Movimiento obrero. Su brutal situación:
Morir en el tajo:
-Entrevista con la Plataforma Xustiza para Unai de A Coruña.
Sobre el accidente laboral culpa de Repsol que segó la vida de Unai Martínez. Salió a trabajar el 26 de marzo de 2022 y ya no volvió.
22 minutos.
–https://www.ivoox.com/entrevista-plataforma-xustizia-para-unai-audios-mp3_rf_135036762_1.html
Huelgas:
-Huelga indefinida en el servicio de ayuda en el hogar de Arteixo (A Coruña) desde el 28 de octubre.
Las trabajadoras del Servicio de Axuda no Fogar (SAF), denuncian «hay un exceso de trabajo con cuadrantes que no cumplen el descanso de jornada diaria y con contratos en fraude de ley». La empresa «no está poniendo» a disposición del personal las ayudas técnicas recogidas en el pliego de condiciones y las trabajadoras tienen que actuar en «condiciones penosas» y con riesgo para su salud.
Reclaman además que la empresa abone sus salarios antes de final de mes.
Las trabajadoras de SAF de Santa Comba y Compostela valoran también realizar movilizaciones y huelga.
Despidos:
-Cierre de Feragar, empresa de Vilanova i la Geltrú que empleaba a 66 trabajadores.
Feragar Granallados y Mecanizados S.L., una empresa industrial de Vilanova i la Geltrú que se dedicaba a la fabricación de componentes y accesorios de aluminio para vehículos de motor, cierra y aplica ERE a sus 66 trabajadores.
El pasado mes de agosto dejó de pagar a los trabajadores, motivo por el cual la plantilla fue a la huelga. Ahora cierra y despide a toda la plantilla.
Vilanova i la Geltrú, ciudad con 69.000 habitantes, está sufriendo el cese de actividad de varias empresas importantes, subcontratas y servicios. En abril de 2024 cerró Venca (150 trabajadores se quedaron en la calle), y en 2022 se clausuró Mahle (343 trabajadores). Además de pequeños talleres, en enero cerraron varios comercios y tiendas de la Rambla Principal.
Revelación de datos:
-¿Derechos a la mujer trabajadora? ¡agujeros de información!
Un agujero -ya denunciado- en la regulación permite a las empresas saber el motivo de la baja en los abortos y las reglas dolorosas.
La protección de estas bajas “especiales” se aprobó en la Ley del aborto y, al tramitarla, la Seguridad Social comunica datos a las compañías que desvelan el origen de la ausencia, algo que desconoce la otra parte.
La Ley del aborto reguló en la pasada legislatura una protección “especial” para las bajas por reglas dolorosas, así como para los abortos y la recta final del embarazo (semana 39 de gestación). Se amplió la cobertura social para estos tres supuestos, respecto a los días cubiertos por la prestación de incapacidad temporal y la cotización exigida por la Seguridad Social, por ejemplo. Lo que se legisló como una ampliación de derechos, en la práctica ha supuesto un “agujero” desconocido para muchas personas: las empresas pueden saber el motivo de las bajas médicas. Una situación totalmente anómala en las relaciones laborales y calificada como “muy grave”, por abogados especialistas en protección de datos, médicos y colectivos de mujeres, entre otros actores consultados.
Uno de los principios más conocidos de las bajas laborales es el derecho de la persona trabajadora a no revelar a la empresa el motivo de la baja médica. La empresa no tiene por qué conocer esa información.
La Seguridad Social desvela la causa en la tramitación
Esa información ha estado blindada a las empresas desde los servicios médicos y la Seguridad Social, hasta las tres bajas “especiales” de incapacidad temporal aprobadas en la Ley del Aborto, impulsadas por el Ministerio de Igualdad y pactadas con la Seguridad Social, dirigidos en ese momento por Irene Montero y José Luis Escrivá, respectivamente.
Solo en estos tres casos, la Seguridad Social comunica una serie de datos que permiten a las empresas conocer si la trabajadora ha interrumpido un embarazo o si tiene reglas incapacitantes. En el caso de la semana 39 de embarazo, el motivo de baja es evidente.
Desde su regulación, 28.188 mujeres han estado de baja por aborto, según esta Incapacidad Temporal especial. Por otro lado, las bajas por reglas incapacitantes alcanzan las 2.183.
La clave radica en que la Ley del Aborto reguló como “situaciones especiales de incapacidad temporal” estas tres bajas para mujeres. Es decir, dejaron de ser bajas ordinarias por contingencias comunes y se les reconoció unos derechos ampliados, como la prestación de la Seguridad Social desde el primer día de baja, o desde el día siguiente o el acceso a esta cobertura sin cotización previa, según el caso. Pero cada baja “especial” tiene una letra pequeña diferente, por lo que la Seguridad Social comunica a las compañías una codificación única para cada caso.
“La única manera de comunicar estas situaciones especiales de incapacidad temporal es mediante una codificación especial”, responden desde el Ministerio de la Seguridad Social. Estos códigos son los que permiten a las compañías conocer de qué tipo de baja se trata.
Ha pasado lo que con denuncias desde filas obreras se dijo que iba a pasar: al regularlas como una incapacidad temporal “especial” la empresa tendría la codificación de cual es la causa. Se han pasado de nuevo la “protección de datos” por las oficinas de las empresas.
Politi-corrupción:
-El número dos de Mazón en el PP es copropietario de dos empresas con ocho viviendas, pero no declara ninguna.
Juan Francisco Pérez Llorca informó al Parlamento Valenciano de que participa en dos mercantiles que comparte con sus hermanos y que tienen 4,3 millones de euros en activos: cuatro casas en Orxeta, tres en Finestrat, tres plazas de parking, cinco trasteros y tres terrenos en suelo urbano y seis campos de cultivo.
El secretario general del PP de Carlos Mazón, portavoz popular en las Corts Valencianes y alcalde de Finestrat, Juan Francisco Pérez Llorca, declaró ante el Parlamento autonómico que no era propietario de ningún bien inmueble ni urbano ni rústico. Sí que declaró participaciones en dos empresas que comparte con sus hermanos y cuyas acciones valoró en menos de 100.000 euros. Pero la realidad escondía un patrimonio del valor asignado a esas participaciones y que ocultó, o no quiso detallar en su declaración de bienes ante las Corts Valencianes. Las dos sociedades familiares, una inmobiliaria y una promotora-inmobiliaria, tienen unos activos de 4,3 millones de euros y gestionan ocho viviendas, entre ellas un dúplex, tres plazas de parking, cinco trasteros y tres terrenos en suelo urbano y seis campos de cultivo.
El portavoz del PP en las Corts Valencianes tampoco declaró la casa familiar en la que reside habitualmente en el Pla de la Vila de Finestrat…