Muro de solidaridad y denuncias:
8 de Caixabank:
-Insumisión a los procesos judiciales
L@s 8 de Caixabank, con una petición de cárcel de más de 3 años, han decidido no presentarse al juicio que se celebrará este 10 y 12 de febrero de 2025.
Llamamiento a una campaña estatal de insumisión a los procesos judiciales.
–https://x.com/AntirepresivaGu/status/1866166834845639047
*Los ocho de Caixabank se declaran insumisos judiciales: “Es un juicio contra el activismo”
Hace siete años los activistas de la PAH intentaron negociar con el banco el caso de una afectada, pero terminaron detenidos. Sostienen que no confían en la justicia como garante de sus derechos, por lo que no acudirán a la vista oral de su juicio, en febrero de 2025.
-Activistas de la PAH plantan al tribunal que les juzgará por una protesta contra Caixabank.
El 26 de marzo de 2021, ocho activistas de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) de Guadalajara fueron procesadas por el Juzgado de Instrucción nº1 de la ciudad, a petición del Grupo Caixabank y la Fiscalía. Se les solicitó penas de 3 años y 9 meses de prisión y 11 meses respectivamente, debido a su participación en una protesta llevada a cabo en el interior de una sucursal bancaria en Cabanillas del Campo el 5 de diciembre de 2017. Las activistas exigían la paralización del desahucio de una familia, un compromiso que el banco había asumido tras meses de negociaciones para encontrar una solución habitacional.
La protesta terminó con el desalojo y la detención de 8 personas, que fueron trasladadas a dependencias de la Guardia Civil, por orden del entonces subdelegado del gobierno Juan Pablo Sánchez-Seco. La concentración de más de un centenar de personas esa misma tarde a las puertas del cuartel donde estaban detenidas las 8 supuso su liberación inmediata, pero hoy enfrentan severas penas por ejercer un derecho fundamental, en un contexto de persecución sistemática contra activistas que defienden el derecho a la vivienda.
-Las #8deCaixabank no es un caso aislado
La Plataforma Antirrepresiva de Guadalajara ha difundido un manifiesto que enmarca este proceso judicial en una tendencia más amplia de criminalización de la protesta social en España, siendo que en la propia Guadalajara el movimiento en defensa del derecho a la vivienda ha tenido que enfrentar multas y otros procesos penales por sus acciones y movilizaciones. «La intención es tratar a quienes reivindican derechos básicos como delincuentes, y a la organización de estas acciones como un grupo criminal, como les ha pasado a las activistas ambientales de Futuro Vegetal”.
Desde la Plataforma señalan como un caso particularmente grave y que inevitablemente va a tener incidencia en el caso de Guadalajara, el conocido como el de «Las 6 de la Suiza». El 19 de junio de 2024, el Tribunal Supremo ratificó una condena de tres años y medio de prisión y una multa de 125.000 € a seis sindicalistas de la CNT por organizar protestas frente a la pastelería “La Suiza” en Gijón, lo que evidencia un patrón de criminalización de la disidencia y, al tener esa sentencia una función casacional, sienta una doctrina de aplicación por los tribunales inferiores.
-Un juicio político y sin pruebas
La Fiscalía General del Estado, en sus memorias anuales, ha declarado reiteradamente que los movimientos sociales y políticos que se desvíen de los márgenes permitidos deben ser vigilados y perseguidos, bajo etiquetas como «terrorismo» o «delito de odio». Esto refleja un intento de aleccionar al público sobre las consecuencias de desbordar los límites establecidos. Los procesos judiciales que enfrentan los activistas no solo buscan determinar culpabilidad o inocencia, sino que tienen como objetivo establecer límites a los derechos fundamentales, como se evidencia en el caso de las #8deCaixabank.
A pesar de las pruebas insuficientes presentadas por la Fiscalía y Caixabank, que en condiciones normales deberían haber llevado al archivo del caso, las activistas se enfrentan a un juicio cuya sentencia creen que ya está firmada. El verdadero «delito» que se les imputa es el de protestar, específicamente por el derecho a la vivienda, un derecho que entidades como Caixabank han vulnerado sistemáticamente.
-Objeción de conciencia
Desde la Plataforma se hace un llamado urgente a los movimientos sociales y sindicales para que comprendan que, al activar un proceso judicial contra quienes participan en protestas, se enfrentan a un sistema que manipula las reglas a su favor. «Es un error alimentar la esperanza de que los tribunales actuarán con magnanimidad, ya que la historia demuestra que las libertades políticas solo se conquistan fuera de las salas de audiencias”.
Por ello, el grupo de personas imputadas ha decidido no acudir al juicio fijado para el 10 y 12 de febrero de 2025, en un esfuerzo por rechazar la legitimidad de estos juicios políticos y reafirmar que la desobediencia civil no es un delito, y han iniciado una convocatoria estatal para que organizaciones y colectivos en situación similar se sumen a esta campaña de insumisión y de objeción de conciencia frente a este tipo de procesos judiciales.
La consigna es clara: No a los juicios políticos. Sin libertad de expresión, no hay democracia
Politi-corrupción:
-Madrid, tierra de fondos buitre: los grandes tenedores se disparan en solo un año.
Las políticas de la CAM y del ayuntamiento, lo permiten, incentivan, y aplauden.
«El señor que necesita tu alquiler para llegar a fin de mes no existe en Madrid».
Madrid se está transformando en un parque temático pensado para las grandes empresas y las fortunas de sus directivos. Fondos buitre y grandes especuladores también son bienvenidos a la capital de la gentrificación, donde los vecinos ya no tienen barrios de los que (ni a los que) huir. El Gobierno de Isabel Díaz Ayuso se niega a aplicar políticas de vivienda y no acepta las de ámbito nacional, centrada en reducir impuestos a las rentas más altas y las grandes herencias, que utilizan su creciente y patrocinada fortuna para comprar más pisos con los que especular.
Tan solo en un año, entre 2023 y 2024, el número de propietarios con más de tres pisos alquilados se ha disparado en 2.600. La Comunidad de Madrid goza ahora de 10.242 propietarios con más de tres viviendas, lejos de los 7.600 que acogía en verano.
Entre los privilegiados los hay siempre un poco más y los propietarios de diez o más pisos también han crecido, de 1.507 a 1.868.
Entre los conocidos como grandes tenedores acumulan casi 150.000 inmuebles, con una media de 75 pisos.
“No son pequeños propietarios, son fondos y especuladores que vacían los bolsillos de las familias madrileñas”.
Mientras, Ayuso y Almeida, aplaudiendo con las orejas… siempre les dejaran algo por semejante esquilmación.
Y en consecuencia:
-La lucha por el derecho a vivienda se politiza y radicaliza.
Primeros pasos de vecinos por una huelga de alquileres: el caso de dos bloques, en Salou y El Vendrell.
El Sindicat de Llogateres ve como punto de partida una huelga de los vecinos del bloque del InmoCaixa para dejar de pagar para protestar contra el IBI, que consideran un abuso, como punto de partida para una huelga de alquiler.
Devuelven los dos últimos recibos como medida de presión. Esta es la acción que han llevado a cabo estos días algunos de los inquilinos de un bloque de InmoCaixa en Salou, para recuperar una parte del IBI que lleva pagando durante estos años. De los 80 apartamentos en el bloque de Salou, la mayoría de ellos están vacíos y hay una treintena de apartamentos en alquiler. La devolución de los dos últimos recibos ha sido apoyada por 23 inquilinos del edificio.
Además de la acción del bloque de Salou, seis familias más se han sumado también a otra promoción del InmoCaixa en Vendrell. El impago total de la protesta en Salou y El Vendrell alcanza los 20.000 euros, según el sindicato del Ayuntamiento de Salou.
A diferencia del lugar de trabajo, la huelga de alquiler no es un derecho legalmente reconocido. Por ello, advierten de que es necesario organizarlo muy bien y evaluar sus riesgos y consecuencias. Una de las consecuencias de esta acción puede ser el desalojo. Según la jurisprudencia del Tribunal Supremo, el pago de un pago o retraso mensual puede ser «la decisión del contrato de arrendamiento».
Pero se han hartado, y han pasado a la acción activa…
Convocatorias:
-Segunda Marcha Republicana a Madrid
15 de junio de 2025.
Hasta que se vayan.
Difunde www.presos.org.es:
-Informativo antirrepresivo diario.
