Memoria histórica imprescindible:
-Documental «Acordamos».
Cuando el fascismo cerró escuelas, destruyó sindicatos marineros y ‘fondeó’ en la ría al bisabuelo de Iago Aspas.
El documental ‘Acordamos’ revive la temprana represión franquista en Pontevedra, que se ensañó con experiencias innovadoras alrededor de la educación, la economía o el sindicalismo, con el cual simpatizaba el familiar de la estrella del Celta.
La memoria del Golpe de Estado de 1936 es un pozo sin fondo, donde en cada investigación aparecen revelaciones escalofriantes. Muchos de los testimonios del documental Acordamos, dirigido por la cantante Uxía Senlle y presentado esta semana, ponen la piel de gallina casi 90 años después. Es el caso del testimonio que recuerda la represión sobre el bisabuelo del futbolista Iago Aspas. A lo largo de casi una hora, a través de historiadores, descendientes de personas asesinadas y represaliadas o músicos que dedican canciones inéditas a cada relato, el documental está cargado de emoción. “Es un homenaje a la resistencia y a proyectos llamados a desarrollar experiencias innovadoras en ámbitos como el agrarismo, el sindicalismo o la educación, que fueron borrados del mapa”, explica la directora, que concibió este trabajo como “una cartografía musical de la memoria”, en el que también participan músicos como Woyza, Luis Pastor, Antía Muíño, Malvela o Treixadura.
La innovación pedagógica de la escuela Aurora del Porvenir, que el maestro y diputado agrarista Antón Alonso Ríos impulsó en Tomiño, la constitución de la Caja Rural de Lérez que el visionario Manuel Gama impulsó para promover el control económico de la producción por parte de los propios campesinos o los avances sindicales colectivos de la Fraternidad Marinera de Moaña, impulsada por la CNT y que llegó a tener más de 2.000 asociados, son algunas de las entidades con las que el franquismo no tuvo piedad. Otros ejemplos que aparecen en Acordamos, fueron la red resistencia del Monte Lobeira en Vilagarcía, formada principalmente por mujeres, o el singular episodio de la proclamación de la República Independente de la Illa de Arousa, a cuyo presidente abrieron en canal y rellenaron de piedras para después fondear su cuerpo en el mar. El verbo “fondear” era uno de los favoritos de los fascistas y una macabra técnica que utilizaban asiduamente en las zonas costeras…
-Represión franquista más allá de la posguerra. Gipuzkoa.
Estados de excepción y crímenes policiales.
La eliminación física del adversario tras el golpe militar y la inmediata posguerra, provocó que a partir de mediados de la década de 1940 la oposición al régimen fascista se encontrara en el exilio, encarcelada o sepultada. Se impuso entonces la paz de los muertos, unos modos represivos indirectos, intimidatorios, aplicados en todos los ámbitos de la vida social, tanto en la esfera pública como en la privada, en las escuelas, en los centros de trabajo, en los hogares, o en las relaciones entre ambos sexos.
“Y en España paz”, titulaba el diario falangista Unidad en 1945. Un eslogan que el régimen recuperó en 1964 para conmemorar el 25º aniversario del fin de la guerra. Sin embargo, 1964 ya no era 1945, y aunque intentará dar una imagen de estabilidad, los últimos años de la dictadura se caracterizaron por el aumento de la represión directa y la sistemática violación de derechos humanos. Fundamentalmente contra grupos opositores con cada vez más presencia en el espacio público, pero también de forma indiscriminada cuando perdió el control.
Gipuzkoa, se convertirá entonces en el foco más activo contra el régimen, debido en gran medida a dos factores principales. Por una parte, el pueblo vasco reactivaba su conciencia como tal, en un intento de preservar o recuperar su lengua, su identidad, y en último término, para amplios sectores de la sociedad, su “liberación nacional” frente al asimilacionismo cultural impuesto por el Estado español. En segundo lugar, su condición de territorio fuertemente industrializado, incentivó la movilización de la clase obrera en demanda de una mejora en las condiciones de vida y laborales. Y en el trasfondo de todo ello, un contexto internacional no del todo desconocido para la sociedad vasca a pesar de la censura, y en el que influyó especialmente el auge de grupos de izquierdas en el mundo capitalista y la sucesión de movimientos de liberación nacional en África, Asia y América Latina.
Por tanto, lo que resultó determinante fue la conjunción de estos dos factores, la reivindicación nacional y la social. Una interrelación que fue señalada incluso por agentes del régimen como José Sainz (uno de los máximos responsables de la Brigada Político-Social en este período, sustituto de Melitón Manzanas) refiriéndose a la coincidencia de “los dos virus, el separatista y el del progresismo, en su disconformidad y oposición al Régimen”.
De los 11 estados de excepción dictados por la dictadura entre 1956 y 1975 en el conjunto del Estado español, cinco se circunscribieron únicamente a provincias vascas (Gipuzkoa y/o Bizkaia). En ningún otro lugar, salvo en Asturias en una ocasión, se dictaron estados de excepción limitados a una provincia en concreto. Los dos de 1968 y el de 1970 se aplicaron exclusivamente a Gipuzkoa. Estos, junto a los dictados para el conjunto del Estado español, supusieron que entre la aprobación del estado de excepción del 3 de agosto de 1968 y la derogación el 5 de febrero de 1971 del decretado el 4 de diciembre de 1970, los guipuzcoanos vivieran diez de esos treinta meses en este régimen de excepcionalidad.
Los tribunales militares y civiles de excepción fueron piedra angular del aparato represivo. Entre 1970 y 1974 se contabilizan alrededor de 1.000 procedimientos penales militares en territorio vasco por “acciones criminales seguidas con motivo de actividades separatistas”. Por su parte, en cuanto a las personas represaliadas por el TOP, si se tiene en cuenta el número de habitantes en cada una de las provincias y se realiza una media ponderada de los procesados por su lugar de nacimiento, las cuatro provincias que conforman Hego Euskal Herria ocupan los primeros cuatro puestos con respecto al número de encausados por cada 10.000 habitantes.
Durante los últimos años de la dictadura franquista, únicamente en Gipuzkoa se contabilizan 18 fallecidos entre 1960 y 1975: quince en actuaciones policiales, dos fusilados y un suicidio tras haber sido torturado durante días por la policía. De las 18 víctimas solo cuatro eran militantes de organizaciones opositoras armadas.
-La ARHM denuncia que el Gobierno le cobre una tasa por buscar a tres represaliados en Candemuela, León.
«Les niegan a las familias de los desaparecidos del franquismo el acceso a la justicia y el gobierno nos penaliza por buscarlos, en vez de facilitarnos las cosas»
En octubre del año 2022 la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica (ARMH) inició en Candemuela – San Emiliano la búsqueda de una fosa común con los restos de tres hombres asesinados por un grupo de pistoleros fascistas. Se trataba de localizar los cuerpos de: Alipio Alonso Tejerina, de 33 años; Víctor Alonso Alonso, de 71 años; y Manuel García, de 70 años, vecinos de Torrebarrio – San Emiliano, todos asesinados el 28 de octubre de 1936 y arrojados a una fosa común en una finca colindante al Río de Torrestío.
Previamente, el 25 de mayo de 2022 la ARMH solicitó a la Confederación Hidrográfica del Duero el permiso necesario para realizar el desbroce de la maleza del terreno afectado y la prospección mecánica con el fin de buscar la ubicación exacta de la fosa común. Después de varios meses de espera, el 1 de septiembre de 2022 recibió a través del Portal de Notificaciones Electrónicas del Estado la autorización para llevar a cabo las actuaciones solicitadas y advertidos telefónicamente de que el permiso conlleva una tasa «que se genera automáticamente».
La ARMH ha recurrido la decisión el pasado 9 de mayo argumentando que no habían sido notificados y denunciando la injusticia del pago de una tasa como esta por llevar a cabo una labor que le corresponde al Estado.