Transición de sangre:
Las otras víctimas de una transición nada pacífica.
Gonzalo Wilhelmi. Universidad Autónoma de Madrid
-Violencia política estatal durante la transición: actores y prácticas.
La dictadura basaba buena parte de su estabilidad en la represión ejecutada por distintos cuerpos militares, policiales y judiciales. Tras la muerte del jefe del Estado y en los inicios de la transición, estos organismos siguieron actuando defendiendo la continuidad del régimen, y una vez derrotado el proyecto continuista por la movilización de la oposición, para limitar el alcance democratizador de la reforma. Su actividad perseguía la neutralización de los sectores sociales y políticos que defendían la ruptura y especialmente, la democratización de los aparatos del Estado, es decir, de ellos mismos. Al mismo tiempo, el aparato de Estado franquista era también un indicador del grado de democratización logrado en la transición, en la medida que constituía bastiones autoritarios que convivían con las instituciones y organismos democráticos del nuevo sistema, limitando su capacidad de actuación.
La violencia política de origen estatal durante la transición tuvo tres manifestaciones: terrorismo de Estado (guerra sucia o terrorismo mercenario), terrorismo incontrolado (ultraderechista) y actuaciones policiales represivas.
El terrorismo de Estado (que reivindicó sus atentados con distintas siglas, principalmente Batallón Vasco Español -BVE-) buscaba la eliminación física de aquellos opositores de tendencia revolucionaria o independentista y sus ejecutores, a menudo mercenarios, eran dirigidos por mandos policiales y militares 1 . El terrorismo incontrolado compartía con la guerra sucia sus objetivos y su origen estatal, pero a diferencia de éste, actuaba con autonomía, sin una dirección unificada. Las actuaciones policiales con víctimas mortales aquí analizadas comprenden la represión de movilizaciones, el uso de armas de fuego en situaciones en las que la integridad de los policías no estaba en riesgo (“gatillo fácil”) y la muerte por tortura 2. No se consideran en este trabajo las muertes de miembros de grupos armados fallecidos en enfrentamientos con los cuerpos policiales, pero sí aquellos militantes que perdieron la vida en “falsos enfrentamientos”, es decir, aquellas situaciones en las que fueron acribillados por la espalda, tiroteados estando desarmados o ejecutados después de haberse rendido.
A las víctimas mortales del terrorismo de Estado, terrorismo incontrolado y la represión policial hay que sumar los heridos en similares circunstancias (1.072 casos documentados por Mariano Sánchez Soler 3.) y las personas sometidas a tortura. Todas ellas fueron las otras víctimas de una transición nada pacífica.
-Policía y democracia: de las Fuerzas de Orden Público a las Fuerzas de Seguridad del Estado
Los cuerpos policiales resultan fundamentales para el funcionamiento del sistema político, puesto que con sus actuaciones pueden alterar la significación práctica, real, de la política decidida en otras instancias 4. Durante la transición, más allá de lo establecido en las leyes, era la labor de la Policía y la Guardia Civil la que determinaba en última instancia el alcance de la democratización.
Aunque en la legislación española son utilizados en ocasiones como sinónimos, “orden público” y “seguridad ciudadana” son conceptos distintos. Frente a la represión que implica el “orden público”, la seguridad ciudadana hace referencia a una sociedad democrática, en la que las personas pueden ejercer sus derechos y libertades 5., abarcando “la seguridad de las personas como titulares de sus derechos, no solo los penales sino también civiles, sociales y políticos”. Se trata de un concepto subjetivo “fruto de una definición social sobre las condiciones que permiten la convivencia pacífica en la sociedad, la justicia social, calidad de vida, bienestar, salud, realización de la persona y el ejercicio de sus derechos y libertades democráticas” 6.
Para que la transición desde la dictadura a un sistema democrático pudiera realizarse, era necesaria la transformación de los cuerpos policiales militarizados y represivos en una policía civil, garante de la seguridad ciudadana y las libertades democráticas. Los cuerpos policiales de la dictadura, la Policía Armada (PA) y la Guardia Civil (GC), estaban inspirados en el ejército franquista en sus valores, estructura y comportamientos hasta el punto de que no existía una separación nítida entre Ejército y Policía. De la misma manera que el Ejército se orientaba no tanto a la defensa del territorio frente a un ataque exterior como al control de la población y del enemigo interior, las fuerzas policiales dejaban la persecución de la delincuencia en un segundo plano para concentrarse en la represión de cualquier actividad política o social contraria al régimen.
Tanto la PA como la GC tenían estructura y organización militar, si bien la primera no estaba integrada en las Fuerzas Armadas. La Policía Armada, dirigida por oficiales del Ejército de Tierra, asumió la función de impedir las manifestaciones en la etapa final de la dictadura, por lo que sus efectivos crecieron en 1975 de 30.000 a 50.000 hombres. La Guardia Civil -que contaba al inicio de la transición con algo más de 60.000 efectivos- centraba su actividad en el medio rural y las poblaciones pequeñas. Se trataba de una institución completamente militarizada, aislada de la sociedad (en residencias segregadas denominadas “casas cuartel”), con una fuerte endogamia y con laobediencia ciega como seña de identidad 7.
La Ley de Orden Público de 1959 perseguía todo aquello que atacara la “unidad espiritual, nacional, política y social de España” 8. Esta peculiar redacción permitía que cualquier actividad pudiera ser considerada por las autoridades como contraria al orden público, una noción con la que la dictadura trató de dar una apariencia de “derecho” a la arbitrariedad del poder 9., siendo su significado real la represión política y social. La identificación de la policía franquista con su función represora mantenedora del orden público llegaba hasta su denominación: Fuerzas de Orden Público (FOP).
En la biografía autorizada del general Saénz de Santa María se afirma, refiriéndose al año 1976, que “tanto la Policía como la Guardia Civil apretaban el gatillo con bastante facilidad. Las manifestaciones solían ser disueltas a tiro limpio y era muy frecuente que acabasen con las calles ensangrentadas […] La Policía Armada no estaba preparada para mantener el orden en las manifestaciones sino para reprimirlas”. Los mandos de la PA (provenientes de la academia militar) y los de la GC (salidos de la academia especial de este cuerpo) recibían una formación similar, centrada en la lucha contra la disidencia política más que en la persecución de la delincuencia. Su doctrina se basaba en la identificación de los cuerpos policiales con la dictadura. Las manifestaciones eran consideradas como instrumento de “terrorismo y subversión” y los partidos de izquierda como enemigos 10.
Las elecciones generales de 1977 no cambiaron estas dinámicas. Durante varios años, los aparatos fundamentales de la dictadura franquista (poder judicial, cuerpos represivos, Ejército, alta administración del estado) siguieron funcionando con los mismos componentes y criterios, poniendo de manifiesto las características propias de un periodo de transición: la cohabitación de elementos democráticos y autoritarios. Como señalaba Solé Tura, las primeras cortes electas desde la II República eran cuña democrática en un conjunto de aparatos e instituciones franquistas. Ni siquiera este primer elemento democrático quedaba libre de bastiones autoritarios, en tanto que 41 senadores habían sido designados por el rey Juan Carlos de Borbón, recién coronado 11.
La Constitución de 1978, en su artículo 104, estableció los principios de una policía democrática. Las FOP eran sustituidas por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad (FCS). Sus funciones no eran ya el mantenimiento del orden público (la represión) sino “proteger el libre ejercicio de los derechos y libertades” y “garantizar la seguridad ciudadana”. En la Constitución de 1978, el concepto de orden público era reemplazado por el de seguridad ciudadana.
La Ley de policía del 4 de diciembre de 1978, aunque recogía la definición democrática de los cuerpos de seguridad fijada en la Constitución, mantenía algunas referencias al orden público en varios artículos y establecía una policía separada en dos grupos. Por una parte, el Cuerpo Superior de Policía, de carácter civil, formado por 9.000 personas, dedicadas a la investigación y a la dirección de las labores policiales. Por otra parte, la Policía Nacional, con estructura y organización militar, dirigida por oficiales del Ejército de Tierra, formada por los 50.000 hombres provenientes de la Policía Armada franquista, que incluía entre sus funciones el mantenimiento del orden público, como un residuo de la concepción represiva de las FOP de la dictadura.
La democratización de los cuerpos policiales fue limitada. Para López Garrido, durante todo el periodo de la transición, la Policía Nacional desarrolló una actividad de mantenimiento del orden público, es decir, de represión antidemocrática, en detrimento de las labores de apoyo a las investigaciones del Cuerpo Superior de Policía. Los cuerpos policiales mantuvieron su dinámica tradicional represiva, sin transformarse en profundidad para adaptarse al nuevo sistema democrático 12.
[La Policía Nacional] “continuaba sin asumir su condición de cuerpos de seguridad encargado de velar por el orden democrático. El cambio de nombre y de uniforme no había influido en sus métodos. Sus intervenciones seguían guiadas por el abuso de la violencia, la proclividad a apretar los gatillos y a manejar las bombas de humo y las bombas con una contundencia innecesaria” 13.
Dentro de la Policía existía una minoría demócrata (en la comisaría de Valladolid, varios agentes denunciaron públicamente a sus mandos ultraderechistas, provenientes de la Brigada Político Social –BPS-, por torturar a una detenida 14.), que trató de organizarse para impulsar la transformación de la institución, pero desde el Gobierno se favoreció a los elementos más alineados con la dictadura. Los antiguos miembros de la policía política franquista (BPS) fueron premiados con ascensos, mientras la minoritaria y democrática Unión Sindical de Policías (USP) era perseguida 15. Desde la izquierda radical se criticaron los nombramientos de los nuevos jefes de la policía en junio de 1979 (Manuel Ballesteros, Carlos Santos Anechina y José Sainz González) por su pasado en la BPS y su participación en violaciones de derechos humanos 16.
Uno de los mandos policiales ascendidos fue José Matute, que había torturado hasta la muerte al militante de CCOO y del Partido de Unificación Comunista de Canarias Antonio González Ramos. Tras beneficiarse de la amnistía de 1977, Matute recibió un ascenso y fue destinado a la sección policial encargada de vigilar el respeto a los derechos humanos de los detenidos. Fernando Sagaseta, de la Unión del Pueblo Canario, presentó una interpelación al ministro de Interior Rosón en el congreso sobre este caso 17.
En 1981, tras la tortura hasta la muerte del miembro de ETA Joseba Arregi, la minoritaria USP reclamó la dimisión del comisario general de información, Manuel Ballesteros, el procesamiento de los responsables del “acto incalificable” y el relevo de los mandos policiales franquistas que no se adaptaban a los principios de la Constitución. El Gobierno no tomó ninguna medida en este sentido y por el contrario, sancionó a dos dirigentes de la USP 18.
-Víctimas mortales de la violencia política estatal
La violencia política de origen estatal provocó un número constante de muertes durante toda la transición, en torno a 30-40 anuales, con un marcado descenso en 1981 (19 muertes) y, sobre todo, 1982 (11) aunque si consideramos los datos de Sophie Baby, el descenso se daría sólo el último año de la transición, 1982, ya que según esta autora las víctimas en 1981 fueron 37 (33 de los cuerpos policiales y 4 de la extrema derecha) 19.
La represión de actividades políticas como manifestaciones, asambleas o realización de pintadas, que eran enfrentadas a tiros por los cuerpos policiales se cobró su mayor número de víctimas mortales en los primeros años de la transición (16-17 muertes anuales), descendiendo significativamente entre 1978 y 1981, hasta llegar a un solo muerto en 1982. Los siguientes ejemplos permiten hacerse una idea de estas prácticas. El 29 de julio de 1976 la Policía Armada abrió fuego contra los participantes en una movilización obrera en el madrileño barrio de Villaverde. Los disparos se realizaron cuando los manifestantes se dispersaban en grupos una vez terminado el recorrido sin incidentes y provocaron dos heridos de bala: Manuel Ramos, con un impacto en el brazo y Alfonso Altafaj, hospitalizado con una bala en la cabeza. Pocos días después, el militante de la Joven Guardia Roja Javier Verdejo era acribillado por la espalda por la Guardia Civil en Almería mientras realizaba una pintada 20. En septiembre de 1977, la Guardia Civil abatía por la espalda al estudiante Javier Fernández Quesada durante una huelga en la universidad de la Laguna en Tenerife. En enero de 1978, la policía mataba de igual forma al trabajador Francisco Rodríguez Ledesma, que participaba en una manifestación obrera en Sevilla 21. En marzo de 1979, la Guardia Civil disparó contra los manifestantes que reclamaban agua en la localidad madrileña de Parla, matando a Ursino Gallego, un niño de 14 años 22. En diciembre de ese mismo año, los estudiantes José Luis Montañés y Emilio Martínez morían bajo las balas de la policía en una manifestación en Madrid contra la reforma universitaria del Gobierno 23.
La práctica del “gatillo fácil” causó un número similar de muertos a la represión política, pero a diferencia de ésta, se mantuvo constante durante toda la transición. Tres ejemplos ilustran estas prácticas. El 29 de octubre de 1976 fallecía el joven de 16 años Javier Cano Gil a causa de un disparo realizado por la policía, mientras estaba en un coche estacionado junto a otras tres personas. Ninguna de las cuatro personas del vehículo tiroteado estaba armada 24. En enero de 1979 la Guardia Civil mataba al niño de 15 años Luis Muñoz Pérez en un control de carretera cuando viajaba con sus padres. Ese mismo mes, Felipe Vaz González, de 19 años, fallecía de un tiro en la cabeza una vez detenido acusado de intentar robar un coche 25.
En cuanto a los grupos ultraderechistas y el terrorismo de Estado, el número de sus víctimas mortales fue creciendo hasta llegar a sus máximos niveles en 1979 y, sobre todo, 1980. Las acciones más habituales de estos grupos eran los ataques con pistolas, bates y cadenas a movilizaciones, asambleas y actos políticos, así como algunos atentados selectivos 26. Los Guerrilleros de Cristo Rey cometieron también violaciones a mujeres a las que consideraban de izquierdas, como denunció la Asociación Democrática de la Mujer 27.
1980 fue el año de mayor actividad del terrorismo de Estado y de los grupos ultraderechistas, que acabaron con la vida de 31 personas. También fue el año con mayor número de muertos en atentados de ETA (105) 28., en su mayoría miembros de cuerpos policiales y militares. El terrorismo de Estado se dirigía no solo contra miembros de ETA sino también contra activistas o simpatizantes del nacionalismo de izquierdas 29. El BVE perpetró también violaciones de mujeres que algunos casos, eran también asesinadas 30.
-La práctica de la tortura
Durante la dictadura, la tortura se aplicaba sistemáticamente a los detenidos por motivos políticos o sociales a pesar de constituir un delito tipificado en el código penal. Tras el inicio de la transición, los malos tratos siguieron siendo una práctica habitual, las autoridades siguieron investigando sólo una mínima parte de las denuncias y los pocos casos que llegaban a los tribunales seguían siendo tratados con indulgencia. Esta realidad fue denunciada por organizaciones como Justicia Democrática (que señalaba que era de dominio común que se “practicaba la violencia para obtener la declaración de los detenidos”) y por Amnistía Internacional 31.
El Gobierno de Arias Navarro declaró materia reservada la información sobre esta práctica ilegal pero generalizada 32., mientras los responsables policiales declaraban que la tortura no existía: se trataba de una estrategia de los detenidos, que se autolesionaban 33.
Según los testimonios recogidos en la cárcel de mujeres de Yeserías por Eva Forest entre 1975 y 1977, “de las más de 100 personas que pasaron por Yeserías en los últimos cuatro meses”, fueron “muy pocas, tres o cuatro, las que sólo fueron insultadas. Todas las demás sufrieron malos tratos”.
Sirva como muestra el testimonio de la obrera y estudiante María del Pilar Alonso Rodríguez, de 21 años:
“Al llegar a la Dirección [General de Seguridad] me subieron directamente a un despacho en el que permanecí constantemente durante tres días sin que pararan los interrogatorios. Desde el momento en que entré empezaron los interrogatorios y las torturas. Lo hacían de la siguiente manera: Entraban un grupo que eran los que torturaban y estaban conmigo varias horas, hasta que ellos calculaban que ya no podía más, o sea que se decían entre ellos: “Vamos a dejarla porque ya no siente nada y es como si no la estuviéramos dando”, y se marchaban. Entonces venían dos o tres, que éstos no me pegaban y empezaban con las preguntas. […] Cuando veían que no sacaban nada se iban y volvían los otros a torturarme. Las torturas consistían en terribles golpes en los pies y en las nalgas […] pero después ya me daban por todo el cuerpo. Me hacían hacer el pato, o sea, andar de cuclillas y cuando me caía me daban terribles patadas. Cuando estaba en el suelo me agarraban del pelo cogiendo toda la mata desde la nuca y me levantaban por los aires. […] Los días siguientes el pelo se me caía a mechones. […] Yo sentía que me volvía loca y deseaba morir. […] Me pegaban con una porra y también otras veces con un palo, una especie de mango redondo de algún aparato. “Te lo vamos a meter por el coño”. Era todo espantoso, no hay forma de decirlo… A veces, entre los que me venían a interrogar y los que me torturaban, había como unos diez minutos de descanso, pero tampoco lo era. Entraba entonces uno, como indiferente, me hacía algunas preguntas y como distraído me pellizcaba los pechos, cosa que me hacía un dolor espantoso; luego se volvía a marchar como si nada; los pechos los tuve morados durante muchos tiempo. Es la forma de hacerlo lo que más me dolía, no sé explicarlo. Durante los interrogatorios me desmayé dos veces. Cuando me ponían de pie no me tenía. Toda yo estaba como un monstruo. No podía comer y apenas si pude beber agua. No sabría explicar aquello. Tú notas que te estás volviendo loca; no es que no razones, sino que nada tiene sentido, que no comprendes nada de lo que está ocurriendo y sabes que puede ocurrir todo y ves que aquello continúa, que te siguen dando, que no tiene fin. […] Cuando vine a Yeserías traía muchas señales. El médico de aquí me dijo que podía denunciarlo y dejar constancia de aquello.
Quiero también hacer constar que yo he sido siempre una persona de buena salud y muy fuerte. Ahora estoy muy enferma. […] Unos aseguran que es el riñón, como consecuencia de los golpes. Otros aseguran que tengo los ovarios destrozados. Ahora, desde hace unas semanas, me han propuesto extirparme los ovarios pero yo no me dejo. Tengo grandes reacciones alérgicas, me hincho toda y me pongo muy colorada y tengo que guardar cama algún día. Necesito urgentemente que me vean especialistas y tal y como está la asistencia médica en esta cárcel me asusta. Desde la tortura no tengo el periodo” 34.
Tras las elecciones de junio de 1977 y la aprobación en 1978 de la Constitución y la Ley de Policía, la tortura siguió siendo una práctica habitual contra los detenidos por motivos políticos en toda España. Un ejemplo de estos episodios se produjo en junio de 1978 en la localidad madrileña de Móstoles. Las protestas vecinales por la sanidad pública acabaron con cortes de tráfico y cargas de la Policía Armada y la Guardia Civil. Los detenidos en estas movilizaciones fueron sometidos a torturas, como relataba uno de los arrestados por la Guardia Civil, acusado de “insultos a las fuerzas de orden público”:
“éramos tres y nos registraron en el patio del cuartel. Allí nos pusieron contra la pared y empezaron a golpearnos con los cañones de sus armas y con los puños. Durante dos horas estuvieron así, dándonos golpes en los riñones, en los testículos” 35.
Otro caso de tortura con relevancia pública fue el de Izaskun Irrazona Mallota. Esta trabajadora de la seguridad social, de 24 años, fue maltratada y agredida sexualmente durante su detención por la Guardia Civil en San Sebastián en noviembre de 1979. Las torturas, realizadas por una veintena de agentes, consistieron la aplicación de corriente eléctrica en pechos, pubis, tripa, piernas y manos, pellizcos en los pezones, tirones del pelo del pubis, introducción de dedos en la vagina y simulacros de ejecución. 36.
Los Gobiernos de UCD mantuvieron la política tradicional de negar la existencia de torturas. Este fue el caso de Mikel Amilibia, torturado con descargas eléctricas en la comandancia de la Guardia Civil de San Sebastián. A pesar de las evidencias físicas de los malos tratos (quemaduras en los testículos provocadas por descargas eléctricas) el ministro del Interior afirmó que las torturas no se habían producido y el presidente de UCD en el País Vasco fue más allá reclamando que se procesara al diputado de EE Bandrés por denunciar públicamente el caso 37.
La ausencia de depuración de la policía heredada de la dictadura y la negativa de los gobiernos a erradicar los malos tratos, contribuyeron al mantenimiento de estas prácticas, incluso más allá de los límites temporales de este estudio, como muestran los informes de Amnistía Internacional 38. En los tres últimos años de la transición, 6 personas fueron torturadas hasta la muerte (1 en 1980, 4 en 1981 y 1 en 1982) 39.
-Conclusiones
El mantenimiento del carácter represivo de los cuerpos policiales, junto al terrorismo de Estado y la actuación de las bandas armadas ultraderechistas, provocaron al menos 245 víctimas mortales, siendo los cuerpos policiales los responsables de la mayor parte de las muertes, 163. Esta cifra de 245 fallecidos, cuyos nombres se incluyen en el anexo, no es definitiva, puesto que si cruzamos estos datos con los recogidos por Sophie Baby en la base de datos de su tesis doctoral, habría que añadir 75 muertos más, la gran mayoría por gatillo fácil, (5 en 1975, 2 en 1976, 17 en 1977, 9 en 1978, 9 en 1979, 10 en 1980, 15 en 1981 y 8 en 1982) 40., obteniendo un total de 320 víctimas mortales de la violencia política de origen estatal. En el mismo periodo, los atentados de ETA provocaron en torno a 370 muertos y los de los GRAPO, 67. 41.
La ausencia de depuración de los cuerpos policiales y militares heredados de la dictadura contribuyó de manera decisiva a que el número de víctimas mortales se mantuviera constante durante toda la transición, a excepción de 1982, año en el que se produjo un descenso significativo. En la mayoría de estos cuerpos existieron sectores democráticos (Unión Democrática de Funcionarios de Prisiones, USP, Unión de Militares Demócratas) que fueron arrinconados por los sucesivos gobiernos, al igual que Justicia Democrática entre jueces y fiscales. Los malos tratos siguieron siendo una práctica generalizada, a pesar de que, al igual que en la dictadura, se trataba de un delito contemplado en el código penal y en 12 ocasiones, las sesiones de tortura acabaron con la vida del detenido. Esta realidad fue denunciada en los informes de Amnistía Internacional y en la prensa de la izquierda radical.
NOTAS:
1. CARCEDO, Diego. Sáenz de Santa María. El general que cambió de bando. Temas de hoy. Madrid, 2004, pp. 141-142
2. Se trata de una clasificación similar a la de Sophie Baby, si bien esta autora utiliza los calificativos de “Brutalidad”, “Incidente” y “tortura”. BABY, Sophie. Violence et politique dans la transition démocratique espagnole 1975-1982. Tesis doctoral. Université de Paris I – Pantheon – Sorbonne. Director de Tesis Robert Frank. Codirector Julio Aróstegui. 2006; BABY, Sophie. Le mythe de la transition pacifique. Violence et politique en Espagne (1975-1982). Casa de Velázquez, Madrid, 2012 ; BABY, Sophie. “Estado y violencia en la transición española. Las violencias policiales”. En BABY, Sophie et alii (coord.) Violencia y transiciones políticas a finales del siglo XX. Europa del Sur – América latina. Madrid, Casa de Velázquez, 2009, pp. 179-198
3. El número heridos podrían ser muy superiores según Castells, que contabiliza 973 heridos por “incontrolados” y cuerpos policiales, en el País Vasco entre 1977 y 1981, advirtiendo que sus datos se refieren sólo a los casos recogidos por la prensa y estimando el número total de heridos en torno al triple de esta cifra. SÁNCHEZ SOLER,Mariano. La transición sangrienta. Una historia violenta del proceso democrático en España (1975-1983). Barcelona, Península, 2010, pp. 302 y ss. CASTELLS, Miguel. Radiografía de un modelo represivo. San Sebastián, Ediciones Vascas, 1981, p. 86. Citado en EGIN, Euskadi 1977-1982. San Sebastián, Orain, 1982, p. 196.
4. LÓPEZ GARRIDO, Diego. El aparato policial en España. Historia, sociología e ideología. Barcelona, Ariel, 1987, p. 167
5. ALONSO PÉREZ F. Seguridad ciudadana. Madrid, Marcial Pons, 1994, p.13. Citado en HURTADO MARTÍNEZ, Mª del Carmen. Concepto y causas…, p. 9
6. THOMÉ, Henrique I., TORRENTE, Diego. Cultura de la seguridad ciudadana en España. Madrid, CIS, 2003, p. 9.
7. LÓPEZ GARRIDO, Diego. El aparato policial en…, pp. 10-12
8. HURTADO MARTÍNEZ, Mª del Carmen. Concepto y causas de la inseguridad ciudadana. Cuenca, Universidad de Castilla la Mancha, 1999, pp. 8-9 y 17-18.
9. LÓPEZ GARRIDO, Diego. El aparato policial en… p. 7.
10. CARCEDO, Diego. Sáenz de Santa…, pp. 139, 140 y 159-163.
11. ROCA, José Manuel. El lienzo de Penélope. España y la desazón constituyente 1812-1978. Madrid, Los libros de la catarata, 1999, pp. 100 y 104.
12. LÓPEZ GARRIDO, Diego. El aparato policial en…, pp. 164 y 167.
13. CARCEDO, Diego. Sáenz de Santa… Op. cit., p. 199
14. Los policías denunciaron a Cipriano Bellver, Manuel Díaz Arribas, Eduardo Otero y Aniano Arnaiz como responsables de las torturas sufridas por María Luz Prieto. Señalaban que la mayoría de los policías repudiaban estas prácticas. “Querella contra policías en Valladolid por presuntas torturas”. El país, 20.3.1981; “La ultraderecha está en la comisaría” Servir al pueblo. Periódico del Movimiento Comunista, nº 158. Del 5 al 18 de febrero de 1981.
15. “De jueces y policías”. Servir al pueblo. Periódico del Movimiento Comunista, nº 141. Del 3 al 16 de abril de 1980 “Homenaje de la izquierda catalana a la Unión Sindical de Policías”. El País, 22.1.1981
16. Según el periódico del MC, Carlos Santos Anechina, miembro de la BPS, fue procesado por torturas y amnistiado. José Sainz González, fue jefe de la BPS en Madrid, y Manuel Ballesteros perteneció a este mismo organismo en Valencia, San Sebastián, La Coruña y Bilbao. El semanario La calle publicó testimonios de varios militantes y dirigentes de izquierda que sufrieron malos tratos a manos de Manuel Ballesteros en Valencia. Entre ellos estaba Antonio Palomares, dirigente del Partido Comunista de España (PCE), elegido parlamentario en los comicios de 1979. “Querella del ministerio fiscal contra La Calle”. El País, 12.7.1979. “Tres eran tres…” Servir al pueblo. Periódico del Movimiento Comunista, nº 124. Del 7 al 21 de junio de 1979
17. “Doctores tiene la iglesia” Servir al pueblo. Periódico del Movimiento Comunista, nº 149. Del 11 al 24 de septiembre 1980
18. “El informe forense reconoce que José Arregui fue torturado”. El país, 17.2.1981; “La Unión Sindical de Policía pide una investigación exhaustiva”. El país, 14.2.1981 “Resumen de orden público”. ABC, 21.2.1981; “Hay que arrancar los Almendros en flor” Combate. Órgano del comité central de la LCR – Cuarta internacional. Nº 221, Marzo 1981;
19. BABY, Sophie. Violence et politique… p. 858-870
20. “Criminal actuación de la policía” El correo del pueblo. Nº 52, 31.7.1976; “Mejora la capacidad visual del herido en Villaverde”. ABC, 5.8.1976; “Movilizaciones por toda España” El correo del pueblo. Nº 54, 25.8.1976.
21. “Tenerife: Tiren a matar” La unión del pueblo. Órgano del comité central del Partido del Trabajo de España. Nº 32,15-21.12.1977; “Murió en Sevilla el obrero Francisco Rodríguez Ledesma” La unión del pueblo. Órgano del comité central del Partido del Trabajo de España. Nº 36,12-18.1.1978.
22. El único diputado presente en el entierro fue el socialista Alonso Puerta. “Morir en Parla es un crimen”. Servir al pueblo. Periódico del Movimiento Comunista, nº 120. Del 22 de marzo al 5 de abril de 1979
23. Diario de sesiones del Congreso de los Diputados. Sesión plenaria número 54. 14.12.1979, pp. 3649 y ss. ; “Dos estudiantes, muertos a tiros por la policía tras las manifestaciones de ayer”. El País, 14.12.1979
24. “Joven muerto por el disparo de un policía”. El País, 30.10.1976. CCP del Paseo de Extremadura. “A la opinión pública”. 7.11.1976. Archivo de las Comunidades Cristianas Populares; CCP de Madrid. “CCP de Madrid ante las agresiones…” Mayo 1976. Archivo de las Comunidades Cristianas Populares.
25. “Dos nuevos muertos por la Guardia Civil” Combate. Órgano del comité central de la LCR – Cuarta internacional. Nº 136, 11.1.1979.
26. CARCEDO, Diego. Sáenz de Santa…, pp. 141-143; BELLOCH, Santiago. Interior. Los hechos clave de la seguridad del Estado en el último cuarto de siglo. Barcelona, Ediciones B, 1998, pp. 50-52. RODRÍGUEZ JIMÉNEZ, José Luis. Reaccionarios y golpistas. La extrema derecha en España: del tardo franquismo a la consolidación de la democracia (1967-1982). CSIC, Madrid, 1994, pp. 216-230.
27. “Denuncias”. Libérate. Asociación Democrática de la Mujer. Nº 0, diciembre 1976.
28. BABY, Sophie. Violence et politique… pp. 858-870.
29. “La estrategia de la muerte” Servir al pueblo. Periódico del Movimiento Comunista, nº 137. Del 7 al 20 de febrero de 1980; “El grupo de ultraderecha GAE reivindica el atentado de Baracaldo” El país, 22.1.1980; “El asesinato de Zapa” ” Servir al pueblo. Periódico del Movimiento Comunista, nº 143. Del 8 al 21 de mayo de 1980; “Panorama quincenal” Servir al pueblo. Periódico del Movimiento Comunista, nº 149. Del 11 al 24 de septiembre 1980
30. Casos de Ana Teresa Berrueta y María José Bravo. María José Bravo era una joven de 17 años que en enero de 1980 caminaba por la calle con su novio, Javier Rueda Alonso, de 17 años, cuando fueron abordados por un comando del BVE. A Javier Rueda le dieron una paliza por la que tuvo que ser hospitalizado. A María José Bravo la secuestraron, violaron y asesinaron. LANDE GOROSTIZA, Jon Mirena. Informe sobre víctimas de vulneraciones de derechos humanos derivadas de la violencia de motivación política. Vitoria-Gasteiz, Gobierno Vasco, 2008, pp. 56 y 57; “Ya no les basta con matar” Servir al pueblo. Periódico del Movimiento Comunista, nº 144. Del22 de mayo al 4 de junio de 1980
31. JUSTICIA DEMOCRÁTICA. Los jueces contra la dictadura. (Justicia y política en el franquismo). Madrid, Túcar, 1978, pp. 65 y 246; SUÁREZ, Ángel y COLECTIVO 36. Libro blanco sobre las cárceles franquistas. 1939- 1976. Chatillon-sous-Bagneux Ruedo Ibérico, 1976, pp. 140-141; AMNESTY INTERNATIONAL. Report of an Amnesty International mission to Spain July 1975; AMNESTY INTERNATIONAL. Torture in Spain. 1976 AMNISTÍA INTERNACIONAL. Informe de una misión de Amnistía Internacional a España. 3 al 28 de octubre de 1979. Amnesty International Publications, Londres, 1980.
32. “Declaración de Justicia Democrática” Servir al pueblo., nº 57. 1 de julio 1976.
33. “Los sociales al banquillo” Servir al pueblo., nº 64. Primera quincena de noviembre 1976.
34. FOREST, Eva. Testimonios de lucha y resistencia. Yeserías 75-77. Donostia, Hordago, 1979, p. 41 y 108-111.
35. “Dura represión” La unión del pueblo. Órgano del comité central del Partido del Trabajo de España. Nº 59, 22- 29.6.1978.
36. “Torturas” Combate. Órgano del comité central de la LCR – Cuarta internacional. Nº 169, Noviembre 1979; “Refugiados, torturados, presos…”. Yesca, semanario del comité central del Partido de los Trabajadores de España. Nº 9, 15.1.1980.
37. “La tortura tiene nombre”. Yesca, semanario del comité central del Partido de los Trabajadores de España, nº1 14.11.1979; “Habrá reacción popular en Euskadi”. Yesca, semanario del comité central del Partido de los Trabajadores de España, nº1 14.11.1979.
38. AMNISTÍA INTERNACIONAL. Tortura. 1984; AMNISTÍA INTERNACIONAL. España. La cuestión de la tortura. 1985
39. “Morir bajo Suárez”. Servir al pueblo. Periódico del Movimiento Comunista, nº 150. Del 25 de septiembre al 8 de octubre de 1980
40. BABY, Sophie. Violence et politique…
41. SÁNCHEZ SOLER, Mariano. La transición sangrienta…, pp. 302 y ss; SÁNCHEZ CUENCA, Ignacio. “La violencia terrorista en la transición española a la democracia” Historia del Presente nº 14, 2009, p. 11.