Memoria histórica imprescindible:
Fosa y más fosas:
-Fosa común del cementerio de Alicante, 11 asesinados.
A los días de terminar la Guerra, el 1 de abril 1939, varios soldados republicanos fueron encarcelados por el bando franquista. En Alicante, muchos de ellos fueron llevados al «reformatorio de adultos», lugar que ocupa actualmente los Juzgados de Alicante.
Tras más de un mes encarcelados, el 5 de mayo, once de ellos fueron llevados al acuartelamiento Alférez Rojas Navarrete, también conocido como cuartel de Rabasa, donde fueron fusilados. Acto seguido, los cuerpos fueron trasladados al cementerio de Alicante y arrojados a una fosa común. Todos tenían entre 20 y 50 años.
A finales de septiembre de 2024, 85 años después, los arqueólogos obtuvieron el permiso para abrir la fosa tras recabar testimonios de familiares.
Esta fue la única fosa común que se ha podido exhumar en todo el año 2024 en Alicante: «Este año el presupuesto es de cero, somos los olvidados de los olvidados», situación que las asociaciones de arqueólogos y familiares consideran «intolerable». Además denuncian tanta traba burocrática, como que hayan tardado 10 meses en darles el permiso de excavación.
-Tembleque: la “fosa caliente” a la que fueron arrojadas 15 personas en 1939.
El cementerio de la localidad toledana acaba de inaugurar un memorial de homenaje y reconocimiento a las víctimas del franquismo asesinadas sin juicio previo y enterradas en el lugar al terminar la guerra.
Ángel, Baltasar, Jesús, José, Pablo, Felipe, José María, Juan José, Miguel, Prudencio, Vicente, Hipólito y Manuel, asesinadas por los fascistas, recordadas el 22 de diciembre de 2024, por fin, identificadas.
Fascismo y nacional-catolicismo:
-Así fue como el Patronato de Protección a la Mujer transformó Galicia en un convento de clausura.
Las mujeres que cayeron en las redes del Patronato iniciaron un periplo de encierro, humillaciones, abusos y explotación que es desconocido para la mayor parte de la población.
Queda hoy en la impunidad de un silencio que tenemos el deber de romper.
Es difícil creer que durante más de cuatro décadas existiera en Galicia, como en el resto del Estado, una institución moralizante que cerraba en congregaciones religiosas a aquellas jóvenes que consideraba descarriladas por no encajar en el estrecho molde franquista, que sólo preveía para ellas la conversión en devota esposa y madre católica. Es difícil creer que a pesar de llevar casi medio siglo desde la muerte de Franco, la mayoría de la población desconozca que fue esto del Patronato de Protección a la Mujer o, lo que es aún peor, que haya quien siga pensando que eran caritativas monjas que ayudaban a chavalas que habían perdido su camino en la vida.
La dictadura crea el Patronato a través de un decreto del 6 de noviembre de 1941 que establece como objetivo preservar a las mujeres “caídas o en riesgo de caer”. La excusa es amparar a jóvenes que habían sido prostituidas o habían estado en peligro de serlo, pero la parte de la documentación que aún se conserva en los archivos —a pesar de la orden de destruir los expedientes que dio el organismo a las congregaciones en la recta final de la dictadura—, avala que ni tenía nada de protector ni actuaba exclusivamente en el ámbito de la prostitución.
En Galicia no llega a dos de cada diez mujeres las que tenían relación con este mundo y desde luego ninguna estuvo protegida. Caer en las redes del Patronato significó iniciar un periplo de encierro, humillaciones, maltratos y explotación laboral. Rezar, limpiar y trabajar eran las máximas impuestas en unos centros que poco tenían de formación. En las escasas dos horas que internas como Consuelo García del Cid cuentan haber pasado en aulas, lo que se les enseñaba era a planchar, a coger la aguja o nociones aritméticas básicas que les permitieran desempeñar con habilidad los trabajos que las congregaciones tenían previstos para ellas: dentro de los centros, convertidos en naves de explotación laboral para empresas del sector textil, de confección de muñecas, de cartonaje, pero también fuera, como asalariadas de familias del régimen a las que les hacían de criadas o cuidadoras de crianzas por un sueldo que acababa en las arcas de las monjas, las más de las veces, de manera íntegra.
Es difícil hacer un acercamiento estadístico al número de mujeres que pasaron por los centros gallegos. Apenas se ha encontrado documentación de las juntas que regulaban su funcionamiento en Pontevedra y Lugo, pero de las tablas que se fueron publicando desde la Junta Nacional que bajo la presidencia de Carmen Polo encabezaba desde Madrid un organigrama con ramificaciones en todas las provincias, podemos testimoniar que, por ejemplo, sólo en la provincia de Pontevedra había un promedio de medio centenar de nuevos internamientos cada año: de los 111 recogidos por vez primera en una informe de la década de los 40, se pasó a 51 en un año de la siguiente década y ya en los 70, la etapa de la muerte del dictador, era 47 nuevos expedientes anuales los que se sumaban a los de las ya internas.
El decreto de creación recogía la actuación sobre chicas entre los 14 y los 21 años, pero en 1952, es decir en esa década que la historiografía suene marcar como un valle de cierta tranquilidad entre la voraz represión de los primeros años después del golpe y la persecución contra el movimiento antifranquista, obrero y estudiantil de la década de los 60, se produjo un cambio en la normativa que aumentó las potestades del Patronato: incrementando hasta los 25 la edad en que podían acabar internas y hasta posibilitando que las familias perdieran la patria potestad en favor de las Juntas Provinciales si mostraban oposición a su proceso reformatorio…
–https://www.elsaltodiario.com/galicia/patronato-proteccion-mujer-transformo-convento-clausura
1939-2025:
-Asociaciones de víctimas del franquismo ven doble rasero del Gobierno en la restitución de las incautaciones.
Críticas al Gobierno por devolver patrimonio incautado por Franco al PNV, y no a las miles de familias republicanas.
La Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica (ARMH) ha registrado una queja en la que observa «un agravio comparativo» entre las devoluciones que aún esperan las familias republicanas y las que afectan a partidos políticos. Lo hace apenas unos días después de que el Gobierno rehabilitara al PNV con la propiedad de la que fuera sede del Gobierno vasco en el exilio. Sede del Instituto Cervantes en París, un palacete que adquirió en 1936.
“El estado no puede llevar a cabo un agravio comparativo y decir que los partidos tienen derechos que no tienen las personas porque entonces son privilegios”.
Miles de familias republicanas fueron incautadas por los fascistas y jamás les han devuelto ni un reconocimiento, mucho menos una propiedad.
Otras voces:
-Libro: La voz de los vencidos. Doce entrevistas con anarquistas que vivieron la guerra civil en España.
Lily Litvak.
Editorial Universidad de Granada / Fundación Anselmo Lorenzo, 2024. 520 páginas.
De los capítulos del libro, dos cuentan con doble protagonista: el primero, en el que hablan indistintamente Ángel Urzaiz Simón y Consuelo Zabala Martínez; y el octavo, en el que intervienen José Sánchez Contreras y Cecilio Hernández Morcillo. El resto corresponde a Antonio Ramos Palomares, Jenaro de la Colina, Gregorio Gallego García, José Luis García Rúa, Abraham Guillén, Eduardo de Guzmán, Ramón Álvarez Palomo, y Teresa Hernández Fernández, que cierra el volumen.
–https://serhistorico.net/2024/12/21/lily-litvak-la-voz-de-los-vencidos-resena/