Muro de solidaridad y denuncias:
Solidaridad presas y presos políticos:
-Cumpleaños presos y presas políticas en noviembre 2024:
*Manuel Pérez Martínez. El “Camarada Arenas” cumple 80 años de edad el viernes 1 de noviembre.
Secretario General del PCE(r), lleva en prisión 31 años en tres etapas y dos países.
Está enfermo.
*María José Baños Andujar. El lunes 11 de noviembre M.ª José cumple 60 años de edad.
Presa política de los GRAPO, lleva en prisión más de 22 años en esta etapa.
Está gravemente enferma.
*Rompe el aislamiento. Escríbeles una postal o cartita.
Fascismo criminal, impune:
-Fascistas con registro legal en Interior celebran las muertes de militantes de izquierdas.
El Movimiento Católico Español confecciona listados de sindicalistas, políticos o artistas fallecidos y publica sus nombres en un canal de Telegram entre botellas de champán y aplausos.
El Movimiento Católico Español, un grupo franquista con registro legal como partido político en el Ministerio del Interior, lleva a cabo el recuento más macabro de la ultraderecha. Cada pocas semanas, sus responsables publican listados con los nombres de sindicalistas, políticos o artistas de izquierdas fallecidos bajo el título de «cosecha rojiprogre».
El grupo franquista ha decidido elevar el desafío con los listados de militantes de izquierdas fallecidos que se publican en su canal público en Telegram.
Según ha podido verificar ‘Público’, desde 2022 sus responsables han elaborado 57 listas con los nombres de cientos de personas vinculadas al sindicalismo, la política, el feminismo o la memoria histórica que han muerto en ese periodo.
*Champán y aplausos
Estos listados recibieron distintas muestras de apoyo de los seguidores del Movimiento Católico Español, que han respondido a varios de esos mensajes en Telegram con íconos de botellas de champán, pulgares hacia arriba, corazones y aplausos.
Casos ‘aislados’:
-4 policías urbanos de Barcelona, sancionados por ladrones.
Policías requisaban a los manteros y se quedaban con los artículos.
El Ayuntamiento de Barcelona ha sancionado con cuatro meses sin empleo ni sueldo a cuatro agentes de la Guardia Urbana por haberse quedado material y artículos incautados a manteros.
Este es el resultado del expediente que la Guardia Urbana abrió a los cuatro agentes de Ciutat Vella, dos de los cuales son cabos.
En la investigación realizada por la Unidad de Deontología y Asuntos Internos de este cuerpo policial se ha considerado que los agentes son responsables de una falta grave.
Ocurrió en agosto del año pasado. Los hechos ocurrieron el 5 de agosto de 2023, cuando los agentes no siguieron los protocolos referentes a las incautaciones de artículos y material a los manteros, y se abrió una investigación interna.
“Los agentes, en lugar de realizar los trámites administrativos protocolizados, previos a la destrucción de las prendas —que se presuponen falsificadas— se las apropiaron, sin llegar a informar de su ocupación”.
El Ayuntamiento también lo comunicó a la Fiscalía, pero, en noviembre, un juez desestimó abrir diligencias, porque, según el semanario La Directa, consideró que los artículos «no tenían valor económico constatable».
Sin embargo, el expediente interno siguió abierto y hace unas semanas se cerró como falta grave y con los cuatro meses sin empleo y sueldo, cuatro y medio en el caso de los cabos.
Según se supo en noviembre del año pasado, los agentes ya estaban suspendidos de empleo y sueldo desde agosto, por lo que entonces cumplieron buena parte de la sanción, y ahora les quedan por cumplir 25 días a los cabos y 10 a los agentes, según fuentes del Ayuntamiento.
El Sindicato Popular de Vendedores Ambulantes encuentra insuficiente la sanción, e insiste en denunciar que no es la primera vez que esto ocurre, y que a veces también se queda el dinero incautado:
La Guardia Urbana niega que haya habido más casos como éste, y afirma que habrá más investigaciones internas si detecta.
Insurgente.org
Saharauis criminalizados:
-El Gobierno sigue deportando a decenas de saharauis.
Fernando Grande-Marlaska, el ministro el Interior, lo ha vuelto a hacer: sigue deportado activistas saharauis que vinieron a España en busca de protección por la represión que sufren en el Sáhara Occidental ocupado por Marruecos.
Entre los deportados está la mujer Rbab al-Tarad Yahi, de 27 años, que sufrió un aborto en Barajas, su marido Mohamed Ali Mohamed Slimani, de 34, una hija de año y medio; y otra mujer con un niño de la misma edad.
Otros seis activistas saharauis fueron deportados a Marruecos en la noche del 13 de octubre, domingo, con lo que son ya más de cuarenta los ciudadanos del Sáhara Occidental, un territorio no autónomo pendiente de descolonización ocupado por el régimen marroquí, a los que el Ministerio del Interior, que dirige Fernando Grande-Marlaska, no ha permitido encontrar refugio en España. Tres días antes fueron enviados a Marruecos otros dos saharauis a los que también se denegó asilo político y la condición de apátrida, indicaron fuentes jurídicas.
*Mueren por su propia boca:
Grande-Marlaska , en su época de presidente de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional firmó el Auto 40/2014 en el que se considera a España la “potencia administradora de iure” del Sáhara Occidental, “y como tal, hasta que finalice el periodo de la descolonización, tiene las obligaciones recogidas en los artículos 73 y 74 de la Carta de Naciones Unidas, entre ellas dar protección, incluso jurisdiccional, a sus ciudadanos contra todo abuso”.
–https://contramutis.wordpress.com/
Politi-corrupción:
-La empresa vinculada al PP que hizo el informe sobre la AP-9 se llevó 620.000 euros en contratos a dedo de la Xunta.
El Gobierno de Alfonso Rueda eligió a Eptisa entre 2018 y 2022 para más de 96 encargos sin concurso público. Esa consultora trabaja para Audasa, concesionaria de la autopista del Atlántico, y tuvo como alto cargo al exconselleiro Tomás Pérez Vidal.
La empresa vinculada al Partido Popular que hizo el informe sobre el rescate de la AP-9 (autopista del Atlántico) se llevó 619.944,53 euros en contratos a dedo de la Xunta de Galicia entre los años 2018 y 2023. El Gobierno de Alfonso Rueda encargó a la consultora Eptisa Servicios de Ingeniería 96 trabajos que sortearon los procesos de concurso público apoyándose en que la cuantía de cada una de esas licitaciones estaba justo por debajo del límite legal para hacerlo. Además, esa empresa tuvo como director para Galicia al exconselleiro de Agricultura con Manuel Fraga, Tomás Pérez Vidal, y trabaja sistemáticamente para Audasa, la concesionaria de la propia autopista.