados y repletos de mentiras».
Residencias:
-Las actas de la Comunidad Madrid sobre muertes en residencias: “No fueron admitidos en el hospital ni tuvieron paliativos”.
Los registros de la Consejería de Políticas Sociales y varias organizaciones que visitaron los centros hablan de los casos en los que “se niegan a hacer traslado por no cumplir criterios y el paciente fallece” y describen la falta de recursos: “El personal auxiliar lleva dos meses durmiendo en la residencia”.
Personal enviado por la entonces Consejería de Políticas Sociales de la Comunidad de Madrid visitó residencias durante las primeras semanas de pandemia de covid-19 en 2020 y reflejó en sus actas de inspección la dificultad de derivar a personas mayores enfermas a hospitales y la existencia de “criterios” de exclusión, así como el abandono en el que se encontraban los centros, según decenas de estos documentos.
Las actas estaban firmadas por la propia Consejería del Gobierno regional presidido por Isabel Díaz Ayuso y por organizaciones como Médicos Sin Fronteras, Cruz Roja o SAMU sobre visitas hechas a lo largo del mes de abril de 2020. “No ingresos hospitalarios”, “el personal auxiliar lleva dos meses durmiendo en la residencia”, “al llegar la ambulancia se niegan a hacer traslado por no cumplir criterios y fallece”, “no han sido admitidos en el hospital y no han tenido cuidados paliativos”, son algunas de las frases que quedaron registradas tras las visitas. Son documentos que desmienten lo que desde ese momento ha asegurado el Gobierno de Madrid: que no hubo protocolos para no trasladar a los residentes a centros hospitalarios. El responsable de la Consejería de Políticas Sociales en la primera ola de la pandemia dimitió el 2 de octubre de 2020 tras denunciar esos –supuestamente inexistentes– protocolos y calificarlos de “poco morales y posiblemente ilegales”. Más de 7.000 personas murieron esos meses en las residencias de Madrid.
En otro centro, esta organización constata que, hasta el día de la visita, el 11 de abril, no se habían aceptado derivaciones ni ambulancias. “Si la residencia consideraba el traslado lo tenía que hacer por su propios medios”…
Corrupción y sus chiringuitos:
-Ayuso paga más del doble por la comida del Zendal que por la de las residencias.
Eurest, un ‘holding’ que gestiona la alimentación en el centro de Valdebebas y en el de mayores Adolfo Suárez, percibe 19 y 8 euros respectivamente por el mismo servicio.
Un ejemplo claro es la residencia Adolfo Suárez, de un tiempo a acá privatizada prácticamente en su totalidad. Se trata -o trababa- de una de las 25 residencias de gestión pública directa que actualmente existen en la región. Sin embargo, de aquel aspecto público solo queda el personal de atención, todo lo demás -servicio de cocina, comedor, limpieza o lavandería- es privado.
*Misma empresa, mismo servicio, distintos precios
Los menús los gestiona la empresa Eurest, un holding que se ocupa del mismo servicio de, entre otros lugares, el hospital Isabel Zendal. A juzgar por los documentos que se pueden consultar en el Portal de Contratación Pública de la Comunidad de Madrid, queda claro que el centro de campaña que la presidenta anunció a bombo y platillo en los primeros meses de pandemia -y que no ha estado exento de polémica- se encuentra entre sus preferencias, no solo en la teoría. Así al menos quedaría demostrado si se tiene en cuenta que la autonomía ha pagado en los últimos años más del doble a Eurest por prestar el mismo servicio en el Zendal que en la residencia Adolfo Suárez. En el primero de los sitios el menú completo -es decir, las cuatro comidas- asciende a 19,60 euros-, según la adjudicación, fechada a junio de 2023.
La situación es bien distinta en el centro de mayores, con quien la Comunidad de Madrid ha formalizado dos contratos en los últimos cuatro años. El precio que la región ponía sobre la mesa en 2018 ya era bajo – de 9,96 euros el menú de la residencia y 6,47euros el del centro de día-, pero es que el resultado final, el que se suscribe con el gigante empresarial un año después, deja el coste del menú a 8,31 euros en los centros de mayores y en 3,84 euros en los de día.
Lejos de mejorar -al menos de forma real- el último contrato que el equipo de Ayuso formaliza con Eurest para que opere en la residencia Adolfo Suárez -en 2023- aumenta el servicio en 40 céntimos hasta alcanzar los 8,74 euros. Y las prestaciones -con una comida menos- para el centro de día, siguen sin ser suficiente (5,99 euros).
Los contratos son una miseria en ambos lugares pero ¿por qué esa diferencia entre ambos?”. “Que dejen de privatizarlo absolutamente todo y de poner la vida de los mayores en el mercado”
“Hay mayores que se bajan una lata para poder comer”.
En: elplural.com
-La Junta de Andalucía fraccionó miles de contratos “en fraude de ley” con los que repartió a dedo 458 millones de euros.
Los auditores del Gobierno de Moreno acusan al Servicio Andaluz de Salud de adjudicar millones de euros a las mismas empresas y por la misma prestación concatenando contratos menores de 30.000 euros a través de un “fraccionamiento indebido” para “eludir” la ley.
La Intervención amenaza a la Junta con elevar un “informe de actuación” al apreciar indicios delictivos si no corrige el procedimiento antes de diciembre.
La Intervención de la Junta de Andalucía, órgano de Hacienda encargado del control interno de las cuentas públicas, ha destapado miles de contratos menores “en fraude de ley” con los que el Servicio Andaluz de Salud (SAS) adjudicó a dedo 458,3 millones de euros a las mismas empresas en el ejercicio 2021.
El órgano fiscalizador acusa al SAS de trocear contratos millonarios en cientos de contratos menores –aunque en todos ellos el objeto de la prestación es “el mismo o similar”– con el fin de “disminuir la cuantía del mismo” para justificar la adjudicación a dedo a una misma empresa, “eludiéndose así los requisitos de publicidad y concurrencia competitiva” y, en definitiva, “infringir la ley”…
Contra el turismo invasor:
-Citat és de qui l’habita
No de qui la visita.