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Movimiento obrero. Su brutal situación:
Despidos:
-Roche presenta un ERE en sus divisiones de diagnóstico y diabetes en España.
Este ERE se suma al que ya llevó a cabo Roche en junio de 2023 en el área de informática y a otro en el ámbito de desarrollo de producto, que acabó con el despido de 345 trabajadores el pasado mes de febrero.
En la actualidad, el laboratorio suizo cuenta con más de 2.500 trabajadores en España.
El ERE se anunció a finales de mayo y se negocia a partir del 10 de junio, cuando se conocerán algunos datos del alcance de los despidos.
La filial española de la farmacéutica suiza sitúa esta decisión como parte del proceso de transformación organizativa por el que la empresa fusiona las dos divisiones, alegando razones de optimización de los procesos de trabajo.
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-Ford: 1.622 despidos tendrá el ERE, y prórroga del ERTE en su planta de Almussafes.
Se trata del segundo expediente en poco más de un año en la fábrica valenciana, ya que en abril de 2023 Ford acordó con el Comité de Empresa un ERE que afectó a 1.124 trabajadores.
La compañía le dijo al Comité a inicios de junio que «es una situación compleja y que necesitan más tiempo para concretar el número de personas afectadas por el nuevo ERE». Hace una semana, lanzó el bombazo, 1.622 nuevos despidos, un 34% del total de la plantilla.
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-Pronovias, ERE para 85 trabajadores en sus oficinas de servicios centrales en El Prat (Barcelona).
La empresa ha atribuido la medida a una «coyuntura adversa en los últimos años» derivada de la pandemia.
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-C&A de Fontanar, Guadalajara, 3 despidos injustificados.
Tres trabajadores han sido despedidos tras una asamblea convocada por el Comité de Empresa para analizar la situación laboral en el centro de distribución de la firma textil.
El comité de empresa convocó una asamblea de trabajadores del centro logístico para analizar la situación laboral y solicitar mejoras. A los pocos días, la empresa ha respondido con represalias despidiendo a tres trabajadores que estuvieron en la asamblea.
Exigen su readmisión y la apertura de una mesa para mejorar las condiciones laborales. De lo contrario iniciarán movilizaciones y huelga.
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Derecho a vivienda:
-Más de 20 asentamientos chabolistas en València llevan un mes sin agua potable.
La única oenegé que llevaba depósitos y garrafas a los poblados de infravivienda se ha quedado sin capacidad para seguir realizando esta función.
Las personas de las chabolas hacen acopio en las fuentes públicas.
Después de instalar depósitos de mil litros en más de una veintena de puntos con infraviviendas, los voluntarios pasaban una vez por semana en invierno y hasta tres en verano para llenar decenas de cubas colocadas de manera estratégica. Lo hacían con una camioneta y un dispensador de agua que extraían del grifo de su propia sede, y complementariamente distribuían garrafas de cinco litros en todos los campamentos de su ruta. Pero hace semanas dejaron de hacerlo porque no tienen capacidad económica para sufragar este gasto. “Ahora mismo todas las zonas chabolistas de València están sin agua”.
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-Los inquilinos que tratan con inmobiliarias son los que más sufren las subidas de precio del alquiler.
Un estudio de IDRA encuentra que a mayor intermediación, existen más:
· Discriminación
· Cláusulas abusivas
· Insatisfacción
· Problemas con el propietario
· Subidas de precio
· Inestabilidad
· Desinformación
El modelo actual de intermediación está pensado para dar seguridades a los propietarios, alegan los autores, “maximizando la rentabilidad y minimizando la inversión en mejoras y reparaciones”.
Las inmobiliarias gestionan cada vez una mayor parte del mercado del alquiler, aunque las cifras varían mucho en estas dos grandes ciudades. Mientras en Barcelona, las inmobiliarias han pasado a gestionar tres de cada cuatro alquileres (el 74,8%), en Madrid la cifra cae a un 34,1%. Una tendencia en alza en ambos casos, especialmente en el mercado madrileño donde en cinco años los nuevos contratos que han contado con una intermediación empresarial han crecido 15 puntos, del 26,6% al 41,7% el último año.
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-Carmen, víctima de acoso inmobiliario a sus 89 años.
En España quedan cerca de 120.000 contratos de renta antigua a nombre, casi todos, de ancianos.
Con 86 años, Mari lleva 68 viviendo en su casa. Paga 400 euros, pero ahora le piden 1.650 y acaba de perder el juicio contra el fondo buitre que ha comprado su casa. Carmen tiene 89 años, lleva medio siglo viviendo en su casa. Paga 200 euros, muy lejos de los 1.600 que cobra el dueño por otros pisos como el suyo en el mismo edificio.
Carmen lleva toda la vida en esta casa con un contrato de renta antigua que pasó de su padre a su madre y luego a ella. Al ser una segunda subrogación del contrato la ley solo le permite quedarse dos años. No ha tenido problema hasta que compró la casa un fondo buitre que ha ganado el juicio y ahora quiere echarla. «A los mayores hay que respetarlos, yo voy a luchar hasta el final, lo tengo clarísimo». Primero le ofrecieron pagar un alquiler de 2.650 euros. «Me dijeron, se lo bajamos a 1.650 euros. Es un reírse de la persona. Saben que mi pensión es de 1.400 euros». Viuda, sin hijos ni familiares directos no sabe donde ir. «No se dónde me iré, en Madrid no me puedo quedar. Una habitación vale 550 euros y qué hago con mi vida ¿la tiro?».
El dueño consiguió echarla temporalmente poniendo una denuncia contra ella por tener perros, pero tras una sentencia en su contra, la Audiencia le dio la razón y volvió a casa…
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Datos innegables:
-El alquiler social no llega al 96% de las personas que lo necesitan por la escasez de vivienda pública.
Apenas 432.000 viviendas (2,4%) de las 18 millones que constituyen el parque inmobiliario español están destinadas a alquiler social, según el Observatorio del Alquiler. Hay un déficit de 1,2 millones de pisos.
Sólo el año pasado se registraron unas 375.000 peticiones de alquiler social, que no serán cubiertas ni en años.
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Esquilmación del agua:
-La Casa de Alba intenta legalizar los pozos que investiga un juzgado por dañar un acuífero cerca de Doñana.
Ecologistas en Acción pide a la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir que paralice el expediente con la solicitud de la empresa hasta que no se resuelva la querella de la Fiscalía por extracción ilegal de agua en la finca Aljóbar.
La empresa de la Casa de Alba investigada en un juzgado de Sanlúcar la Mayor (Sevilla) por extraer agua sin autorización en una finca del entorno de Doñana está tratando de legalizar la situación de los ocho pozos que utilizaba para regar naranjos y que carecían del permiso de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG). Ecologistas en Acción cree que lo que pretende la empresa ahora es «eximir sus responsabilidades» por el daño causado al acuífero.
*Los pozos han sido abiertos con consentimiento de un juez, aún de estar en curso la investigación. Poder Casa de Alba.