Muro de denuncias:
Terrorismo de Estado:
-El 23-F del rey Juan Carlos que Sabino describió y Armada calló.
“Fue el propio rey quien promovió el golpe con el objetivo de acabar con la carrera política de Suárez y la UCD”.
“También intervino Prado, para convencer a los generales participantes, quienes aquella noche estaban incluso preparados para apoyar otro tipo de golpe más contundente. Por su parte, los estadounidenses de la embajada, a través del comandante Cortina, desviaron a los soldados profesionales que tenían que acudir al Congreso con el comandante Pardo Zancada y los reemplazaron con algunos guardias civiles al mando del coronel Tejero, al cual consideraban dispuesto a hacerlo, pero chapucero y controlable».
‘Público’ obtiene el relato completo que el exjefe de la Casa Real confió en 1994 a un pequeño círculo sobre el verdadero papel del rey en el golpe de Estado de Tejero.
Sabino Fernández Campo actuó así despechado por las malas maneras con las que Juan Carlos I le destituyó tras descubrir que había filtrado los amoríos infieles del monarca con la intención de forzarle a abandonar a una de sus amantes.
—“Palabra de honor, me río, cariño, de Alfonso Armada” , le dijo el rey a su querida «entre nosotros, como siempre». Y siguió, según los audios ahora filtrados: «Ese ha pasado siete años en la cárcel, se ha ido a su pazo de Galicia y el tío jamás ha dicho una palabra. ¡Jamás! En cambio, este otro está largando…», refiriéndose a Sabino…
-La Guardia Civil desmiente a Robles y compra munición a una empresa de Israel por 6,6 millones.
La Guardia Civil acaba de adjudicar un contrato de munición por más de 6,6 millones de euros a una empresa de Israel. Esa misma semana, la ministra de Defensa, Margarita Robles, aseguró en una carta que España ya no compra armas al país hebreo desde octubre de 2023.
El contrato está dividido en tres lotes para la adquisición de 19,8 millones de balas para las pistolas reglamentarias de la Guardia Civil. El primero y el tercer lote, por valor de 6.642.900 euros -impuestos incluidos- han sido adjudicados a IMI Systems. Esta empresa era propiedad del Gobierno israelí hasta que en 2018 fue absorbida por Elbit Systems, empresa del mismo país.
En España su comercializadora es Guardian Homeland Security, la misma empresa que vendió en 2021 6.000 pistolas Ramon al Ministerio del Interior.
El pasado día 23, se conoció una carta que Margarita Robles había enviado a sus socios de Gobierno. En ella aseguraba que España ya no estaba comprando armamento a Israel (las empresas del país necesitan aprobación del Ejecutivo de Benjamin Netanyahu para vender al exterior). Afirmaba que sólo quedaban algunos contratos pendientes, y que se habían firmado otros mayormente de reparaciones. Un día antes la Guardia Civil, sobre la que Defensa tiene competencias aunque no para licitar contratos, firmó la adjudicación a la hebrea Imi Systems.
El contrato de la Guardia Civil desmienten las declaraciones de la ministra de Defensa.
En: elindependiente.com
-Interior anula el contrato de compra de munición con la filial israelí Guardian Defense & Homeland Security
La empresa había obtenido un contrato de seis millones de euros para el suministro de munición para diversas Unidades de la Guardia Civil. Interior lo anula sólo después de que se divulgara la información.
Control de la información:
-La Televisión de Galicia ordenó a sus redactores censurar los nombres y los rostros de los acusados de matar a Samuel.
Trabajadores del canal público denuncian que la dirección les prohibió tomar primeros planos y les obligó a pixelar las caras de los presuntos asesinos, en connivencia con un abogado de la defensa hermano de la secretaria xeral del PPdeG.
La Televisión de Galicia (TVG), el canal público autonómico en manos de la Xunta de Alfonso Rueda, ha ordenado a sus redactores de la delegación de A Coruña que dejen de incluir en sus informaciones los nombres de los acusados de matar a Samuel Luiz. También les ha comunicado que deben evitar tomar imágenes de sus rostros, y que si lo hacen, deben editarlas antes de difundirlas, pixelando sus caras para impedir que puedan ser identificados.
Según varios trabajadores consultados, esa estrategia coincidiría con la de la defensa de una de las presuntas asesinas, Catherine Silva, cuyo abogado es Luciano Prado del Río, hermano de la secretaria general del Partido Popular de Galicia, Paula Prado del Río.
Esas fuentes aseguran que los periodistas y cámaras de la delegación de A Coruña que cubren la vista oral han recibido esas órdenes mediante indicaciones verbales de sus superiores. Además, tres semanas antes de la vista, varios trabajadores de la TVG recibieron una circular sin membrete ni firma bajo el título en gallego «Pautas de estilo para los informadores sobre el tratamiento de la imagen», y cuyo punto número uno se refiere precisamente a los juicios y procesos judiciales.
Los acusados en el juicio por el asesinato de Samuel Luiz son Diego Montaña, Alejandro Freire, Kaio Amaral Silva, Alejando Míguez y Catherine Silva, quienes se enfrentan a penas de entre 22 y 27 años de cárcel cada uno por los delitos de asesinato con ensañamiento y alevosía, en dos de los casos con la agravante de discriminación por orientación sexual y en uno, con el delito añadido de robo con violencia.
Sus rostros y nombres han aparecido en la prensa de todo el Estado, dado que se trata de una audiencia pública por un caso con gran repercusión social y a que la magistrada que preside el juicio ha permitido que se fotografíe y se grabe a los acusados en el interior de la sala de vistas.
*Recordar que TVG de forma histórica no ha tenido problema alguno para publicar rostros y datos (demasiadas veces no necesarios) de no condenados, cuando de otros muchos temas se trataba: obreros juzgados, ‘terroristas’ detenidos, migrantes detenidos, okupaciones…
Pero TVG tienen algo que esconder por lo no visto.
La familia, y a quién:
-Un alto cargo de la Junta de Andalucía autoriza la balsa de residuos tóxicos de la minera en la que trabaja su hermano.
El delegado territorial en Huelva de la Consejería de Sostenibilidad y Medio Ambiente de Andalucía, Pedro Yórquez Sancha, firmó el 28 de agosto la autorización ambiental para una balsa de 15 millones de m3 de residuos tóxicos en el municipio de Cortegana que planea construir la minera Sandfire-MATSA, empresa en la que trabaja su hermano como técnico facultativo.
Pedro Yórquez Sancha fue nombrado delegado territorial de la consejería el 7 de septiembre de 2022. De esa manera adquiría la condición de alto cargo de la Junta de Andalucía que preside Juan Manuel Moreno Bonilla (PP). Para entonces, su hermano llevaba unos diez años desempeñando distintas funciones en la minera MATSA.
El delegado territorial de la Junta rubricó así el visto bueno ambiental para la infraestructura que la empresa denomina “instalación de gestión de tailings”. Lo que quiere hacer en realidad MATSA (Mina de Aguas Teñidas SA) es excavar en medio de un pinar un gran depósito para desechos mineros. Porque eso son los tailings: los materiales que quedan del proceso de separación de la fracción valiosa (la mena) de la que se desprecia (la ganga).
En este sentido, al menos, parte de la población no comparte esa visión benefactora. Vecinos del área cercana al proyecto en Valdelamusa, El Cerro de Andévalo, La Zarza, Calañas y La Mora protestan, sobre todo, contra la ubicación del depósito. Han recogido 4.400 firmas de apoyo y convocado una manifestación para el 17 de noviembre. La objeción principal, apuntan, no es tanto la actividad minera, sino el lugar escogido para excavar la balsa “a escasos metros de las viviendas”, recuerdan.
Sobre la designación de empresa, la Delegación territorial de Medio Ambiente ha contestado que “desde el punto de vista jurídico” considera que “no hay incompatibilidad”. Y argumenta que el hermano del delegado “no es un alto cargo de la empresa, ni ha presentado él el proyecto y no está en el área de la empresa implicada”.
La minera MATSA fue adquirida por la australiana Sandfire en 2021 por 1.500 millones de euros. La empresa había sido hasta entonces propiedad de la multinacional petrolera Trafigura y el fondo soberano de inversión de Emiratos Árabes Unidos Mubadala que entró en la sociedad al comprar a Trafigura el 50% del accionariado en 2015 por unos 400 millones de euros…