Muro de solidaridad y denuncias:
Insumisión judicial:
-Los “8 de Caixabank” se declaran insumisos judiciales y no participarán en el juicio de febrero.
El 1 de febrero, Jornadas de Apoyo en Cabanillas del Campo.
Los activistas de la PAH Guadalajara están convocados el próximo 10 y 12 de febrero acusados por haber realizado una protesta en la sucursal de Caixabank de Cabanillas del Campo en 2017.
Ocho activistas de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) de Guadalajara que están convocados el próximo 10 y 12 de febrero en los juzgados de la capital alcarreña como acusados, han decidido realizar una acción colectiva de insumisión judicial y no asistir al juicio.
“En ningún momento se produce ningún tipo de coacciones, ningún tipo de resistencia, ningún tipo de acto de que conlleve lo que la ley dice que es un delito penal”.
Diego Herchhoren, uno de los encausados, explica que se abren dos posibles escenarios ante la acción de no presentarse al juicio: “Cuando la jueza vea que no estamos presentes tiene que emplazar a las partes a que se pronuncien. La Fiscalía entendemos que se ratificará en su acusación porque en este caso no hay discusión y le pedirá a CaixaBank si mantiene su petición de pena superior a los dos años, porque en caso de que la mantenga se tendría que suspender el juicio”. El activista explica que, en ese caso, “nos tendrían que poner en busca y captura y nos tendrían que ingresar a prisión preventiva hasta que se fije la fecha para un nuevo juicio”. Un periodo indeterminado entre rejas que, independientemente del veredicto final, ya llevarían a sus espaldas.
Otra de las razones que les lleva a declararse insumisos judiciales son las irregularidades que han rodeado la instrucción. Una de las pruebas documentales pedidas por la defensa de los ocho activistas fueron las grabaciones de las cámaras de seguridad de la sucursal bancaria. Ante la petición de estas pruebas por el juzgado, el banco respondió en mayo de 2018 que estas grabaciones “fueron borradas al transcurrir el plazo de 15 días siguiendo la normativa establecida para las grabaciones de videovigilancia”, según el texto remitido por Caixabank al juzgado. No solo eso, el juicio fue aplazado en dos ocasiones, la primera, por la huelga de funcionarios de justicia, y la segunda, cuando la entonces titular del Juzgado de lo Penal número 1 de Guadalajara fijó la celebración del juicio a puerta cerrada, impidiendo la presencia de observadores de Amnistía Internacional que habían solicitado asistir.
El próximo 1 de febrero, en Cabanillas del Campo, van a realizar unas jornadas de “apoyo a la libertad de expresión y en contra de los juicios políticos”, a la que se han sumado colectivos sociales de todo el Estado. “Porque esto, este patrón de detención, de exageración, de cargos de persecución sobre los movimientos sociales, no es que la suceda a nosotros en Cabanillas, está sucediendo en todo el Estado desde hace años”, explican. Con esas jornadas se pretende también “denunciar y decir que ante estas situaciones vamos a ser cada vez más insumisos judiciales”.
Consideran que estos procesos judiciales, seguidos bajo el epígrafe de “terrorismo” o “delito de odio” contra los movimientos sociales y políticos que se separan de los márgenes permitidos, no tienen como finalidad averiguar o no la existencia de delitos en las acciones emprendidas en defensa de derechos fundamentales, sino que con ellos se pretende “aleccionar” al público sobre “lo que puede ocurrirle si desborda sus límites”. En este sentido, señalan que estos procesos judiciales que se viven como consecuencia de haber participado de una protesta social “no son solamente una sentencia condenatoria o absolutoria”, sino que su existencia tiene como objetivo en sí mismo “establecer los límites a esos derechos y nunca garantizarlos”, considerando el caso de las #8deCaixabank “buena prueba de ello”.
Blanqueando el fascismo criminal:
-San Simón, el campo de exterminio franquista que el PP de Feijóo niega.
La isla en la que un diputado popular rechaza que hubiera muertes albergó durante años el penal de la ría de Vigo al que Franco envió a morir en condiciones inhumanas a centenares de ancianos republicanos.
Cuando empezó a escribir El 18 de brumario de Luis Bonaparte en 1851 para analizar el golpe de Estado que acabó ese año con la segunda república en Francia, Karl Marx abrió el ensayo con una frase que se convirtió en un meme de la época: «La historia siempre ocurre dos veces: primero como una gran tragedia y segundo, como una miserable farsa».
San Simón, un islote deshabitado del tamaño de dos estadios de fútbol ubicado en el fondo de la ría de Vigo, está protagonizando una de esas repetitivas espirales viciosas de la que hablaba el revolucionario alemán. Porque hay quienes se empeñan de la forma más rastrera y miserable en convertir en farsa su trágico recuerdo.
Entre 1936 y 1943 la leprosería medieval construida en la isla fue reconvertida en uno de los campos de concentración más temidos del franquismo en Galicia. Más de 6.000 personas pasaron por sus instalaciones, y están documentadas decenas y decenas de fusilamientos y sacas, cuando los paramilitares falangistas vaciaban cárceles y centros de confinamiento para asesinar republicanos y enterrarlos en las cunetas de todo el país. No sólo eso: centenares de presos políticos de San Simón murieron desnutridos o por las enfermedades provocadas por las inhumanas condiciones en las que fueron recluidos. Muchos se suicidaron.
Banalizar la historia
El 15 de enero, el diputado autonómico del PP José Luis Ferro negó la realidad de la historia y cuestionó que todo eso haya ocurrido. «Que nosotros tengamos constancia, tampoco sabemos que hubiese muertes en San Simón», dijo.
«Las declaraciones de Ferro son de una gravedad extrema, porque no sólo niegan la verdad histórica sino que la banalizan», sostiene Matías Rodríguez de la Torre, portavoz de Iniciativa Galega por la Memoria (IGM). «La crueldad con que se trataba a los presos de San Simón, sometidos a una represión extrema, a torturas, trabajos forzados, extorsiones y terror, está más que acreditada», subraya.
Ferro expresó su particular revisionismo durante un debate en comisión sobre el desarrollo en Galicia de la ley de memoria democrática. Es licenciado en Ciencias por la Universidad de Navarra y profesor de primaria y educación viaria, y Alberto Núñez Feijóo lo aupó al Parlamento de Galicia en las listas por Ourense en la pasada legislatura.
Entre 2012 y 2019, fue alcalde de Celanova (Ourense), donde Franco instaló otro de sus campos de exterminio en el que también se produjeron centenares de crímenes de guerra. Ferro, que de joven fue sacerdote, y sus sucesores en el Ayuntamiento, se han opuesto sistemáticamente a todas las iniciativas de las asociaciones memorialistas para eliminar la enorme cruz de piedra instalada en un monte de Celanova, con la que los fascistas significaron su sangriento paso por la comarca. Es un símbolo religioso, alega el PP, y no una glorificación de la barbarie.
Muchos de aquellos presos de Celanova murieron en San Simón, a unos 100 kilómetros de allí, porque fueron trasladados para acabar con sus vidas. Como a miles de otros prisioneros republicanos de todo el Estado, que fueron enviados a la isla con el mismo objetivo. Fue una decisión política adoptada en 1938 por el entonces jefe nacional de prisiones de Franco, el general Máximo Cuervo Radigales, quien ordenó que todos los reclusos políticos de mayor edad de las cárceles franquistas de la mal llamada España nacional fueran destinados a la isla, convertida desde entonces en campo de concentración para ancianos. Mayores dependientes, enfermos y desvalidos, condenados a morir en condiciones infames por una miserable decisión política. ¿Les suena la dialéctica? Citar a Marx quizá sea anatema, pero sucede que la historia parece condenada a repetirse en sus tragedias y miserias cuando se la deja en manos de la infamia.
Alimentándose de ratas
Pocos de aquellos desgraciados sobrevieron a San Simón, tal y como recuerda el informe histórico que IGM elaboró en 2022 para justificar ante el Gobierno del Estado su petición, avalada por una treintena de organizaciones de toda Galicia, para que fuera declarada Lugar de Memoria Democrática. «La escasez de víveres llevó a muchos presos a alimentarse con las ratas que encontraban, lo que provocó un grave brote de tifus. La mortandad […] sufrió un incremento terrible, llegando en momentos concretos, y según algunas fuentes, a las 15 muertes diarias entre suicidios y muertes naturales. Supuso un grave problema porque ya no había espacio en el cementerio de Pereiró, en Vigo», dice una de las páginas…
Represión marroquí:
-Un periodista de ‘Público’ y dos activistas españoles, expulsados del Sáhara Occidental.
El 19 de enero fueron expulsados de los territorios ocupados por Marruecos del Sáhara Occidental un periodista del periódico Público y dos activistas de CEAS-Sáhara que se encontraban realizando una misión de observación de la situación en la que se encuentra la población saharaui y los derechos humanos.
Abdulah Arabi, delegado del Frente Polisario en España, ha expresado su solidaridad con los tres expulsados y ha denunciado las tácticas empleadas por Marruecos. «Nos consta el nivel de intimidación ejercido por las fuerzas de ocupación marroquíes a la hora de llevar a cabo las expulsiones de las personas observadoras de derechos humanos y no es una situación que debamos banalizar».
Arabi ha enmarcado las expulsiones en la estrategia sistemática de las fuerzas de ocupación para evitar que se informe sobre el régimen de «terror» instaurado por Marruecos en las zonas ocupadas. «El objetivo principal de silenciar las voces e iniciativas que reivindican el derecho a la autodeterminación del pueblo del Sahara Occidental», ha afirmado. Este tipo de acciones, tal y como ha subrayado el delegado, deberían alertar a toda la ciudadanía: «Si, por ejemplo, en este caso, Marruecos es capaz de expulsar a tres personas españolas, ¿qué no será capaz de hacer con la población saharaui?».