Movimiento obrero. Su brutal situación:
Despidos:
-La empresa Bacalao Giraldo, de Vitoria, entra en concurso de acreedores.
Solicitó a finales de febrero el concurso voluntario de acreedores por su «insolvencia actual». Por su parte, los acreedores disponen de un mes para transmitir a la administración concursal la existencia de sus créditos.
Cuenta con una plantilla de 105 trabajadores y trabajadoras en sus tiendas y en la planta en Legutio. «No vamos a aceptar que el proceso que pueda avecinarse sea utilizado para destruir puestos de trabajo o tratar de empeorar las condiciones de la plantilla». Incluso, desvelan el «despido del antiguo director financiero por hacer ver la mala situación económica».
¿Pagar por trabajar?:
-“No voy a comprar mi puesto”: trabajadoras de la empresa Suara denuncian despidos por no poder pagar 8.000 euros.
Empleadas de la cooperativa Suara tienen que hacerse socias para trabajar en el Servicio de Atención a Domicilio (SAD) del Ayuntamiento de Barcelona. Desde la cooperativa aseguran que es una inversión, mientras muchas trabajadoras consideran que es comprar un trabajo.
Inés Alzamora lleva once años trabajando en el Servicio de Asistencia Domiciliaria (SAD). En su último puesto trabajó para la empresa cooperativa Suara, quien gestiona este servicio para el Ayuntamiento de Barcelona. Trabajaba pues en un servicio subvencionado con dinero público, externalizado en manos de una empresa. Cuando su contrato iba a acabar, explica que le dijeron que, para continuar, debería hacerse cooperativista y para ello pagar 8.000 euros. “Yo no voy a comprar mi puesto de trabajo. Ellos vieron que no me interesaba, no tengo el dinero. Entonces se acabó el contrato, me despidieron, me dieron el finiquito y adiós”.
“Las mujeres entran con contratos de tres meses con prórroga de nueve hasta hacer el año. Cuando está a punto de finalizar la prórroga se ponen en contacto con las compañeras y les ofrecen la opción de hacerse socias, si no no pueden continuar en la empresa”, explica Consuelo Ordaya, trabajadora del mismo servicio y exdelegada de CGT.
“La adhesión como socia de trabajo es voluntaria y abierta, informan desde Suara”. Ya…
Desahucios:
-Desahuciada en Astrabudua regresó al piso; los prestamistas han contratado a una empresa de desokupación para desalojarla.
Los prestamistas han contratado a una empresa de desokupación con el propósito perverso de volver a desalojar la vivienda y hacer negocio con ella.
En noviembre de 2024, una mujer de 70 años y su nieto fueron desahuciados en Astrabudua (Erandio, Bizkaia). Perdieron su casa, que la habitaban desde hacía más de 40 años, por un préstamo de 7.000 euros. Pero, posteriormente, una de las personas desahuciadas, que nunca le ofrecieron alternativa habitacional regresó al piso y se reinstaló, de modo que se impidió que los estafadores prestamistas hiciesen negocio con él. Ahora, sin embargo, los prestamistas han contratado a una empresa de desokupación con el propósito perverso de volver a desalojar la vivienda y hacer negocio con ella.
Resumiendo: Perdieron su vivienda por un préstamo de 7.000€. La empresa prestamista se quedó con el piso. Una de las personas desahuciadas volvió a entrar al piso, evitando que la empresa especulara con él. La propiedad ha contratado una empresa de desokupación.
El Sindicato Socialista de Vivienda de Uribe Kosta está llevando el caso. Desde este Sindicato han expresado: “Debemos hacer frente a estas empresas de desokupación que se sirven de la fuerza y la intimidación y están protegidas por jueces y policía. ¡Sólo la organización es efectiva! ¡Hagamos frente a las empresas de desocupación y a los especuladores!”.
-Ghita y sus cuatro hijas, abandonadas a su suerte ante un fondo buitre: «Nos han arruinado la vida».
El juzgado le está embargando el complemento de alimentación de familia numerosa, mientras el banco le reclama 58.000 euros. «Me he arrepentido mil veces de intentar comprar un piso», reconoce la mujer.
Guita Hachemi y su marido llevan casi dos décadas en Madrid. «Llegamos sin nada, no teníamos ni para comer. Tuvimos la suerte de encontrar trabajo rápido; Mohamed en la construcción y yo en el servicio doméstico. Los dos hacíamos muchas horas, queríamos un futuro mejor para nuestras hijas», recuerda ella. En 2006, decidieron comprar un pequeño piso en Getafe (Madrid). El BBVA les concedió una hipoteca de 192.000 euros; «una cantidad desorbitada, acorde con la burbuja inmobiliaria del momento». La familia sigue arrastrando una deuda con el banco y luchando por su condonación.
«La casa tenía 45 metros cuadrados, repartidos entre dos habitaciones y un pequeño salón. Los técnicos la tasaron en 203.447 euros», continúa Ghita. La hipoteca financiaba «mucho más» que el 80% de su precio, porcentaje recomendado por las instituciones financieras y obligatorio en la actualidad. «Me he arrepentido mil veces de intentar comprar un piso, les he dicho a mis hijas que nunca lo hagan», reconoce…
Situación real:
-67 de cada 100 españoles consumen alimentos caducados.
El 10% los ingieren incluso si ya presentan señales de deterioro.
De un estudio sobre alertas alimenticias, ‘Barómetro de Seguridad Alimentaria’ de AECOC.
No dedican una sola línea a los porqués. Aparecería la terrible cuestión económica como la principal.
Mientras tanto:
-La Deputación de Ourense hace fijos a 30 concejales, candidatos y afines al PP contratados por los Baltar.
El PP ourensano consolida las prácticas clientelares, nepóticas y de enchufismos con las que la saga de los Baltar dominó la provincia durante decenios premiando con empleos a amigos y familiares de altos cargos.
La operación se refiere a todo tipo de empleos, desde conductores de maquinaria y de camiones de basura hasta técnicos de gestión presupuestaria y fondos europeos, peones camineros y trabajadores agrícolas, administrativos, auxiliares de servicios, bedeles, encargados de mantenimiento y hasta una profesora de canto y pandereta.
Todos fueron contratados durante los mandatos de José Luis Baltar, que presidió la Deputación entre 1990 y 2012, y de su hijo Manuel, que lo sucedió desde entonces y hasta 2023, cuando tuvo que dejar el cargo tras los escándalos por sus multas conduciendo el coche oficial con exceso de velocidad y los indicios y evidencias de prácticas corruptas bajo sus gobiernos.
En la primavera de 2023, Baltar acordó con Alberto Núñez Feijóo y Alfonso Rueda abandonar la Deputación y la presidencia del PP de Ourense a cambio de un escaño en el Senado, y anunció su renuncia el 14 de junio. Pero el 26 de ese mismo mes, apenas tres semanas antes de hacerla efectiva, firmó decretos para dar plazas en propiedad a al menos 18 personas afines al PP. Cuando asumió su cargo, el sucesor de Baltar en la Deputación y en el PP provincial, Luis Menor, alcalde de Pereiro de Aguiar y quien ha mantenido al equipo de confianza y el mismo modus operandi de sus antecesores, firmó el 17 de septiembre de 2024 y el pasado 8 de enero más decretos en beneficio de otros 12 trabajadores relacionados con el partido…