Muro de solidaridad y denuncias:
Criminalización:
-112 años de prisión para 21 procesad@s por el primer Rodea el Congreso del 25 de septiembre de 2012.
Entre los días 18 y 28 de noviembre de 2024, 21 personas serán juzgadas por hechos presuntamente ocurridos en el primer “Rodea el Congreso”, convocado por la Coordinadora 25-S nada menos que el 25 de septiembre de 2012, enfrentándose a un total de 112 años y 5 meses de penas de prisión.
Simplemente por el retraso que acumula el procedimiento, más de 12 años, la causa debería suspenderse y archivarse.
Las penas solicitadas inicialmente por esa institución son muy duras y van desde los siete años y medio de prisión hasta los tres años y ocho meses.
Los juicios políticos se pueden -y se deben- ganar. Tenemos experiencia en ello. Desde luego, éste se trata con toda claridad de un juicio político. Las convocatorias “Rodea el Congreso” realizadas por la Coordinadora 25-S tenían como objetivo denunciar la corrupción del Régimen, el carácter antidemocrático de éste, así como la necesidad de poner en marcha un proceso constituyente. Hoy, si cabe, esas exigencias están aún más justificadas de lo que estaban hace doce años.
El Régimen, en coherencia con su naturaleza protofascista, lanzó una auténtica ofensiva represiva contra la Coordinadora y todo lo que se movía a su alrededor. Ejemplo de ello es este juicio. Es importante recordar la denuncia ante la Audiencia Nacional por parte del Gobierno del PP en el sentido de que la Coordinadora 25-S pretendía asaltar las instituciones del Estado. Finalmente, el juez Pedraz, de ese mismo tribunal, con el repudio de una buena parte de los medios de comunicación y formaciones políticas, rechazó tal cuestión. Dos de las personas encausadas en ese procedimiento fueron nuestras compañeras Doris Benegas -ya fallecida- y Elena Martínez, entre otros/as.
En los próximos días, la Coordinadora 25-S elaborará un calendario con las actividades concretas de solidaridad con los/as procesados/as.
Casos ‘aislados’:
-Cárcel para un policía por liarse a porrazos contra los manifestantes en Murcia en la huelga general de 2012.
Aunque el agente no entrará en prisión, la sentencia lo inhabilita para formar parte de los UPR.
Eran tres agentes de la Policía Nacional los que estaban bajo sospecha de liarse a porrazos contra ciudadanos en la huelga general de 2012 en Murcia. A uno de los vecinos heridos en aquella jornada le tuvieron que reconstruir el tabique nasal. Ya hay sentencia: se ha condenado solo a un policía, el que pudo ser identificado.
El agente es «condenado a un año de prisión por un delito agravado de lesiones por el uso de instrumentos o medios peligrosos». Añade que «se establece una pena accesoria de inhabilitación especial para formar parte de la Unidad de Prevención y Reacción (UPR) de dicho cuerpo». El condenado, claro, no entrará en prisión.
Cabe recordar que hay un vídeo colgado en el portal de internet Youtube grabado por un vecino desde un balcón, en el que se aprecia cómo un ciudadano recibe una patada y golpes de porra de un agente una vez que está inmóvil en el suelo, al que había caído al tropezar en su huida. La víctima (un activista conocido como Carlos Gorairis) llegó a perder momentáneamente el conocimiento.
Terrorismo de Estado. Torturas:
-Versiones oficiales
El Estado español ha montado innumerables mentiras perfectamente elaboradas, las conocidas como versiones oficiales, que ha conseguido vender como ciertas. Se trata de secretos de Estado que, en la gran mayoría de los casos, son muy difíciles de desmontar con pruebas irrefutables, porque el Estado dispone de todo tipo de medios para llevar a cabo sus sucias «tareas» sin dejar prueba alguna.
Afortunadamente, en Euskal Herria muchas personas se han mostrado siempre refractarias a las versiones oficiales. Han desconfiado de ellas con muchísima razón y se han mantenido alerta, con la esperanza de que, tarde o temprano, la verdad termine por imponerse. Y no cejan en denunciar que esas versiones oficiales, bien cubiertas como secretos de Estado, son puras falacias. Sé de sobra que, en ese tipo de casos, es extremadamente difícil que toda la verdad salga a relucir, pero ahí está el caso de Mikel Zabalza como prueba de que algunas versiones oficiales terminan por empezar a resquebrajarse gracias a la ingente labor llevada a cabo para que se esclarezca lo que realmente sucedió. En efecto, en ese caso empiezan a verse los frutos del infatigable trabajo de denuncia para el que se han empleado todo tipo de medios, incluida una excelente película. Recuérdese que Mikel Zabalza fue detenido por la Guardia Civil, en la madrugada del 26 de noviembre de 1985, junto con otras personas, entre las que se encontraba su novia, y bien es verdad que hoy es el día en que sigue sin poderse probar cómo murió exactamente. Sin embargo, cada vez más gente considera que la versión oficial, que las autoridades españolas siguen defendiendo a toda costa, no se sostiene en absoluto. Es imposible que sucediera lo que las autoridades pretenden que sucedió. Imposible. Todas las personas detenidas junto con Mikel Zabalza fueron puestas en libertad sin cargo alguno en su contra y denunciaron haber sido sometidas a duras torturas. Entre ellas, se encontraba Ion Arretxe que escribió un conmovedor testimonio contando lo que le sucedió durante aquellos interminables días en su libro Intxaurrondo. La sombra del nogal. Tal y como cuenta Ion, que falleció no hace mucho, «nada más sacarle de la cama, le llevaron al monte, le embutieron en dos sacos de plástico de los que se usan para sacar escombros, le envolvieron con cinta de embalar como a una momia y le interrogaron metiéndole la cabeza, una y otra vez, en el agua de un río». Después, lo llevaron a Intxaurrondo, donde siguieron torturándolo. Desde el principio, muchas personas se mostraron completamente seguras de que Mikel murió mientras era sometido a una de aquellas sesiones de torturas. Como en muchos otros casos, quienes participaron en aquel crimen, con la ayuda y apoyo de las autoridades, montaron una versión oficial según la cual Mikel habría confesado el lugar donde se encontraba un zulo con armas de ETA. A raíz de ello, fue conducido por varios guardias civiles a localizar con exactitud dicho zulo que, por cierto, nunca apareció. Dicha versión oficial sostiene que, en el trayecto, cuando estaban atravesando el túnel de Endarlatza, Mikel consiguió escaparse de los guardias que lo custodiaban y se lanzó esposado al río Bidasoa donde se ahogó. Su cadáver apareció veinte días después, en un lugar que ya había sido rastreado varias veces por la Cruz Roja. Han transcurrido casi cuarenta años desde entonces y cada vez hay más gente que no se cree en absoluto esa versión oficial que han impuesto valiéndose de la ley de secretos oficiales franquista que sigue en vigor. Una ley de la que se sirven para ocultar casos de terrorismo de Estado como éste, porque los estados eluden a toda costa reconocer su participación en actos terroristas. En el caso de Mikel Zabalza, cada vez son más numerosas las personas que muestran serias dudas sobre lo que realmente sucedió, pero las autoridades siguen enrocadas en la negación pura y dura. Siguen defendiendo la versión oficial. Además, han ascendido hasta el máximo grado en el escalafón militar, teniente general, a uno de los agentes que, según dicha versión, custodiaba a Mikel cuando huyó: Arturo Espejo Valero. Por otra parte, es indudable que los expertos internacionales en resolución de conflictos dan una enorme importancia al reconocimiento del daño causado, que los Estados evitan por completo. Un reconocimiento que, como remarcan los expertos de modo unánime, es la base imprescindible para que se resuelva cualquier conflicto. Quienes niegan la importancia capital de dicho reconocimiento, tendrán que explicar por qué eluden a toda costa hablar de ese tema y, en su lugar, se empeñan tanto en remarcar que el summum de la maldad consiste en justificar las acciones violentas. Además, quienes insisten tanto en ese tema también pasan de puntillas sobre el hecho evidente de que cuando a los Estados no les queda otro remedio que admitir que han utilizado violencia ilegal, bien se encargan de justificarlo de una u otra forma. Es lo que ha sucedido, por ejemplo, con la guerra sucia practicada por las autoridades españolas con la complicidad de las francesas. Dichas autoridades se han esforzado siempre en dejar las menos pruebas posibles y el presidente Felipe González manifestó con rotundidad en su día que «No hay pruebas, ni nunca las habrá». Sin embargo, actuaron con suma prepotencia, sobre todo en el caso de los GAL, y a consecuencia de ello dejaron, muy a su pesar, no pocas pruebas. Al ser tan contundentes las pruebas de la implicación de las autoridades españolas, estas empezaron a justificar los atentados, pretendiendo que fue gracias a todos aquellos asesinatos como consiguieron que las autoridades francesas empezaran a colaborar. Una enorme falacia, porque dicha colaboración estaba incluida en un acuerdo secreto franco-español establecido antes de que se iniciaran loa atentados reivindicados usando la sigla GAL. Puro terrorismo de Estado franco-español.
Xabier Makazaga, investigador del terrorismo de Estado
14 de octubre de 2024