
Memoria histórica imprescindible:
Fosas y más fosas:
-El largo camino de la familia Matarán para rescatar de una fosa común de Granada a dos familiares asesinados en 1936.
Un equipo de investigadores recupera del olvido los restos de Ángel y Alfonso Matarán. Francisco, hijo y hermano, no ha vivido lo suficiente para corroborar que su pálpito era cierto.

Cuando a Francisco Matarán le tomaron muestras de ADN para certificar que los restos encontrados en una fosa común de la Guerra Civil en Nigüelas (Granada) eran de su padre y de su hermano, él no lo dudaba: “Son ellos”. Su certidumbre era la propia de quienes mantienen un hilo invisible que les conecta con sus seres queridos. No se equivocó: aquellos dos cuerpos eran los de Ángel y Alfonso, padre e hijo, padre y hermano de Francisco. Dos fusilados y represaliados por el franquismo a los que, casi 90 años después, se les ha devuelto la dignidad gracias a los trabajos de exhumación liderados por el historiador granadino Alfredo Ortega. Tras dos campañas de excavaciones y datación de restos llevados a cabo en 2021 y 2022, Ortega y la asociación científica ArqueoAntro han logrado recuperar del olvido los restos de Ángel y Alfonso Matarán. Aunque Francisco, hijo y hermano, no ha vivido lo suficiente para corroborar que su pálpito era cierto, el resto de la familia sí ha podido cerrar un capítulo que jamás se olvidó desde que fueron represaliados y en el que el azar, unido al terror de la represión franquista, puso sobre la mesa demasiadas cartas.
Empezando por el final, el azar jugó su carta con el hallazgo de Ángel y Alfonso porque no era la fosa que buscaban. En 2015, Alfredo Ortega inició una investigación sobre la represión franquista en el Valle de Lecrín. Su objetivo era localizar la fosa de 1947, donde la Guardia Civil ejecutó sin juicio a varias personas vinculadas con la guerrilla. Pero, en el camino, el equipo se topó con otra sepultura, mucho más antigua. “Empezamos a excavar y encontramos restos con signos evidentes de ejecución. No tardamos en darnos cuenta de que pertenecían a la represión de 1936”, explica Ortega.
La fosa de Nigüelas tenía 22 metros de largo y se excavó por capas. “Era una zanja abierta, donde iban enterrando a las víctimas conforme las asesinaban”, detalla el historiador. En uno de esos estratos aparecieron los cuerpos de un hombre adulto y un joven, con botones de nácar y una prótesis dental de oro. “Ahí nos dimos cuenta de que podían ser Ángel y Alfonso Matarán. Eran detalles que no encajaban con el perfil de los campesinos fusilados”, relata.
La confirmación de que eran ellos llegó tras el cotejo del ADN de Francisco Matarán, que falleció el pasado verano. “Cada pequeño detalle, cada análisis forense y cada prueba genética han sido claves para devolverles su identidad y ofrecerles un entierro digno”, explica Ortega, el historiador que inició la investigación tras datar las fosas comunes del Valle del Lecrín para su Trabajo fin de Máster (TFM).
“Nos llamaron para ver los restos en la fosa antes de que los extrajeran”, recuerda Alfonso Matarán, el nieto de Ángel y sobrino de Alfonso, dos nombres que, por cierto, se han repetido a lo largo de las generaciones en la familia Matarán como homenaje póstumo. “Fue la última vez que pudimos verlos así, juntos. Aunque solo fueran huesos, era la primera vez que teníamos una certeza después de casi 90 años de incertidumbre”.

El maestro y su hijo
Ángel Matarán era maestro, católico y republicano. Tres señas de identidad propias de la época, adaptadas perfectamente al periodo de la II República, pero casi una sentencia de muerte para el franquismo. Creía en la educación como herramienta de transformación social y había cumplido con la legislación laica del periodo republicano, retirando los símbolos religiosos de su escuela. Ese gesto fue suficiente para convertirlo en un enemigo, según cuenta su familia.
Tras señalarle en los mentideros locales, el 13 de agosto de 1936 lo detuvieron en su casa de Granada, apenas un mes después de que ejecutase el fallido golpe de Estado. Su hijo Alfonso, de 19 años, decidió acompañarlo en otro de los azares del destino y acabó siendo fusilado por ello. “Pensaba que podría ayudarle, que no le iba a pasar nada. Pero se equivocó”, cuenta su nieto Alfonso Matarán. Nunca volvieron. Fueron asesinados y arrojados a la fosa de Nigüelas.
“Era un crimen planeado, no un arrebato de violencia”, subraya Alfredo Ortega, el historiador que con su empecinamiento ha logrado dar con los restos. “Los guardias civiles que los detuvieron sabían perfectamente lo que iban a hacer. Los llevaron primero al cuartel de la Guardia Civil de La Palma y luego a su destino final. La represión en los primeros meses de la guerra fue sistemática, organizada y brutal”.
Según los informes forenses, Alfonso recibió seis disparos en el cráneo. “Era un chaval, no había hecho nada. La brutalidad con la que lo mataron es una muestra de lo que fue el ‘terror caliente’ en los primeros meses de la guerra”, denuncia Ortega. “Fueron a por los maestros, los sindicalistas, los jornaleros. Querían erradicar todo rastro de la República, y lo hicieron con un nivel de crueldad inhumano”.
“Nos dijeron que no se podía, que había que pasar página. Pero la memoria no se borra. Seguimos aquí, buscando, recordando y exigiendo justicia”, sentencia Alfonso Matarán, quien por fin podrá darle la dignidad que le arrebataron a su abuelo y a su tío. Por su parte, Alfredo Ortega y el equipo de ArqueoAntro seguirán trabajando para sacar a la luz los restos de más asesinados. Su próximo objetivo está en Castell de Ferro, también en Granada.

Caso Carratalá:
-‘Ser Histórico’ frente a la condena a un investigador y medios de comunicación por ejercer el derecho a la investigación histórica.
Hace unos días supimos que el Juzgado de Primera Instancia número 5 de Cádiz ha condenado al catedrático de la Universidad de Alicante (UA) Juan Antonio Ríos Carratalá por intromisión ilegítima al derecho al honor de Antonio Luis Baena Tocón, quien fuera secretario judicial en el proceso de instrucción contra el poeta Miguel Hernández en 1940.
La jueza condena a indemnizar al demandante con 10.000 euros y acepta parcialmente la demanda del hijo de Baena Tocón, José Francisco Baena González, obligando al historiador a rectificar ciertas expresiones que se refieren al personaje objeto de la investigación en dos artículos.
Con anterioridad, la justicia había denegado en dos ocasiones la pretensión del familiar de que un artículo de investigación fuera retirado del repositorio de la Universidad. En primera instancia, la Universidad cometió la torpeza de desindexar el artículo, pero tuvo que recular ante las protestas de la comunidad investigadora, en una clara demostración de que hablar con una sola voz funciona.
Aunque en este caso, que colea desde 2019, no ha acabado en condena, el sucesor de Baena Tocón también ha denunciado a numerosos medios de comunicación por hacerse eco del trabajo de investigación, subrayando la intencionalidad de cortar el flujo ente la información académica y la sociedad. Y no solo investigadores y periodistas fueron denunciados. La directora del Archivo Histórico Provincial de Alicante también fue denunciada en 2020, para que no quedara nadie en la cadena de reconstrucción histórica incólume.
Por si fuera poco, Ríos Carratalá ha denunciado que la sentencia incluye una suerte de “condena a futuro”:
“De hecho, he renunciado a participar en un congreso organizado en la Universidad de Zaragoza porque la sentencia también afecta a los trabajos que ‘pudiera hacer en el futuro‘ en relación con el alférez Baena Tocón. Mi abogado me indica que las condenas a futuro, salvo en casos muy específicos, están prohibidas por la doctrina del Tribunal Constitucional. No obstante, y ante la posibilidad de dar una conferencia sobre los consejos de guerra condicionada por la sentencia del juzgado gaditano, he optado por mantenerme en silencio para evitar nuevas condenas”.
Desde el colectivo de redacción de Ser Histórico queremos solidarizarnos con Juan Antonio Ríos Carratalá y reclamar que la comunidad académica se una para enfrentar la amenaza de censura estructural que se escusa en asuntos tan peregrinos como la protección de datos o el derecho al olvido de los actores implicados en el objeto de las investigaciones…