Movimiento obrero. Su brutal situación:
Prevaricación:
-Una jueza ve “indicios de criminalidad” de dos altos cargos del PP en el derribo de una casa en la Cañada Real.
El juzgado número 20 de Madrid ve “incongruencias” en la actuación de un excomisionado para la Cañada Real y del jefe de Disciplina Urbanística tras el derribo de una casa que declararon en abandono cuando el dueño se encontraba de vacaciones.
Dos altos cargos del PP pueden ir a juicio por la demolición de una vivienda en el sector seis de la Cañada Real Galiana en julio de 2022, cuando su propietario se encontraba de vacaciones. El juzgado número 20 de Madrid denuncia “incongruencias y contradicciones” entre lo declarado por los investigados, el ex comisionado para la Cañada Real, Markel Gorbea Pérez, cargo del gobierno de Ayuso, y el jefe del Servicio de Disciplina Urbanística, Julio César Santos García, concejal de Almeida, y lo contrastado en la documentación obrante. Unas incongruencias que el juzgado valora como “más que evidentes” y “hacen patentes unos indicios de criminalidad, que justifican plenamente esta resolución”. Una resolución que les declara como investigados por un presunto delito de prevaricación y abre la puerta a un posible juicio, en un auto fechado el 1 de julio de 2024.
El 12 de enero de 2021, y dentro de los planes de actuación urbanística emprendidos por la Comunidad de Madrid y el Ayuntamiento de Madrid, “para el realojo e integración social de las familias del Sector”, el Servicio de Disciplina Urbanística inició el expediente para demolición de obras no legalizables, entre las que se encontraba esta parcela. Siempre según el auto, el dueño de este terreno recogió la notificación, lo que acredita que el Servicio de Disciplina Urbanística conocía que el destinatario de la resolución ocupaba la vivienda y vivía en ella. Le dieron 15 días para contestar ante este posible derribo, y el hoy denunciante realizó sus alegaciones en plazo, informando de que habitaba en dicha vivienda.
En mayo de 2022 el Servicio de Disciplina Urbanística rechazó sus alegaciones y le dio un plazo de un mes para que desalojase la vivienda, en una resolución firmada por el imputado Santos García. El denunciante recurrió esta resolución en plazo, lo que demuestra una “nueva manifestación expresa del interés del denunciante en seguir manteniendo la ocupación de la infravivienda que no estaba abandonada”, asegura la jueza firmante del auto.
Sin embargo, y con este recurso sin resolver, la vivienda pasa a ser demolida “en una manifestación de descoordinación municipal tan inexplicable como inexplicada”, añade la jueza. El Servicio de Disciplina dictó una resolución el 14 de julio de 2022 “con sorprendente rapidez”, al día siguiente de haber recibido un email de Markel Gorbea en el que afirmaba que la infravivienda de esta parcela estaba abandonada, “dato éste erróneo como Santos García conocía por todo lo precisado con anterioridad”, valora el auto. De hecho, la resolución desestimatoria del recurso de reposición interpuesto por el dueño de la vivienda es dictada un día después de que esta fuese demolida. En ese momento el dueño de la casa se encontraba de vacaciones…
“Es evidente que ambos investigados conocían que una orden tan lesiva como la que supone el derribo de una vivienda con más de 30 años de antigüedad sólo puede dictarse cuando existe una resolución firme”.
Dónde se va el dinero de la televisión pública:
-Los sueldos de los presentadores externos y colaboradores de TVE: de los 120 euros por programa de ‘las Verdunch’ a los 40.000 de Miguel Bosé.
Presentador / Programa / Sueldo por programa
- Miguel Bosé, Cover Night, 40.000 €
- Mónica Naranjo, Benidorm Fest 2023, 50.000 € (por todo el formato)
- Ruth Lorenzo, Benidorm Fest 2024, 35.000 € (por todo el formato)
- Julián Lantzi, El Conquistador, 34.141,32 o 49.000 € (sueldo mensual)
- Raquel Sánchez Silva, El Conquistador, 34.141,32 o 49.000 € (sueldo mensual)
- Chanel Terrero, Cover Night, 27.500 €
- José Mota, José Mota Live Show, 25.000 €
- Julia Otero, Días de tele, 25.000 €
- Rodrigo Vázquez, Benidorm Fest 2023, 25.000 € (por todo el formato)
- Silvia Intxaurrondo, El mejor de la historia, 25.000 €
- Mónica Naranjo, Cover Night, 24.000 €
- Marc Calderó, Benidorm Fest 2024, 21.000 € (por todo el formato)
- Juan José Bautista Martín ‘Juan y Medio’, Dúos Increíbles, 20.000 €
- Lorena Castell, Vamos a llevarnos bien, 20.000 €
- Ana Morgade, Vamos a llevarnos bien, 20.000 €
- Jordi González, Lazos de Sangre: El debate, 15.000 €
- Mercedes Milá, No sé de qué me hablas, 15.000 €
- Rocío Ramos, Supernanny, 15.000 €
- Luján Argüelles, Brigada Tech, 15.000 €
- Inés Hernand, Benidorm Fest 2023, 15.000 € (por todo el formato)
- Anne Igartiburu, Baila como puedas, 13.500 €
- Inés Hernand, No sé de qué me hablas, 13.000 €
- Juan Magán, Cover Night, 12.000 €
- Eva Soriano, La noche d, 11.000 €
- Paula Vázquez, El puente de las mentiras, 10.000 €…
Derechos Humanos:
-La Junta de Andalucía deja sin subvenciones a 47 entidades sociales que atienden a miles de personas.
Un total de 47 entidades sociales, que atienden a más de 5.000 personas en situación de vulnerabilidad, no podrán acceder a subvenciones por los nuevos requisitos de la Junta de Andalucía.
“La cuestión es que a las subvenciones relativas al IRPF que provienen del Estado que le da el dinero a las comunidades habitualmente todas las entidades podíamos concursar en igualdad de condiciones”, sostiene Jose Chamizo director de Sevilla Acoge, una de las entidades afectada y ex Defensor del Pueblo Andaluz.
Una “igualdad de condiciones” que como denuncian varias decenas de entidades sociales andaluzas han cambiado en las nuevas bases reguladoras de las subvenciones para actuaciones de interés social, con cargo al IRPF, de la Consejería de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad de la Junta de Andalucía. Decenas de entidades, como la Federación Enlace, red de adicciones de Andalucía, denuncian que la nueva normativa “pone en peligro la continuidad de los programas que se han venido desarrollando desde las asociaciones del ámbito de las adicciones y otros sectores”.
Además, las bases reguladoras también hacen incompatible la combinación de varias subvenciones para sostener un proyecto. Ambas decisiones, tomadas por la Consejería, afectan a las entidades de tamaño mediano que realizan su labor a nivel provincial y benefician a las macroentidades.