Muro de denuncias:
Torturas:
-El último informe sobre violencia política y torturas en Euskadi: 93 casos más y 417 sin resolver.
Recopila los datos desde 2019 y suma 238 casos confirmados más de violencia política.
Los investigadores de la Comisión de Valoración denuncian la dejadez de la Administración vasca y denuncian que hacer esperar a cientos de familias es injusto e incrementa el dolor.
La Comisión de Valoración que se encarga de estudiar los casos de violencia política y atentados contra los Derechos Humanos en Euskadi entre 1978 y 1999 ha informado de 93 nuevas víctimas. En total, desde 2019, ya son 238 los casos confirmados por este organismo. La Comisión ha resuelto 96 informes y, de ellos, se han estimado 93. De las víctimas, hasta 75 sufrieron tortura y dos de ellas acabaron en muerte. La Comisión denuncia que por culpa de la falta de forenses ha tenido que parar su actividad por primera vez en cuatro años. Han reivindicado que sus dictámenes son necesarios “para la resolución de cada expediente”.
Sobre las 75 víctimas de tortura, del informe se desprenden hasta diez casos de violencia contra la libertad sexual. También, por ejemplo, detenciones durante los estados de excepción o amenazadas antes y después. Queda claro, además, que se deben sumar 20 casos más, pues algunos de ellos lo sufrieron varias veces.
Los victimarios principales son la Policía y la Guardia Civil –con 42 y 41 casos–, participando juntos en un caso más. La Ertzaintza computa en tres casos. Los grupos incontrolados o parapoliciales como el Batallón Vasco Español, los GAL o la Organización Armada por la liberación nacional contra el Marxismo y el Separatismo (OAMAS) también aparecen identificados en un total de seis casos.
*Cocoliso, un infiltrado que colaboró en la muerte de dos personas
José Luis Arrondo, al que apodaban ‘Cocoliso’, se hacía pasar por refugiado en San Juan de Luz y Biarritz. Huyó de la embarcación en la que iba junto a José Luis Mondragón y Roque Jabier Méndez, que habían dejado ETA en 1973 y 1970. Les ofrecía ayuda para cruzar a Francia porque la organización ya estaba distanciada de ellos. Ese 20 de mayo de 1974 fueron disparados en la playa de los Frailes, en Hondarribia. La Comisión instó, con el permiso de las familias, a exhumar el cadáver de Roque, enterrado en Portugalete. El estudio forense determinó en 2023 que “existen evidencias que sugieren que se habría tratado de una actuación policial no legítima ni proporcionada”. Un cañón cercano al cuerpo, otro más alejado. Dos balas. Puede que una más: había tres agujeros de salida. Los forenses concluyen que la versión oficial se sustentó en un examen deficiente: “Podría haberse tratado de una investigación ni independiente, ni imparcial, ni objetiva”. Investigaciones posteriores, como publicó Hordago-El Salto, apuntaron a que la ejecución que facilitó la infiltración, por un lado, era una acción extrajudicial, y por otro, que se trató de una vulneración del derecho a la vida totalmente injustificada.
En este nuevo informe donde han tratado el caso de Roque, la Comisión valora que “se desprende con nitidez la ausencia en este caso de una investigación judicial efectiva, así como la absoluta falta de depuración de responsabilidades por un operativo policial que acabó con la vida de dos personas”. Además, explican que la “hipótesis” de “ejecución extrajudicial” queda apuntalada.
*La comisaría de La Salve (Bilbao), centro de tortura y violencia sexual
El informe repara en la perspectiva de género aplicada a la tortura. La Ley 12/2016 ya recoge la tipificación explícita de violencia sexual, así como física, psíquica y moral, aludiendo al hecho contrastado de que las mujeres que sufren torturas o malos tratos “enfrentan un riesgo específico añadido de sufrir actos de violencia sexual a causa de su género, orientación sexual o identidad de género”. Comentarios vejatorios sobre sus cuerpos, privación de productos de higiene personal cuando se encontraban con la regla, tocamientos, agresiones sexuales y violaciones. Incluso con objetos…
Más dinero al buitre FMI:
-El Congreso aprueba la subida de cuotas de España al FMI.
Han aprobado el incremento de la cuota con la que España contribuye a mantener el organismo económico terrorista conocido como Fondo Monetario Internacional (FMI).
La cuota con la que España contribuye al FMI se incrementa en un 50% pasando de pagar más de 9,5 millones anuales a superar los 14,3 millones.
El dictamen ha salido adelante con el apoyo de PSOE, PP, PNV, Unión del Pueblo Navarro (UPN) y Coalición Canaria, mientras que Sumar, ERC, Bildu, Junts y José Luis Ábalos se han abstenido y Vox, Podemos y el BNG han votado en contra.
Reincidente consentido:
-Detenido y preso el jefe de Protección Civil de Santa Cruz de Tenerife.
Santiago Carlos Martín, de 53 años y natural de San Cristóbal de la Laguna, ya había sido cesado, hace años, de su cargo como jefe de Protección Civil en Santa Cruz de Tenerife, tras ser acusado de agresión sexual a 4 menores.
Con el caso sobreseído, fue readmitido por el ayuntamiento de CC-PP-Ciudadanos.
El también coordinador insular de SOS Desaparecidos, ingresa en prisión ahora, acusado de trata de seres humanos con fines de servidumbre y agresión sexual de carácter continuado.
Corruptos tienen nombre:
-El Supremo confirma la condena al PP como responsable civil en el caso de los ‘papeles de Bárcenas’.
La Sala de lo Penal ratifica la sentencia de la Audiencia Nacional que condenó a los dos administradores de Unifica, así como al extesorero del PP Luis Bárcenas como cooperador necesario al facilitar la defraudación.
La Sala de lo Penal ratifica en esencia la sentencia de la Audiencia Nacional que condenó a los dos administradores de Unifica, estudio encargado de hacer las reformas en la sede del PP en Génova, por un delito de defraudación tributaria, así como al extesorero del PP Luis Bárcenas como cooperador necesario al facilitar la defraudación por la vía de efectuar un tanto por ciento de los pagos debidos de forma opaca, con dinero negro.
Como también confirma la responsabilidad civil subsidiaria tanto a Unifica como al PP (solo hasta el importe defraudado achacable a los pagos en B), una vez que esta declaración no había sido objeto de impugnación.
Ahora bien, la Sala, por cuestiones menores de carácter predominantemente técnico, reduce las penas de prisión de dos años y nueve meses a nueve meses a los dos responsables principales y de dos años a ocho meses a Bárcenas. Las multas pasan a ser de 200.000 euros para cada uno de los dos administradores y de 180.000 euros para el extesorero.
–https://www.publico.es/politica/supremo-confirma-condena-pp-responsable.html
Mientras tanto:
-Boda cúpula PP: ¿Saben ese de ‘los compromisos privados’ con la que está cayendo?
Bodorrio pepero en Sevilla. Pa’ esto no tienen agenda…
La boda de la hija de Javier Arenas reúne a la cúpula del PP en Sevilla.
Marta Arenas, hija del dirigente popular Javier Arenas se casó el 16 de noviembre con Marco González Castellanos, hijo de la empresaria Carmen ‘Cuqui’ Castellanos.
En la iglesia y posterior papeo y fiesta, parece que con otras cosas de agenda relevadas:
El ex presidente Mariano Rajoy, el presidente del Senado, Pedro Rollán; o la presidenta del Puerto de Cádiz, ex alcaldesa gaditana Teófila, Martínez. El ex presidente extremeño José Antonio Monago, el presidente de la Junta, Juanma Moreno (sólo al ágape), el consejero de Presidencia, Antonio Sanz. El portavoz del PP en el Parlamento Europeo, Esteban González Pons; Cuca Gamarra, la secretaria general del PP y portavoz en el Congreso; Elías Bendodo, vicesecretario general y la vicesecretaria Carmen Fúnez; el también vicesecretario Juan Bravo; el secretario general del PP andaluz, Antonio Repullo; la consejera de Cultura, Patricia del Pozo, y su viceconsejera Macarena O’Neill; el senador Juan Ávila; Jaime Rayanud, adjunto al defensor del Pueblo, o Amalia Gómez, ex secretaria de Estado de Asuntos Sociales…
Por eso de verse bien acompañados, se rodearon de la ‘crema’ empresarial y de control de medios:
El empresario Rosauro Varo, alto directivo de GAT Consultores; la empresaria Patricia Rato; el también empresario Enrique Ybarra, la presidenta de Persán, Concha Yoldi o el presidente de la Cámara de Comercio, Francisco Herrero. Por parte de los medios de control de la información, Carlos Herrera, voz de la COPE, y su esposa, la también periodista Pepa Gea; la viuda del periodista Antonio Burgos, Isabel Herce; o la periodista Carmen Martínez de Castro. La directora general de Patrimonio Documental, María del Mar Sánchez Estrella o un buen elenco de notarios y abogados.
