Muro de solidaridad y denuncias:
“50 años de libertad”:
-A los 45 años del asesinato de la joven revolucionaria Yolanda González.
Su asesino, Emilio Hellín se convirtió en «asesor» de las «Fuerzas de Seguridad del Estado».
El asesinato de Yolanda González en 1980 es uno de los episodios más oscuros de la Transición española. Su crimen, ejecutado por militantes de extrema derecha con vínculos en los cuerpos de seguridad del Estado, evidencia que el paso de la dictadura a la llamada democracia estuvo marcado por la violencia y la impunidad. Cuatro décadas después, su historia y la de otros jóvenes asesinados siguen siendo un símbolo de memoria y lucha.
Desde su asesinato en 1980, la figura de Yolanda González ha sido recordada y homenajeada por compañeros, familiares y colectivos sociales. Cada año, en el aniversario de su muerte, se realizan actos en su memoria en diversas ciudades españolas. Por ejemplo, en Bilbao, su ciudad natal, se le ha rendido homenaje con la colocación de una placa y una ofrenda floral en su honor. En Madrid, donde fue asesinada, también se han llevado a cabo múltiples actos conmemorativos, incluyendo concentraciones y charlas que destacan su compromiso político y denuncian la impunidad de los crímenes de la Transición. Estos homenajes buscan mantener viva su memoria y reivindicar la lucha por la justicia y contra el fascismo que Yolanda representaba…
-Febrero de 1983, lo contaba “El País”:
Los altos mandos policiales nombrados por el PSOE proceden de la desaparecida Brigada Político-Social.
Gran parte de los altos mandos policiales nombrados por el nuevo gobierno socialista proceden de la desaparecida brigada político-social, que perseguía a las organizaciones democráticas, ilegales, durante el anterior régimen.
Entre ellos se encuentran el comisario general de información, Jesús Martínez, quien fue jefe del grupo comunista de la mencionada brigada en Zaragoza, y el jefe de las brigadas operativas de la comisaría de información, José María Escudero, hombre ligado estrechamente al comisario Roberto Conesa y que trabajó durante años en la Brigada Central de Información…
Nada más que añadir. Se entiende TODO lo posterior realizado por los socialfascistas. En ese año crearon los GAL.
Solidaridad vs criminalización:
-Solidaridad con los imputados de la PAH.
Tinko quiere mostrar su solidaridad con los 8 miembros de la PAH que serán juzgados entre el 10 y el 12 de febrero. La Fiscalía pide 3 años y medio de cárcel contra cada uno de ellos.
Esta petición de condena tiene su base en una protesta en una sede de CaixaBank por un desahucio.
Entre los imputados se encuentra un abogado que lleva a cabo la defensa de varios represaliados políticos vascos en la Audiencia Nacional española. ¡Que la solidaridad sea de doble dirección, un abrazo revolucionario para los 8 imputados!
En este sentido, debemos denunciar la represión del Estado español contra los movimientos sociales. En su acción por garantizar la defensa de los intereses de la burguesía, no muestra ninguna compasión por oprimir a la clase obrera, especialmente a la hora de atacar la organización y la independencia política del proletariado.
Ante todo esto, ¡organización y lucha! ¡En defensa de la militancia política, amnistía total!
Tinko.
-Fiscalía pide 77 años de prisión para 18 activistas que mostraron su solidaridad con las personas sin hogar de Sevilla.
APDHA alerta sobre la causa judicial que tendrá lugar los días 17 y 18 de febrero, cuando 18 personas, para las que Fiscalía solicita un total de 77 años de prisión, serán juzgadas por participar en un acto solidario con las personas sin hogar de Sevilla.
6 de las personas que se enfrentan ahora al juicio permanecieron varios meses en prisión provisional en una decisión judicial sin precedentes.
En febrero de 2018, hace ya 7 años, un grupo de personas vinculadas a los movimientos sociales de la ciudad de Sevilla realizó una acción para mostrar su solidaridad con las personas sin hogar de la ciudad en las inmediaciones de la calle Macarena. La intención era demandar una solución habitacional para las personas sin hogar de Sevilla, quienes entonces y todavía ahora carecen de alternativas que, suministradas por las administraciones públicas, sirvieran para revertir o paliar su situación de calle.
No obstante, un desmesurado operativo policial intervino en las inmediaciones del lugar, donde los agentes de la Policía Nacional detuvieron en plena calle hasta a 6 personas, quienes pasarían 55 días en prisión provisional, mientras que identificaban a otras 12. El conjunto que conforman esas 18 personas (a quienes se conoce como ‘Los 18 de la Macarena’) se enfrentará los próximos días 17 y 18 de febrero a una causa judicial en la que se les pide un total de 77 años de prisión, en penas que van desde 3 años y seis meses hasta 5 años y medio de prisión.
Óscar Mitillo, coordinador del Área de Marginación de la APDHA, es una de las personas acusadas, tras haberse personado en el lugar del desalojo como mediador habitual entre el contingente policial y las personas que se manifestaban.
APDHA entiende que “las desmesuradas penas de prisión que se están solicitando demuestran que el principal objetivo de este proceso judicial es la criminalización de la legítima protesta social” y hace hincapié en que “ninguna de las personas que van a ser juzgadas ejerció ningún tipo de violencia ni ocasionó daños a ningún bien o propiedad, pública o privada”.
“Estamos ante un hito más en la criminalización de los movimientos sociales y sindicales que resisten a las medidas que nos conducen a la precarización y exclusión social”, señala la asociación andaluza. Acusaciones y procesos judiciales como el que tiene lugar en Sevilla se han producido en toda la geografía del Estado español, con ejemplos como los 6 de la Suiza en Xixón, las 3 del SAT de Granada y los 8 de Caixabank PAH Guadalajara, por citar a algunos de los casos más recientes.
APDHA quiere realizar una llamada a los colectivos sociales y sindicales para apoyar y difundir esta comunicación, acudiendo también a la concentración solidaria que tendrá lugar ante los Juzgados de la Buhaira los días 17 y 18 de febrero a partir de las 9.00 h…
Antifascismo apaleado:
-La Policía Nacional protege en Iruñea a fascistas de Vox y carga contra los antifascistas.
Vox ha llevado su chiringuito propagandístico al barrio Errotxapea de Iruñea para difundir su discurso fascista. Por ese motivo, alertados de su indeseable presencia, un grupo de antifascistas ha acudido a la plaza Margarita, que es donde Vox ha montado su stand.
Como viene siendo habitual en estos casos, la policía, en este caso concreto la Policía Nacional, ha protegido a los fascistas. Y llegado el momento, lo ha hecho cargando de manera brutal contra quienes se oponían a la presencia de Vox, causando heridos de diversa consideración.
Politi-corrupción:
-Pelotazo en Madrid para Ferrovial.
Rafael Del Pino Calvo-Sotelo trasladó Ferrovial a Países Bajos para no pagar impuestos en España.
Almeida del PP le acaba de adjudicar el soterramiento de la Castellana por 98 Millones de €. Es uno de los amos en la sombra de España. Le dedico un capítulo y aparece en portada del libro Oligarcas.
Fonsi Loaiza.
Tras unos meses en Holanda, y al comprobar que el fisco de ese país pedía papeles, Del Pino trasladó la empresa a Luxemburgo (paraíso fiscal).
En 2022 Rafael tenía un patrimonio estimado de 3.800 millones de euros según Forbes.
Pelotazo de Almeida para una empresa ‘muy española’, que tributa -o no- en otros países.
Convocatorias:
-Granollers 13-F. Per una vida lliure, abracem la resistència a Palestina
Cicle de xerrades d’hivern al Baix Montseny i Vallès Oriental
2a xerrada del cicle
La resistència a Palestina: entre presó i genocidi colonial, a càrrec de SAMIDOUN.
dijous 13 de febrer a les 18:30h
Ateneu Popular La Malgirbada. Plaça Jacint Verdaguer 6, Granollers.
Per apropar-nos a la realitat que viuen les preses palestines en les presons sionistes. La presó com a arma de guerra colonial.
El genocidi continua i n’hem de seguir parlant.
Us hi esperem!!
Palestina vencerà.