Movimiento obrero. Su brutal situación:
Huelgas:
-Huelga en la tele y radio pública gallega.
La asamblea de trabajadores y trabajadoras de la CRTVG anunció una huelga con paros programados para los días 7, 9, 11 y 14 de octubre. Si no hay avances, el día 16 esa huelga será indefinida.
Denuncian la «manipulación informativa» del ente público.
El 11 de septiembre se celebró un nuevo viernes negro en la CRTVG. La plataforma ‘Defende a Galega’ lleva ya 334 viernes consecutivos de luto. Son ya más de seis años de protestas demandando un medio de comunicación público independiente y transparente. Durante este tiempo son muchas las crisis que ha atravesado la cadena y el último de estos capítulos es la externalización de programas, como p.e. cambiando A Revista, uno de los magacines propios de la TVG, por otro coproducido por Eurostar Mediagroup, firma dirigida por una ex-asesora de Rajoy.
Despidos:
-Abanca despide 140 trabajadores tras la integración del Targobank.
Abanca se tragó a Targobank en junio, logrando la migración tecnológica de sus 150.000 clientes. Ahora vienen las rebajas… de despidos.
El banco gallego despedirá 123 trabajadores de los servicios centrales (principalmente en Madrid, donde calcula 105 despidos) y 17 más en la red de oficinas en Baleares, Barcelona, Castellón, La Rioja, Guipúzcoa, Almería, Zaragoza, Valencia y Sevilla.
Abanca cerró junio de este año con 6.790 trabajadores entre España y Portugal (500 de Targobank), y 701 oficinas, compuestas por 656 sucursales en España y otras 45 en Portugal.
En septiembre anunció los despidos de 140 trabajadores y el cierre de varias oficinas por ‘duplicidad’.
Los despidos representan alrededor del 30% de la plantilla de Targobank, y el 2% de la plantilla de Abanca.
-Despidos en Vicarli e «incertidumbre absoluta» sobre el futuro de la empresa.
Cinco trabajadores han recibido ya la carta de despido y se anuncian más.
La inminente venta de la empresa –actualmente es propiedad del fondo de inversión GPF Capital- ha provocado «reacciones que ya están pagando las personas trabajadoras», denuncia la plantilla de 150 trabajadores.
Vicandi es una empresa logística navarra dedicada a servicios integrales para la industria.
Los despidos provocarán, casi con total seguridad, el cierre del centro de trabajo de Beriain.
-5 despidos en Indea en Pereiro de Aguiar.
Los trabajadores se concentraron ante las instalaciones del grupo Indea, antes Hispalmoldes, en el polígono de Pereiro de Aguiar, en Ourense, para denunciar el despido de cinco trabajadores compañeros.
Hispamoldes fue adquirida por el grupo Quarza y después, con un 60 % de las acciones, por el grupo italiano SAPA.
«La situación es muy lamentable porque no hay una decisión clara por parte de ninguno de los grupos para hacer aquí la producción». Sí se mantiene la oficina técnica y también se realizan los proyectos, pero la producción «se lleva para distintos países como China, México o Marruecos».
Los despidos se producen porque se terminó un ERTE sin acuerdo, pero advierten de que de los cinco trabajadores tres son delegados sindicales.
Derecho a vivienda digna:
-Especulación y fraude político: la Ley de Vivienda del gobierno PSOE-Sumar al descubierto.
A pesar de las promesas de la Ley de Vivienda de 2023, el Gobierno de Pedro Sánchez y sus socios han fracasado en solucionar el acceso a la vivienda. Con precios disparados tanto en alquiler como en compra, y grandes tenedores dominando el mercado, las medidas han demostrado ser un engaño político. Las tensiones internas en la coalición solo agravan un problema que afecta a millones de familias.
El 27 de abril de 2023 era aprobada en el Congreso de los Diputados la Ley de Vivienda de 2023, promocionada por el Gobierno central como “una medida histórica para regular los precios del alquiler y garantizar el acceso a la vivienda”.
Según el Ejecutivo y sus medios de comunicación afines, dicha ley supondría un antes y un después, al permitir y favorecer:
–Controlar los precios de los alquileres: Se anunció la creación de zonas de mercado tensionado, donde los alquileres estarían regulados para evitar aumentos excesivos. La ley establecía un límite en la subida de alquileres al 2% para 2023, con la posibilidad de ampliarlo al 3% en 2024.
–Fomentar la vivienda pública: El Gobierno prometió aumentar significativamente la oferta de viviendas públicas, con el objetivo de movilizar unas 183.000 viviendas públicas y protegidas durante la legislatura, lo que incluiría viviendas de protección social y programas de alquiler asequible.
–Proteger a los inquilinos:Se contemplaban medidas para proteger a los arrendatarios, limitando los desalojos y reforzando las garantías para los inquilinos más vulnerables, así como programas específicos para los jóvenes y colectivos con dificultades para acceder a una vivienda.
–Penalizar la especulación: La ley también prometía desincentivar la acumulación de propiedades por parte de grandes tenedores, imponiendo gravámenes a las viviendas vacías con el fin de que más propiedades estuvieran disponibles en el mercado.
Algo más de un año después, el abismo entre las promesas y la realidad no deja de ensancharse, revelando la total incapacidad del Ejecutivo para enfrentar uno de los problemas más acuciantes del país. Las palabras grandilocuentes de Pedro Sánchez y sus socios de gobierno, quienes vendieron esta ley como “un cambio de paradigma”, han quedado en evidencia como un auténtico fraude político.
*El mercado de la vivienda: un negocio para unos pocos
A pesar de las declaraciones triunfales, la ley de vivienda no ha tenido ningún impacto real en la situación que enfrentan millones de españoles. En las principales ciudades, los precios de los alquileres y las viviendas siguen subiendo hasta niveles a menudo inalcanzables. Madrid y Barcelona, por ejemplo, han visto cómo el precio del metro cuadrado de alquiler se sitúa entre los 15 y 19 euros. Muy por encima de las posibilidades de la mayoría de la población, especialmente en un contexto de salarios estancados. En estas ciudades, el alquiler representa más del 40% de los ingresos de las familias, situando a España como uno de los países de Europa donde el alquiler es más caro en relación con los ingresos. Pero esta situación no se produce solamente en las principales ciudades del Estado. En las islas Canarias, como en otras muchas regiones, la situación es igualmente dramática. Los precios en ciudades como Las Palmas de Gran Canaria y Santa Cruz de Tenerife han registrado subidas del 15% solamente en el último año.
Estas subidas están impulsadas por la especulación y la conversión de viviendas al régimen alquiler turístico, lo que reduce la oferta de viviendas accesibles para los residentes. El gobierno, lejos de tomar medidas efectivas, ha sido un espectador pasivo, incapaz de frenar a los grandes intereses económicos que han convertido el mercado de la vivienda en un auténtico negocio.
Este contexto solo beneficia a unos pocos: fondos de inversión, grandes tenedores y especuladores que han aprovechado la pasividad del gobierno para hacer de la vivienda un bien de lujo. Las medidas superficiales, como la limitación del incremento de los alquileres al 2%, han resultado ser completamente ineficaces en las grandes ciudades.
*La ley de vivienda: una promesa vacía
La Ley de Vivienda de 2023, que en su momento fue presentada como la solución definitiva a los problemas habitacionales del país, ha resultado ser un auténtico fiasco. Desde su aprobación, los precios de la vivienda han continuado su escalada, y las medidas contempladas en la ley, como la regulación de los alquileres, han tenido un impacto insignificante. A día de hoy, Canarias y Baleares se encuentran entre las comunidades con los mayores incrementos en los precios de las viviendas.
El escaso parque público de vivienda, que apenas representa el 1.6% del total, resulta absolutamente insuficiente para contrarrestar la demanda creciente.
Mientras en países como Holanda o Austria el porcentaje de vivienda pública supera el 20%, España se encuentra rezagada, a la cola de Europa. Esta falta de inversión en vivienda social no es nueva, pero el Gobierno ha sido incapaz de revertir décadas de desinversión y privatización del parque inmobiliario.
Los grandes beneficiarios de esta “ley de la selva” que caracteriza al mercado inmobiliario son, entre otros actores económicos, los fondos de inversión internacionales como como Blackstone, Cerberus, o Lone Star, que han adquirido miles de viviendas en España, especialmente tras la crisis de 2008, convirtiendo el alquiler en un negocio propio de usureros al aumentar los precios desproporcionadamente, especialmente en grandes ciudades y zonas turísticas. Blackstone, en particular, es uno de los mayores propietarios de viviendas en alquiler en España.
Las Sociedades Cotizadas de Inversión Inmobiliaria (Socimis) gozan también de ventajas fiscales que les permiten invertir en activos inmobiliarios y rentabilizarnos con alquileres absolutamente desorbitados.
Las empresas constructoras y promotoras han aprovechado también alta demanda de viviendas y la escasa oferta para mantener los precios elevados.
Por su parte, los bancos han jugado un papel clave en la expansión de la burbuja inmobiliaria, y continúan beneficiándose mediante la concesión de hipotecas a tipos de interés elevados y también como grandes tenedores de viviendas.
El Gobierno del PSOE y Sumar, lejos de avanzar hacia un modelo que garantice el derecho a la vivienda para todos, ha puesto en evidencia su sumisión a los intereses de estos actores económicos que operan en sectores clave como el financiero, el inmobiliario y el turístico y multiplican sus beneficios gracias a la falta de regulación efectiva y la escasez de vivienda.